Esta semana comienza el juicio contra dos de los presuntos sicarios del estudiante pereirano Lucas Villa, baleado el 5 de mayo de 2021 durante un plantón pacífico del Paro Nacional en el Viaducto de Pereira. La acusación de la Fiscalía contra los criminales es débil y la entidad abandonó otras líneas investigativas relacionadas con la posible participación en el crimen de poderosos empresarios y miembros de la Policía.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La imagen del estudiante Lucas Villa arengando en medio de una multitud en el Viaducto de Pereira, justo antes de caer herido en un ataque de un comando de sicarios, le dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de la resistencia pacífica de los jóvenes durante el Paro Nacional del 2021.
Desde la noche del atentado contra Villa y un menor de edad, Andrés Felipe Castaño, el 5 de mayo de 2021, tomó fuerza la hipótesis de que el crimen obedecía a una agresión contra la movilización ciudadana que puso contra las cuerdas al gobierno de Iván Duque. Pese a ello, la inteligencia policial filtró versiones falsas a la prensa, sugiriendo que el atentado podría estar relacionado con supuestos “ajustes de cuentas” y deudas con prestamistas “gota a gota”, hipótesis sobre la que jamás apareció ninguna evidencia.
Cuatro años después, la Fiscalía acusó y llevó a juicio a dos hermanos señalados de haber sido los coordinadores y perpetradores materiales del homicidio: Jhon Alexánder Mejía Hurtado, alias “Trompas”, y Jonathan Mejía Hurtado, alias “Truhán”, con antecedentes delictivos ligados a la banda que controla una de las plazas de vicio más rentables de Pereira y Dosquebradas: el barrio Otún o San Judas, ubicado en la margen derecha del río Otún, bajo el Viaducto que conecta a ambas ciudades, a pocas cuadras del centro de Pereira.
RAYA accedió al escrito de acusación contra Mejía Hurtado, alias “Trompas”, en el que se le sindica como el tercero al mando de la banda que delinque en el barrio San Judas, subordinada a la estructura criminal de La Cordillera. El ente acusador sostiene que el homicidio se planeó “en virtud a las manifestaciones lideradas por Lucas Villa Vasquez en el Viaducto [...] El grupo de delincuencia organizada estaba perdiendo varios millones de pesos diarios con ocasión de estas manifestaciones, ya que tenía bloqueado el Viaducto desde hacía varios días, por lo tanto, la sustancia estupefaciente no podía entrar, ni salir del barrio San Judas”.
Quien transmitió la orden de cometer el asesinato fue un sujeto que la Fiscalía no ha individualizado. Las menciones a alias “Macaco” podrían ser una distracción para encubrir a los verdaderos determinadores del crimen.
Según la Fiscalía, los coordinadores de la plaza de vicio “habrían recibido una llamada telefónica de parte de alias “Papacho” (conocido también con el alias de “Macaco”), por medio de la cuál se le habría ordenado asesinar al líder de las manifestaciones”. La acusación se basa en el testimonio de una fuente encubierta que aseguró haber participado en la reunión donde se coordinó el atentado con los hermanos Mejía Hurtado, hasta ahora los únicos procesados por el crimen. Un tercer hermano, Kevin Andrés Mejía Hurtado, alias “Bekan” o “El Flaco”, también fue mencionado por los informantes, pero aún no ha sido capturado.
Izquierda: Jonathan Stiven Mejía Hurtado alias “Truhán”, jefe del expendio de drogas del barrio San Judas. Derecha su hermano Jhon Alexánder Mejía Hurtado “Trompas”, capturado en 2023 después de que fuera víctima de un atentado contra su vida
El informante, con el que la Fiscalía montó la acusación, se retractó en enero de este año y denunció que sus declaraciones fueron inducidas por hombres de inteligencia de la Policía, quienes le indicaron qué debía decir: “los de la [Policía] Judicial me dijeron que para pagar la recompensa debía señalar unas cosas y decir que yo si estuve presente cuando planearon esa vuelta”. El informante afirmó que nunca recibió la recompensa ni la asistencia jurídica que le prometieron. Su retractación pone en duda la acusación y podría llevar a que el caso no avance.
A las puertas del juicio persisten cabos sueltos, inconsistencias, pistas que no se tuvieron en cuenta y evidencias no valoradas por el ente acusador. La mención del informante a alias “Macaco” como supuesto determinador del crimen parece una maniobra de distracción para desviar la atención de los verdaderos autores intelectuales del crimen.
Fuentes cercanas al antiguo jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como “Macaco” y primer jefe de la banda criminal La Cordillera, aseguraron en 2023 a la Unidad Investigativa de la Revista RAYA que él no tiene ninguna relación con el asesinato contra Lucas Villa y que estaba molesto por los señalamientos infudados que hizo la prensa en su contra.
De hecho, luego de varios derechos de petición y solicitudes formales de sus abogados, la Fiscalía confirmó a mediados de 2023 que Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, ya no pertenece a la banda La Cordillera y que no existen pruebas de queestè involucrado en las actividades recientes de esa estructura, cuya jefatura ha cambiado de manos varias veces desde que Jiménez fue extraditado a los Estados Unidos en 2008.
El hombre del vehículo negro
En su acusación, la Fiscalía asegura que un “hombre moreno” llegó al barrio San Judas el 3 de mayo de 2021, dos días antes del atentado, para indicar cuál era el blanco que los sicarios debían asesinar. Sin embargo, no se indagó por la identidad de este sujeto ni por su rango y conexiones dentro de la estructura criminal. Tampoco está claro si se trata de José Carlos Londoño Castañeda, alias “Calogero”, un articulador criminal de La Cordillera que estuvo presente en el Viaducto la noche del atentado, grabando con su celular el momento exacto en que los sicarios atacaron a Lucas Villa.
Alias “Calogero” supervisó el atentado y lo con un celular desde un puente aledaño al Viaducto. La Fiscalía interceptó sus comunicaciones y lo tenía en la mira cuando fue asesinado en octubre de 2021
Cinco meses después, el 14 de octubre de 2021, José Carlos Londoño Castañeda fue asesinado por sicarios de la misma banda La Cordillera en una barbería de su propiedad sobre la carrera 9 con calle 7 de Pereira, a tres cuadras de una estación de Policía. Los asesinos no fueron capturados y el caso sigue sin esclarecerse.
Dos años después, la Revista RAYA reveló, en octubre de 2023, el organigrama criminal de La Cordillera, elaborado por la inteligencia policial y en poder de la Fiscalía, donde “Calogero” aparece como uno de los integrantes de la primera línea de esa estructura criminal, junto a capos de la región como: Bernardo Ángel Campo, alias “Berny” (asesinado en 2023); Gildardo Ruiz, alias “Don Gildardo”, y Diego Fernando Ruiz Quintero, alias “Diego Pereira”, quien sería el máximo jefe de la banda.
Esta revelación llevó al presidente Gustavo Petro a que pidiera en público a la Fiscalía de Francisco Barbosa “reexaminar” el crimen de Lucas Villa, pues presuntamente se habrían articulado empresarios, mafiosos y autoridades locales para golpear a los manifestantes pacíficos durante el Paro Nacional.
Lea la investigación: “Calzones”, poderoso aliado de Uribe, es un narco para la Fiscalía
El presidente se refería -sin mencionarlo- a César Augusto Giraldo Montoya, alias “Calzones”, militante del Centro Democrático, amigo personal del expresidente Álvaro Uribe y finquero pereirano, a quien Petro ha señalado en varias oportunidades de haber planeado un atentado en su contra. Alias “Calzones” también figuraba junto a “Calogero” en el mismo organigrama criminal como uno de los máximos jefes de la banda La Cordillera.
Después del asesinato de “Caloguero”, varios informes de prensa afirmaron que tenía algún tipo de contacto con integrantes de la Fuerza Pública, pero no aportaron ninguna evidencia. Lo que sí está demostrado es que Cesar Giraldo, alias “Calzones”, mantenía comunicación constante con autoridades civiles y militares en los mismos días en que ocurrió el atentado contra Lucas Villa. El propio “Calzones” lo confesó al diario El Espectador cuando explicó al periodista Julián Ríos que había llamado al alcalde de Pereira de la época, Carlos Maya, para buscar cómo levantar los bloqueos de vías durante el Paro.
“A uno aquí los comerciantes lo buscan a uno, para ver en qué podíamos ayudar o qué se podía hacer para la ciudad”, aseguró alias “Calzones” en su versión al diario capitalino: “A uno lo llama la gente, el secretario de gobierno, yo por ejemplo me dedico a la avicultura, teníamos paso restringido, llamábamos a que nos ayudaran con la Fuerza Pública para los vehículos, todo eso”.
El exalcalde Carlos Maya, hoy en la cárcel por corrupción, le contó a El Espectador que sólo pudo comunicarse con Diego Molano, ministro de Defensa en ese momento, después de haber llamado a alias “Calzones”: “Como César era tan amigo del gobierno del presidente Duque, a través de él yo le pedía aumento de fuerza y apoyo del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior”.
La cronología de la planeación y ejecución del atentado coincide, en fechas, con las llamadas entre alias “Calzones” y el exalcalde Carlos Maya, y con las declaraciones públicas de Maya anunciando un “frente común” de empresarios con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y reprimir las protestas.
Estas declaraciones de Maya sobre el “frente común” para levantar las protestas ocurrieron el domingo 2 de mayo de 2021 durante una rueda de prensa junto al gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, también estuvieron los mandos militares y de Policía. La Fiscalía asegura que fue al día siguiente, el 3 de mayo, cuando el hombre del vehículo negro llegó al barrio San Judas para transmitir la orden del crimen de Lucas Villa. Dos días más tarde fue asesinado.
Pese a la solicitud del presidente Gustavo Petro, alias “Calzones” nunca fue vinculado formalmente a la investigación, ni hubo avances en la Fiscalía para esclarecer el plan de atentado que la banda criminal La Cordillera habría preparado en contra del entonces candidato presidencial Petro. Esa fue la herencia que dejó Francisco Barbosa a la nueva Fiscal General de la Nación.
Las órdenes y comunicaciones de la Policía que no se investigaron
Otra línea investigativa que la Fiscalía nunca profundizó tiene que ver con las omisiones probadas de la Policía Nacional la noche del atentado, lo que permitió que los sicarios actuaran con total impunidad.
La primera omisión ocurrió cuando desde la jefatura de la Policía en Pereira se le ordenó a Héctor Fabio Toro, comandante de Dosquebradas, que retirara el 5 de mayo el dispositivo de seguridad que había acompañado las protestas en el Viaducto durante la primera semana del Paro Nacional. La orden de no desplegar uniformados ese día vino directamente del coronel Aníbal Villamizar, comandante de Policía Metropolitana de Pereira y cabeza de la entidad, según declaró Toro a la Fiscalía. La razón, según Villamizar, era “evitar alguna provocación”.
Esta orden resulta extraña porque esa noche fue la única jornada del Paro Nacional en la que no hubo presencia policial cerca de los manifestantes. Existieron más omisiones: la Fiscalía tiene en su poder varias horas de grabación de las comunicaciones por radioteléfono entre el Puesto de Mando Unificado y las patrullas, y unidades policiales en terreno, en las que se registran órdenes desde los altos mandos policiales para evitar llegar al Viaducto aquella noche.
La Policía supo del atentado pocos minutos después. Un mando medio de la Estación Pereira, ubicada a dos cuadras del Viaducto, sobre el costado sur, avisó a la central a las 7:37 de la noche: “Acá me informa un ciudadano que hay novedad en el Viaducto”. La respuesta fue escueta: “QAP, QAP, la unidad, que ya se está manejando la información, QAP que ya se está manejando la información, ya los jefes tienen conocimiento”.
Varias patrullas se enteraron del ataque e incluso pasaron cerca del lugar de los hechos, pero todas recibieron la misma orden desde la central: debían retirarse sin acercarse ni socorrer a los heridos.
En las cámaras de seguridad se aprecia que unidades de Policía cruzaron en los momentos posteriores al atentado. Ninguna acudió a socorrer los heridos, ni persiguió a los sicarios
En las cámaras de seguridad se observa que unidades de Policía cruzaron por el lugar poco después del atentado. Ninguna acudió a socorrer a los heridos ni persiguió a los sicarios.
“No jefe, eso está lleno, bueno ahí las unidades, cuadrante 14 y mi 2-4 y las unidades que van a llegar al Viaducto. No lleguemos, no lleguemos, al parecer hay una persona lesionada ahí manipulando unos elementos, unos explosivos o algo así, no lleguemos las unidades”, ordenaron desde la central. Minutos después insistieron: “Retiremos, es tan amable, de ese sector, de pronto va y dicen que fue la Policía o algo por el estilo, entonces retirémonos, dejemos solo ese sector, seguridad policial primero que todo”.
La comunicación más reveladora ocurrió cerca de las ocho de la noche, cuando los manifestantes ya habían evacuado a los heridos y el Viaducto quedó despejado. “Abierto totalmente el Viaducto, mi mayor […] solo vehículos”, reportó la central monitoreando la situación, a lo que un alto oficial que no fue identificado por la Fiscalía contestó al parecer refiriéndose al atentado: “Osea que ocurrió un milagro”.
El coronel Aníbal Villamizar no fue vinculado al proceso pese a estas omisiones ni se indagó la posible connivencia de la Policía con las agresiones cometidas por sicarios contra los manifestantes en Pereira durante el Paro Nacional.
El ataque contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño el 5 de mayo de 2021 fue uno dentro de un patrón de atentados sicariales con el mismo modus operandi que se repitieron con frecuencia cerca de patrullas o estaciones de Policía y que quedaron en la impunidad.
Villamizar salió de la institución un año más tarde cuando se descubrió que había organizado un montaje para dar un falso operativo para destruir una supuesta olla de vicio en el centro de Pereira. La vivienda resultó ser la casa de una anciana.
El exfiscal Francisco Barbosa anunció en 2023 con una declaración altisonante que la Fiscalía había resuelto el caso del homicidio de Lucas Villa, sin embargo los hechos y las pruebas lo contradicen.
Ahora será una jueza la que decida la suerte de los dos hermanos Mejía Hurtado, hasta el momento los únicos procesados por el crimen. Como lo reveló la Revista RAYA, el defensor de los hermanos era el penalista Jhon Jairo Castaño Calderón, un famoso abogado de La Cordillera quien también llevaba otros casos sensibles que podrían incriminar a Diego Fernando Ruiz Quintero alias “Diego Pereira”, antiguo chofer de “Macaco” que ahora funge como el máximo jefe de la organización y a quien la justicia jamás ha tocado.
El penalista Castaño Calderón murió a las afueras de Pereira el pasado 6 de marzo, tras recibir 22 tiros de un comando de sicarios de la misma organización criminal que él defendía, después de acudir a una cita con personas cercanas que le tendieron una celada.
