En el norte del Cauca, autoridades indígenas, organizaciones sociales y plataformas de mujeres empujaron durante meses una ruta propia de diálogo que desembocó en un piloto de paz en Toribío. El proceso permitió sentar a delegados comunitarios y armados, abrir conversaciones sobre reclutamiento, seguridad y economías ilegales, y sostener una agenda territorial, mientras el Gobierno oscilaba entre la autorización parcial, la cautela y la falta de liderazgo político.
Por: Colectivo de Opinión La Puntilla*
Análisis Especial para RAYA
A mediados de junio del año pasado tuvo lugar una reunión en la Casa de Nariño. El presidente Petro recibió a una delegación de políticos, funcionarios y líderes sociales del departamento del Cauca y Nariño, incluidos sus gobernadores. La reunión había sido planificada por la senadora Aída Quilcué, en ese momento presidenta de la Comisión de Paz del Senado de la República. El objetivo era encontrar el respaldo del presidente para activar un diálogo regional con las organizaciones armadas irregulares de la región.
El presidente mantuvo durante casi toda la reunión una posición contraria a abrir un espacio de diálogo en el departamento del Cauca. Su convicción era que con las estructuras armadas al mando de Iván Lozada no hay posibilidad de llegar a un acuerdo; según lo expuesto en la reunión, su vínculo con las mafias del narcotráfico internacional hacía que cualquier aproximación estuviera de entrada condenada al fracaso. El gobernador de Nariño, que también estaba presente en esta reunión, insistió de diversas maneras en que lo que venía ocurriendo con Comuneros del Sur mostraba algunos avances que consideraba alentadores. El gobernador del Cauca, con más cautela, planteó que era posible. Pero Petro se mantuvo en su postura, hasta que los delegados del CRIC le plantearon un cuadro distinto; básicamente, señalaron que en el año y medio de reactivación de operaciones militares contra los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez la situación de las comunidades no había mejorado: ni se había reducido el reclutamiento de menores, ni había mermado el crecimiento de las fuerzas irregulares, ni la tranquilidad había vuelto a las comunidades; desde su perspectiva, nada se perdía con abrir una ventana al diálogo.
La posición de Petro no cambió. Insistió en que era una apuesta poco realista. Pero al finalizar la reunión planteó que si las organizaciones sociales del Cauca impulsaban ese diálogo no se iba a oponer. Eso sí, bajo la responsabilidad de ellas. Para confirmar que no se oponía a que las organizaciones lo intentaran, se comprometió a nombrar un comisionado de paz para el suroccidente, autorizar que un grupo de facilitadores de paz dialogara con estos grupos para buscar un entendimiento inicial y, adicionalmente, acelerar el proceso de aprobación del Pacto Cauca, que prevé un gasto creciente en diversos proyectos de educación e infraestructura, lo que podría beneficiar la situación del departamento. La noticia fue celebrada por varios actores políticos de la región. Temístocles Ortega, por ejemplo, celebró este nuevo escenario y fue secundado por distintas organizaciones del departamento; la Comisión de Paz de la Asamblea departamental asumió un papel activo en el proceso; varios parlamentarios del Cauca estuvieron atentos a la convocatoria.
La gobernación del Cauca, durante unas semanas, estuvo llamando a distintas organizaciones sociales y sectores políticos para promover el escenario; se sabe de por lo menos cuatro reuniones de acercamiento. Y otras tantas de las organizaciones sociales, donde se llegó a cuatro consensos clave para el marco de un diálogo regional: darle otra oportunidad a la paz como punto de partida, la defensa de la vida como mínimo criterio orientador, el diálogo con todos los actores sociales, políticos, armados y académicos como enfoque político-metodológico, y la paz con transformaciones como horizonte de los acuerdos. A partir de ahí empezó a tomar forma una idea de diálogo territorial que no se limitaba a abrir un canal con los armados, sino que buscaba involucrar a distintos sectores del departamento.
Pero el Alto Comisionado Otty Patiño no nombró nunca al comisionado regional, aunque designó al ex consejero mayor del CRIC como facilitador para establecer algún puente con las organizaciones irregulares. Y luego el secuestro de nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca afectó la voluntad del gobernador, quien mantuvo una posición ambigua frente a una solución dialogada y retomó una postura más orientada a la confrontación frente a la posibilidad del diálogo. Para varios de los impulsores del proceso, parecía que la ventana de oportunidad que se había abierto en ese diálogo con el gobierno nacional se había cerrado.
La conspiración
Pero varias cosas estaban pasando al mismo tiempo. Por un lado, el CRIC mantuvo durante todas estas semanas su propuesta de “diálogos humanitarios en perspectiva de paz”; se trata de una propuesta que socializaron varias veces con el Comisionado de Paz, e hicieron llamados permanentes a las organizaciones armadas para dar inicio a un intercambio al respecto. En el cuarto congreso de la ACIN y el último congreso del CRIC, nuevamente estas organizaciones mandataron tal diálogo y dieron las órdenes a sus autoridades para que mantuvieran abiertos los canales de comunicación con las organizaciones irregulares; comisiones especiales de estas organizaciones indígenas profundizaron el intercambio con las comandancias de las organizaciones armadas.
Por otra parte, dos plataformas de mujeres y personas LGBTIQ+ —Conspirando por la Paz y la Ruta Pacífica— enviaron sendas cartas al Bloque Occidental Jacobo Arenas, al Frente 57 y al ELN, para entablar diálogos directos, en perspectiva del desescalamiento del conflicto, la disminución de los impactos negativos sobre las comunidades y las mujeres, y algunos aportes reales al diálogo político nacional. El 10 de julio de 2025 realizaron un acto en Santander de Quilichao, donde formalizaron estos mensajes. Las tres organizaciones irregulares respondieron positivamente y manifestaron su voluntad de conversar con estas plataformas.
El 14 de agosto la ACIN y la Asociación de Cabildos Proyecto Nasa, que tienen jurisdicción en el municipio de Toribío, realizaron un encuentro con el embajador de la Unión Europea para los temas de paz en Colombia y allí lanzaron una propuesta a la que denominaron Piloto de Paz. La invitación fue a los actores armados, pero también a todos los actores políticos y sociales del departamento, e incluso nacionales, que tuvieran alguna competencia o interés en la paz del norte del Cauca. La idea era clara: un diálogo de paz territorial no es solo con los armados, sino con todos los sectores sociales. Aunque algunos delegados del gobierno estuvieron presentes, no era muy claro que este proceso tuviera el aval de la Oficina del Alto Comisionado, que para entonces había dejado de respaldar al facilitador de paz y no había concretado el compromiso del presidente de designar el comisionado de paz para el suroccidente.
Debe señalarse que la idea de que un proceso de diálogo impulsado por las organizaciones locales y las autoridades étnicas es viable generó debate desde entonces. Los escépticos al interior de la propia organización indígena consideraron que solo serviría para darle espacio a los armados, una especie de respiro que no iba a traducirse en disminución de la violencia; y la duda principal, ya a nivel departamental, fue si este proceso podía en realidad concretar un cambio en la dinámica de la guerra, incluyendo el fin del reclutamiento de menores y los ataques al liderazgo social. Por el otro lado, las vocerías indígenas sostienen que ese diálogo sí puede ser una ventana de paz, incluso entre esa organización armada y el gobierno nacional, dado que la reconocida legitimidad de las autoridades indígenas y la amplia participación comunitaria permiten llegar de manera directa a los nudos del conflicto: poder territorial, economías irregulares, conocimiento profundo de las características de los combatientes —la mayoría, indígenas nasa— y realismo sobre los acuerdos posibles; dicen las autoridades que el hecho de que el actor armado sea, en buena medida, un “actor comunitario” es un gran problema porque le da a la confrontación una dimensión intraétnica, pero por lo mismo también puede ser la mejor puerta de entrada de los diálogos y las negociaciones. Allí aparece una de las tensiones centrales del proceso: esa cercanía comunitaria vuelve la guerra más compleja, pero también podría hacer más viable un diálogo con anclaje territorial.
Lo cierto es que en esos mismos meses, en las reuniones del movimiento social del Cauca se hablaba de que las organizaciones sociales estaban enviando mensajes a los armados para abrir un espacio de conversaciones, a sabiendas incluso de que la búsqueda de paz tendría que hacerla casi en contravía de la política del gobierno, que para entonces, según la lectura de varios de estos sectores, estaba concentrando la estrategia de paz y seguridad en el Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez. La posición de las lideresas sociales y las autoridades étnico-comunitarias era que “con autorización o sin autorización del gobierno vamos a avanzar en estos diálogos con los grupos armados”. En varios escenarios y en sus redes sociales, estas organizaciones han sostenido que no hay ninguna posibilidad de que la estrategia de militarización en que está embarcado el Ministerio de Defensa implique alguna mejora sustancial en las condiciones de vida y de seguridad de la gente de las comunidades.
En el transcurso de estos diálogos confidenciales, el CRIC, la ACIN, Conspirando por la Paz y la Ruta Pacífica mantuvieron también interlocución con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, básicamente para que no actuara en contra de sus esfuerzos de paz. La posición de esa oficina, según quienes promovían los acercamientos, fue la misma: en el Cauca no hay ninguna posibilidad de dialogar. La expresión de Otty Patiño de que “el Cauca es un agujero negro en asuntos de paz” fue recibida con desagrado por las impulsoras e impulsores del diálogo humanitario. Pero no implicó que dejaran de buscar acercamientos; por el contrario, se fue posicionando la frase “démosle otra oportunidad a la paz en el Cauca”.
Y llegó el momento.
Una crisis de seguridad en Toribío tensionó las relaciones entre las autoridades indígenas de ese municipio y los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Según la información a la que hemos accedido, las autoridades indígenas habían detenido a un grupo de milicianos que pasaban por un sitio de control de la guardia indígena; los guerrilleros alegaban que no habían hecho ninguna acción que afectara a la comunidad y, por tanto, la detención no se justificaba según las propias normas internas de la organización indígena. El debate sobre este asunto propició volver a poner sobre el tapete la necesidad de activar un proceso de diálogo que fuera más allá de resolver una situación puntual. En ese momento se activaron de nuevo las dos propuestas: los diálogos humanitarios en perspectiva de paz y el piloto de paz territorial en Toribío. La comandancia del Bloque Jacobo Arenas aceptó la convocatoria. Durante varias semanas se intercambiaron documentos sobre lo que sería el marco general para un diálogo humanitario y político que ayudara a disminuir el impacto de la guerra sobre las comunidades y eventualmente abrir un escenario de diálogo entre estas organizaciones irregulares y el gobierno nacional.
Al final, el 24 de diciembre de 2025, en una zona del resguardo de Tacueyó, se reunieron unos 300 delegados de las comunidades, liderados por sus autoridades, y una delegación de alto nivel del Bloque Occidental. El documento, al que hemos accedido, señala que con ese acto se iniciaba “un diálogo para resolver conflictos y aportarle a la construcción de la paz en el norte del Cauca”, pero lo enmarca en el municipio de Toribío.
Fue un inicio tenso. Aunque los diálogos directos entre autoridades indígenas de Toribío y las guerrillas han sido recurrentes en los últimos 40 años, era la primera vez que se sostenía un encuentro de este nivel con las nuevas comandancias; y era aún más relevante porque la orden de los congresos de ACIN y CRIC fue que estas interlocuciones debían hacerse de cara a las comunidades, lo que representaba un desafío metodológico, político y de seguridad. Las dos partes, acostumbradas a iniciar sus eventos con sus himnos, accedieron a que la reunión se iniciara únicamente con el himno nacional de Colombia. Las dos vocerías hablaron inicialmente en nasa yuwe, la lengua del pueblo nasa; plantearon el alcance del proceso que se inicia y se comprometieron a hacer mutuos gestos para la creación de confianza, entre ellos la entrega de unos milicianos a sus familias. Los delegados del bloque informaron que estaban autorizados por Iván Lozada, y los de Proyecto Nasa que tenían la autorización de sus congresos.
El documento leído ese 24 de diciembre plantea que ya hay varias coincidencias: la más diciente, que la terminación del conflicto armado en Colombia a través de un diálogo político es un imperativo y el piloto puede contribuir a ese propósito; así mismo, ven “necesario y posible” encontrar formas pacíficas para proteger a las comunidades; incluso van más allá: señalan que los compromisos y acuerdos humanitarios pueden ayudar a que haya un clima adecuado para la solución dialogada de la confrontación armada. Voceros de Proyecto Nasa insisten en que el propósito no es el desarme, pero que ven posible que este proceso contribuya a que el gobierno nacional y las organizaciones armadas se vuelvan a sentar a la mesa.
Los temas que se abordarían están por concretarse; pero varias vocerías del movimiento indígena han señalado en los últimos meses puntos como la vinculación de menores a las estructuras armadas, las operaciones militares que afectan a las comunidades y a los bienes civiles, y en general los impactos de la presencia militar. Lo interesante es que ambas partes han aceptado conversar también sobre temas de orden más estructural. Nos informaron que ambos coinciden, por ejemplo, en que es necesario pasar a una propuesta comunitaria que aborde el tema de la economía de la marihuana, los problemas de la pobreza regional y la transformación territorial.
El 2 de marzo de 2026 hubo una asamblea multitudinaria en Toribío. Candidatos y representantes políticos del movimiento indígena, autoridades locales y organizaciones sociales expresaron el apoyo a este piloto de paz. La asamblea también corroboró el acercamiento entre el proceso indígena y las organizaciones de mujeres y personas LGBTIQ+. En efecto, Conspirando por la Paz y la Ruta Pacífica fueron convocantes del espacio. Estas dos organizaciones llamaron al resto de organizaciones del departamento a acompañar de manera decidida la iniciativa del piloto de paz y no dejar solos a los indígenas, y al mismo tiempo le han planteado al liderazgo indígena la necesidad de que el piloto se amplíe a otras comunidades, sectores y regiones. “El piloto de paz ya no es una propuesta, sino un proceso caminando”, nos dijo una de las personas responsables del proceso.
Perspectivas
No faltan las dudas. Mientras las partes mantienen formalmente la voluntad de dar inicio a este diálogo, el reclutamiento de menores sigue, la compra y venta de vehículos robados se extiende como una plaga en la zona, y las acciones de intimidación y extorsión son una constante. Seis meses después de perfilarse el piloto de paz, los más escépticos consideran que esto no es más que un movimiento de los armados para aprovechar que la organización indígena disminuya su movilización y así mantener operaciones de crecimiento económico y armado. La organización indígena, sobre todo la ACIN y Proyecto Nasa, sostiene que no es ingenua frente a los riesgos que tiene un proceso de estas características, incluso frente a la posibilidad de que se regrese a la misma posición de inicio; pero afirma que una estrategia de diálogo tiene por lo menos una probabilidad pequeña de proteger a la comunidad, mientras que la estrategia de guerra con total seguridad solo garantiza que se profundicen las afectaciones y siga el reclutamiento. Señalan también que una alternativa a las economías ilegales pasa necesariamente por un acuerdo con los actores armados, que hoy por hoy son los reguladores de ese comercio. De todos modos, han orientado a las guardias indígenas a mantener las acciones de control territorial.
El gobierno colombiano, que había dado un aval reticente en cabeza del presidente y luego había obstaculizado, en la práctica, los avances según la percepción de varios impulsores del proceso con las actuaciones del comisionado Otty Patiño, parece haber modificado su postura. Una vez se instaló formalmente el diálogo el 24 de diciembre, funcionarios de esa consejería han querido manifestar una voluntad más cercana a respaldar los diálogos; hemos conocido que inclusive varias autoridades y voceros indígenas hoy tienen el carácter de facilitadores de paz, una figura que les permite tener diálogos con los armados sin el riesgo de ser judicializados. Las autoridades indígenas han señalado que esto es un elemento de protección jurídica, pero que de ninguna manera significa que actúen a nombre del gobierno nacional y mucho menos que coordinen con él los contenidos y metodologías de la interlocución. En todo caso, ese cambio de tono no equivale todavía a una apropiación plena del proceso por parte del Gobierno.
Toribío ha sido un referente en la lucha por la paz. El país recuerda cuando el actual ministro de Igualdad lideró la recuperación del Cerro el Berlín, ocupado por el ejército, como un acto de protesta por la militarización del territorio indígena justo cuando el presidente Santos no quiso dialogar con el pueblo nasa de ese municipio; también recuerda las acciones masivas de la comunidad interponiéndose entre las FARC y el ejército; o las movilizaciones para quitar las trincheras en medio de la población civil. Se trata de comunidades que han enfrentado la guerra de manera directa. También han sido artífices de decenas de encuentros de organizaciones sociales y activistas por la paz, sede de alianzas políticas y uno de los municipios que ha vivido más acciones armadas en todo el país —se habla de más de 700 en el curso del conflicto—. Si hay un pueblo que tiene derecho y capacidad de hablar de paz, es el pueblo nasa de Toribío.
Las organizaciones indígenas esperan que el próximo gobierno recoja este proceso, lo respalde y aproveche los caminos abiertos. El candidato Iván Cepeda conoce la propuesta en detalle, tras una reunión con la ACIN y Proyecto Nasa que tuvo lugar en Santander de Quilichao en febrero pasado; una de las solicitudes indígenas fue que en la conducción del equipo de paz de su gobierno hagan parte personas conocedoras del proceso caucano, incluidas indígenas. Por ahora, el proceso muestra que organizaciones indígenas y plataformas de mujeres han logrado sostener y posicionar una apuesta de diálogo territorial en el Cauca, aun en medio de la persistencia de la violencia y de las vacilaciones del Gobierno nacional.
*La Puntilla es un programa de opinión de la Corporación Ensayos.
