El testimonio del capitán (r) del Ejército José Eduardo González Sánchez, pieza clave de la primera imputación del Caso 08 de la JEP, revela cómo se articuló una red criminal para infiltrar, perfilar y perseguir a integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) durante la toma paramilitar de Barrancabermeja, entre 1998 y 2000. La violencia antisindical coincidió con el proceso de privatización de Ecopetrol y con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
“Todo lo que oliera a sindicato era sinónimo de guerrilla y guerrilla era sinónimo de enemigo”, cuenta José Eduardo González Sánchez en una declaración ante la magistrada Catalina Díaz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su testimonio es inédito en el marco de la primera imputación del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado en asociación con paramilitares y terceros civiles. González aparece en la sentencia como un “actor bisagra”, que permitió el desarrollo de esa red criminal entre militares, paramilitares y funcionarios de Ecopetrol para infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más antiguos e importantes del país.
La dimensión de la violencia contra el sindicalismo en Colombia permite entender el contexto en el que ocurrió esta historia. Según los registros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), 12.078 personas sindicalizadas han sido víctimas de violaciones a la vida, la libertad y la integridad en el marco del conflicto armado. En Barrancabermeja, una ciudad con una fuerte presencia sindical, la estigmatización contra la USO dejó 125 personas asesinadas, entre dirigentes y personas cercanas a la organización sindical, siete desaparecidos, exiliados, amenazados y privados de la libertad por la criminalización de su actividad dentro del sindicato.
“El sindicato de la USO es un caso paradigmático, emblemático e ilustrativo de lo que le ha ocurrido al movimiento sindical en Colombia. De hecho, la USO es el tercer sindicato más afectado en Colombia. El primero es Fecode, el sindicato de los maestros”, afirmó la magistrada Catalina Díaz en entrevista el programa En la Raya con Cecilia Orozco.
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El testimonio del capitán
José Eduardo González Sánchez es capitán retirado del Ejército Nacional. Ingresó el 3 de abril de 1995 al área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol, ubicada en Barrancabermeja. Su llegada a la Coordinación de Seguridad de la compañía se debió a la tarea de fortalecer la protección de una de las infraestructuras petroleras más importantes del país, en medio de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza Pública, que ya atravesaba el Magdalena Medio. Su misión: expulsar de la infraestructura petrolera al “enemigo” identificado como la guerrilla y a quienes fueran considerados sus aliados.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, González fue más que un intermediario entre militares y paramilitares: estableció contactos con integrantes del BCG45, el BAADA2 y otras estructuras de la Fuerza Pública; facilitó el relacionamiento entre oficiales y comandantes paramilitares y contribuyó a coordinar condiciones de no reacción y movilidad para sus incursiones. En el caso de la USO, la Sala le atribuyó haber promovido mecanismos de infiltración, obtenido información interna del sindicato y transmitido esos datos a integrantes del Ejército y de estructuras paramilitares, dentro de una lógica que equiparaba la militancia sindical con la subversión. Por estos hechos, el tribunal concluyó que actuó con dolo directo y que, en relación con la persecución, tuvo la motivación discriminatoria necesaria para atribuirle este crimen de lesa humanidad.
En su versión voluntaria del 8 de febrero de 2024, González explicó que la infiltración de la USO contó con la aprobación de funcionarios de la compañía, entre ellos, Marco Tulio Restrepo, director Corporativo de Seguridad; Joaquín Gómez Vidal, gerente de la Refinería de Barrancabermeja entre los años 1998 y 2000; y Óscar Virgüez, coordinador de Seguridad de la Refinería y jefe directo de González. Aunque la JEP no pudo escuchar a Restrepo ni a Virgüez, porque ambos fallecieron mucho antes, contrastó de manera independiente componentes centrales de la confesión del capitán. Por ejemplo, sobre el conocimiento que tenían directivos de la compañía sobre el plan que él estaba ejecutando, Gónzalez respondió: "Es de suponer que si el Director Corporativo de Seguridad tenía conocimiento de esto, es de suponer que los directivos de Ecopetrol, la gente que manejaba las estrategias a nivel macro, lo debían saber", como contó en su declaración voluntaria el 8 y 9 de febrero de 2024.
Para cumplir con la misión de infiltración, González explicó que buscó vincular personas directamente a Ecopetrol para que, con el carnet y la condición de ser trabajadores, pudieran vincularse al sindicato e ingresar a la sede de la USO, a la que describió como “un edificio muy cerrado al que solamente ellos entraban”. Bajo esa mampara, sus alfiles asistían a reuniones, grababan las discusiones, obtenían información interna y reportaban actividades sindicales. Incluso, detalló la instrucción que se daba a los informantes: “averígüeme sobre esto, averígüeme sobre esto”.
En un primer momento, esa información sirvió para que la compañía pudiera adoptar “planes de emergencia” dependiendo de las actividades sindicales. “Si iba a haber paro implicaba todo un proceso logístico, de cambios de horarios y el gerente disponía que se decretaba la emergencia”, contó González en su versión ante la Sala. A partir de ese testimonio y las pruebas recaudadas, los magistrados identificaron que la inteligencia no estuvo destinada a identificar supuestas infiltraciones del ELN en la USO, como se habría pretendido justificar el espionaje, sino que a la USO misma se le veía con sospecha.
En una segunda etapa, la información recogida por los tres infiltrados y González terminó en manos de la Policía, del Ejército y de grupos paramilitares que ingresaron a la región entre 1998 y el año 2000. “Se le dijo a esas personas que todo lo que escucharan referente a la guerrilla, a lo que nombraran de guerrilla o quienes tuvieran familiares nos informaran. Eso no se le informaba a las directivas de Ecopetrol sino a la inteligencia militar”, narró González.
La información recopilada fue fuente para el perfilamiento y la construcción de listados de sindicalistas y trabajadores, supuestamente relacionados con la insurgencia, “destinados a ser eliminados”. Esas listas incluso generaron persecución posteriormente a la salida de González de Ecopetrol, quien recuerda que esa infiltración se intensificó con la presencia del Frente Fidel Castaño de los paras, una estructura vinculada al Bloque Central Bolívar (BCB). Según González: ahí supo “que hubo una infiltración directa para perfilar a los directivos de la guerrilla y fue cuando más se dieron las bajas que sufrió la USO en esas épocas".
A través de esas listas creadas por inteligencia militar, que terminaron en manos de los paramilitares, fueron asesinados dos dirigentes sindicales: Rafael Jaimes Torra en 2002 y Aury Sará Marrugo en 2001. Sobre el caso de Sará, la Sala explicó que Salvatore Mancuso declaró el 23 de mayo de 2025 que la estigmatización fue utilizada como arma de guerra y que las listas proporcionadas por las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado “muchas veces no contenía una verdad de a puño, sino que había una estigmatización y un señalamiento de personas”.
Para contrastar el testimonio de capitán González, la JEP escuchó a las personas que trabajaron con él, entre ellos, John Alexander Vásquez, alias “Pepo”, quien confirmó que actuó como infiltrado de la USO y que siendo integrante del Bloque Central Bolívar coordinó con González la incursión paramilitar del 28 de febrero de 1999. La Sala estableció, además, que Vásquez ya pertenecía a una estructura paramilitar cuando fue vinculado a Ecopetrol y que sus compañeros, Carlos Alberto Piedrahita y Leocadio Bohórquez, ambos espías, se incorporaron después a estructuras paramilitares.
La JEP concluyó que hay “indicios relevantes de permeabilidad entre los aparatos de seguridad privada corporativa y las estructuras paramilitares”. Además, llamó la atención en el aprovechamiento de los recursos institucionales de Ecopetrol para obtener información sensible de la situación de seguridad de miembros de la USO. En el Auto 029 de 2026, la Sala citó una carta del Director Corporativo de Seguridad dirigida a González en la que lo felicitó y lo exhortó a continuar: ”con el mismo ánimo en el manejo y aprovechamiento máximo de las facilidades de administración de la información que posee el Alfa [el Sistema de Información de la refinería]”.
El Auto también cita documentos y archivos de Ecopetrol que acreditaron capacidades y recursos institucionales utilizados por González, así como convenios con la Fuerza Pública que permitieron el hurto de combustible por parte de los paramilitares, vuelos de helicópteros, estructura del área de seguridad y documentación asociada a derechos humanos y relaciones laborales. En relación con el combustible, según González, sirvió para darle rentabilidad a las autodefensas: “Al Bloque Central Bolívar se le dio esa facilidad de darle información para mayores facilidades para que hicieran ese hurto de combustibles (...) la gran mayoría del combustible que sacaban era para la autopista, que era más rentable para ellos”, dijo González en su versión voluntaria el 9 de febrero de 2024 .
González también relató cómo facilitó, además, el “ingreso de las autodefensas allá al Magdalena Medio, al sur de Bolívar y a Barrancabermeja”. Dentro de la estrategia de seguridad a su cargo se buscaban mandos que fueran “propias tropas” y que se prestaran para lo que describió como la incursión de los grupos de autodefensas desde Puerto Boyacá, y las de los hermanos Castaño desde Córdoba. “Me llamaron porque necesitaban que no hiciera retén porque iban a pasar unos camiones que eran propias tropas. Después me enteré que esos camiones eran de las primeras autodefensas que llegaron, provenientes de Puerto Boyacá”, detalló.
Los intereses económicos detrás de la persecución contra la USO
En su relato, González también explicó el trasfondo económico que acompañó esa estrategia. Dijo que en sus primeras reuniones los directivos Marco Tulio Restrepo y Antonio Sánchez le hablaron de una “futura quiebra de Ecopetrol” y de que “no podían hacer los cambios porque la USO no lo permitía”. Al contrastar esa declaración, la JEP concluyó de manera delimitada que, al menos para ciertos funcionarios de la empresa, la incursión paramilitar fue percibida como funcional a una reestructuración a la que el sindicato se oponía.
“Ecopetrol nunca había podido hacer muchas cosas, entre esas la creación de la ANH. Eso es prácticamente quitarle a Ecopetrol y a la USO algo estratégico”, dijo González. “Para esa época Ecopetrol pudo vender acciones y volverse una sociedad mixta. Evidentemente con ese debilitamiento de la USO, ya Ecopetrol pudo tomar medidas que hacía mucho tiempo estaba esperando. Eso era parte de la estrategia que hablamos con Marco Tulio Restrepo, que fue gerente de la refinería y hacía parte de la de las directivas de Ecopetrol. Se pudieron vender acciones, que eso era impensable en otra época”, narró el capitán ante los magistrados.
Sobre ese punto, la JEP encontró que el debilitamiento de la USO también se vió en la reducción de la planta de trabajadores. Pasó de 11.835 en 1990 a 7.076 en 1998 y a 5.885 en 2008. De hecho, la persecución desembocó en estigmatización de sus integrantes como colaboradores de la guerrilla, pero detrás de esa violencia lo que hubo fueron intereses económicos y políticos no solo de la empresa, sino de los paramilitares que buscaban captar las rentas derivadas de la economía petrolera, para lo cual la actividad sindical era un obstáculo.
Uno de los últimos hechos que ilustran el carácter de la persecución contra el sindicato ocurrió el 22 de abril de 2004, cuando los trabajadores convocaron una huelga contra el decreto que cambió la naturaleza de Ecopetrol y ordenó la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El entonces Ministerio de la Protección Social declaró ilegal la protesta y Ecopetrol despidió a sus empleados con fuero sindical. Ese mismo año, Gabriel Alvis, presidente del sindicato, y 23 miembros más fueron involucrados en procesos penales por injuria, amenazas y daño en bien ajeno.
Las declaraciones de José Eduardo González Sánchez dan cuenta de un patrón de persecución antisindical en el que confluyeron funcionarios del sector privado, integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares. La estrategia de infiltración, seguimiento, perfilamiento y atentados contra la USO terminó debilitando su capacidad de organización y movilización. Detrás de esa persecución confluyeron intereses económicos relacionados con el control de la actividad petrolera, la privatización de las empresas públicas y el detrimento de derechos fundamentales como la libre asociación, que fueron violentados en una de las ciudades más militarizadas del país.
