Durante diez años, la Fiscalía mantuvo en investigación una denuncia penal contra la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, acusada de saltarse al Concejo Municipal para expedir un Plan de Ordenamiento Territorial a la medida de los empresarios y a costa del medio ambiente. A principios de julio, un día antes de que fuera anunciada como Ministra de Transporte de Abelardo de la Espriella, la Fiscalía solicitó la preclusión del proceso por considerar que los delitos que le endilgaron no eran precisos. Sin embargo, el caso quedó en manos de la Corte Suprema.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El pasado 6 de julio, un día antes del anuncio oficial de la llegada de Elsa Noguera al Gobierno de Abelardo de la Espriella, la Fiscalía pidió la preclusión de una investigación penal en su contra por la presunta expedición irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barranquilla en 2014, cuando era la alcaldesa de la ciudad. La Revista RAYA conoció la solicitud del ente investigador que sostiene que se debe archivar el proceso por la “atipicidad del hecho investigado”, es decir, porque se la estaba investigando por delitos equivocados. Sin embargo, la solicitud no fue archivada definitivamente, pues el caso será estudiado y decidido por la Corte Suprema de Justicia.
Los denunciantes afirmaron que durante los más de diez años que estuvo el proceso en manos de la Fiscalía, se presentaron maniobras dilatorias para no investigar el caso: traslados del expediente de despacho en despacho, pocas diligencias que se adelantaron y la falta de respuestas a sus preguntas sobre los avances: “Se utilizaron medios dilatorios para lograr la preclusión del caso. Pero lo que sucede es que la señora Noguera hace parte de un grupo político que maneja todos los hilos de la Costa y entonces es común que ninguna investigación que esté relacionada con la familia Char y Cambio Radical avance. Son muchos casos los que se han quedado quietos, tienen secuestrados los poderes del Estado”, le dijo una fuente a RAYA, que ha seguido de cerca el caso, pero pidió la reserva de su nombre debido a que es demandante en otros casos contra el clan barranquillero.
Acta de audiencia donde la Fiscalía pidió precluir la investigación contra Elsa Noguera.
La denuncia que dio origen a la investigación contra Elsa Noguera sostiene que la aprobación del POT estuvo marcada por irregularidades, daños urbanísticos y patrimoniales, y en cambio favoreció a un proyecto inmobiliario impulsado por su antecesor, Alejandro Char, en una zona declarada de importancia ambiental, conocida como La Loma. El caso se remonta a inicios de 2014 cuando Noguera convocó, a través del decreto 031 de 2014, al Concejo de Barranquilla a sesiones extraordinarias, entre el 13 de enero y el 28 de febrero, para estudiar el Plan de Ordenamiento Territorial.
Decreto 031 de 2014, donde Elsa Noguera convoca a los concejales de Barranquilla a sesiones extraordinarias para debatir el POT
Durante esos días los concejales aprobaron el POT, pero introdujeron modificaciones frente al texto presentado por la administración de Noguera. Entre otros cambios, incluídos por los concejales, estaban: reducir la vigencia del POT de veinte a doce años, eliminar las facultades que solicitaba la Administración, rechazar el traslado de la zona industrial hacia la Circunvalar entre otros cambios urbanísticos en la ciudad.
Pero el cambio sustancial fue declarar el sector de La Loma, en el centro de la ciudad, como zona paisajística, ambiental y recreativa, e impedir la construcción de edificios de hasta 50 pisos. En una entrevista de febrero de 2014, con El Heraldo, la concejala Esther Molinares aseguró que dentro de las supresiones y modificaciones que le hicieron al proyecto estaba la declaración de la Loma como suelo de protección. “Excluimos todas las facultades y el plazo, que ya no serán a 20 años, sino a tres períodos constitucionales de Alcaldes que equivalen a 12 años; tampoco dimos pase a las facultades, ni aprobamos la edificabilidad de la Loma en 50 pisos, ya que declaramos este sector como zona paisajística y recreativa de Barranquilla”, señaló la concejala, que hacía parte del Partido de la U.
Sin embargo, el 28 de febrero Elsa Noguera expidió el Decreto 0212, mediante el cual adoptó el nuevo POT, que no incluyó las modificaciones que aprobó el Concejo de Barranquilla y dejó en firme el proyecto urbanístico en La Loma: “En La Loma se le asignan tres tratamientos urbanísticos: renovación urbana, desarrollo y consolidación de sectores urbanos especiales para usos múltiples y equipamientos urbanos de gran escala”, se lee en el decreto firmado por la entonces alcaldesa Elsa Noguera.
POT aprobado por Elsa Noguera donde permite la construcción en la zona de La Loma.
El proyecto de Unidad de Atención Urbanística La Loma, aprobado en el POT de Noguera, fue impulsado por Alejandro Char durante su primera alcaldía entre 2008 y 2011. El proyecto en 2008 tenía un presupuesto de cerca de 500 mil millones de pesos y consistía en la construcción de 3.000 viviendas, una nueva sede para la Alcaldía, centros comerciales, parques infantiles, y “buscar volcar el desarrollo de la ciudad hacia el río Magdalena”. De acuerdo con la página del proyecto, este tiene una extensión de 96 hectáreas, “de las cuales el 55% corresponde a espacios públicos y el 45% restante tendrá usos comerciales, de servicios, habitacionales e institucionales que permitan proyectar un nuevo foco de desarrollo e innovación”, dice la página web.
Las construcciones en el sector de La Loma desembocaron en una denuncia penal contra Elsa Noguera. El denunciante, José Raúl Rodríguez, sostuvo que Noguera no tenía la competencia para aprobar el POT por decreto, ya que la ley sólo les permitía si el Concejo no hubiese decidido dentro del término legal, situación que no ocurrió en este caso. Para sustentar esa tesis, la denuncia resalta que fue la propia alcaldesa Noguera quien convocó al Concejo a sesiones extraordinarias con el propósito de estudiar el proyecto del POT que fue aprobado por el cabildo con modificaciones. Rodríguez agregó en su denuncia que el cambio en el uso del suelo en el sector de La Loma habría sido en beneficio de algunos particulares, “lo que podría haber generado conductas punibles por parte de la alcaldía de Elsa Noguera”.
Para el denuncainte, las actuaciones de la alcaldesa estuvieron motivadas por una conducta dolosa ya que aprobó el POT mediante un decreto, pese a que el Concejo de Barranquilla le había efectuado modificaciones y había excluido parte del articulado presentado en el proyecto inicial por la entonces alcaldesa, “por ser violatorio de la ley, y no contemplar aspectos de conservación del medio ambiente y urbanísticos”.
Esa tesis fue rechazada en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, que negó las pretensiones de la demanda contra el POT. El despacho consideró que el Concejo había aprobado el proyecto por fuera del término legal y que, por esa razón, Noguera adquirió la competencia para adoptarlo mediante decreto. Sin embargo, el proceso no terminó allí: al estudiar la apelación, el Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó que la sentencia había dejado sin responder varios argumentos de la demanda y, el 31 de octubre de 2023, ordenó al juzgado emitir una sentencia complementaria.
Por esa razón, en 2017 Rodríguez le solicitó a la Fiscalía investigar a Elsa Noguera por la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y alegó la posible falsa motivación del acto administrativo mediante el cual se adoptó el POT. Después de la denuncia, las investigaciones no avanzaban por lo que Rodríguez envió una ampliación de su denuncia. Ahí destacó que desde la llegada de Noguera al ministerio de Vivienda, cargo que asumió en mayo de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, “comenzaron a presentarse sucesos muy extraños e inexplicables” en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, despacho donde se encontraba la demanda contra el decreto que adoptó el POT.
Para el denunciante, lo llamativo fueron los cuatro ascensos que tuvieron los jueces encargados de estudiar el caso, que sucedieron entre el 27 de abril de 2016 y el 16 de junio de 2017 y que le generaron muchas dudas sobre la transparencia en el manejo del proceso: “No sé si sea una casualidad o es normal que esto suceda en un juzgado. Aparte de las anomalías que veo en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla con respecto al ascenso de los jueces, los quiero invitar para que la Fiscalía General de la Nación, investigue los presuntos cambios de uso de suelo en estos sectores o lugares para construir grandes edificios en la Loma”, dice.
Demanda contra Elsa Noguera por la apropiación del POT de Barranquilla en 2014
Uno de los antecedentes que incluyó Rodríguez en la ampliación de su denuncia fue un proceso que llegó en 2015 a la Fiscalía, relacionado con los predios de La Loma. En este caso el denunciante fue el abogado Fabián Araujo y los denunciados: Alejandro Char y las empresas Edubar y Covein, encargadas de la construcción del proyecto La Loma, por los delitos de fraude procesal, obtención de documento público falso, estafa agravada y abuso de autoridad.
Según dicha denuncia, Char encabezó un despojo de 38 hectáreas de terrenos privados en el sector de La Loma. En este caso, el denunciante Araujo manifestó que Char adjudicó estas hectáreas al distrito asegurando que eran baldíos de la Nación: “mediante la expedición de una escritura espuria N°740 del 8 de mayo del año 2008 Alejandro Char abusivamente procedió a expropiar, sin fórmulas de juicio alguna, los predios de los terrenos de la Loma de propiedad de los herederos de Antonio José Pantoja Maldonado de la familia Palacio Bula y la familia Noguera y trece familias más, al confundir terrenos privados con baldíos y adjudicarlos a favor del Distrito de Barranquilla, y estos a su vez por intermedio de la empresa EDUBAR, llevar a cabo la creación de la unidad de actuación urbanística de La Loma”, dijo en su denuncia.
En mayo de 2022, Fabián Araujo fue entrevistado por la Fiscalía en el marco de su denuncia en contra de Char por el presunto despojo en el sector de La Loma. Cuando le preguntaron lo qué sabía sobre el POT de Barranquilla, Araujo contestó que sabía que los terrenos de La Loma eran una reserva ambiental y que “el POT fue modificado mediante decreto expedido por la entonces alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella y su secretario de Planeación, Miguel Eduardo Vergara Cabello con el propósito de permitir el desarrollo urbanístico del sector”. Es importante anotar que Vergara Cabello es el sobrino de la exprocuradora, Margarita Cabello.
Entrevista en la Fiscalía al abogado Fabián Polo
Además de ser el secretario de Planeación en la época de la aprobación del POT, Vergara Cabello también acompañó a Noguera en el Ministerio de Vivienda y en la Gobernación del Atlántico, donde fue asesor de despacho y secretario de Desarrollo Económico, respectivamente. Hoy en día trabaja en la empresa Cité Asesores, la cuál fundó, dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios y desarrollo urbano.
En su entrevista con la Fiscalía, Araujo recordó que él es el apoderado de los propietarios que, según su versión, son los legítimos dueños de los terrenos de La Loma. En su narración explicó que las 96 hectáreas que comprenden el proyecto La Loma son consideradas una reserva ambiental ubicada sobre la ribera del río Magdalena y que los mismos terrenos habían sido objeto de litigios años atrás. Es más, que entre las décadas de 1950 y 1960, varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia reconocieron que eran de propiedad privada y no baldíos. Asimismo compartió a la Fiscalía los certificados con los que demostraría que los dueños de los terrenos que Alejandro Char declaró baldíos son sus clientes.
Durante la diligencia agregó que en la segunda administración de Alejandro Char, entre 2016 y 2019 como alcalde de Barranquilla, se realizó el despojo de otras 18 hectáreas en el sector de La Loma. Sostuvo que esas expropiaciones se realizaron sin indemnización efectiva porque los recursos consignados terminaron siendo embargados por obligaciones tributarias, impidiendo que los propietarios recibieron el pago correspondiente. “El distrito de Barranquilla hizo expropiar estos terrenos, posteriormente consigna unos dineros en una fiducia bancaria, pero a su vez estos dineros son embargados por la Secretaría de Hacienda por concepto del cobro de impuesto predial y valorización, dejando de esta forma sin poder acceder a estos dineros a los propietarios legítimos de los terrenos de la Loma”, dijo ante la Fiscalía.
Hoy en día, este proceso contra Alejandro Char también se encuentra en proceso de preclusión. “El caso lleva 12 años y me dieron el paseo de la muerte por los diferentes despachos judiciales. El expediente estuvo quieto en Barranquilla durante ocho años en ese tiempo no se hizo absolutamente nada. Luego logré, en 2022, sacar el caso a Bogotá, donde una fiscal medio impulsó el proceso. Ordenó algunos trabajos de campo e investigadores vinieron a Barranquilla, pero después se volvió a congelar el proceso y en 2025 otra vez el caso se remite a Barranquilla y ahora está a punto de archivarse”, le dijo Araujo a RAYA al ser consultado por el estado de la investigación contra el actual alcalde de la capital del Atlántico.
Uno de los fiscales que estuvo a cargo de la investigación fue Gustavo Orozco Pertuz. Un fiscal que es conocido en la ciudad por ser cercano a la familia Char y quien hoy se encuentra pagando una pena de tres años de cárcel por el delito de prevaricato por omisión, tras la ratificación de una condena en su contra, por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Según la Corte, Orozco Pertuz le metió mano a un proceso judicial que se adelantaba contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Jaller Raad, acusado de liderar un entramado delictivo entre 2014 y 2016, causando un detrimento patrimonial a la institución de más de 10.000 millones de pesos.
De acuerdo con la sentencia, Orozco Pertuz retardaba injustificadamente las órdenes emitidas desde Bogotá para que trasladara el expediente desde Barranquilla hacia la capital del país. En varias oportunidades Araujo denunció en medios de comunicación que el fiscal “nunca presentó un escrito de acusación ante un juez de control de garantías y se ha mostrado renuente a impulsar la investigación contra Char”, le dijo a Cuestión Pública en 2021.
Hoy, el POT firmado por Noguera está vigente y ya se empezó a construir en una zona de importancia ambiental como La Loma. Por ejemplo, ya está la “aleta del tiburón”, una escultura dedicada al Junior de Barranquilla, el equipo del que es propietaria la familia Char. El POT sigue en vigencia porque el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla negó la denuncia inicial. Sin embargo, el proceso sigue abierto debido a que el denunciante José Raúl Rodríguez apeló la decisión inicial y el caso llegó al Tribunal Administrativo del Atlántico que encontró una situación poco común. Al revisar la sentencia de primera instancia, el juez concluyó que se había dejado sin responder algunos de los cargos jurídicos planteados por el demandante, “especialmente aquellos relacionados con la concertación con el Área Metropolitana y con la discusión sobre la vigencia del POT”.
Por ahora, se espera la decisión final de la Corte Suprema de Justicia sobre la legitimidad del POT firmado por Elsa Noguera a espaldas del Concejo de Barranquilla. Mientras tanto, ya se sabe que la Fiscalía buscará la preclusión del caso y Noguera se posicionará en otro cargo público como Ministra de Transporte, desde donde ha prometido que priorizará regresar a la construcción de más peajes para financiar a los empresarios del cemento.
