El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció el inicio de una investigación contra la cadena de supermercados D1, tras denuncias de explotación laboral realizadas por Señal Investigativa. Al tiempo, medios de comunicación y sus directores salieron en defensa de la empresa y le restaron importancia a las denuncias documentadas de esta investigación periodística.
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado domingo primero de junio, Señal Investigativa (alianza entre Señal Colombia y la Revista RAYA) reveló que en las tiendas D1, uno de los supermercados más populares del país, existen cientos de denuncias por acoso y explotación laboral. Incluso, la investigación mencionó el asesinato de un cajero de las tiendas, quien solitario, pues no habían guardas de seguridad, perdió la vida al intentar defender el dinero de la caja durante un robo.
El programa de televisión de los fines de semana fue replicado por los medios de comunicación, luego de que estas denuncias se volvieran virales en las redes sociales y luego de que el propio representante legal de las tiendas D1 emitiera un comunicado en el que aseguró que la empresa cumplía con todos las normas vigentes.
Algo que está en entredicho, pues el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ante las denuncias documentadas, ordenó abrir una investigación contra la cadena. “Sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en el 2024 por $373.200 millones, que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”, escribió el funcionario.
Uno de los casos presentados en la investigación, y que tuvo eco en la opinión pública, fue el testimonio de un trabajador que afirmó estar contratado como "asistente de ventas”, pero con 27 funciones adicionales, tales como: agilidad en caja, atención al cliente, realización de inventarios y limpieza, entre otros.
Una vez el comunicado fue compartido por la empresa, varios medios de comunicación y directores de programas periodísticos replicaron el documento. Uno de ellos fue Gustavo Gómez, director del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio, quien escribió en sus redes sociales que la investigación del medio público tuvo “eco inmediato en los influencers afines al gobierno”, sin reconocer la importancia del material periodístico en el marco del debate sobre la reforma laboral. “Las autoridades tienen todo el derecho de esclarecer los hechos y, queda claro, cuentan con la apertura debida de parte de empresarios que defienden su actividad y cumplen con la ley”, respaldó Gómez a las tiendas D1.
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Minutos más tarde, Gustavo Gómez recibió una respuesta por parte de Carlos Mario Patiño, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de D1 (SintraD1). El abogado destacó que existen videos, procesos disciplinarios y amenazas contra miembros del sindicato que han denunciado las deplorables condiciones laborales a los que están sometidos los empleados de estas tiendas y aclaró que lo expuesto en el programa “no se trata de una difamación”.
Es más, posterior a su entrevista con Señal Investigativa, el presidente de SintraD1, Jairo Angel Ciro, denunció amenazas, por parte de Luis Felipe Rincón, director jurídico de las Tiendas D1, quien advirtió con abrirle un proceso disciplinario y una investigación penal por denunciar públicamente la situación de explotación laboral en la empresa. El intento de silenciar al líder sindical quedó registrado en un comunicado oficial de la empresa con fecha de 30 de mayo, pocos días después de concederle la entrevista a Señal Investigativa.
Según ese documento, firmado por Rincón, la denuncia sobre las jornadas laborales superiores a las permitidas por la ley “constituye una abierta conducta de difamación injustificada a la compañía”. En ese sentido, el director jurídico de D1 concluyó: “la empresa se reservará el derecho de iniciar las acciones legales y disciplinarias correspondientes, en defensa de la integridad de la marca y del buen nombre de la organización y sus representantes”.
Luego de conocer el comunicado, el presidente de SintraD1 publicó un video en el que advirtió la gravedad de la situación. “Aquí estamos hablando con la verdad, pero por parte de la compañía y en cabeza del director jurídico Luis Felipe Rincón, pretenden atemorizarnos para que nosotros no sigamos con la defensa de los derechos de los trabajadores. En muchas ocasiones los hemos invitado a hablar, les hemos generado denuncias por diferentes situaciones, al igual que en el Ministerio del Trabajo, y hoy no tenemos resultados”.
La cadena de supermercados D1 pertenece a la empresa Koba Group, cuyo principal accionista es el Grupo Valorem de la familia Santo Domingo, una de las familias más ricas del país. El mismo grupo económico es dueño de medios como El Espectador, Caracol Televisión y Blu Radio, algunos de los cuales replicaron el comunicado de la compañía. Por ejemplo, El Espectador compartió en su integridad la carta de la empresa, omitiendo las denuncias de los trabajadores, aunque aclarando que sus dueños son también los de D1. En el mismo sentido, un artículo del diario El Tiempo tampoco incluyó las voces de los empleados, y optó por enfocarse exclusivamente en el comunicado oficial de la empresa.
En Colombia existen 2.500 tiendas D1. En su defensa frente a las denuncias de Señal Investigativa, la empresa aseguró que su labor es contribuir a la seguridad alimentaria del país ofreciendo productos de calidad a precios bajos. Bajo ese lema se esconden más de 700 querellas en su contra por abuso y explotación laboral, pues, como reveló el programa investigativo, muchos empleados trabajan más de 12 horas al día sin el pago de horas extras.
Por ahora, la plenaria del Senado está a punto de iniciar el último debate de la reforma laboral en Colombia. Aunque esta reforma ha sido la manzana de la discordia entre el Gobierno y el Congreso, lo cierto es que este último provocó una movilización masiva de ciudadanos para una convocatoria a una consulta popular -que el propio Congreso hundió- y, con el desgaste encima, la resurrección del mismo texto que había presentado el presidente Gustavo Petro. Hoy, según denuncian los principales sindicatos del país, esa reforma ha sido descuartizada.
