¿Por qué se dice que la Reforma Rural Integral que se acordó en La Habana, en el Acuerdo de Paz con las Farc, hoy es un pacto fallido?
Por: Sandra Naranjo Aristizábal*
Si no hubiera sido porque el Acuerdo Final de Paz alentó la democratización del debate, como ganancia de inmenso valor para nuestra sociedad, que hoy en día nos ha situado en un lugar diferente, tendríamos que decir que el curso de su implementación se acerca mucho al fracaso. En el caso del Punto 1 relativo a la Reforma Rural Integral esta afirmación es notoria.
Y es que, en el camino de la implementación, la “reforma” ha sido todo menos participativa y replicó al Estado que ya existía y que no ha logrado entenderese desde y para el territorio; lo que a su vez significó una incapacidad de comprensión y de atención de la diversidad cultural como era lo inicialmente pretendido, reuniendo las condiciones para configurar el escenario menos esperado (o que algunos menos esperábamos).
Sobre el primer componente del Punto 1, el ordenamiento social de la propiedad rural, vale decir que los planes de ordenamiento avanzan apenas en su diseño y a paso de tortuga, sin garantizar la participación étnica y la salvaguarda de sus territorios y sin aportar de manera notoria hacia la superación de los conflictos por la tierra. En ese marco, opera un fondo de tierras sobre el que la cifra de adjudicación, a seis años de su adopción, no es clara y suma hectáreas que no le cabían; en especial un gran porcentaje de territorios ancestralmente ocupados y usados por pueblos indígenas —como recientemente lo publicó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas— lo que facilitó sumar hectáreas de adjudicación, que en todo caso estaban ad-portas de ser formalizadas sin el Acuerdo de Paz. Esto evidencia nulos esfuerzos estatales para avanzar en la democratización de la tenencia de la tierra, según era el principal objetivo de este fondo. También fue visible un catastro que iba tomando un camino distante al esperado y aun se está a la espera de una jurisdcción agraria que aun no ha sido.
Sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como segundo de los componentes más gruesos de la Reforma Rural Intregral se destaca que los ejercicios realizados para su diseño no lograron movilizar las discusiones de transformación territorial, esperables para lograr su consolidación, lo que llevó a su estructuración en torno a proyectos individualizados cuyo proceso de ejecución fue paulatinamente enajenado de las comunidades.
Finalmente, el tercer componente de la Reforma Rural Integral relativo a los 16 Planes Nacionales que delimitarían los lineamientos de política nacionales necesarios para su puesta en marcha no fueron consolidados por completo, después de seis años de la implementación. Se hicieron sin la gente y en la mayoría de los casos reiteran al Estado que opera desde Bogotá y que no estuvo en la capacidad de entender las ruralidades.
Estos componentes que, entendidos y materializados de manera articualda entre sí daban lugar a la pretendida integralidad del Punto 1, en el camino tomaron un rumbo propio sin relacionarse entre sí y mucho menos con el Punto 4 del Acuerdo relativo a la solución del problema de las drogas.
No hay entonces que dar muchas vueltas para afirmar que la Reforma Rural Integral no ha sido, y sin embargo no quiere decir que no sea útil resucitar su enfoque en sintonía con lo que sería mínimamente esperable de este nuevo gobierno.
Sobre esto último aun no hay muchas claridades. El actual presidente inició su gobierno prometiendo una reforma agraria lo cual replicó en varios escenarios la ministra de Agricultura. En planteamientos posteriores los altos funcionarios señalaron que su reforma agraria es la Reforma Rural Integral con lo cual vino la primera desinflada en la distancia que esta última tiene con la reforma que ameritaría movilizar un país con la historia de despojo y usurpación territorial como el nuestro.
Posteriormente, se consolidó un acuerdo con ganaderos para avanzar en el cumplimeinto de las metas del fondo de tierras en donde se proyecta un claro mensaje de poca “reforma” pero si de ubicación de salidas parciales y cosméticas a la deuda histórica del Estado con la población rural. Algunos días posteriores al anuncio de este último acuerdo se ha venido explicando por parte del gobierno que no hay condiciones que logren materializar su cabal cumplimiento en el cuatrienio, y así vamos…
Si bien aún no es claro el enfoque, los alcances, y las perspectivas de política pública sobre lo rural del actual gobierno, vale la pena señalar que la Convención campesina, promovida por este, es sin embargo el todo de cómo volver a empezar la construcción de las bases de una paz rural que sea posible. Que sea con la ruralidad popular con quien se construya lo que tenga que poder hacerse bien en el tiempo que tiene este gobierno.
Está bien que se empiece por ahí en la medida en que este necesario espacio de reconocimiento al campesinado no permita replicar un entendimiento del campo sin el resto de las comunidades rurales, y está bien así, en la medida en que lo mínimo esperable es que, mientras se desenreda la pita de la historia de despojo y se soluciona “el problema de las drogas” -nudo determinante en toda esta historia- se puedan abonar pasos gigantes hacia la estabilización de territorialidades campesinas, indígenas y afrodescedendientes.
Para el país que tenemos, la Ley 160 terminó por ser el único baluarte que, siendo insuficiente desde siempre, hoy tendrá mucho para nutrirse de ese esperado enfoque posible de la Reforma Rural Integral. El Sistema Nacional Agrario y el piso legal de las territorialidades rurales que fue posible con dicha norma se ve necesariamente llamado a renovarse y allí el Punto 1 del Acuerdo Final puede tener un valioso papel con su apuesta a las retroalimentaciones permanentes de lo local y lo nacional, con la participación como el sentido y el territorio como eje de acción de las intervenciones estatales. También vendrán los insumos de problematización del campo que puedan derivar de la apuesta por la Paz total porque allí necesariamente habrá ratificaciones del origen agrario/rural de la guerra.
A estas alturas, lo esperable es que este gobierno empeñe todos sus esfuerzos en garantizar condiciones mínimas de estabilidad, de viabilidad y de posibilidad de existencia de escenarios y comunidades rurales de manera progresiva. Esto entendido como la posibilidad real de ejercicio de derechos en materia de producción, de comercialización, de alimentación, de salud, de educación, de asociatividad etc. Este sería un necesario punto de quiebre, de décadas de condiciones dirigidas solo a un tipo de producción rural y sentaría bases para revisar a futuro las prioridades de desarrollo nacional. En este camino, el Sistema Nacional Agrario con una revisión participativa de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral podrían configurar el armazón institucional que haga posible hacer el Estado en lo rural con y desde la propia gente que es la pieza básica pero ausente en las políticas agararias y rurales en Colombia.
Tampoco sobra empezar a abonar el camino hacia un quehacer estatal en lo rural desde una compresnión intercultural que impida disputas de las comunidads rurales populares entre sí, que contribuya a la construcción de tejido comunitario sin borrar la diversidad y que oriente un eje de comprensión base de política pública donde otro campo y otro país sean posibles.
* Abogada, magister en sociología, investigadora en temas rurales.
