Manuel Alejandro Pretelt Patrón fue posesionado como Secretario General del Ministerio de Agricultura, cargo en el que manejará el presupuesto y la contratación de la entidad. Sus padres, Jorge Pretelt y Martha Ligia Patrón, compraron dos fincas despojadas por paramilitares en el Urabá que luego la justicia les ordenó devolver a campesinos desplazados. El hoy Secretario General mintió ante la Corte Suprema en el proceso en el que su padre fue condenado por pedir un soborno de $500 millones a cambio de torcer un fallo cuando era magistrado de la Corte Constitucional. En ese caso, su padre tuvo como abogado al hoy Presidente de la República, Abelardo de la Espriella.
Por: Sebastián Forero Rueda
El número dos del Ministerio de Agricultura en el Gobierno de Abelardo de la Espriella será un joven abogado que roza los 30 años de nombre Manuel Alejandro Pretelt Patrón. Se trata del hijo del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, condenado y actualmente preso por pedir $500 millones al abogado de Fidupetrol a cambio de torcer un fallo para beneficiar a la compañía y frenar una millonaria sanción. Jorge Pretelt, además, compró tierras de origen baldío en Urabá que la justicia recuperó para devolverlas a sus legítimos dueños, campesinos que habían sido despojados por paramilitares. Su hijo será ahora el secretario general del Ministerio de Agricultura, quien en la práctica es la figura que le sigue al ministro y maneja el presupuesto y la contratación de la entidad encargada del campo colombiano.
Pretelt Patrón, abogado de la Javeriana y con posgrados en la Sergio Arboleda, fue posesionado este martes 11 de agosto en uno de los principales cargos administrativos del Ministerio desde el que dirigirá los asuntos financieros, contables y de contratación pública, además de asistir directamente al ministro en la administración de la entidad. Formará parte del círculo más cercano del ministro Indalecio Dangond.
La historia de los predios despojados por paramilitares que acabaron en manos de la familia Pretelt es la de dos fincas: La Corona, de 66 hectáreas, y Alto Bonito, de 46 hectáreas, ubicadas en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Ambos predios estaban en la zona de influencia de lo que fue la antigua hacienda ‘La 35’, centro de operaciones de los paramilitares de la Casa Castaño.
La Corona había sido adquirida por el campesino Reynaldo Villalba en 1989, pero apenas tres años después, en 1992, empezaron las amenazas de los paramilitares: “Me dijeron que el patrón mandaba a decir que le vendiera la finca, que si no aceptaba se la compraban a la viuda”, declaró el labriego en el proceso. Villalba y su familia se desplazaron a Montería, hasta donde fueron a buscarlos dos comisionistas de los paramilitares —Teófilo Hernández y Evelio Díaz— para que vendiera y él así lo hizo. Luego, en el año 2000, esos intermediarios le vendieron la finca a Martha Ligia Patrón, esposa de Jorge Pretelt y madre de Manuel Alejandro.
La finca Alto Bonito, por su parte, había sido adjudicada al campesino Manuel Gregorio Hernández en 1987 por el extinto Incora, es decir, era un predio baldío destinado a campesinos sin tierra. Tras 15 años viviendo allí en 2002 también fue amenazado por los paramilitares de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, lugarteniente de Castaño, para que vendiera. Al año siguiente, en 2003, la finca también fue adquirida por Martha Ligia Patrón.
En 2005 ambos predios terminaron en manos de Jorge Pretelt, cuando él mismo se los compró a su esposa y los anexó a su extensa finca ganadera que colinda con esos predios. Una década después, en 2015, los campesinos presentaron la demanda de restitución de tierras, argumentando que esas ventas fueron forzadas. En 2020, el Tribunal Superior de Medellín les dio la razón a las víctimas y ordenó al exmagistrado devolverlas, pues no demostró haberlas comprado de buena fe. Por el contrario, el Tribunal determinó que quedó plenamente probado que en la zona de ‘La 35’ sí hubo un contexto de violencia generalizado que generó desplazamiento y despojo de tierras a través de “negocios jurídicos celebrados por los reclamantes donde estuvo ausente la voluntad y el libre consentimiento de los vendedores”, como las ventas que hicieron esos campesinos a la esposa de Pretelt.
Por esos hechos, la Fiscalía investigó por despojo de tierras a Martha Ligia Patrón, pero en la era del fiscal Néstor Humberto Martínez, en 2017, esa investigación fue archivada.
Esa no es la única sombra que pesa sobre quien ahora será una de las cabezas del sector Agricultura en el Gobierno. Manuel Alejandro Pretelt tiene su propio capítulo en el caso por el que fue condenado su padre por el soborno a Fidupetrol.
En ese proceso, la Corte Suprema encontró que Jorge Pretelt, siendo magistrado de la Corte Constitucional, le pidió en 2013 al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, un soborno de $500 millones. El dinero sería a cambio de tumbar una sentencia de la Corte Suprema que obligaba a esa compañía a pagarle $22.500 millones a la Gobernación del Casanare. A Pretelt lo defendió, precisamente, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia. Su defensa fue infructuosa y Pretelt fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por el delito de concusión, una condena que fue confirmada en 2023 por el alto tribunal, que en ese momento ordenó su captura para que empezara a cumplir su pena. Desde entonces, Pretelt permanece privado de la libertad —primero en una cárcel y actualmente en prisión domiciliaria— y en julio pasado la Corte le negó la libertad condicional.
Manuel Alejandro mintió en ese proceso: aseguró ante la Corte que el abogado Pacheco nunca fue al apartamento de Pretelt en Bogotá, en donde se dio la reunión en la que el entonces magistrado le exigió $500 millones a ese abogado. Pese a que Pretelt hijo negó la existencia de esa reunión en su casa, durante el juicio se determinó que tal encuentro sí se produjo y descartó el testimonio de Manuel Alejandro al no considerarlo digno de crédito. Ahora, el hijo será el ordenador del gasto de la cartera de agricultura y el padre continuará preso por corrupción.
