En Guatemala, más de 40 jueces y fiscales están hoy en el exilio por haber enfrentado la corrupción. Desde la expulsión de la CICIG en 2018, el poder judicial desató una cacería. Hace unos días, la Fiscalía de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche —ambos sancionados— pidió la captura de los colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, actuales símbolos de la justicia en su país.
Por: Redacción RAYA
El pasado 2 de junio, la justicia guatemalteca solicitó la extradición y ordenó la captura del exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y de la fiscal Luz Adriana Camargo. Ambos trabajaron en la CICIG, una comisión anticorrupción articulada entre la ONU y el Ministerio Público que operó en Guatemala entre 2007 y 2019 para investigar altos casos de corrupción.
La Fiscalía los acusa de haber favorecido ilegalmente a la constructora Odebrecht, pero dichas órdenes de captura fueron rechazadas por la policía internacional Interpol debido a la inmunidad que tenían como miembros de la CICIG. Y por las serios cuestionamientos que hay contra el funcionamiento turbio del sistema judicial en Guatemala.
Rafael Curruchiche, actual director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de ese país, anunció en una rueda de prensa avances en la investigación “Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad” la orden de captura no solo de los funcionarios colombianos, sino contra nueve investigadores que trabajaron de la mano de la CICIG. Calificó los hechos como “la trama más grave de la región” y agregó: “ La FECI ha documentado que durante el funcionamiento de la extinta CICIG, se implementó un esquema de intervención que sobrepasó sus límites legales, comprometiendo la independencia del Ministerio Público y la legalidad de los procesos judiciales”
Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, respondió: “Entiendo perfectamente los propósitos y las intenciones protervas que animan no sólo a los corruptos que hoy se encuentran al frente de la fiscalía guatemalteca, sino a quienes los respaldan y alientan (allá y acá) porque sirven a sus intereses políticos o porque han sido beneficiados con la impunidad”.
https://x.com/Ivan_Velasquez_/status/1930068424870281235
Los hechos se suman a una ola de persecución que viven quienes enfrentaron la corrupción en Guatemala en alianza con la Comisión. Y es que durante su funcionamiento, la CICIG desmanteló decenas de redes ilícitas. Más de 1.540 personas fueron implicadas y se lograron más de 400 condenas. Las investigaciones revelaron un “Estado capturado” por redes ilícitas que incluían a funcionarios públicos, políticos, empresarios y grupos criminales.
Incluso tres presidentes de Guatemala resultaron involucrados en las investigaciones judiciales. El primero que terminó preso fue el expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina. El caso más emblemático fue uno conocido como el de “La Linea”, una red de defraudación aduanera que llegaba hasta el Secretario Privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El destape llevó a protestas ciudadanas que en 2015 forzaron incluso la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y del mandatario. En 2023 Pérez Molina, además general del ejército retirado, aceptó cargos por lavado de dinero, cohecho y fraude. Fue condenado a 8 de cárcel.
Otros dos expresidentes fueron objeto de las investigaciones. El ya fallecido Alvaro Colom (2008-2012), procesado por un contrato de transporte público de 35 millones de dolares celebrado durante su administración. Y el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) investigado por financiación electoral ilícita. Este caso fue uno de los emblemáticos de la CICIG liderada por Iván Velazquez, se estima que 937 millones de dólares de lavado de activos, fueron filtrados para financiar campañas electorales.
El expresidente Morales respondió terminando el mandato de la CICIG y obstaculizando su trabajo. Fue él quién nombró a la actual Fiscal General Consuelo Porras, que tiene como mano derecha a Rafael Curruchiche, funcionario que anunció la petición de captura de Velazquez. Desde el gobierno de Morales se desató la persecución que continuó bajo el mandato de Alejandro Giammatei (2020-2024). A pesar que altos funcionarios de este presidente también han sido sancionados por corrupción. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Luis Miguel Martinez, cercano a Giammatei, por participar en esquemas generalizados de sobornos.
La cacería contra los funcionarios que investigaron la corrupción en Guatemala lleva más de ocho años y ha terminado con al menos 60 trabajadores judiciales guatemaltecos en asilo en el extranjero. Uno de los rostros más visibles víctima de esa persecución es Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sandoval fue un estrecho colaborador de la CICIG durante once años y, por su labor, fue reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “campeón internacional contra la corrupción”.
“El entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei, me destituyó en forma ilegal el 23 de julio del 2021. Lo atribuyó a muchas razones. Pero durante mi trayectoria profesional habíamos desarticulado lo que denominamos redes político-económicas ilícitas. Tres expresidentes de la República fueron objeto de juzgamiento”, explicó Sandoval.
Dos años antes, bajo el mandato de Morales, la CICIG había sido expulsada del país. Y un año antes fue nombrada como fiscal general Consuelo Porras, quien desde el primer día obstaculizó las investigaciones.
“Había información que los vinculaba con actos de corrupción: tanto en la manipulación del proceso de selección de magistraturas como en la recepción de sobornos y el tráfico de influencias por parte del presidente Alejandro Giammattei (quien gobernó entre 2020 y 2024). Por esa razón —y por muchas otras—, yo era un obstáculo para la protección que Consuelo Porras brindaba, ya para entonces a los actores corruptos… y que ha continuado brindándoles”, dijo Sandoval.
Según el exfiscal, las Altas Cortes de su país han sido completamente capturadas. “Incluso legitiman todas las decisiones ilegales que articulan la persecución desde jueces corruptos y la fiscalía”.
Un legado incómodo para el poder
Tras una larga guerra civil, Guatemala firmó acuerdos de paz en 1996. Sin embargo, el sistema judicial seguía enfrentando serias dificultades para enfrentar al crimen organizado, profundamente enquistado en las estructuras del Estado. La corrupción y la impunidad eran endémicas.
Ante la presión social, se creó la CICIG en 2006. Durante doce años, el órgano independiente —con apoyo de la ONU— fue dirigido por tres comisionados; el último, Iván Velásquez, trabajó de la mano con Luz Adriana Camargo. La Comisión empezó a destapar cómo el aparato estatal había sido capturado por estructuras criminales operando con lógica contrainsurgente desde los años de guerra.
Pero la reacción del sistema no tardó. Conocido como el “Pacto de Corrupción”, ese entramado político-empresarial se reagrupó tras la llegada de Jimmy Morales al poder en 2016. En 2018, Morales justificó su decisión de no renovar el mandato de la CICIG: “Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción”.
Investigadores de la fundación Myrna Mack que investiga la corrupción en Guatemala —y que pidieron reserva de identidad— resumieron así el impacto de la CICIG: “Salieron a la luz numerosos casos de gran corrupción que implicaron a figuras nunca antes investigadas por la justicia guatemalteca: políticos, empresarios y otros actores poderosos. Se revelaron irregularidades en contrataciones públicas, financiamiento ilícito de partidos políticos y malversación de fondos. Estos casos, todos emblemáticos para Guatemala, marcaron un antes y un después."
Tras la salida de la Comisión, las redes corruptas se reorganizaron para garantizar impunidad y perseguir penalmente —de forma burda— a quienes lideraron las investigaciones. La Fiscalía General fue un actor clave en esa estrategia. Su titular, Consuelo Porras, y el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por sus acciones contra el Estado de derecho.
Para los investigadores consultados, la orden de captura contra Velásquez y Camargo es una aberración jurídica. Primero, porque los funcionarios tenían inmunidad; segundo, porque la sala que la dictó no tenía competencia legal para hacerlo.
“Desde que tengo uso de memoria —prácticamente en los treinta años de vigencia del sistema acusatorio—, ninguna sala de apelaciones había ordenado aprehensiones inmediatas, declaraciones de rebeldía, ni activación de alertas Interpol. Estas resoluciones, que se arrogan funciones propias de un juez natural, constituyen la primera aberración jurídica que presenció”, explicó un abogado investigador.
El magistrado que preside esa sala es Alejandro Prado Estrada, quien fue abogado defensor de varios señalados por corrupción —incluso del expresidente Jimmy Morales, quien terminó con la CICIG.
¿Quiénes integran el Pacto de Corrupción?
Más que una lista cerrada, se trata de redes. “No son nombres concretos, hay muchas personas involucradas”, señalan los investigadores. Sin embargo, algunos rostros se repiten.
José Rubén Zamora, un periodista encarcelado por su labor investigativa, los ha investigado. Zamora denunció torturas en prisión y fue condenado a seis años por presunto lavado de activos, aunque la Fiscalía pedía 40. Solo con la llegada de Bernado Arévalo a la presidencia mejoraron sus condiciones carcelarias, pudiendo recibir visitas de colegas y defensores de derechos humanos.
En su medio, El Periódico, Zamora investigó a narcotraficantes como el Clan Lorenzana, empresarios ligados al Bantrab y políticos como Giammattei.
Otro nombre clave es la fiscal Consuelo Porras, en el cargo desde 2018. Despidió a más de 20 fiscales anticorrupción, cerró investigaciones contra Giammattei y ordenó acciones contra Zamora. Por ello fue incluida por EE. UU. en la Lista Engel como responsable de debilitar sistemáticamente la lucha contra la corrupción.
Uno de sus principales aliados es Rafael Curruchiche, jefe de la FECI desde 2021. Bajo su dirección se cerraron expedientes sobre sobornos de empresarios rusos al expresidente Giammattei.
También figura la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una ONG integrada por exmilitares que ha promovido denuncias contra jueces y fiscales como Sandoval. El propio exfiscal explicó que la FCT fue creada para impugnar decisiones judiciales en casos de justicia transicional, pero está integrada por personas acusadas de violaciones a derechos humanos y corrupción.
“Esta organización no oculta su cercanía con la fiscal general Consuelo Porras y ha impulsado procesos en nuestra contra. Su modus operandi incluye presentar denuncias a medianoche para que al día siguiente ya se soliciten órdenes de captura, manipulando así el sistema con fines persecutorios.” explicó Sandoval.
La FCT también mantiene vínculos con políticos de ultraderecha de otros países. Su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, se presenta como golpista y tiene en su cuenta de X una fotografía fijada con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
El periodismo guatemalteco ha documentado ampliamente a otros integrantes del llamado Pacto de Corruptos. Entre ellos destaca Marllory Chacón Rossell, conocida como “la Reina del Sur”, vinculada al Cártel de Sinaloa. Chacón financió campañas políticas y lavó dinero mediante una red de empresas fantasma.
Otro actor clave es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el gremio empresarial más influyente del país. Diversas investigaciones han señalado su papel en la cooptación del sistema judicial para frenar procesos por corrupción. El Periódico reveló esquemas de contratación estatal que beneficiaban directamente a empresarios vinculados a este grupo.
Como principal poder económico, el CACIF ejerce gran influencia sobre los medios, en parte gracias a su millonario gasto en publicidad en las principales cadenas de televisión. Este poder mediático ha sido utilizado para moldear la opinión pública, desacreditar a operadores de justicia y proteger intereses empresariales comprometidos en actos ilícitos.
El encarcelamiento de José Rubén Zamora no puede entenderse de forma aislada. Es parte de una ofensiva más amplia para desmantelar las estructuras que enfrentaron la corrupción y garantizar la impunidad. Bajo el liderazgo de la fiscal general Consuelo Porras, con respaldo del expresidente Alejandro Giammattei, y otros mandatarios, y sectores del poder económico, se consolidó una alianza que busca silenciar a periodistas, jueces y fiscales incómodos para el sistema.
Los casos enterrados y la lógica de persecución
Uno de los testigos clave de esta ofensiva, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, señaló que fue removido ilegalmente por oponerse a la protección que Porras brindaba a redes corruptas. Durante su gestión, la FECI avanzó en casos que involucraban a expresidentes, diputados, empresarios y magistrados, como la segunda fase del caso Odebrecht, donde se documentó el pago de sobornos a 107 diputados.
También investigaban sobornos desde una empresa minera con capital ruso y la filtración de información confidencial desde la oficina de la fiscal general. “Se vendía información de casos sensibles a cambio de dinero”, denuncia Sandoval.
Un personaje clave en estos entramados es Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina. Según Sandoval, no sólo articuló el esquema de sobornos con Odebrecht, sino que tenía control sobre la Corte Suprema. “Los magistrados electos en 2014 le juraron lealtad a él y a Manuel Baldizón en un hotel de la ciudad”, recuerda.
Tras colaborar brevemente con la justicia, Sinibaldi se convirtió en pieza útil del Ministerio Público para perseguir a quienes antes combatieron la corrupción. Entre ellos, Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, embajador en el Vaticano, ambos con roles clave en la CICIG. “A Camargo se le ha atacado injustamente. Su trabajo fue legal, profesional y crucial para desarticular estructuras criminales”, afirma.
Para Sandoval, esta persecución responde a una lógica de preservación del poder. “Existe una alianza informal entre políticos, empresarios y funcionarios que buscan asegurar impunidad. Ese pacto intentó incluso impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia”.
Bernardo Arévalo —de orientación progresista— el actual mandatario de Guatemala fue elegido en enero de 2024, su llegada al poder acompañado de diversas fuerzas ciudadanas fue una sorpresa para el establecimiento y las redes ilícitas. Aunque su gobierno se ha movido en medio de fuertes oposiciones, entre esas la de la Fiscal General a quién Arevalo ha enfrentado a un alto costo en gobernabilidad. Actualmente, la Fiscalía de Consuelo Porras mantiene nueve investigaciones abiertas contra Arévalo.
Sandoval, desde el exilio, sin embargo, ve con cierto optimismo los cambios recientes en Guatemala “La gente es maravillosa y en el momento en que uno menos lo espera. El cambio no vendrá de los políticos, surgirá de la ciudadanía”.
Explica que aunque hay un Ejecutivo debilitado, a merced de un sistema completamente corrompido alberga esperanza: “en abril (de 2026) habrá renovación en la Corte Constitucional, y en mayo, el presidente Arévalo —si lo dejan gobernar o seguir en el mandato— debería elegir al nuevo fiscal general.
