Tres asesinatos en Ciudad Bolívar y Bosa prenden las alarmas sobre un fenómeno silencioso que está afectando principalmente a los jóvenes que lideran procesos en sus comunas. A pesar de las medidas implementadas por la Policía, estas no han logrado frenar la violencia. Indepaz y la Defensoría del Pueblo han advertido de la influencia de grupos armados ilegales en la capital del país.
Por: María Fernanda Padilla
Alba Rocío Riaño Nossa, Camilo Sánchez y Camila Ospitia son los tres líderes sociales que Bogotá perdió en los primeros ocho meses del año. Sus homicidios siguen un patrón similar: denuncian el riesgo que enfrentan en sus barrios, reciben amenazas, alertan a las autoridades, se sienten desprotegidos, continúan con su labor a pesar del miedo y, finalmente, son asesinados.
Antes de su asesinato, Alba Rocío se desempeñaba como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Verbenal - El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, una zona que une la ruralidad con barrios urbanos de Bogotá, y donde los habitantes tienen bajos ingresos económicos. Alba era una tejedora de puentes entre su comunidad: asistía a reuniones con entidades y organizaciones, identificaba y promovía nuevos liderazgos, y celebraba los triunfos colectivos con un almuerzo y un postre. Ese era su ritual y su presencia siempre estaba marcada por una sonrisa.
Dos meses después de su asesinato, el barrio está sumido en el miedo. Las problemáticas que Alba denunció alguna vez, persisten: microtráfico, tráfico de armas, y el desplazamiento forzado de habitantes aprovechado por las bandas delincuenciales para revender ilegalmente los terrenos que antes ocupaban. “En la última reunión (con las autoridades), ella dijo: “hasta que no maten a alguien, ustedes no van a hacer nada’, y aun así la mataron y ¡no han hecho nada!”, comenta un residente de Verbenal que prefiere no ser identificado por temor a represalias.
A 20 kilómetros de Verbenal, el 15 de agosto, hombres armados dispararon una metralleta contra seis jóvenes que se encontraban al frente de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa. En el atentado murieron Camilo Sánchez, más conocido con su nombre artístico, MC Cub, y Camilia Ospitia. Otra joven resultó herida. MC Cub, de 27 años, y Camila, de 25, promovían el hip hop en el parque El Porvenir y la construcción de espacios comunitarios como la huerta Chizas, y El bicho, una infraestructura de guadua autoconstruida por la comunidad.
Desde hace 2 años, a través de 14 mesas de diálogo con las autoridades locales y distritales, los colectivos Distreestyle y la comunidad de El bicho habían alertado sobre las amenazas de muerte y el amedrantamiento que enfrentaban los jóvenes artistas y los habitantes de El Porvenir, por parte de vendedores de drogas y la estigmatización y persecución por parte de la Policía. Durante la velatón por Camila y MC Cub, también recibieron intimidaciones telefónicas, como se documentó en un comunicado que publicaron. Ese día, en ese evento, no hubo autoridades que garantizaran su seguridad, salvo la Secretaria de Gobierno, según cuentan los vecinos.
Las muertes de Alba Rocío Riaño Nossa, Camilo Sánchez y Camila Ospitia se suman a la creciente lista de líderes sociales asesinados en Bogotá desde 2019. En 2020, se registraron dos casos; en 2021, otros dos; en 2022, uno, y en 2023, cinco.
Una lideresa de Ciudad Bolívar, que solicitó mantener su nombre en reserva debido a amenazas de muerte, afirma que estos hechos le han logrado sembrar un profundo miedo. Por ello, ha intensificado sus acciones de autoprotección:permanece alerta en la calle, evita estar sola y asegura su casa con múltiples candados. Con voz temblorosa, lamenta: "Los líderes sociales estamos solos contra los delincuentes y los grupos armados, porque aquí hay grupos armados que controlan este sector, aunque digan lo contrario".
¿Una ciudad bajo acecho?
Los últimos dos gobiernos distritales de Bogotá, encabezados por Claudia López y Carlos Fernando Galán, han insistido en que no hay grupos armados en la ciudad. No obstante, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y la Defensoría del Pueblo han advertido desde 2018 sobre la presencia de varios de estos grupos, tanto en la zona urbana como rural.
La alerta temprana 023, publicada en 2019, llamaba la atención sobre las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy por la presencia de grupos que se disputaban las economías ilícitas. Entre ellos se mencionaban las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos, así como otras estructuras armadas como “Los Costeños”, “Los Paisas” y las disidencias de las extintas Farc.
En su última alerta 004-24, la Defensoría asegura que las AGC y el grupo delincuencial Tren de Aragua se están disputando el control de nueve localidades de Bogotá, donde residen unas 954.000 personas: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Las formas de violencia que ejercen estos grupos incluyen amenazas, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, extorsiones, y el control sobre redes de trata y explotación sexual, además de la vinculación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para expendio de drogas y armas.
Para Indepaz, estos grupos no están enfocados en una disputa política. Por el contrario, consideran la ciudad como un corredor logístico y un espacio rentable, ya que permite concentrar a un mayor número de personas, a diferencia de las veredas. Según Indepaz, “Los grupos armados de gran impacto que serían las disidencias, el Clan del Golfo o AGC y el ELN, entre otros, pero sobre todo esos tres, están tercerizando sus acciones por medio de bandas delincuenciales y eso dificulta el panorama de violencia y la identificación de los actores que cometen los hechos”.
Ante esta situación, Indepaz y la concejala Heidy Sánchez, quien ha seguido de cerca los casos de violencia contra liderazgos, coinciden en que los homicidios de líderes sociales este año comparten el hecho de haber intentado visibilizar las economías ilícitas en sus territorios. Sin embargo, Sánchez destaca que el homicidio de Carlos Julio Tautiva Cruz, líder del Sumapaz, en el año 2021, y de los jóvenes de Bosa tiene un trasfondo político. Camila y MC Cub tenían una apuesta cultural disruptiva para proteger el territorio a través del hip hop, mientras que Tautiva era miembro del Partido Comunista Colombiano, formaba parte de la Junta de Acción Comunal de Lagunitas y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz).
Un líder del occidente de Bogotá, que pidió mantener el anonimato de su nombre por miedo a represalias, asegura que en esta zona de Bogotá está emergiendo un discurso que vincula al Tren de Aragua con el ELN. Detalla que los grupos de autodefensas formados por comerciantes para su protección han estigmatizado a los colectivos de jóvenes como parte de esa guerrilla, aunque no exista prueba de ello. “Una alerta (de la Defensoría) puede evitar que más pelados empiecen a ser sacrificados en la lógica infame de esa gente”, agrega.
Sin estrategia integral de protección
Los líderes sociales en Bogotá tienen claro que quieren seguir con sus proyectos sociales, sin que eso les implique la vida. Sin embargo, reconocen que las autoridades no brindan una atención integral a la seguridad en sus territorios, lo que resulta insuficiente para evitar ser asesinados. Diez días después del asesinato de MC Cub y Camila en Bosa, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el homicidio.
“Nos vamos a encargar que los responsables paguen ante la justicia. (...) la Secretaría de Seguridad ha acompañado la investigación y es una prioridad de la ciudad esclarecer el crimen. He dado la orden a las autoridades distritales de hacer mayor presencia en Bosa Porvenir y brindar más acompañamiento a las expresiones sociales, para que conjuntamente hagamos un trabajo en el territorio. No vamos a permitir que la ilegalidad nos gane la batalla”, publicó en su cuenta de X Galán.
No obstante, en el barrio El Porvenir, a pesar de las 14 mesas de acompañamiento institucional entre la policía y alcaldía, los jóvenes reconocen que no se pudo prevenir el asesinato de MC Cub y Camila. Los colectivos juveniles y culturales lamentan que han sido requisados en distintas oportunidades y desalojados de sus espacios comunitarios por parte de los uniformados, a pesar de tener permiso. Para los habitantes de El Porvenir, el aumento de policías no representa un alivio. El último hecho se presentó el 3 de septiembre, cuando policías encapuchados revisaron los celulares de varios de ellos, sacaban fotografías de las cédulas mientras buscaban identificar a un líder de la zona, según publicó el colectivo Arquitectura Expandida.
“Antes nunca había un policía por ahí patrullando, pero cuando uno se reunía a conspirar algo a favor del barrio ahí sí caían. Cuando tienes una relación así con los policías, ellos no representan ninguna seguridad ni ningún respaldo, sino al contrario, persecución y complicidad frente a los hechos de violencia que uno siente”, dice un habitante del barrio.
Por su parte, Indepaz cuestiona que se apele a la militarización de las ciudades y en su lugar deben pensarse en acciones integrales. Para eso, insiste la organización que se debe vincular a colegios y los hogares, teniendo en cuenta que quienes integran estas bandas suelen ser jóvenes que no han tenido oportunidades para acceder al estudio. La Defensoría del Pueblo también ha hecho un llamado a la administración municipal para que se reconozca que Bogotá vive un conflicto interno y se deben articular las entidades nacionales y distritales para identificar y atender las alertas tempranas, y fortalecer las capacidades institucionales.
Bajo este panorama, la lideresa de Ciudad Bolívar es pesimista por la falta de control institucional: “Acá no hay entidades que digan si la policía está haciendo bien su trabajo, acá todo el mundo hace lo que se le da la gana. Se echan la culpa sobre cuál es la responsabilidad de cada uno… A los líderes sociales los está matando el mal trabajo de las entidades”, dice.
