RAYA revela audios y documentos que muestran cómo el hoy ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, representó ante agencias estatales a los arrendatarios de la finca Simba, en Sucre, para intentar que se quedaran en el predio, que iba a ser entregado a campesinos e indígenas por el Gobierno Petro. Las pruebas muestran, además, que mintió ante el Congreso en un debate de control político a finales de septiembre cuando fue interpelado por su rol en ese caso y dijo que no había sido representante de los empresarios. Se trata de una hacienda que fue clave para el origen y la expansión del paramilitarismo en Sucre.
Por: Sebastián Forero Rueda
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene en sus manos en este momento decidir sobre el futuro de una hacienda de alrededor de 870 hectáreas en el municipio San Antonio de Palmito, Sucre, llamada ‘Simba’. La extensa finca, pieza clave para el origen y expansión del paramilitarismo en ese departamento, fue entregada durante el Gobierno pasado a asociaciones campesinas e indígenas sin tierra en medio de la reforma agraria. La entrega se selló con una resolución provisional de la agencia, mientras esa entidad avanzaba en la expedición y entrega de los títulos a quienes la recibieron. Ese proceso tiene como opositor a la Comercializadora y Distribuidora Tamaral S.A.S., que tenía en arriendo esa hacienda, se negaba a finalizar el contrato y a salir de la propiedad. El hombre que representó a esa compañía en ese caso y le hizo lobby ante el Gobierno Petro para evitar que tuviera que salir de la finca es el hoy ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, máximo jefe político de quien deberá decidir sobre esa tierra.
La finca Simba estaba en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pues en 2009 fue embargada por la Fiscalía en un proceso de extinción de dominio contra el narcotraficante Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija”. En marzo de 2024, la Agencia Nacional de Tierras inició el trámite para comprársela a la SAE y entregarla a campesinos e indígenas. Eso implicaba que el contrato de arrendamiento que tenía la SAE desde 2018 con la comercializadora Tamaral S.A.S. terminaría y esa empresa tendría que salir del predio. Fue allí cuando la compañía, que tenía en ese terreno un hato bufalero de 2.200 cabezas y un proyecto de palma de aceite, acudió al entonces asesor financiero Indalecio Dangond.
El hoy ministro Dangond, según la documentación del proceso conocida por RAYA, fue el encargado de estructurar a nombre de la compañía una propuesta de negocio dirigida a la SAE y a la ANT para que la empresa no saliera del predio, sino que, por el contrario, permaneciera allí con un convenio con las asociaciones campesinas. La propuesta contemplaba varios proyectos productivos que desarrollarían los campesinos, incluido uno de búfalos, pues, según la propuesta, le comprarían 200 búfalas a la comercializadora.
La propuesta venía con una advertencia: si las entidades estatales no aceptaban, la empresa reclamaba una millonaria indemnización por la terminación unilateral del contrato de arriendo. Según Dangond, como el contrato que esa compañía había firmado por 20 años con la SAE iba hasta 2038, el “lucro cesante” —es decir, lo que dejaría de recibir por sus proyectos productivos hasta el año en que finalizaba el contrato— era de alrededor de $25 mil millones. A eso se le sumaban $18.300 millones que, según los documentos elaborados por Dangond, la compañía había invertido desde que tomó en arriendo la finca en 2018. Es decir, eso sumaba una compensación por unos $43 mil millones, más otros $800 millones por “daño emergente”, al tener que trasladar los semovientes y, en general, todo su proyecto productivo.
El mismo Dangond se encargó de gestionar esa propuesta ante directivos de la SAE y la ANT, y de hacer lobby para que se concretara y la comercializadora pudiera permanecer en el predio. El documento, entregado a la SAE en julio de 2024, lo firmaba Wilfred Anaya Ortega, representante legal de la Comercializadora y Distribuidora Tamaral, pero quien lo envió a un directivo de esa entidad fue el hoy ministro Dangond. Así lo demuestra este audio que le envió al directivo junto con la propuesta: “Te envío la presentación, la valoración que hice de las inversiones y del lucro cesante, la propuesta de reducir las áreas al Tamaral si es posible, mientras se hace la transición del montaje y operación de los proyectos productivos; y te envié los cinco proyectos productivos con el costo-beneficio de cada uno, el número de hectáreas, y las inversiones que habría que hacer para que ese proyecto sea el piloto o el ejemplo a seguir para montar una política de Estado en desarrollo de proyectos productivos en el programa de reforma agraria del Gobierno Nacional”.
En otro mensaje dirigido a la SAE, Dangond habla de las áreas que serían para la compañía y para las asociaciones campesinas; el audio también muestra que su intervención iba más allá de una valoración: “Este es el mapa con la nueva distribución que nosotros proponemos y la reducción del área de arriendo al Tamaral; quedo muy atento a la confirmación de la reunión que sería muy clave con el director de la ANT, el doctor Felipe [Harman], para poder seguir avanzando en este proceso que es beneficioso para todas las partes ”, dice su mensaje de voz.
La Comercializadora y Distribuidora Tamaral S.A.S. había llegado a la finca Simba a través de un contrato de arrendamiento suscrito en marzo de 2018, en el ocaso del Gobierno de Juan Manuel Santos. El contrato lo firmó no propiamente con la SAE, sino con una figura que ha usado tradicionalmente esa entidad y que se denomina “depositario”: una persona a quien la SAE delega la administración y el mantenimiento del bien incautado, pero que muchas veces está ligada a los antiguos dueños a los que la justicia les quitó el bien. En este caso, el depositario era el barranquillero Benjamín Sarta Ojeda, quien, el 3 de marzo de ese año, le arrendó la finca por cinco años a la compañía Tamaral.
Pero, después, en mayo de 2021 —ya en el Gobierno Duque—, el depositario de la SAE, Sarta Ojeda, firmó con la compañía un otrosí para que el arriendo tuviera una duración de 20 años y quedara vigente hasta 2038. Incluso, se incluyó una cláusula de confidencialidad: si el arrendatario divulgaba la información, se terminaría el contrato de arrendamiento de la finca.
No se trata de cualquier predio. La hacienda Simba está estrechamente ligada al nacimiento y expansión del Bloque Héroes de los Montes de María. Según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe Un poco de verdad para poder respirar: trayectoria e impactos de los bloques paramilitares Montes de María y Mojana, en esa finca operó la primera Convivir de los Montes de María, bautizada Nuevo Amanecer, fundada en 1996 por el ganadero Francisco Javier Piedrahita, quien era el dueño de esa hacienda. De esa Convivir hicieron parte Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, y Edwar Cobos Téllez, “Diego Vecino”, quienes después se convirtieron en comandantes de ese bloque paramilitar. Piedrahita, según el Centro de Memoria, participó en reuniones realizadas entre 1996 y 1997, con la Casa Castaño, para coordinar la entrada a esa región de los paramilitares que ya operaban el Urabá.
Según el certificado de tradición de Simba, Piedrahita llegó a esa finca en 1991, cuando compró la mitad del predio a nombre de “Uribe Lopera y Cía”, firma que sería de su entonces pareja, Ana Uribe Lopera. En 1995 compró la otra mitad. Casi una década después, el predio pasaría de ese dominio paramilitar a manos del narcotráfico: en 2004 lo compró la Agropecuaria Simba, cuya representante legal era Ángela Sampedro Taborda, pareja del narcotraficante Luis Fernando Castaño Alzate, “Botija”, a quien finalmente la Fiscalía le quitó la finca en 2009.
En julio de 2025, los campesinos y los indígenas la recibieron de manos del Gobierno Petro, con una resolución de entrega provisional de la ANT. Sin embargo, una vez la compraventa entre esa agencia y la SAE se materialice con la firma de la escritura pública, la ANT tendría que incorporar el predio al Fondo de Tierras y luego adjudicar a los campesinos; en el caso de los indígenas, formalizar su parte es cuestión de ampliar el resguardo de la zona. Ese es un paso que está ahora en manos de la ANT.
El pasado 22 de septiembre, el ministro Dangond acudió a la Comisión V del Senado para un debate de control político. Allí, la senadora de la oposición Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, lo indagó por su representación de los arrendatarios de Simba. El ministro contestó aireado: “Para que tenga claridad, mi querida senadora, yo no soy representante de nadie, porque es que uno no puede venir aquí a hablar con mentiras, uno tiene que hablar con la verdad: yo tengo una compañía que asesora los bancos, no los particulares; pero esta compañía también hace valoraciones, una valoración no es ser representante legal de nadie”, aseguró el ministro. Y agregó: “Le voy a pedir el favor de que me respete porque yo no voy a permitir que usted ponga mi nombre ante los medios, ante todo el mundo, de que yo he cometido algo ilícito, cuando yo no hice sino una sola valoración de un predio que hoy está en cuestionamiento”. Como se ha visto en esta nota, el ministro mintió en ese debate, pues su rol con la finca Simba fue mucho más allá de una valoración y sí actuó como el representante de los arrendatarios ante las entidades del Gobierno.
De hecho, ese no fue el único caso en el que Indalecio Dangond representó a esos arrendatarios. RAYA conoció, además, otra prueba que contradice al ministro y muestra la relación directa entre él y esos empresarios: el poder que le otorgó Norma Sofía Giraldo, esposa de Wilfred Anaya Ortega —el arrendatario de Simba—, para que actuara como su representante en la venta de cuatro predios a la Agencia de Tierras, en el marco de la reforma agraria del Gobierno anterior. “Confiero poder especial, amplio y suficiente al Dr. Indalecio Dangond Baquero (...) para que en mi nombre y representación adelante todos los trámites de venta de los predios antes mencionados ante la ANT”, dice el documento, firmado por la señora Giraldo y por el hoy ministro Dangond.
El poder detallaba en qué consistía esa representación: “El apoderado [Dangond] queda facultado para responder requerimientos de la ANT, aportar documentos, acompañar a funcionarios a visitas de campo, gestionar los trámites, aportar y solicitar pruebas, interponer toda clase de recursos y en general todas las demás facultades inherentes con el mandato”.
Ese poder conferido a Dangond era para vender los predios El Tigre, La Esperanza, El Porvenir y El Silencio, ubicados en el municipio Chiriguaná (Cesar), a la ANT, en la política de compra de tierras para la reforma agraria del Gobierno Petro. En total, los cuatro predios sumaban más de 1.500 hectáreas, que el hoy ministro quedaba facultado para venderle a la ANT. En la documentación de esa entidad sobre el predio El Silencio, efectivamente Indalecio Dangond aparece reseñado como el “apoderado”. Es decir, mientras en el caso de Simba los asesoraba para que no tuvieran que salir del predio, también los asesoraba en la venta de otras fincas al Gobierno. Esas compraventas de tierras, en las que participó Dangond entre la ANT y particulares, ahora como ministro ya no le gustan y anunció que no comprará “ni una sola hectárea de tierra”.
En ese mismo debate del 22 de septiembre pasado, el ministro volvió a arremeter contra el proceso campesino de Simba: “Ahora que voy para la Mojana voy a pasar por Simba, que allá lo que están sembrando es pobreza, esas eran tierras para dejar 2 millones de pesos mensuales libres a cada productor, por hectárea; no creo que estén haciendo más de 300 mil pesos ahí con lo que están haciendo”, aseguró ante el Senado. La decisión sobre el proceso de esa tierra, en el que el ministro ha sido un claro opositor, está en manos de sus subalternos políticos en la Agencia Nacional de Tierras.
