Paralelo a su juicio por fraude procesal, manipulación de testigos y soborno, el expresidente Álvaro Uribe, sus abogados y simpatizantes se mueven en medios de comunicación y redes sociales para instaurar el discurso de que es un perseguido político por la justicia colombiana.
Por: María Fernanda Padilla
Mientras el expresidente Álvaro Uribe afronta un juicio en Colombia por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos, su defensa y su bancada parlamentaria han desplegado una campaña internacional para deslegitimar el proceso judicial e instalar la idea de que se trata de un “juicio político”. Su abogado Víctor Mosquera ha buscado presentar a Uribe como víctima de un “lawfare”, es decir, de una persecución política por parte del sistema judicial. “Pretendo demostrar que este proceso ha tenido un origen político”, sentenció el expresidente el 10 de febrero de 2025, al comparecer por primera vez ante el juez que lleva su caso. Se convirtió en el primer expresidente colombiano en enfrentar un juicio.
Víctor Mosquera, doctor en Derecho Internacional Público y máster en Protección de los Derechos Humanos por la Universidad La Sapienza de Roma, ha enfocado su estrategia en cuatro frentes: conseguir apoyos de organismos internacionales de derechos humanos, obtener pronunciamientos de aliados políticos, desvirtuar la acusación en medios de comunicación y movilizar el apoyo de simpatizantes. Por eso, el primer día del juicio, un grupo de congresistas del Centro Democrático y otros ciudadanos afines llegaron a los juzgados de Paloquemao con banderas de Colombia y rostros del expresidente bajo la consigna: “Uribe es inocente”.
Mosquera dirige la firma de abogados Víctor Mosquera Marín Abogados, que hace dos años amplió su presencia a Estados Unidos, consolidándose como una pieza clave en la estrategia internacional de Uribe, que comenzó desde su arresto en 2020 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Además, a través de la Fundación Derechos y Justicia Asociados, el defensor internacional del expresidente participa con estatus consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abordando el ‘lawfare’ y las detenciones preventivas injustas a nivel global.
Otro eje de su estrategia ha sido llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que revisa las peticiones en las que se alegan violaciones a los derechos humanos. Durante la visita de la CIDH a Colombia en 2024, Uribe, Mosquera y el abogado Jaime Lombana denunciaron persecución política por parte de sus adversarios y grupos al margen de la ley, además de supuestas “violaciones sistemáticas” a las garantías judiciales del proceso.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la defensa de Uribe encontró respaldo en su discurso contra procesos judiciales politizados. Uribe aprovechó el recorte presupuestal de Trump a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para señalar al magistrado César Reyes, quien ordenó su arresto domiciliario en 2020, como contratista de la agencia durante el acuerdo de paz con las FARC.
“César Reyes, el ‘juez’ que me encarceló, era contratista de USAID al servicio del acuerdo de amnistía de (Juan Manuel) Santos a las narcoterroristas FARC. El señor Reyes también fue contratista del gobierno de Santos para el acuerdo con las FARC mientras yo era uno de los líderes en oposición a este acuerdo”, escribió en su cuenta de X, citando a Trump, a Elon Musk, designado encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Reyes fue consultor de Usaid incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016. En su hoja de vida reposa su experiencia con Programas de Fortalecimiento de la Justicia implementados por la Agencia en: Panamá, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia, entre febrero de 2003 a mayo de 2017. En un documento de balance del Sistema Penal Acusatorio en Colombia de 2015, aparece como Coordinador Componente de Reforma a la Justicia - Proyecto de Acceso a la Justicia de Usaid. Además, capacitó a defensores públicos y estudiantes universitarios en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia en Colombia, desde 2006.
Uno de los ejes de la estrategia de la defensa ha sido cuestionar la imparcialidad del juez César Reyes, vinculándolo con programas financiados por Usaid en el contexto del acuerdo de paz. Sin embargo, la acusación apuntaba a llamar la atención de opositores del Acuerdo de paz y antiguos aliados del expresidente. En sincronía con el trino, Víctor Mosquera envió una carta a Marco Rubio, según información de W Radio, en la que denunciaba supuestos intentos de manipulación de testigos dentro de una cárcel en Estados Unidos. Hizo referencia en particular a las visitas que habría hecho el senador Iván Cepeda, víctima dentro del juicio contra el expresidente, al exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘Tuso Sierra’, en la prisión Washington Correctional Treatment Facility, con el fin de persuadirlo para testificar en contra de Uribe. Asimismo, Mosquera se refirió a posibles conflictos de interés en proyectos financiados por Usaid en Colombia.
La estrategia de Mosquera no solo buscaba cuestionar a Reyes, sino también activar aliados clave en Washington. Uno de ellos era el entonces Secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Uribe compartía una visión común sobre la región. Rubio, como republicano, ha sido firme opositor a los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. Su relación con Álvaro Uribe es de vieja data. Ambos han defendido una misma agenda como el rechazo al Acuerdo de Paz con las extintas Farc desde 2015 y coinciden en su oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Rubio, además, es el anfitrión de Uribe en Miami, su ciudad natal, donde lo ha recibido en distintas oportunidades, una de estas luego del referendo por la paz del gobierno Santos, en 2016. El Secretario de Estado de los Estados Unidos sería actualmente el camino “directo” para llamar la atención de Trump, con el fin de que se pronuncie sobre el juicio.
“Como aliado importante, que defiende el Estado de derecho, espero que el sistema judicial colombiano lleve a cabo un juicio justo y transparente para el expresidente Álvaro Uribe. Uribe debería tener la oportunidad de refutar las acusaciones que se hacen en su contra fuera del arresto domiciliario”, escribió Rubio en su cuenta de X cuando Uribe fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en 2020.
Más allá de los tribunales y los foros políticos, la estrategia de Uribe ha incluido un fuerte componente mediático, asegurando que el juicio tenga eco en la prensa internacional. Uribe ha logrado otros apoyos incipientes. La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) expresó su solidaridad con el expresidente colombiano y cuestionó las garantías de los derechos humanos y la actuación del alto tribunal en lo que calificaron como una “controversia política”. La misiva, firmada por Vicente Fox de México, Mauricio Macri de Argentina y otros 19 exmandatarios, fue desmentida por la organización Human Rights Watch, que señaló “errores fácticos y jurídicos que incentivan una campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia”.
La cobertura de medios internacionales también ha sido un logro del proceso, que, si bien no recae exclusivamente en la estrategia de Mosquera y Uribe, sí ha logrado poner el foco en el juicio por soborno y manipulación de testigos. La detención de Uribe fue cubierta por la BBC, el canal alemán DW Español, CNN, The New York Times y The Guardian. Más recientemente, El País de España publicó un análisis titulado “Del descrédito a sus jueces a las acusaciones de ‘lawfare’: Uribe retoma la estrategia extrajudicial de Trump”, mientras que la agencia Associated Press destacó su defensa con el titular “Expresidente colombiano Álvaro Uribe alega inocencia en juicio en su contra”.
Este nivel de cobertura ha convertido el caso en un punto de referencia sobre el uso del sistema judicial en conflictos políticos en América Latina. Para Uribe y su equipo, el reconocimiento internacional no solo es una oportunidad para reforzar su discurso, sino también un terreno estratégico donde buscan aliados y respaldo ante organismos globales.
El abogado de los “buenos muchachos” de Uribe
Mosquera no solo ha sido el abogado de Uribe en este caso, sino que ha utilizado estrategias similares para defender a otros miembros de su círculo cercano. Víctor Mosquera ha estado al frente de los casos más polémicos del círculo cercano al expresidente Uribe, en particular, el del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y María del Pilar Hurtado, directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en tiempos de Uribe, quien estuvo prófuga de la justicia y fue condenada por espionaje ilegal contra opositores al expresidente.
En ambos casos, Mosquera ha utilizado argumentos similares a los que emplea en la defensa de Uribe, como la idea de que sus clientes son víctimas de persecución política y que los procesos judiciales en su contra están politizados. Por eso, la estrategia de Mosquera ha sido internacionalizar los procesos y buscar el respaldo de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el caso de Arias, el abogado presentó una denuncia contra el Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, argumentando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vulneró derechos fundamentales, como el debido proceso, la posibilidad de que un fallo condenatorio sea revisado por un tribunal superior y el derecho a ser elegido, entre otros. Estos argumentos fueron tenidos en cuenta por la Corte Constitucional que dio vía libre para que la CSJ revisara en segunda instancia la condena de 17 años contra Arias. Sin embargo, en 2023, el alto tribunal ratificó la pena impuesta al exministro.
Otro caso es el de Diego Palacios, exministro de Protección Social durante el gobierno de Uribe, condenado a seis años de prisión por su participación en la "Yidispolítica". Este escándalo de corrupción se refiere a la entrega de dádivas a congresistas para que votaran a favor de la reforma que permitió la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Mosquera llevó la defensa de Palacios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), logrando que la entidad admitiera la demanda contra el Estado colombiano en 2022, alegando irregularidades en el proceso.
Las víctimas elevarán su reclamos a nivel internacional
Mientras la defensa de Uribe busca apoyo internacional, el otro lado del proceso también intenta hacer oír su voz en el ámbito global. El senador Iván Cepeda anunció que solicitará la "observación internacional" de organismos de derechos humanos y entidades judiciales extranjeras, con el objetivo de evitar presiones políticas y garantizar la imparcialidad del proceso. Su principal preocupación es “una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso”.
Para este propósito, Iván Cepeda y las demás víctimas acreditadas recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas. No es la primera vez que Cepeda recurre a instancias internacionales en este contexto. En 2018, acudió a la CIDH en Washington para solicitar seguimiento al proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
El desenlace de este histórico juicio no solo definirá el destino judicial de Uribe, sino que también sentará un precedente sobre el alcance y la independencia de la justicia colombiana en casos de alto perfil. Entre estrategias de legitimación y denuncias de lawfare, el proceso judicial más emblemático del país pone a prueba la solidez de las instituciones colombianas y la credibilidad de su sistema de justicia ante los ojos del mundo.
