Aunque la reforma laboral en su mayoría beneficiará a millones de colombianos, RAYA detalló por qué la presencia en la plenaria del Senado de uno de los abogados de grandes empresas como Bavaria, Cerrejón y Prodeco: Charles Chapman, quien ha liderado despidos masivos de trabajadores. Fue el encargado de modificar y eliminar artículos que amplían facultades patronales para despedir sin investigar y para precarizar contratos o desconocer sindicatos. Este es su perfil y su relación con senadores de los partidos Conservador y de la U.
Por: María Fernanda Padilla
El debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado tuvo a un nuevo lobbista como protagonista: Charles Chapman, el hombre que vigilaba que algunos senadores de derecha no cruzaran las líneas rojas de los empresarios. Durante la discusión del pasado 13 y 16 de junio, Chapman subía y bajaba del estrado de la presidencia del Senado; hablaba y entregaba documentos a Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, así como al senador del partido Liberal, Jhon Jairo Roldan, ambos ponentes de la reforma que se ha convertido en la manzana de la discordia en la política colombiana, pues intenta favorecer a la clase trabajadora. Sin embargo, había sido sepultada por un Senado financiado también por los empresarios.
Lemos y Roldan fueron designados por la senadora del partido Verde, Angélica Lozano, a pesar de que sus partidos habían sido férreos opositores del proyecto y habían contribuido a hundirlo. Sin embargo, tras la presión de las movilizaciones sociales que promovían una consulta popular, ambas colectividades se mostraron dispuestas a revivir la reforma. Más allá de ese giro en sus posturas, la senadora del Verde tampoco consideró los cuestionamientos éticos que pesan sobre el senador Lemos, investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente integrar una red de corrupción en el gobierno del presidente Iván Duque. Sobre esta decisión, RAYA le preguntó a la senadora Lozano por qué confió a Lemos y Roldan la ponencia de una reforma que antes rechazaron, o no querían: “Ellos llevan un periodo más que yo en el Congreso, los conocí en Cámara y tengo la mejor opinión de su calidad de trabajo. Votamos distinto, votamos diferente en cosas, pero es gente rigurosa y que hace su trabajo", aseguró.
Lemos y Roldan presentaron ante la plenaria del Senado una propuesta de reforma que fue calificada por las centrales obreras como una contrarreforma que le otorgaba beneficios a los empresarios y dejaba apenas migajas para los trabajadores. Además, eliminaba derechos fundamentales previamente acordados en la Cámara de Representantes. En esa labor fue clave el abogado lobbista Charles Chapman, quien permaneció al pie del senador Lemos durante los debates en la plenaria. La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, alertó sobre su presencia en el estrado reservado a congresistas: “Veo a un señor que es un abogado de los patronos y ese señor está en el estrado. ¿Cómo es posible? No, señor, aquí estamos los senadores y somos los que definimos y punto. ¡Le solicito que se retire!”, expresó.
Ante los cuestionamientos, el senador Lemos defendió su presencia y declaró: “Tenemos derecho a estar acompañados por las personas que nos han estado asesorando a lo largo de este debate. El asesor que nos está acompañando, que tiene un objetivo principal, tiene el conocimiento porque nosotros no somos expertos en esta materia, está ayudando a que saquemos una mejor reforma laboral”. Agregó que Chapman había sido contratado por el Partido Conservador, colectividad presidida por Efraín Cepeda, quien además ocupa la presidencia del Senado y ha sido uno de los principales críticos del proyecto de reforma laboral.
Después de este fuerte encontronazo, quedó en evidencia el perfil profesional de Chapman, los sectores con los que ha trabajado y a qué intereses representa. Es socio de la firma barranquillera de abogados Chapman Wilches, especializada en derecho laboral; y asesor de gremios empresariales, según consta en la página web de la compañía. Además, ha ocupado cargos ejecutivos en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y en el Consejo Ejecutivo de ProBarranquilla, organización que presidió en 2023. Entre las cien empresas que integran ProBarranquilla se encuentran la Fundación Santo Domingo, Bavaria, Aviatur, Caracol Radio, Veolia y el Grupo Nutresa, entre otras compañías.
En medio de la controversia, Chapman ha sido ambiguo al explicar para qué congresista trabaja. Su equipo de prensa aseguró que asesora al partido Conservador, y él mismo lo confirmó a esta revista. Sin embargo, se definió como independiente: “Soy asesor independiente, del congreso. Me pidió que los asesorara el partido Conservador”. Sobre el tiempo que lleva desempeñando esa labor, aseguró que “desde hace varios años” y que, incluso, estuvo en las mesas técnicas de concertación que creó la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Pero su rol, en la modificación de varios artículos que favorecían a los trabajadores fue quedando cada vez más al descubierto durante la plenaria del Senado de esta semana. Incluso ocupó un lugar privilegiado en el estrado de la mesa directiva, un espacio reservado exclusivamente para los dos senadores ponentes. Según el reglamento del Congreso de la República, durante las sesiones sólo pueden ingresar senadores, representantes, ministros invitados, y personal autorizado. Los asesores externos deben ubicarse en un salón contiguo y no intervenir en el debate, algo que no ocurrió en este caso. La presencia de Chapman en el estrado sólo pudo haberse dado con el visto bueno del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aunque su presencia fue alertada en varias ocasiones, el abogado sólo se retiró del recinto al mediodía del martes 17 de junio, cuando arreciaron los reclamos del partido de Gobierno.
Plenaria del Senado, 12 de junio. Lemos, Chapman y Roldán hablan sobre las proposiciones frente al artículo 6 de la reforma.
Chapman fue decisivo en la discusión del artículo 7, relacionado con el debido proceso disciplinario laboral. La propuesta presentada por Lemos- asesorado por Chapman- consistía en eliminar la obligación de respetar el debido proceso antes de despedir con justa causa a un trabajador. En la práctica, esto significa que las empresas ya no estarían obligadas a investigar ni a escuchar al trabajador antes de tomar la decisión de despedirlo. Antes, si el despido se consideraba injustificado, el trabajador podía exigir su reintegro. Con el cambio aprobado, esa garantía desaparece. En otras palabras, las empresas ganan más poder para despedir, mientras que los trabajadores pierden una protección clave frente a decisiones arbitrarias.
El artículo 6 de la reforma laboral también fue modificado. En la ponencia del senador Lemos se proponía que los contratos a término fijo pudieran mantenerse hasta por cinco años consecutivos antes de convertirse en indefinidos, mientras que la propuesta original del Gobierno establecía un límite de tres años. Finalmente, se aprobó una fórmula intermedia: un máximo de cuatro años, sin aplicación retroactiva.
Este punto fue uno de los más controvertidos del debate legislativo, ya que consolida un modelo que favorece al empresariado: permite mayor rotación de personal sin garantizar estabilidad, reduce costos al evitar el pago de prestaciones sociales asociadas a contratos indefinidos y, al no aplicarse retroactivamente, perpetúa la precarización de trabajadores que llevan años encadenando contratos temporales. En otras palabras, las empresas ganan más poder para flexibilizar y precarizar la contratación, mientras que los trabajadores pierden garantías de permanencia y protección frente al despido. Durante la negociación de este artículo, Chapman estuvo presente en el estrado, corrigiendo directamente al senador Lemos.
No era la primera vez que Chapman influía en el contenido de la reforma laboral. Ya en la Comisión Cuarta -a donde fue remitido el articulado después de que la Comisión Séptima lo hundiera- tuvo un rol activo en modificar la iniciativa legislativa, que fue revivida para evitar la consulta popular promovida por el Gobierno.
Chapman acompaña a Lemos en la ponencia de la reforma en la Comisión Cuarta del Senado.
Según testimonios recogidos por esta revista: “revisaba cada artículo, negociaba con congresistas, influía en lo que se aprobaba y, en algunas oportunidades, redactaba”. Nuevamente, su silla estuvo en la mesa directiva, junto a Lemos y al senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical.
En ese momento, la dupla Lemos- Chapman fue decisiva para eliminar el contrato sindical y para debilitar el mecanismo de formalización laboral de los aprendices del SENA, tal como había sido diseñado durante dos años de trabajo legislativo en la Cámara de Representantes. En la práctica, estas modificaciones favorecían a los empresarios al reducir las obligaciones contractuales con sindicatos y al evitar que los estudiantes en formación accedieran a empleos con garantías plenas, lo que implicaba menores costos laborales para las empresas. El argumento usado por Chapman fue que otorgar un contrato formal a los aprendices generaría sobrecarga económica para las pequeñas y medianas empresas, aunque su trayectoria profesional muestra vínculos estrechos con grandes conglomerados.
Asimismo, sostuvo que beneficios como el recargo nocturno y la licencia de paternidad vigente en Colombia ya eran suficientes, minimizando la necesidad de ampliar derechos. En el discurso, se presentaba como defensor de las microempresas, pero en la práctica sus intervenciones protegían los intereses de grandes sectores empresariales.
A pesar del respaldo político que logró en comisiones, sus aspiraciones sufrieron un revés en la plenaria del martes, cuando ese artículo fue derrotado gracias a una proposición del Pacto Histórico.
Además de su rol como asesor técnico de los partidos de derecha, Chapman ha sido un fuerte crítico de las políticas del gobierno Petro. A través de redes sociales y conferencias ha cuestionado al Ejecutivo, e incluso le atribuyó responsabilidad en el atentado contra el senador Miguel Uribe. En su cuenta de X escribió: “Que Dios salve a Miguel y nos dé la sabiduría y coraje para sacar al país de esta horrible tempestad causada por el desgobierno y discurso de odio”. Y agregó: “Nos faltó más control social, fueron muchos los pasivos/tibios. De ahora en adelante que la condena sea total y con firmeza, cero tolerancia”.
Un abogado antisindical de grandes empresas
En el ámbito privado, Charles Chapman es ampliamente reconocido en la costa Caribe por su defensa de los intereses de las multinacionales del carbón: Prodeco y Cerrejón -ambas de la multinacional Glencore- y Drummond, todas con operaciones en la Guajira y el Cesar. Su rol ha estado sistemáticamente del lado empresarial, en contravía de los derechos laborales. La asesoría de Chapman ha coincidido con despidos masivos, falta de garantías para los trabajadores y prácticas señaladas como abusivas por los sindicatos del sector. En 2021, por ejemplo, 226 empleados de Cerrejón fueron despedidos sin justa causa mediante procedimientos gestionados por la firma de abogados de Chapman.
“Le mandaban un mensaje al correo electrónico de cada trabajador con un plan de retiro voluntario, que es simplemente la liquidación formal del trabajador por sus años de servicio, más el 30% de esa liquidación, y le hacían la llamada en la que le decían a la persona que tenían una hora para decidir si tomaban ese plan de retiro. Si el trabajador no estaba de acuerdo o no tomaba la decisión en ese tiempo, le llegaba la liquidación y un mensaje que decía que había sido despedido sin justa causa”, cuenta Igor Díaz López, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón).
Este método, calificado como coercitivo por el sindicato, beneficia a las empresas porque reduce sus costos de indemnización y acelera la desvinculación sin mediar procesos laborales formales. Para los trabajadores, en cambio, implica una pérdida abrupta de empleo y derechos, sin posibilidad de defensa ni negociación colectiva.
Recientemente, Chapman descalificó públicamente el pliego de peticiones presentado en mayo de este año por cuatro sindicatos de la industria carbonera. En el documento, cuatro sindicatos proponían iniciar un proceso de transición justa en los departamentos del Cesar y La Guajira ante el anunciado cierre progresivo de minas y la necesidad de superar la dependencia económica del extractivismo.
En el Congreso de la ANDI, Chapman cuestionó públicamente las demandas de los mineros y mineras, afirmando que era un “pliego de defunción”.
“(...) En ninguna petición hay una solicitud al gobierno exigiendo la preservación de la fuente de empleo. Discúlpeme, ¿eso no es lo que debería estarse discutiendo? Ese pliego único es un cuento de hadas con un final trágico porque implica la terminación de los contratos. Una indemnización, una reconversión nunca cambiará tener un puesto de trabajo en Colombia. (...) ¿Quién en Colombia invierte en esa industria con esos derechos que quiere consagrar ese pliego? ¡Nadie!?”, sentenció.
Sus declaraciones reflejan una lógica que privilegia los intereses de las empresas —especialmente aquellas que buscan maximizar beneficios en el corto plazo—, al tiempo que minimiza o desprecia las propuestas de los trabajadores para anticiparse al colapso de la actividad minera y construir alternativas productivas con derechos.
Además, Chapman ha sido señalado por desacreditar el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) como sindicato con plenos derechos de interlocución. Esta asociación había logrado que el Ministerio del Trabajo lo reconociera como sindicato en 2023, después de 19 años de existencia. Incluso, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) respaldó las demandas de mejores garantías laborales ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Durante varios años, Acolfutpro ha buscado hacer negociaciones colectivas sin mayores avances.
En 2025 Acolfutpro participó en una mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo y acompañada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se alcanzaron algunos acuerdos iniciales con la Dimayor y la FCF. Pero, al considerar que los avances eran mínimos, los jugadores declararon un cese de actividades. En medio del conflicto, el Tribunal Superior de Bogotá declaró ilegal la huelga en marzo de 2025, argumentando que Acolfutpro no cumplía los requisitos legales para agrupar a los futbolistas profesionales como sindicato. El abogado que representó a los clubes fue Charles Chapman.
“Se equivoca la asociación civil cuando impulsa una huelga sin ser sindicato, sin proceso de negociación con empleadores, a escondidas, sin las notificaciones que corresponden para estos casos, sin la respectiva convocatoria a asamblea, sin cumplir los términos legales, como indebidamente lo está haciendo la asociación civil Acolfutpro”, afirmó Chapman. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por precedentes jurídicos claros: la Corte Constitucional, en la sentencia C-858 de 2008, estableció que no es obligatorio estar sindicalizado para ejercer el derecho a la huelga, ya que se trata de un derecho colectivo que pertenece a todos los trabajadores, estén o no organizados en un sindicato.
Con este tipo de intervenciones, Chapman refuerza una estrategia jurídica que obstaculiza el derecho a la organización y la protesta laboral, favoreciendo a las estructuras empresariales del fútbol profesional, que han resistido durante décadas cualquier intento de negociación colectiva con los jugadores. En los hechos, se debilita la capacidad de los futbolistas para exigir mejores condiciones y se afianza un modelo en el que los clubes retienen el control total sobre las relaciones laborales.
Además, Chapman ha actuado como abogado de Bavaria & Cía SCA en al menos dos procesos judiciales este año. En marzo, representó a la multinacional en un caso de fuero sindical contra el trabajador Henry Ramos en Zipaquirá. En este proceso, buscaba obtener autorización judicial para despedirlo, pese a que el fuero sindical protege a quienes ejercen labores de representación o están en proceso de formar un sindicato, impidiendo su despido sin el aval de un juez laboral. Un mes antes, en febrero, Chapman ya había defendido a la empresa en un recurso de casación laboral ante la Corte Suprema, en un litigio contra Gustavo Medina y Colpensiones.
Sin embargo, uno de los casos más emblemáticos en los que Chapman representa a Bavaria es una denuncia penal interpuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Ramas Agroalimentarias, Bebidas y Alimentos (Sinaltraemsicol). En ella, el sindicato acusa a Jorge Armando Mejía Cervera, expresidente de la organización, de fraude financiero y traición sindical, en presunta complicidad con altos directivos de Bavaria & Cía SCA.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, Mejía habría condicionado su liquidación a que la empresa le pagara una millonaria suma de dinero a cambio de retirar las acciones legales interpuestas por el sindicato. Además, se le atribuye el desvío de 135 millones de pesos consignados por la empresa a la cuenta del sindicato. Según Sinaltraemsicol, estos hechos buscan desarticular la organización sindical desde dentro, debilitando su capacidad de negociación colectiva en una de las compañías más poderosas del sector de bebidas.
Aunque en la plenaria fueron derrotadas las propuestas de Chapman, de sacar a algunas empresas del pago del 100% de dominicales y festivos, de los recargos nocturnos de las 7 de la noche, y el reconocimiento del contrato laboral a aprendices del SENA —banderas del gobierno Petro—, el sector empresarial se impuso en frentes de derechos colectivos y sindicales que afectaba principalmente a las grandes empresas que Chapman defiende. Sin embargo, aunque logró eso, al final no quedó tan contento como lo expresó en sus redes sociales: “Es una reforma desafortunada, desastrosa, destructora de empleo. Desafortunadamente todos esos esfuerzos desinteresados que hicimos por el mercado laboral, por los más vulnerables, por los jóvenes en la Comisión Cuarta, quedaron anulados”, dijo en un video.
Quedan tres días para que se concilien los textos aprobados en el Senado y en la Cámara de Representantes, antes de que la reforma pase a sanción presidencial. De concretarse ese paso, el Gobierno sumaría su segundo triunfo legislativo en materia de reformas estructurales, al lado de la pensional, y gana el pulso en favor de millones de trabajadores que en los siguientes Gobiernos estarán dispuestos a defender en las calles y en las urnas sus derechos conquistados, una fórmula que ha quedado demostrada con el miedo que produce, en los grandes empresarios y sus aliados políticos, una consulta popular.
