Nancy Martínez Iglesias en enero de 2023 salió del anonimato tras ordenar archivar una investigación por secuestro y homicidio contra Cielo Gnecco. Diez meses después, reversó la decisión de otro fiscal que ordenó capturar a la llamada matrona del Cesar. RAYA revela otra investigación por secuestro que la misma fiscal precluyó y que rodea al círculo político del clan Gnecco. Por estos hechos, la familia Kammerer Teherán se fue al exilio tras un atentado y recibir amenazas el año pasado. 

Por: Éver Palomo Llorente
Investigador Revista RAYA

El 31 de octubre de 2023, el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que en la Fiscalía “nadie va a pasarse por encima de la ley”, respondiendo al interrogante de una periodista de Noticias Caracol que le preguntó por qué no emitían una nueva orden de captura contra la matrona del Cesar, Cielo Gnecco, quien había sido beneficiaria de una decisión de la fiscal quinta especializada de Valledupar, Nancy Martínez Iglesias. La misma subalterna que antes ya había solicitado archivar el expediente contra Gnecco por secuestro y homicidio. Entonces, Barbosa dijo que se había abierto una investigación para averiguar si existía corrupción o componendas en este caso de la líder de la poderosa familia vallenata. 

Sin embargo, ese no es el único caso de secuestro que rodea a la fiscal Martínez. La revista RAYA tuvo acceso a otro expediente de la familia Kammerer Teherán, de Valledupar, cuyos miembros tuvieron que exiliarse el 16 de mayo del año pasado. Su destino: un campo de refugiados en un país europeo que los acogió, que les tendió la mano y donde están en proceso de asilo. Los primeros en abandonar Colombia fueron su hijo mayor Andrés Bustamante Kammerer y su esposa Cindy Martínez Vergara, quienes salieron tres semanas antes que el resto de la familia, el 26 de abril de 2023. Lo hicieron luego de que dos hombres en moto los esperaran afuera de la Universidad del Área Andina en Valledupar y le apuntaran a Andrés con un revólver en la cabeza.

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Marleny, la cabeza de la familia, relata desde el refugio que ese fue uno más de los episodios intimidatorios que la llevó a tomar la decisión de irse del país para salvaguardar su vida y la de sus familiares. A finales de enero de 2023, sufrió un atentado cuando junto con su nieto y su hijo político iban en una camioneta rumbo al colegio del niño y les dispararon. Su hijastro respondió al ataque y aceleró hasta que lograron entrar al conjunto residencial donde ella vivía.

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En total son once los integrantes de la familia Bustamante Kammerer, incluidos cuatro niños, los que están en el exilio en Europa, desde donde Marleny sigue implorando justicia por el secuestro del que fue víctima en 2004 –en plena época del paramilitarismo en Cesar– y por recuperar unos lotes de su propiedad que le arrebataron en esa época y bajo presiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de predios ubicados en una zona exclusiva de Valledupar, los cuales están valorados en más de 20.000 millones de pesos. En los terrenos hoy existe un conjunto residencial, un vivero, la mansión y la oficina del mayor constructor de Valledupar y exdirector del Partido Liberal en Cesar: Óscar Guerra Bonilla. 

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Guerra se mueve entre la política y la construcción. Ha sido aliado del clan Gnecco en varias campañas y también ha puesto a sonar su nombre como candidato a la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía de Valledupar, pero no ha llegado al final de las campañas electorales. Es el mismo empresario dueño de los predios donde unas 800 familias levantaron el asentamiento ilegal conocido como “Tierra Prometida” y hasta donde llegó, en 2011, el entonces candidato a la Gobernación del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de la matrona Cielo Gnecco, para buscar votos. Ese día, Monsalvo se comprometió a mantener a los invasores, “quieta y pasivamente”, en los terrenos de su aliado Óscar Guerra Bonilla. Igualmente, prometió, de llegar a ganar, incluirlos en proyectos de vivienda digna de la Gobernación del Cesar con el fin de acatar las sentencias judiciales que amparaban ese derecho fundamental de la población desplazada.

^{El constructor y exdirector del Partido Liberal en Cesar, Óscar Guerra Bonilla, está sindicado del secuestro de Marleny Kammerer Teherán}

Por ese compromiso, que días después quedó escrito, Monsalvo fue condenado en primera instancia a cinco años y un mes y medio de prisión, por el delito de corrupción al sufragante. La sentencia la profirió la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el 24 de julio de 2020. Sin embargo, dos meses después, el 30 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la misma Corte Suprema absolvió a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco Cerchar. El pasado 14 de febrero de 2024, en otro proceso penal, Monsalvo fue condenado en primera instancia por corrupción en los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños del Cesar. 

Guerra y Gnecco también tendrían en común el mismo perpetrador de los secuestros en plena época paramilitar, con el fin de defender sus intereses económicos de manera ilegal.  

Alias “39”, el mismo secuestrador 

David Hernández Rojas, alias “39”, es un personaje macabro, que causó zozobra y tiñó de sangre el suelo vallenato en la época de la barbarie paramilitar. El entonces comandante del Frente Mártires del Cesar, habría sido la persona comisionada por Cielo Gnecco para secuestrar y asesinar a los contratistas de la Gobernación Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra. Según el testimonio de Julio Manuel Argumedo García -alias “Gabino”- ellos recibieron la orden de Cielo Gnecco para el plagio y homicidio, luego de que se negaran a pagar una coima de 2.500 millones de pesos por contratos que ejecutaban durante la administración del clan Gnecco. Los contratistas fueron asesinados en noviembre de 2002. 

Marleny Kammerer Teherán fue secuestrada a comienzos de 2004, también por alias “39”. Según su denuncia ante la Fiscalía, ese plagio fue ordenado por el constructor y expresidente del Directorio Liberal en Cesar, Óscar Guerra Bonilla. Entonces, alias “39” era el brazo armado de “Jorge 40”, máximo comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien ejercía una especie de poder supremo en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.

En marzo de 2004 Marleny estuvo privada de la libertad por tres días en el corregimiento de La Mesa, jurisdicción de Valledupar. El principal sindicado es el constructor y político liberal Óscar Guerra Bonilla, pero, también están denunciados la funcionaria de la Fiscalía Kirka Patricia Cotes Ariza, su esposo Juan Carlos Hinojosa Sierra y la comerciante Liliana Janeth Jaimes Rueda. Ellos, según el expediente, le pidieron a alias “39” que llevara a Kammerer Teherán al corregimiento de La Mesa, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde entonces, Guerra, Cotes y Jaimes tienen líos por unos terrenos con Marleny Kammerer, los cuales están ubicados muy cerca al emblemático monumento del Pedazo de Acordeón, uno de los sectores exclusivos de Valledupar.

“Me llegaron tres tipos a la puerta de mi casa diciéndome que me tenía que ir con ellos, porque alias “39” me necesitaba allá, en La Mesa”, cuenta desde el exilio Kammerer.  “Cuando yo voy a La Mesa, donde me está citando “39”, me encuentro a Liliana Jaimes, Óscar Guerra, Kirka Cotes (funcionaria de Fiscalía) y Juan Carlos Hinojosa (esposo de Kirka). Me sorprendo al verlos allí sentados con alias “39”. Kirka Cotes y Liliana Jaimes me habían denunciado en la Fiscalía 12 Especializada porque supuestamente yo les había vendido unas tierras que no eran mías. La Fiscalía investigó y me absolvió”, relata. La versión está documentada en el expediente con fallos de primera y segunda instancia a favor de Marleny.

La Fiscalía 12 acogió un levantamiento topográfico de los terrenos que hizo el arquitecto Iván Zuleta Fuentes, quien además analizó los certificados de libertad y tradición y las escrituras, concluyendo que quien tenía invadidos los lotes era Óscar Guerra Bonilla. El informe de Zuleta Fuentes, en cambio advirtió, que Guerra Bonilla tiene ocupados ilegalmente los terrenos en una extensión de 5.590 metros cuadrados, donde están incluidos los lotes de Kirka Cotes, de Liliana Jaimes y el terreno de mayor tamaño de Marleny Kammerer Teherán.

El 4 de junio de 2020, Jairo Luis Bermúdez Rodríguez y Jeimer Pastor Herrera De La Hoz, ambos paramilitares desmovilizados del Frente Mártires del Cesar, declararon ante los fiscales de Justicia y Paz y reconocieron el secuestro de Marleny Kammerer Teherán.

“Este hecho fue ordenado por “39”, él ordenó que subiéramos a la señora a la finca a La Mesa y allá la entregamos a “39” y ella tenía problemas con unos lotes… un señor se los quería braviar (sic) y el comando “39” ordenó llevarla para que aclarara la situación allá con él”, dice uno de los apartes del testimonio entregado por Bermúdez Rodríguez. 

Ese mismo día declaró en la Fiscalía 46 de Justicia y Paz el exparamilitar Jeimer Pastor Herrera De La Hoz y admitió su participación en el secuestro. “Tuve participación en el hecho junto a Jairo Luis Bermúdez y “El Lobo”. Alias “39” dio la orden de llevarla a La Mesa y la llevamos y la dejamos allá con él (…) La interceptamos por ahí por El Pedazo de Acordeón (…) Lo que sé es que había pelea por unos lotes con Óscar Guerra (…) Alias “39” la mandó a llevar, a ella le decían La Pastora (…) Acepto mi participación”.

Alias “39” fue abatido el 26 de octubre de 2004 por tropas del Batallón La Popa, una unidad militar que durante la época de la barbarie paramilitar se hizo famosa por la connivencia de uniformados con las Autodefensas Mártires del Cesar.  El máximo comandante de las AUC para esa época, Salvatore Mancuso, también declaró en la Fiscalía 46 y asumió la responsabilidad por línea de mando, dándole plena credibilidad a lo dicho por las víctimas y a lo reconocido por sus subalternos. “Aprovecho la ocasión para expresarles a las víctimas antes mencionadas, a sus familiares, allegados, amigos y a Dios, para mi pedido de perdón y arrepentimiento y compromiso de no repetición”, se lee en uno de los apartados de la declaración de Mancuso en la que se refiere a la señora Kammerer y su familia. (Ver facsímil).

La actuación de la Fiscalía 

La denuncia por el secuestro de Marleny Kammerer comenzó su curso en Valledupar en mayo de 2014, pero en los primeros años no tuvo avance. Cuatro años después, el 22 de noviembre de 2018, la fiscal quinta especializada Nancy del Carmen Martínez Iglesias asumió la investigación del caso. El 31 de julio de 2019 escuchó en indagatoria a los sindicados Óscar Guerra Bonilla, Kirka Cotes Ariza (funcionaria de la Fiscalía) y a su esposo Juan Carlos Hinojosa Sierra, quienes negaron su participación en los hechos y se declararon inocentes. El 25 de octubre de 2019, después de varios aplazamientos, fue escuchada en indagatoria Liliana Jaimes Rueda, quien también negó su responsabilidad y afirmó ser inocente.

No obstante, el 3 de septiembre de 2019 el apoderado de Kammerer le escribió a la fiscal Martínez Iglesias y le contó que en la Fiscalía de Justicia y Paz, en el despacho de la fiscal Amalia Gómez, existían dos carpetas por secuestro y constreñimiento ilegal que podían tener relación con el caso de la señora Kammerer. Un hecho infructuoso, pues la fiscal no tuvo en cuenta ni las carpetas ni las versiones libres de los paramilitares que mencionan a Oscar Guerra como principal contradictor de los hechos por los que Kammerer fue secuestrada. Finalmente, la fiscal Martínez ordenó precluir la investigación el 13 de agosto de 2021, bajo el argumento principal de una supuesta “falsa denuncia”. (Ver facsímil).

Al igual que en el proceso contra la matrona del clan Gnecco, fue la Procuraduría la que apeló la decisión y por eso la investigación sigue viva. La Procuraduría cuestionó que la fiscal Martínez Iglesias no hizo lo suficiente para avanzar en la investigación. “(…) Entonces, lo que persisten son dudas. Pero con una ventaja, la cual es que la Fiscalía a su cargo sí tiene como aclararlas. Solo que hasta ahora no ha hecho lo pertinente, es decir, ordenar las pruebas pendientes que permitan la búsqueda de la verdad procesal”.

Desde ese momento, el nombre de la fiscal Nancy Martínez empezó a tomar relevancia dentro del mundo judicial, pero fue en enero de 2023 cuando alcanzó trascendencia nacional tras ordenar precluir la investigación contra Cielo Gnecco por el secuestro y homicidio de los dos contratistas. Esa decisión la contrarió el procurador Martín Botero, quien apeló ante un fiscal superior a Martínez y logró revocar la decisión. El 6 de octubre de 2023 se expidió la orden de captura contra la llamada matrona del Cesar, Cielo Gnecco Cerchar.  

Tras la nueva decisión, Gnecco desapareció de Valledupar durante 24 días. En ese lapso el expediente regresó al despacho de la fiscal Martínez Iglesias, quien revocó la medida de aseguramiento porque no le dio credibilidad a la confesión del exparamilitar Julio Manuel Argúmedo García, alias “Gabino”, que señaló a la matrona del Cesar como la determinadora del crimen. 

Esa decisión, del 30 de octubre de 2023, causó conmoción nacional y el pronunciamiento del entonces fiscal general Francisco Barbosa, quien anunció una investigación contra la fiscal Martínez. La Dirección Contra La Corrupción de la Fiscalía adelanta las pesquisas para establecer si el levantamiento de la orden de captura contra Cielo Gnecco obedeció a corrupción económica o a un acto de favorecimiento político por su cercanía con la justicia regional. En el proceso se han impartido varias órdenes de Policía Judicial para recaudar las pruebas y evidencias contra la funcionaria, pero hasta la fecha la fiscal Martínez sigue ejerciendo y Cielo Gnecco continúa en libertad. 

Esa no es la única investigación que la misma justicia adelanta contra la fiscal Martínez. La Comisión de Disciplina Judicial en Cesar tiene actualmente tres procesos disciplinarios en su contra: uno por revocar la orden de captura contra Cielo Gnecco y otros dos por quejas presentadas por ciudadanos. (Ver facsímil)

Además, en 2007, la funcionaria judicial fue sancionada disciplinariamente con un mes de suspensión del cargo e inhabilidad por el mismo tiempo por abofetear a un fiscal en el séptimo piso del Palacio de Justicia de Valledupar. La sanción fue ratificada en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal que en ese entonces tenía la responsabilidad de juzgar disciplinariamente a los abogados y a los funcionarios judiciales.

La pastora Marleny Kammerer y su hijo mayor, Andrés Bustamante Kammerer, no dudan en afirmar que detrás del atentado y de las amenazas de abril del año pasado, que los obligaron a salir del país, están el constructor y político Óscar Guerra Bonilla, quien edificó su mansión sobre los predios que, según Kammerer, son de ella y permanecen en litigio desde hace más de dos décadas; y los reductos de la influencia paramilitar de “Jorge 40” que se siente en Valledupar y en otras zonas del departamento del Cesar. “A mi me dijeron que si yo iba a hacer la ampliación (de la denuncia por secuestro), en la puerta del juzgado me mataban a mi o mataban a alguno de mis hijos”, concluye Kammerer desde el exilio. 

*La Revista RAYA buscó a la fiscal Nancy Martínez Iglesias, al constructor Óscar Guerra Bonilla, a Kirka Cotes, a Juan Carlos Hinojosa y a Liliana Jaimes, sin que hasta la fecha de publicación de este informe hayan respondido los interrogantes.