A casi un año del despliegue de tropas kenianas en Haití, movimientos sociales denuncian que las llamadas “misiones humanitarias” agravan la crisis. En 2023, una misión afrodescendiente documentó cómo el racismo estructural y las intervenciones externas perpetúan la opresión. En 2025, el Acuerdo de Montana se mantiene como una alternativa democrática y soberana.
Por: Felipe Granja Orejuela - Análisis especial para RAYA
Docente investigador, Miembro de la coalición internacional afrodescendiente. Militante PCN
En la República de Haití (Ayiti, nombre del país en criollo haitiano), se vislumbra el espíritu de Jean Jacques Dessalines, quien fue esclavizado y derrotó a Napoleón. Él habita en cada uno de los 11 millones de haitianos, reflejado en el espíritu de rebeldía y libertad que ha caracterizado a sus colectivos y organizaciones sociales desde 1804. Un espíritu que permanece tanto en las calles coloniales afrancesadas de un Puerto Príncipe devastado, como en las veredas campesinas de Cabo Haitiano, que sufren desplazamiento forzado y una migración que agudiza las condiciones de vida y la explotación laboral en la frontera con la República Dominicana.
Principalmente, se destacan tres hitos que motivan la misión y que profundizan la crisis actual del país. En primer lugar, la crisis institucional tras el asesinato de Jovenel Moïse, en la que se encuentran involucrados exmilitares colombianos. Otro hito importante es el proceso de movilización haitiana que se desarrolló de manera sistemática desde el 7 de junio de 2018, a causa del aumento de los precios del combustible y la corrupción en Petrocaribe. Por último, el anuncio de la propuesta de la CARICOM de enviar tropas kenianas a Haití que se hizo efectivo el 22 de mayo de 2024.
En este sentido, la coalición internacional afrodescendiente, compuesta por diversas organizaciones afrodescendientes, estuvo presente en agosto de 2023 en Puerto Príncipe con el objetivo de contrarrestar la narrativa colonial promovida por medios internacionales, que presentan a Haití como una nación sin propuestas, ni organización política y social. La misión sostuvo diálogos con alrededor de 61 organizaciones nacionales de Haití, en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y la frontera haitiano-dominicana, con el fin de conocer las propuestas organizativas para salir de la crisis y articular planes de acción de cara al Decenio Internacional de los Afrodescendientes, siendo Haití una de las naciones más vulneradas por el racismo estructural, el capitalismo racial y el colonialismo. Durante el diálogo, la misión identificó elementos estructurales en la crisis coyuntural del país.
A diferencia de la narrativa colonial históricamente impuesta a través de intervenciones militares y económicas por parte de Estados Unidos y Francia, la Misión de Solidaridad con Haití identificó alternativas y propuestas impulsadas por los diferentes movimientos sociales. Resaltó el Acuerdo de Montana, una estrategia y plataforma democrática conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil, que propone rutas concretas y concertadas con el pueblo haitiano para la solución de la crisis institucional.
El Acuerdo de Montana y sus vocerías han llevado a cabo diferentes visitas y cabildeos políticos alrededor del mundo y en Estados Unidos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, Naciones Unidas impone un modelo de decisión neoliberal y colonial encabezado por el Core Group, grupo creado en 2004 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de "resolver" las problemáticas socioeconómicas y políticas de Haití. Las acciones del Core Group profundizan la crisis y violan la soberanía del país. Un ejemplo de esto, es que el Corel Group facultó a la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, reconocida como cascos azules, que ingresaron al país el 1 de junio de 2004 como una “misión de normalización”, vinculada, según diversos testimonios de organizaciones como PAPDA, a la violación de derechos humanos. Organizaciones feministas que dialogaron con la misión denunciaron casos de violación sexual cometidos por soldados de la MINUSTAH contra menores de edad haitianas, llevando a un aumento de embarazos adolescentes, estimando que 305 niños fueron engendrados por hombres pertenecientes a las fuerzas de paz en sus relaciones con mujeres haitianas.
Precisamente, una de las peticiones de las organizaciones sociales haitianas es que tanto estos delitos, junto con la propagación del virus del cólera, atribuida al mal manejo de los residuos por parte de las tropas multinacionales en Haití, sean llevados a la Corte Interamericana. Dichos casos han sido documentados por medio de tribunales populares haitianos. En estos tribunales populares participan representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, con el objetivo de exigir justicia y reparación para las víctimas del cólera en Haití y los crímenes cometidos por la MINUSTAH.
Gangs y control territorial en Haiti
Haití atraviesa escaladas de violencia por parte de los Gangs con implicaciones en el control territorial y el control de recursos naturales, el reciente aumento de la violencia en Puerto Príncipe está vinculado al control de puertos marítimos y aéreos, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas y armas. Según el último informe de Naciones Unidas el 95% de las armas en manos de las pandillas de Puerto Príncipe provienen de los Estados Unidos.
El auge de estos grupos se remonta a principios de la década de 1990 con ayuda de la CIA, fundamentalmente con la creación del Frente para el Avance y El Progreso de Haití (FRAPH), grupo paramilitar con el fin de acabar el apoyo popular a Jean-Bertrand Aristide, consolidándose con el golpe de Estado de 1991 al expresidente Jean-Bertrand Aristide, formando facciones armadas de corte paramilitar, que traumatizó a una población que abogaba por un Gobierno democráticamente electo.
Por otro lado, al ser Haití el país con los índices más altos de desnutrición en América Latina y el Caribe, esto hace que la población joven sea más vulnerable al ingreso en grupos armados, relacionado con la falta de ingresos y posibilidades de acceso a salarios. Cabe destacar que la tasa de desempleo en Haití el año pasado alcanzó el 14,8 % de la población total, siendo el 12,2 % hombres, estimando que el 95 % de los miembros de las bandas de Puerto Príncipe son varones.
Tierra, despojo y resistencia campesina
Otro elemento importante que se evidenció en la misión es el papel de la cuestión agraria en el pais. La intervención de tropas Estadounidenses en 1991 influyó en la legislación sobre la tenencia de tierras en Haiti, ya que modificando la ley agraria nacionalista establecida por Jean Jacques Dessalines, que prohibía la propiedad de tierras por parte de blancos, salvo excepciones, se dio una modificación en la tenencia de la tierra.
En el proceso de intercambio con organizaciones campesinas Haitianas, siendo el campesinado haitiano un sujeto con un papel fundamental, en la resistencia anticolonial y en la construcción de la nación haitiana; los campesinos expusieron factores fundamentales que vulneran la tenencia de la tierra y el territorio como forma de vida. Además, los intereses de empresas multinacionales en el país se relacionan con la fuga de capitales y el debilitamiento de la estructura económica local.
La frontera haitiano-dominicana, que cuenta con una extensión de alrededor de 360 kilómetros, con diferentes yacimientos mineros que han despertado el interés de multinacionales extranjeras. Tal es el caso de la multinacional minera canadiense Resources Majescor Inc, un proyecto concedido en el 2012 pero suspendido por no haber pasado por la consulta con el Buró minero haitiano. Actualmente se desarrollan diferentes procesos de concesión minera como La Miel, Ouanaminthe y Mont-Organisé, que aún no cuentan con derechos de explotación. La misión denunció el hostigamiento sistemático, por parte de las autoridades judiciales, terratenientes y grupos armados, en colaboración con las instituciones judiciales corruptas del país. Así como diferentes bandas y grupos han presionado a campesinos del norte del país para que cedan sus tierras, sobre la base de acusaciones falsas, emitiendo decenas de órdenes de arresto contra líderes campesinos, jóvenes y otros ciudadanos que viven en comunidades opuestas al proceso de acaparamiento de tierras. Durante su gobierno, Jovenel Moïse también impuso un confinamiento a nivel nacional en abril de 2020; los aliados de su gobierno utilizaban la fuerza pública, bandas armadas y equipamiento del Ayuntamiento para desalojar violentamente a los campesinos del noreste de tierras.
Adicionalmente, la deuda externa impuesta por Francia después de la revolución de 1804, en la que los franceses solicitaron 150 millones de francos en concepto de indemnización por los daños causados por el proceso revolucionario, fue impuesta junto con una serie de altísimos aranceles a la nación haitiana en sus exportaciones, complicando las relaciones comerciales durante 180 años.
El 17 de abril 2025 se cumplen 200 años de la imposición de esa deuda y se realizan diferentes actividades a nivel internacional condenando la deuda. Especialmente por las implicaciones que ha traído en términos económicos para Haití. Por ejemplo, el desarrollo económico: los pagos de intereses consumieron gran parte del PIB anual haitiano.
En ese sentido, es importante que las diferentes organizaciones sociales y el movimiento de reparaciones generen acciones que permitan materializar la propuesta de reparación histórica y, a su vez, promuevan iniciativas de respaldo a los procesos de organización haitianos —como PAPDA, Rasin Kan Pèp y la Coalición de Organizaciones de Mujeres del Nordeste de Haití—, con especial atención a una de las propuestas más claras en materia de resolución, soberanía y reparación: el Acuerdo de Montana.
