En Bogotá se reunieron 35 organizaciones sociales para hacerle un llamado al Estado colombiano sobre la necesidad de cambiar el modelo actual de protección que está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección. Pidieron dejar atrás la tercerización en la entidad y la visión militarista, por un cuidado colectivo y preventivo.
Por: Redacción Revista RAYA
La seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, que incluyen liderazgos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como de periodistas y firmantes de paz, es algo que se debe tomar en serio. Por esa razón, 35 organizaciones de distintas regiones del país se reunieron en Bogotá para hacerle un llamado al Estado colombiano a que restructure su aparato, se enfoque en la protección de sus derechos y en la materialización de reformas estructurales que vayan en camino a la protección colectiva e integral de esta población con un enfoque diferencial, étnico, territorial, feminista, de género e interseccional, dejando atrás la visión militarista y de generación de miedo.
Para los movimientos sociales un primer paso para cambiar la historia es hacer una evaluación de las políticas de prevención y protección implementadas desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) y entender cuales han fallado y cuáles no. Pues reconocen que la protección se ha convertido en un negocio, donde priman los intereses económicos y políticos, sobre la seguridad. Uno de esos aspectos que invitaron a revisar es la tercerización que realiza la entidad en los procesos de asignación de vehículos y de escoltas a las personas que deben proteger. “Es un aspecto problemático, generador de corrupción, riesgos y de un gasto insostenible, además de desdibujar la responsabilidad estatal de protección”, apuntaron en su llamado.
Sobre la corrupción que ha generado la tercerización en la UNP estuvo de acuerdo Zoraida Hernández de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y representante de la cartera en el foro: “Hacia una reflexión crítica del modelo de protección para personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, realizado el 13 y 14 de julio en Bogotá. “Cuando llegamos encontramos una cantidad de tercerización que no nos dejaba trabajar. Eso hay que cambiarlo, y para removerlo, tenemos que hacer cambios y esos cambios son internos. Estamos haciendo todo lo que más podemos, no estoy excusando al Gobierno, nosotros también tenemos temor de nuestra falta capacidad. Escuchamos y tomamos atenta nota. Vamos a acelerar todo esto, pero hay que ser muy responsables”, dijo la funcionaria.
El evento fue organizado por la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Corporación Sisma Mujer y el Programa Somos Defensores y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, la comunidad internacional, del Gobierno Nacional y del Congreso. Entre ellos, estuvo el representante a la Cámara Alirio Uribe quien fue enfático en decir que la solución al problema de tercerización es cerrar definitivamente la UNP. “Es una entidad aliada de los paramilitares y del narcotráfico. Somos responsables de crear ese monstruo, que no es más que un negocio de la seguridad privada. Hay que pasar a la protección colectiva, pero sacudirnos de la UNP, pues no resiste éticamente mantenerla. Hay que revisar donde están todos los protegidos y los carros blindados y pensarnos otro modelo de protección. Creo que tenemos que hacer una política transitoria”, aseguró en su intervención.
Después de dos días de trabajo conjunto, otra de las conclusiones que sacaron las organizaciones es que la desarticulación institucional y la falta de convergencia entre las políticas de los distintos gobiernos nacionales y territoriales han sido aspectos estructurales que han impedido contar con un modelo que responda a los riesgos existentes, “esto evidencia la falta de voluntad política histórica por proteger efectivamente a las personas en riesgo”, se dictó en la hoja de ruta para la transformación del modelo actual de protección, creada por organizaciones como Credhos, Movice, Colombia Diversa y la Asociación De Mujeres Desplazadas Del Meta (Asomudem), entre otras.
Los problemas que encontraron los movimientos sociales es que el sistema actual de protección ha permitido una impunidad total en los casos de agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, así como una estigmatización generalizada por parte de algunos funcionarios públicos, fuerza pública y de diferentes sectores de la sociedad hacia la labor que realizan. Las falencias del sistema también se basan en que los análisis de riesgo y protocolos de seguridad, que se hacen desde la UNP, son inadecuados y centralizados y no tienen en cuenta los contextos, ni las dinámicas propias de cada territorio. Además, muchas medidas de seguridad, como la entrega de celulares o carros, generan rupturas entre las personas defensoras, sus organizaciones y comunidades.
Asimismo, identificaron que a pesar de la insistencia de las organizaciones feministas y de diversidades no se han incorporado de manera efectiva los enfoques diferenciales para responder con contundencia a los riesgos que enfrentan las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, pues son invisibilizadas constantemente, lo cual impide que se promuevan medidas adecuadas a los impactos ejercidos en su contra. En este punto, la representante de Colombia Diversa aseguró que la discriminación de las personas LGBTIQ+ es poco informada y es un factor de riesgo que no se tiene en cuenta. “No se conocen las formas de cómo las personas LGBTIQ+ han sido violentadas en el marco del conflicto armado. La sociedad normalizó la violencia hacia estas personas”, dijo en una de las mesas de trabajo. Por su parte, el representante de Cordobexia, una organización de Derechos Humanos en el departamento de Córdoba, agregó que los escoltas no están capacitados en torno a las diversidades sexuales y en muchos casos generan estigmatización hacia los protegidos.
Y es que la realidad en Colombia, respecto a la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y firmantes de paz en el ejercicio de su labor, es alarmante. Por ejemplo, entre 2010 y 2022, el registro de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos ascendió a 5.361 amenazas y a 1.346 homicidios. También hay registro de 3.144 agresiones y 12 asesinatos a periodistas en ese mismo periodo. Mientras que entre 2016 y junio de 2023 fueron asesinadas 378 personas en proceso de reincorporación.
En busca de soluciones para cambiar esta realidad y hacer su trabajo de liderazgo, lejos de cualquier tipo de riesgo, las organizaciones sociales y de derechos humanos consideran fundamental que el modelo actual cambie hacia uno que priorice la prevención y la protección colectiva y comunitaria, que se focalice en el territorio e incorpore las cosmovisiones propias y los enfoques diferenciales. Para lograr esto, aseguraron que es necesario una reingeniería institucional y reestructuración del aparato estatal, que articule la acción pública, centre el gasto en acciones específicas y evite la duplicidad de espacios de concertación que desgastan a las organizaciones, comunidades y personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, pidieron que las medidas de protección se piensen en responder a las diferencias territoriales, grupos étnicos, campesinos, de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa y firmantes de paz.
Otra de las propuestas que surgieron en el foro realizado en Bogotá es mejorar los procesos de capacitación de quienes hacen los estudios de riesgo, para que comprendan las características de los distintos grupos poblacionales y territorios. A su vez, las organizaciones consideraron importante que las instituciones locales, como Alcaldías y Personerías, se fortalezcan e identifiquen sus responsabilidades en materia de prevención y protección. Además, plasmaron que es urgente una apuesta decidida por la investigación y sanción de todos los responsables por acción, omisión o encubrimiento de agresiones a personas defensoras y lideresas, así como por el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el cambio de la doctrina de seguridad y defensa, a una seguridad humana.
Sin embargo, para las organizaciones presentes en el evento el primer cambio para lograr la transformación del sistema de protección es el reconocimiento por parte del Estado, en todo su conjunto, sobre la estigmatización que persiste en el marco del ejercicio de la labor de las organizaciones sociales, personas defensoras, periodistas y firmantes de paz. En ese mismo sentido, solicitaron que se hagan procesos de pedagogía en torno a los enfoques diferenciales, étnico, de género, feminista, territorial e interseccional con instituciones locales, personal de seguridad, organizaciones y comunidades.
Antes de terminar su llamado al Estado, las comunidades pidieron que en esta transformación del sistema se tenga en cuenta los sistemas propios de prevención y autoprotección, que han venido adelantando en sus territorios, destinados a salvaguardar vidas y procesos organizativos. “Todo lo anterior, nos lleva a proponer la conformación de un sistema nacional de prevención y protección estatal civilista, de carácter progresivo, de construcción participativa y vinculante, con mecanismos de control y veeduría social. Esperamos que las instituciones estatales hagan eco de este llamamiento y que la comunidad internacional nos acompañe en la puesta en práctica de estas transformaciones, garantizando la participación activa y vinculante del movimiento de derechos humanos, en su amplia diversidad”, concluyeron las 35 organizaciones participantes del foro.
