A pocos días de que una juez de Bucaramanga decida el juicio contra Holger Díaz, miembro del Clan Aguilar, RAYA revela documentos que muestran cómo decisiones de jueces y magistrados de Bucaramanga y Bogotá impidieron que la Fiscalía presentara la prueba reina en el caso de corrupción por la compra de “juguetes fantasma” durante la Gobernación de Hugo Aguilar. Díaz es cuñado de Susana Quiroz, magistrada del Tribunal de Bucaramanga, quien este año tomó una decisión favorable a él a pesar de estar impedida y el próximo miércoles se posesionará en la Corte Suprema de Justicia, donde también reposa el expediente contra el exgobernador Aguilar por el mismo caso. Fuentes de la Fiscalía advirtieron que esta situación podría favorecer una eventual absolución de Díaz y de Aguilar.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Un caso de corrupción de hace 19 años, cuando Hugo Aguilar era gobernador de Santander y Holger Díaz su secretario de Desarrollo Social, pone en la mira a la recién electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Susana Quiroz Hernández, quien conoció la tutela con que un fiscal de Bucaramanga pretendía darle el golpe final a su cuñado ante la justicia. Ella no se declaró impedida a tiempo e impidió que el testigo estrella declarara en el juicio que hundiría al esposo de su hermana y miembro del Clan Aguilar, Holger Díaz. A pesar de su negativa, la Fiscalía hizo que se declarara impedida y el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema donde le dieron la razón a la magistrada. Semanas después, ella fue escogida como nueva togada del alto tribunal.
En agosto de 2007, bajo la gobernación de Aguilar, Holger Díaz firmó un contrato por 650 millones de pesos (equivalente a cerca de 1.700 millones de pesos en la actualidad) con la Fundación para el Desarrollo Social y Proyección Comunitaria (Fundacon) para la entrega del “aguinaldo feliz” a niños vulnerables de Santander. Sin embargo, el dinero público se giró, pero los juguetes prometidos nunca llegaron. En 2015 revelaciones periodísticas sacaron a flote una serie de irregularidades en la celebración de ese contrato: no hubo licitación pública, sino contratación directa; el contrato se liquidó mediante un trámite exprés con actas oficiales que no estaban completas, mientras líderes comunitarios y alcaldes denunciaron la suplantación de sus firmas en planillas de regalos que jamás llegaron.
En 2017, un fiscal de Bucaramanga desempolvó el expediente contra Díaz, empezó a reconstruir la investigación y le imputó cargos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Posteriormente, durante cuatro años, el fiscal llamó a los testigos a declarar: líderes comunales y madres comunitarias que dieron fe de que la Gobernación de Santander había falsificado sus firmas en unas actas de entrega de regalos.
En 2022, el fiscal logró llevar a juicio a Holger Díaz, pero entonces comenzó otra larga travesía judicial. Hasta febrero de este año, las audiencias seguían en curso. Una de ellas era decisiva para la Fiscalía: escuchar al testigo estrella del caso, cuya declaración se había reservado para el final por estrategia procesal. Sin embargo, cuando llegó el momento, aparecieron nuevos obstáculos que terminaron favoreciendo a Díaz, exsecretario de Desarrollo de Aguilar, excongresista del Partido de la U entre 2010 y 2014, candidato a la Gobernación de Santander en 2015 con el respaldo del Clan Aguilar y un reconocido empresario del sector salud en ese departamento, donde consolidó su negocio con el apoyo de su suegro, el cardiólogo Franklin Quiroz, padre de la magistrada.
En abril de 2023, Susana Quiroz Hernández tomó posesión como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga ante el entonces gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
El hecho a favor de Díaz ocurrió el 16 de febrero de 2026 cuando, actuando como magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga, Susana Quiroz Hernández negó una acción de tutela del fiscal contra una juez de Bucaramanga que se negaba a reprogramar la audiencia de Martín Orlando Mojica Ojeda, considerado el testigo clave del caso, pues fue el denunciante de los hechos como auditor de la Contraloría departamental. El fiscal alegó en la tutela que el testigo no podía acudir a la audiencia fijada para el 9 de febrero de 2026 porque el 5 de febrero había entrado a un trámite de protección de testigos tras denunciar amenazas de muerte en su contra. Hoy, está protegido por la Fiscalía.
Tutela de la Fiscalía
Al negar la tutela, la magistrada Quiroz no concedió el aplazamiento de la audiencia y, por tanto, impidió que el testigo estrella hablara contra su cuñado. Tras esa decisión, la Fiscalía decidió recursar a la magistrada Quiroz porque, a pesar de que se supiera públicamente que Holger era su pariente, ella no se declaró impedida y por el contrario decidió a su favor. Dos días después de la recusación, la magistrada aceptó ser cuñada de Holger, presentó su impedimento y el trámite continuó en manos de sus colegas del tribunal de Bucaramanga quienes respaldaron su decisión.
Recusación del fiscal a la magistrada Susana Quiroz por no declararse impedida en el caso de su cuñado, Holger Díaz.
Auto de la magistrada Susana Quiroz, en el que mete las manos a la acción de tutela de la Fiscalía para impedir la declaración del testigo estrella contra Holger Díaz.
Auto de Susana Quiroz en el que se declara impedida en el caso contra Holger Díaz. La decisión de la magistrada fue posterior a la recusación de la Fiscalia.
La tutela del fiscal pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia. Allí, la magistrada Myriam Avila Roldán presentó una ponencia en favor de la Fiscalía para que se permitiera aplazar la audiencia e incluir la prueba del testigo estrella, pero fue derrotada por dos de sus colegas, uno de ellos, el magistrado Gersón Chaverra, quien le terminó dando la razón a Susana Quiroz, la cuñada de Holger Díaz. Semanas después de esa decisión, Quiroz resultó electa magistrada de la Corte para reemplazar a César Augusto Reyes en la Sala de Instrucción donde podría estar el expediente que ese tribunal abrió contra su cuñado en 2015 por el escándalo de Saludcoop.
Se trata de pesquisas que la Corte conoció por medio correos electrónicos que filtró la vieja revista Semana en 2014, en los que Holger Díaz, siendo congresista de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, le rendía cuentas al dueño de Saludcoop Carlos Palacino. Incluso, en uno de ellos le envió el borrador de la reforma a la Salud y de paso le preguntó por el atraso en una consignación: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas te quiero molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias, Holger”, dice el correo revelado. Dicho Nit correspondía a la empresa Salud con Calidad que años atrás había fundado él y su esposa, es decir, la hermana de la hoy electa magistrada Quiroz. En 2017, el Consejo de Estado sentenció su muerte política a raíz del mismo caso y le quitó la investidura de congresista.
Finalmente, el fiscal no pudo incorporar la prueba reina contra el cuñado de la magistrada y, es muy probable, que la juez de Bucaramanga lo absuelva en las próximas semanas. En el caso del exgobernador Hugo Aguilar, una Fiscalía delegada ante la Corte lo llamó a juicio a principios de este año, precisamente para que responda por el dinero perdido en “juguetes fantasma”. Se prevé que el testigo estrella sea llamado en ese caso y por eso las medidas de seguridad se han extremado. Las amenazas son constantes y su vida corre peligro cuando se avecinan las audiencias. “Hugo Heliodoro Aguilar maneja ese proceso también, no solo el suyo”, le dijo una fuente desde Bucaramanga a esta revista.
Holger Díaz Hernández fue secretario de Desarrollo del Gobernador Hugo Aguilar en 2007 y candidato a la Gobernación de Santander en 2015 por dicho Clan.
Otro fiscal señala a la magistrada
Las dudas sobre la imparcialidad de la magistrada Susana Quiroz Hernández no son nuevas y no sólo se remontan al caso de su cuñado. En febrero de 2022, cuando ejercía en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, la recusó en plena audiencia en la que el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, pedía su excarcelación tras ser condenado por hechos de corrupción con la plata del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según Ospino, dijo en la audiencia, sentía un trato desigual de Quiroz que tenía una animadversión en su contra que se remontaba al año 2017 cuando la misma Fiscalía buscaba investigar a un funcionario que trabajaba para un “novio de Quiroz” que también era fiscal: “Tenía un vínculo sentimental con usted, vínculo que aún permanece según lo que se me informó telefónicamente desde la ciudad de Bucaramanga”, dijo Ospino en ese entonces, cómo quedó grabado en la audiencia.
Es más, el fiscal Ospino ya había tenido otro antecedente con Quiroz cuando investigaba al magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, hoy en juicio, acusado de prevaricato y fraude procesal por favorecer a exdirectivos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla investigados por presunta corrupción en la institución. Entonces Quiroz negó la solicitud de privación de la libertad en contra de Mola Capera.
Ese hecho ocurrió justo después de que Ospino archivó la denuncia que instauró la hoy electa magistrada de la sala de instrucción de la Corte Suprema, contra un fiscal que había intentado allanar la oficina de quien entonces era su novio. Por ese antecedente, el fiscal Ospino advirtió durante una audiencia que Quiroz habría utilizado su cargo para intervenir en el asunto, oponiéndose a ese allanamiento, y comprometiendo así su imparcialidad como funcionaria de la justicia. En enero pasado, la Fiscalía llevó a juicio al exmagistrado Mola quien por medio de tutela favoreció a varios exdirectivos de la universidad suspendiendo la medida de privación de la libertad en su contra.
El próximo miércoles 14 de octubre, Susana Quiroz Hernández se posesionará como nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, mismo tribunal que deberá decidir sobre el futuro legal de Holger Díaz, su cuñado, en el caso Saludcoop, y del exgobernador de Santander Hugo Aguilar en el caso de los “juguetes fantasma” del que, por ahora, parece estarse salvando su socio político, el pariente de la magistrada.
