La propuesta minero-energética de Paloma Valencia plantea expandir la explotación de minerales e hidrocarburos, habilitar el fracking y desmontar regulaciones ambientales y territoriales. Detrás de ese discurso aparecen grandes empresas mineras, antecedentes de financiación política al uribismo y una ofensiva jurídica y gremial contra las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
Por: Enrique Gamboa
A pocos días de la primera vuelta presidencial, la propuesta minero-energética de la fórmula Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo se fundamenta en la explotación total de los recursos naturales y en la reactivación de contratos de hidrocarburos como motor principal de la economía. Para ello, la fórmula del Centro Democrático propone extraer "hasta la última piedra" de minerales y habilitar técnicas como el fracking. "Habrá nuevos contratos, exploración, explotación, fracking, y vamos a sacar las riquezas que tenemos debajo del suelo para traerles a los colombianos bienestar", dijo Valencia en el congreso anual de Naturgas.
El discurso de la derecha cuenta con el respaldo de grandes empresas mineras que, junto al partido político, han impulsado acciones jurídicas y comunicativas para tumbar resoluciones que limitan su actividad extractivista. En la mira están las APPA, que Valencia ha calificado como "inaceptables" y asegura que derogará si es electa presidenta.
Creadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, las APPA son una figura de ordenamiento territorial que busca proteger los suelos de mayor aptitud agropecuaria dentro de la frontera agrícola, donde predomina la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Cuando el Ministerio de Agricultura declara un área como APPA, establece qué actividades se permiten, se restringen o se prohíben allí: los municipios deben incorporar esas restricciones en sus Planes de Ordenamiento Territorial, y actividades como la minería, la industria y el comercio pueden quedar vedadas. Las primeras declaratorias se dieron en La Guajira, y desde entonces la figura se ha extendido a Tolima, Antioquia, Cundinamarca y Córdoba, sumando más de 900.000 hectáreas protegidas en 49 municipios del país.
Aunque el Gobierno insiste en que estas zonas sólo se ubican dentro de la frontera agrícola y no aplican a todo el territorio, para la candidata uribista son inaceptables porque es el Gobierno central el que decide sobre la vocación de los territorios y no las comunidades que los habitan. "Están diciendo dónde se puede hacer agricultura. Eso significa que usted no podría hacer minería, ni explotaciones hídricas o petroleras. Es decir, cercenar las posibilidades de este país para su desarrollo", aseguró Valencia en un video de octubre de 2025.
https://x.com/PalomaValenciaL/status/1975596721498436024
La intención de acabar con las APPA tiene el respaldo de gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Cámara Colombiana de la Construcción y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sectores que comparten con el Centro Democrático el interés por explotar los suelos del país. Desde que se decretaron, estos sectores han hecho lobby para abrir el camino a su derogación: impulsan proyectos de ley y difunden el discurso de que la verdadera intención no es la seguridad alimentaria, sino la expropiación.
El 6 de octubre de 2025, la Corte Constitucional realizó una audiencia para escuchar a distintos actores sobre las APPA. Allí, Juan Carlos Nariño, presidente de la ACM, afirmó que las medidas afectan las libertades individuales y pueden provocar desplazamiento forzado. "¿Dónde queda el derecho fundamental a escoger libremente un oficio? La norma no solo afecta los usos del suelo, sino aspectos trascendentales de los proyectos de vida de los colombianos", dijo.
Nariño mencionó el caso de un proyecto de exploración minera en el sur de La Guajira que podría suspenderse, detrás del cual está una de las mayores productoras de carbón del mundo. "Hoy existe una enorme incertidumbre en esa inversión. Los proyectos de exploración minera tienen una visión de largo plazo y necesitan certeza para sostener esas inversiones", explicó.
Se refería a la mina de carbón ubicada en el corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar, liderada por la empresa turca Best Coal Company S.A.S., que pretendía extraer 7,5 millones de toneladas de carbón a cielo abierto durante diez años. En diciembre de 2025, Corpoguajira negó la licencia ambiental al proyecto, decisión que ratificó en abril de 2026. Mientras el sector minero aseguraba que la mina traería infraestructura y crecimiento, gran parte de la comunidad de Cañaverales siempre consideró que la actividad minera representaba el fin de su tradición agrícola y ponía en riesgo el manantial, principal fuente de agua para el consumo humano y agrícola. Cañaverales es hoy territorio declarado de producción de alimentos, decisión celebrada allí porque, como dicen, "la minería dura veinte años pero la comida es infinita".
El 21 de octubre de 2025, dos semanas después de la intervención de Nariño, 28 congresistas del Centro Democrático, Partido de la U, Partido Liberal y Nuevo Liberalismo radicaron un proyecto de ley para derogar las APPA. El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, promovió la iniciativa y recalcó la idea de la expropiación: "¿Sabía usted que el gobierno puede quitarle el derecho a usar su propia tierra con solo firmar una resolución? Así funcionan las APPA, y ya afectan más de 197.000 hectáreas en 31 municipios".
Otro uribista que ha denunciado un supuesto plan expropiatorio es Daniel Briceño, quien asumirá como congresista el 20 de julio. En un video en redes, Briceño alertó que las APPA hacen parte de "un plan silencioso" de Gustavo Petro para limitar la propiedad privada. "En el plan de desarrollo metieron un mico y crearon las áreas de protección para la producción de alimentos. Eso significa que el gobierno puede quitarle las competencias a los consejos municipales y ordenar el territorio", dijo.
Frente a estas afirmaciones, el Ministerio de Agricultura ha insistido en que las APPA deben estar dentro de la frontera agrícola, contar con altas aptitudes agropecuarias y tener predominancia de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Mientras tanto, el pulso legislativo avanza: el proyecto de ley para derogarlas fue aprobado en primer debate en la Cámara el 26 de abril de 2026, y el segundo debate está previsto para el 2 de junio, dos días después de la primera vuelta presidencial.
La iniciativa de derogación se elaboró con estudios técnicos y jurídicos de la Fundación Estado de Derecho —dirigida por Andrés Caro Borrero, hijo de Gloria María Borrero, ministra de Justicia en el gobierno Duque— y la Fundación ProBogotá. Ambas organizaciones sostienen que la APPA viola la autonomía municipal al permitir que el Gobierno central determine los usos del suelo. "Introduce conceptos indeterminados sin definir su alcance ni criterios técnicos, lo que profundiza la inseguridad jurídica", señala su informe.
ProBogotá, como reveló RAYA en Señal Investigativa de Señal Colombia, hace parte del Proyecto Júpiter, una operación liderada por el excanciller Jaime Bermúdez con respaldo de gremios empresariales. Consiste en talleres y estrategias digitales para incidir en la opinión pública bajo un discurso de "miedo, indignación e incertidumbre", todo indica que para favorecer a la candidata Paloma Valencia. En ese marco, ProBogotá habría firmado contratos por cerca de 200 millones de pesos para producir videos sobre "crisis sociales, políticas y económicas".
La fundación también ha usado sus redes para atacar la medida. En un trino del 23 de octubre de 2025, afirmó que en Colombia no hace falta comida, sino acceso y desarrollo rural con infraestructura. "En realidad las APPA no brindan seguridad alimentaria, sino que ponen en riesgo la autonomía territorial y limitan el desarrollo rural". Su directora, María Carolina Castillo, ha declarado en varios medios que las APPA se crean sin la ley orgánica que exige la Constitución. "Eso erosiona la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, y subordina los POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local", dijo a Semana.
https://x.com/ProbogotaRegion/status/1981476943120756979
Desde el Ministerio de Agricultura explican que los fundamentos normativos de las APPA están en la Constitución de 1991: el derecho a la alimentación, el acceso a la propiedad rural y la protección constitucional de la producción de alimentos. En concreto, se apoyan en la ley 388 de 1997, cuyo artículo 10 establece que, en el ordenamiento territorial, priman la conservación, la protección del ambiente y la soberanía alimentaria.
En febrero de 2025, la ministra Martha Carvajalino visitó Támesis (Antioquia) y le dijo a la comunidad que con las APPA no se estaba cambiando la Constitución, sino cumpliéndola. "Aquí no les estamos diciendo a los campesinos qué producir ni dónde. Estamos protegiendo la ganadería, el maíz, el café, las frutas, las verduras. Que no nos engañen: no estamos diciendo que la gente va a perder sus tierras, sino que vamos a garantizar la actividad que hacen sobre ellas".
Sobre la minería, Carvajalino aclaró que el Estado no busca quitarles el trabajo a los mineros ni a otros sectores, y que se respetarán los derechos adquiridos. "Ayúdennos a que este debate sea un espacio amplio, abierto y deliberante para que las áreas a las que lleguemos —que no serán todos los municipios ni estarán sobre zonas mineras— sean las más coherentes y pertinentes para la región", puntualizó.
RAYA intentó establecer si dentro de este lobby entre empresas y el Centro Democrático ha existido financiación a las campañas. Aunque en Cuentas Claras aún no figuran aportes empresariales a las campañas presidenciales de Valencia y Oviedo, sí hay al menos un caso documentado de financiación del sector extractivo a un candidato del Centro Democrático en las legislativas del 8 de marzo.
Se trata de José Gregorio Orjuela Pérez, electo representante a la Cámara por Antioquia. En su lista de siete aportantes aparece Mineros S.A., que contribuyó con 20 millones de los 400 que recibió para su campaña. La compañía, fundada en 1974, controla gran parte de la explotación de oro en el Bajo Cauca antioqueño, sobre la cuenca del río Nechí, y ha sido sancionada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con una multa de 849 millones de pesos por afectaciones ambientales. Organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación han señalado la "deuda ambiental y social" de sus operaciones sobre el río Nechí y los humedales de la zona.
En marzo de este año, Mineros S.A. adquirió el 100% de la participación de AngloGold Ashanti en La Colosa, en Cajamarca, Tolima, uno de los mayores depósitos auríferos del país. Desde la consulta popular de 2017, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición social, y la venta —por cerca de 70 millones de dólares— ha sido recibida con advertencias de distintos sectores sobre el riesgo ambiental y la amenaza a la vocación agrícola de la región.
Le puede interesar: Mina La Colosa: AngloGold vende proyecto de oro a empresa paisa a pesar de impactos ambientales.
AngloGold Ashanti, una de las mineras más grandes del mundo, con sede en Sudáfrica y cotización en la bolsa de Nueva York, es otro punto de unión entre las multinacionales y el Centro Democrático. En 2014 aportó a la campaña de María del Rosario Guerra cuando llegó al Senado por ese partido. Hoy, Guerra es la gerente de campaña de Paloma Valencia.
