Investigación

SUBRAYA

Manuel Santiago López, periodista de Duitama, demostró a la justicia que fue torturado por la Policía durante el Paro Nacional de 2021. Hoy, Santiago busca regresar a este municipio de Boyacá para retomar su labor periodística y luchar por una reparación simbólica que reconozca su sufrimiento y motive a sus colegas a alzar la voz sin temor.

Por: Gina Rojas Hoyos

Las cifras sobre violencia policial en Colombia revelan una preocupante realidad. Mientras que 7,383 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia física por parte de miembros de la Fuerza Pública, los registros de Medicina Legal muestran 79,796 valoraciones por incidentes de violencia policial, una diferencia que sugiere un posible subregistro de casos. Además, se documentaron 157 homicidios con participación policial, 138 de ellos clasificados como dolosos. Estos datos, respaldados por informes de organizaciones como Temblores y la Fundación Heinrich Böll, reflejan la responsabilidad de la policía en actos violentos. En este contexto, el caso de Manuel Santiago López, un joven periodista boyacense golpeado y torturado por la Fuerza Pública, es un ejemplo de la impunidad que rodea estos hechos. 

Tras tres años de lucha, López comienza a ver un atisbo de justicia. A inicios de agosto de este año, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá emitió un fallo trascendental que reconoce su testimonio y condena al Estado colombiano por la tortura que sufrió a manos de la Policía Nacional mientras ejercía su labor periodística en Duitama, el 1 de mayo de 2021. Este fallo no sólo marca un precedente en la lucha por los derechos humanos de los periodistas en Colombia, sino que también abre una ventana de esperanza para Santiago y su familia, quienes han soportado una travesía dolorosa en busca de verdad y justicia.

La justicia ha llegado mientras Santiago está lejos, muy lejos de su tierra natal. Según él, el sistema judicial y ciertos sectores de la prensa en Boyacá le dieron la espalda. Ahora, su mayor anhelo es regresar a Duitama, su hogar, donde sueña continuar su labor periodística y contribuir a su comunidad, aunque el camino hacia esa meta sigue lleno de desafíos.

Regresar a su Tierra: un sueño por cumplir

A  pesar de la crudeza de los hechos de los cuales fue víctima Santiago, las autoridades regionales fueron inoperantes e inexistentes dentro de su proceso, razones por las cuales el proceso se llevó a cabo fuera del departamento. Para él, este fallo es el primer paso hacia su regreso a Duitama, la ciudad que tanto añora. “Quiero volver y no tener miedo de hacer las cosas. Puedo ejercer el periodismo en cualquier lugar del país o del mundo, pero nunca me llenará tanto como servirle a mi ciudad”, aseguró con convicción. 

Sin embargo, también confía en que la justicia actúe en una reparación colectiva, ya que siente que en Duitama se ha silenciado el periodismo. “Que haya periódicos no significa que haya periodismo, al menos no investigativo. En Boyacá no hay espacios de investigación porque hay miedo. La gente tiene temor de investigar y alzar la voz. No se puede condenar a la gente por alzar la voz. Para mí, es una forma de construir paz social”, explicó.

Ahora, su lucha continúa, no solo por la justicia en su caso, sino para inspirar a las nuevas generaciones de periodistas a no callarse, a luchar por sus sueños y a construir un mundo mejor. “Yo lucho por lo que quiero ser y por lo que quiero lograr. Estoy seguro de que pronto me verán regresar. Gracias totales. Me verán volver”, concluyó Santiago, con la determinación de seguir adelante, iluminado por la esperanza de un futuro mejor.

1 de mayo de 2021

Durante las protestas del Paro Nacional en 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Reporteros Sin Fronteras, RSF, documentaron alrededor de 300 violaciones graves a los derechos humanos contra periodistas, la mayoría perpetradas por la Fuerza Pública. Entre estos casos, el de Manuel Santiago López destaca por la brutalidad con que fue tratado. En una conversación con la revista RAYA contó que el 1 de mayo de ese año fue interceptado por una patrulla policial en la Calle 16 del Parque Libertadores de Duitama.

“Fui retenido sin que me explicaran el motivo. Me quitaron las chapolas (pergaminos de prensa) que llevaba, me hicieron llaves de contención, me arrebataron el celular, me forcejearon, y una mujer policía me golpeó en el abdomen, dejándome sin aire. Luego me subieron a la patrulla y me llevaron a la estación de Policía Camilo Torres”, relató Santiago.

Aquella tarde de mayo, que comenzó como el acompañamiento a una marcha de antorchas, se convirtió en una pesadilla. A las 4:50 p.m., según consta en los expedientes legales, inició un calvario para Santiago, quien no solo sufrió agresiones físicas, sino que también enfrentó el estigma social y numerosos obstáculos en su búsqueda de justicia en su región.

“Cuando llegamos a la estación, me arrojaron a una carceleta y me tiraron sobre el piso mojado con orines. El conductor del panel me golpeó con su bolillo mientras me identificaba como estudiante de periodismo, pero me dijeron que les importaba un culo”, recordó.

A pesar del terror que sentía, el joven periodista logró activar una grabadora oculta, capturando dos minutos de insultos mientras intentaban ahorcarlo con su propia credencial de prensa, aquella que debería haber garantizado su seguridad como periodista.

La tarde de tortura

Entre las numerosas irregularidades que Santiago denuncia, destaca el hecho de que nunca fue identificado oficialmente, no se le permitió hacer una llamada y no se siguieron los procedimientos para que la captura fuera legal. “No sé cuánto tiempo pasó, quizás una hora. Luego, un policía joven entró y dijo que nos íbamos, que me llevarían a casa, como si supieran dónde vivía. Pasaron por mi barrio, pero luego desviaron por una trocha. Dieron vueltas y finalmente me llevaron al mirador. Allí se detuvieron en una parte pavimentada, bajaron del carro, atendieron una llamada mientras sonaba la radio Toca Estéreo”, narró.

Después de colgar la llamada, según el testimonio de Santiago, los policías continuaron el recorrido hasta dejarlo en una zona desolada. “El copiloto se bajó, me devolvió el celular y me dijo que corriera sin mirar atrás. Hice caso, me dolía la pierna derecha por las patadas y los golpes con bolillo. Corrí, prendí el celular y me di cuenta de que no tenía SIM card. Cuando volteé a mirar, la patrulla ya no estaba”.

Finalmente, Santiago fue guiado por un par de ancianos que vivían en una casa cercana, quienes lo ayudaron a regresar a su hogar.

El calvario por la justicia

Las lesiones físicas de Santiago fueron atendidas en el hospital Regional de Duitama, donde también se registró su cuadro de ansiedad como secuela de lo ocurrido. Sin embargo, el verdadero calvario fue la búsqueda de justicia, enfrentando voces que cuestionaban su presencia en la protesta y su rol como periodista.

“Yo no solo estudio periodismo, sino comunicación social. No llevaba panfletos ni amenazas, llevaba chapolas explicando los puntos clave de la reforma tributaria. No tengo nada que ocultar, a pesar de que la Policía destruyó todo el material probatorio. Estaba ejerciendo mi trabajo social y de comunicación… nada justifica que haya sido torturado”, explicó Santiago.

En un consejo de seguridad local, en el que participaron la Alcaldía, la Personería Municipal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se comprometieron a facilitar su denuncia, apoyar la investigación y garantizar las sanciones necesarias. La Fiscalía 13 Local de Duitama abrió una investigación por lesiones personales, y la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo inició una investigación contra los uniformados involucrados.

“Pero después de esa reunión virtual la realidad fue que tuve muchos escenarios de revictimización desde el momento en que presenté la denuncia. Pero en medio del proceso, la FLIP llegó a mi contacto. Jonathan Bock, su director, creyó en mí y decidieron tomar mi caso”, relató Santiago, reconociendo el apoyo de la FLIP en su lucha.

Pese a que algunos sectores de la prensa en Boyacá desestimaron sus denuncias, incluso culpándolo por lo sucedido, la organización defendió su labor como periodista. “Con base en estándares internacionales, la FLIP ha acogido una definición amplia de periodista, que no se limita únicamente a quienes cuentan con un título profesional, sino que incluye a aquellas personas que de manera periódica investigan, sistematizan y difunden información por distintos medios. En la documentación del caso de Santiago López, pudimos verificar que el trabajo que él hacía en Duitama era acorde con esa definición, y era de gran importancia para mantener informado al municipio sobre lo que ocurría en ese contexto de manifestaciones públicas”, explicó la abogada Ángela Caro, asesora jurídica de la FLIP.

Una justicia que llegó desde afuera

A pesar del apoyo de la Fundación, el primer año del proceso estuvo marcado por la negligencia institucional. La Procuraduría cerró inicialmente el proceso disciplinario contra los policías, alegando falta de pruebas. Sin embargo, la FLIP presentó un recurso de apelación que logró revocar esa decisión, aunque hasta ahora Santiago no ha sido reconocido oficialmente como víctima.

La asesoría legal también recomendó trasladar el caso a Bogotá, ya que en Boyacá resultaba difícil avanzar sustancialmente. “Si no hubiera sido así, en Boyacá no hubiera pasado nada. Allá fueron negligentes; es revictimizante que en mi tierra hubiera miedo a un fallo, que mi caso no avanzara”, aseguró Santiago.

La FLIP señala que en el caso de Santiago se han enfrentado diversas barreras ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que han minimizado las agresiones sufridas, calificándolas como "simples lesiones". También enfatizan en que se trata de un caso de tortura, que debería ser asumido por la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, pero hasta ahora esa solicitud no ha sido aceptada.

Una decisión que renueva la esperanza

El 1 de agosto, el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá emitió un fallo histórico para el país y esperanzador para Santiago: “El fallo reconoce que la Policía Nacional es responsable por la detención arbitraria e ilegal, y que los hechos constituyeron tortura. Por lo tanto, debe reparar los daños causados a Santiago y a su núcleo familiar. Sin embargo, el fallo no incluyó medidas de reparación simbólica orientadas a reconocer el impacto colectivo y a diseñar políticas públicas que eviten que estos hechos se repitan”, explicó la abogada Caro.

Para Santiago el dinero nunca fue prioridad, al contrario lo que ha esperado es una reparación simbólica que reconozca plenamente lo que sufrió. “Ahora me toca luchar por lo otro. Me parece fantástico que me den la razón, que me restituyan los derechos, que la ciudad deba reconocer que era así. Es un alivio porque yo no mentí. Lo que más me importaba de este fallo era que me diera la razón: me torturaron, me maltrataron”, enfatizó.

Si bien el dinero no reparará lo sucedido, la FLIP menciona que este fallo abre la puerta para que se reconozca la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos de periodistas durante el Paro Nacional. “Es histórico. Es el primer fallo en el que se reconoce la responsabilidad de la Fuerza Pública por la violencia contra un periodista en un contexto de manifestaciones. Sabemos que hay otros casos, como el del asesinato del periodista Abelardo Liz a manos del Ejército Nacional durante el Paro en la región del Cauca, en el que todavía no hay avances. Este fallo, al menos, abre una ruta y puede ser usado como precedente por otros periodistas en situaciones similares”, aseguró la abogada Caro.

Por otro lado, hasta el momento, los policías implicados no han sido vinculados a una investigación disciplinaria o penal, pero Santiago espera que haya sanciones para los policías involucrados. “Desde mi perspectiva personal, yo los perdoné, y por eso espero que el acto simbólico sea verlos y abrazarlos. Pero eso no significa que se eximan de responsabilidades por lo que hicieron. Como policías, tienen que dar ejemplo y aceptar la sanción que les impongan”, subrayó. 

Adicionalmente, la defensa espera que esta decisión sea confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impulsando la búsqueda de justicia que Santiago lidera junto con la FLIP. 

El derecho a la protesta desde el Congreso 

Desde el 2023, Organizaciones Sociales han venido trabajando por lograr, a través del Congreso de la República, garantías de derechos humanos que cesen la estigmatización y la criminalización de la protesta social. 

De acuerdo con el representante a la Cámara, Alirio Uribe, quien preside la Comisión Accidental de seguimiento a las protestas, para el año anterior “se tenía conocimiento de 310 casos de vulneraciones a personas protestantes y manifestantes relacionados con el estallido social de 2021. Entre estos casos, se registraron 3 homicidios, 55 personas en libertad, 152 personas bajo detención carcelaria, 49 sujetos en prisión domiciliaria, y 50 casos en los que no se contaba con información sobre su condición”.

Con base en lo anterior y otros acontecimientos históricos registrados en Colombia, en 2023 se abrió discusión, deliberación y construcción del Proyecto de Ley Estatutaria para la garantía de la Protesta Social y la Manifestación Pública (PL 270/23C), garantista y con un enfoque de derechos. Esta iniciativa fue archivada dando espacio a la construcción de un documento mucho más robusto con participación de varias bancadas que a inicio de este mes radicaron bajo el Proyecto de Ley Estatutaria 166 de 2024 (concertado). 

Según la Comisión Colombiana de Juristas, “si bien integra importantes y sustanciales avances como el principio de diálogo, la prohibición del uso de armas letales, rendición de cuentas, garantías de protección a periodistas y medios, participación exclusiva de personal de la fuerza pública capacitado, acceso a la justicia, verdad y garantías de no repetición para las víctimas, entre otros; algunos otros artículos generan preocupación por su carácter regresivo. Por ejemplo, el artículo 6, sobre aviso previo, podría limitar la autonomía de los manifestantes; asimismo, el artículo 9 impone responsabilidades desproporcionadas sobre el cuidado del espacio público; y la ambigüedad en el artículo 12 sobre desconcentraciones forzadas, podría facilitar abusos en el uso de la fuerza en escenarios de ejercicio legítimo y pacífico de la protesta social como los cortes de ruta”.

Así las cosas, se espera que se abra un amplio debate que incluya a la sociedad civil que ha sido víctima directa e indirecta de violaciones de Derechos Humanos en el marco de la protesta social. Por ahora, el proceso de debate es incierto pues no se ha asignado ponentes. 

Aporta en nuestra Vaki y ayudanos a seguir haciendo periodismo independiente, crítico y de calidad.

logo vaki footer

Relacionados
Investigación
Estos son Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, acusados de fundar con Álvaro Uribe el Bloque Metro de los paramilitares
Estos son Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, acusados de fundar con Álvaro Uribe el Bloque Metro de los paramilitares
El ganadero Juan Guillermo Villegas, amigo del expresidente Álvaro Uribe, testificará a su favor en el caso por manipulación y soborno de testigos, donde tuvo un rol clave intentando cambiar la versión del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Villegas y su hermano Luis Alberto tienen una historia relacionada con la mafia y el paramilitarismo en Antioquia. RAYA revela fotografías, documentos y audios. Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...
Las mentiras de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Trump
Las mentiras de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Trump
En su más reciente aparición en Colombia, aseguró cuando ya estaba en Estados Unidos, que el presidente Gustavo Petro le había dicho que “él ama al Tren de Aragua”. Años atrás, se tuvo que retractar por haber escrito en un libro que se había reunido con el líder norcoreano King Jong-Un. Hace algunas semanas, en un restaurante en Washington le robaron un bolso con 3000 dólares en efectivo. Ella no pudo aclarar de qué se trataba ese dinero. Por: David González M.
Leer mas ...
Gobierno pretende renovar contrato con minera que debe al Estado $119.000 millones en regalías 
Gobierno pretende renovar contrato con minera que debe al Estado $119.000 millones en regalías 
La Agencia Nacional de Minería (ANM) pretende renovar el contrato de explotación de la mina El Roble, ubicada en el Carmen de Atrato (Chocó), por 30 años. Esta mina, propiedad de la canadiense Ático Mining (90%) y de la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (10%), ambos socios condenados a pagar $119 mil millones de pesos por regalías no liquidadas. Comunidades denuncian afectaciones ambientales y sociales no resueltas. Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Leer mas ...
El documento que llegó al presidente Petro con supuesta información sobre el ELN, que pone como objetivo militar a líderes sociales del Catatumbo
El documento que llegó al presidente Petro con supuesta información sobre el ELN, que pone como objetivo militar a líderes sociales del Catatumbo
RAYA conoció un documento que perfila sin pruebas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios en el Catatumbo, en un clima de creciente intimidación. El informe, que habría llegado al presidente Petro y al ex Ministro de Defensa, circuló en plena vigencia del estado de Conmoción Interior decretado para enfrentar la crisis en la región. Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...
La Universidad Industrial de Santander elige nuevo rector bajo un régimen de miedo
La Universidad Industrial de Santander elige nuevo rector bajo un régimen de miedo
La Universidad Industrial de Santander (UIS) elegirá este 28 de abril su rector para los próximos tres años. Uno de sus candidatos es Hernán Porras Díaz quien buscará reelegirse por cuarta vez consecutiva, en medio de denuncias que lo señalan de instaurar una política del miedo en la institución y de señalamientos por usar los recursos de la universidad para la campaña a su favor. Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Leer mas ...
Aracataca: la sentencia de restitución de tierras que no se cumple en el pueblo donde nació Gabo
Aracataca: la sentencia de restitución de tierras que no se cumple en el pueblo donde nació Gabo
Familias desplazadas hace 25 años siguen sin poder retornar a sus tierras en Aracataca, Magdalena, pese a un fallo judicial de 2022. La ambigüedad legal y la inacción estatal agravan la espera. Algunos, como Teobaldo Bocanegra, murieron sin justicia. Por: Juan Carlos Granados
Leer mas ...
La cooptación del Consejo Nacional Electoral por el presidente Daniel Noboa
La cooptación del Consejo Nacional Electoral por el presidente Daniel Noboa
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, el domingo 13 de abril Daniel Noboa fue reelegido como su presidente. Sin embargo, desde antes y después del cierre de las urnas un manto de duda se teje contra los resultados. Abusos de poder, uso abusivo (excesivo) de recursos públicos y un estado de excepción dejan mal paradas a las instituciones electorales. Tres de las cabezas visibles del CNE tienen familiares en empleos consulares del actual gobierno. Por: Redacción Política RAYA
Leer mas ...
Más de 3 mil actas inconsistentes en medio del estado de excepción empañan elecciones en Ecuador
Más de 3 mil actas inconsistentes en medio del estado de excepción empañan elecciones en Ecuador
El domingo 13 de abril el pueblo de Ecuador salió a votar en medio del estado de excepción decretado 24 horas antes por el presidente y candidato Daniel Noboa, medida que afectó principalmente las provincias donde ganó en primera vuelta su contendora y favorita en casi todas las encuestas Luisa González, quien a la hora del conteo, sorpresivamente no aumentó votos en la segunda vuelta. Denuncian más de 3 mil actas con irregularidades. González no reconoce los resultados. Por: Unidad...
Leer mas ...
Las pruebas del robo de gasolina estatal por la empresa Petronoboa, de propiedad del hermano menor del presidente de Ecuador Daniel Noboa
Las pruebas del robo de gasolina estatal por la empresa Petronoboa, de propiedad del hermano menor del presidente de Ecuador Daniel Noboa
RAYA accedió a documentos de la Fiscalía de Ecuador y Petroecuador que vinculan a Petronoboa, empresa de Santiago Noboa Azín, hermano del presidente ecuatoriano, con la falsificación de documentos para obtener contratos públicos y la venta de combustible robado mediante perforaciones ilegales. La empresa también solicitó la anulación de 6.800 facturas, lo que además podría implicar defraudación tributaria y lavado de activos. Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...
Ordenan cerrar basurero de Barrancabermeja, por ocasionar daños ambientales en humedales del Magdalena Medio 
Ordenan cerrar basurero de Barrancabermeja, por ocasionar daños ambientales en humedales del Magdalena Medio 
Hace días la empresa francesa Veolia fue notificada para suspender su operación en el basurero que tiene en la Ciénaga San Silvestre en Barrancabermeja. Esta empresa recoge las basuras del municipio y es la encargada de manejar los residuos de Ecopetrol, los cuales terminan en humedales del Magdalena Medio. Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
Leer mas ...
Lo que dice la agenda de Zeus sobre la junta del narcotráfico y la guerra contra los esmeralderos de Boyacá
Lo que dice la agenda de Zeus sobre la junta del narcotráfico y la guerra contra los esmeralderos de Boyacá
Hernando Sánchez, heredero de Víctor Carranza, se convirtió en el segundo esmeraldero asesinado con francotiradores en menos de siete meses en Bogotá. Julio Lozano Pirateque, quien habría usado como testaferro a Sánchez para comprar un pedazo de la mina más grande de esmeraldas, estaría tratando de recuperar parte de la mina usando un ejército privado que estaba comandando por alias Zeus y el Clan del Golfo. Esta es la historia de esta nueva guerra verde a través de la agenda de Zeus. Por:...
Leer mas ...
Alias El Capi: habla desde la cárcel nuevo testigo contra los hermanos Uribe Vélez sobre la creación del Bloque Metro de las AUC 
Alias El Capi: habla desde la cárcel nuevo testigo contra los hermanos Uribe Vélez sobre la creación del Bloque Metro de las AUC 
#EXCLUSIVO: Por primera vez ante un medio de comunicación Edilson Hoyos Herrera, alias “El Capi”, exmilitar y jefe político del Bloque Metro de las AUC, habló sobre el papel que tuvieron los hermanos Uribe Vélez en la creación de dicho bloque paramilitar y cómo fue su modus operandi para cometer masacres. En los próximos días dará sus declaraciones ante la JEP. Por: Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la Revista RAYA
Leer mas ...
Daniel Noboa's family business, President of Ecuador, is involved in cocaine trafficking to Europe.
Daniel Noboa's family business, President of Ecuador, is involved in cocaine trafficking to Europe.
RAYA gained access to Ecuadorian police documents detailing how the banana company owned by President Daniel Noboa's family has been involved in exporting more than half a ton of cocaine since 2020 to several European countries. The drugs were concealed among banana crates at the ports in Guayaquil. Although the police seized the shipments in flagrante delicto, those involved have not faced justice. One journalist left the country after reporting on the case. By: Revista RAYA (RAYA Magazine)-...
Leer mas ...
Seneidy Jiménez: se hacía pasar como líder social, pero fue capturada transportando armas para el Clan del Golfo 
Seneidy Jiménez: se hacía pasar como líder social, pero fue capturada transportando armas para el Clan del Golfo 
Seneidy Jiménez fue asesinada la semana pasada en el sur de Bolívar. Se presentaba como líder social y gestora de paz, pero organizó eventos de estrategia política del Clan del Golfo en esa región. Había sido capturada en 2022 transportando armas para este grupo criminal, posteriormente, en 2024, en un operativo del Ejército logró fugarse. Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Leer mas ...

¡Tú también párate en la RAYA!
Aporta en nuestra Vaki y ayúdanos a seguir haciendo periodismo independiente, crítico y de calidad.

logo vaki footer