Un mes después del archivo de la querella contra Álvaro Uribe en Argentina, las once familias que denunciaron su responsabilidad en los falsos positivos apelaron la decisión y buscan que la justicia universal actúe donde Colombia no ha investigado a los máximos responsables. Con 6.402 víctimas documentadas, subregistros y un giro político en Buenos Aires, la causa sigue viva en manos de las víctimas.
Por Camilo Gómez. Especial para RAYA
“Hemos sido mujeres y huérfanos enfrentados contra un Estado criminal. Un Estado ensamblado con paramilitares para asesinar civiles. Es difícil esta causa, pero no dejaremos de perder la fuerza para insistir en la búsqueda de justicia”. La voz de Bertina Badillo, tía de Didier Eduardo Durant Badillo, resuena aún un mes después de que la justicia argentina archivara la querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su testimonio, pronunciado durante el lanzamiento del documental No sabían que éramos semilla, resume el lugar desde donde once familias colombianas —procedentes de Antioquia, Casanare, Barranquilla, Cesar, Bolívar y La Guajira— han sostenido una lucha de más de dos décadas contra la impunidad que rodea las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos.
A esa lucha se suma la de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, quienes aunque no hacen parte formal de la querella, se reconocen en la misma búsqueda de justicia transnacional. “Nosotras no buscamos cárcel ni venganza, buscamos que el mundo sepa lo que nos hicieron”, dice una de ellas, recordando que han visto cómo los procesos en Colombia se dilatan o se archivan sin avanzar hacia los niveles más altos de responsabilidad. Su frase refleja una desconfianza arraigada hacia un sistema judicial que, afirman, se ajusta al poder político y termina por blindar a quienes lo encarnan.
Esa convicción explica por qué, en noviembre de 2023, once familias —cuatro de víctimas identificadas y siete aún sin identificar— llevaron su causa a los tribunales federales de Buenos Aires. Interpusieron una querella contra Uribe para que la justicia argentina investigara su responsabilidad en los falsos positivos, los asesinatos de miles de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate durante sus gobiernos entre 2002 y 2010. A finales de octubre de 2025, después de casi dos años de estudio preliminar, el juez federal número dos, Sebastián Ramos, decidió archivar el expediente. Para las familias, sin embargo, la decisión no significó un cierre. Apelaron de inmediato ante la Cámara de Apelaciones, insistiendo en que la jurisdicción universal —la facultad de un Estado para investigar crímenes graves cuando el país de origen no lo hace— no es un recurso extremo, sino una respuesta directa a la impunidad. La noticia del archivo llegó, además, a un país donde el nombre de Uribe —pese a su retiro de la política institucional— sigue teniendo un peso simbólico enorme.
Para Wilmer Andrey Pérez Betancourt, uno de los familiares que impulsa la querella, acudir a Argentina no fue una decisión política sino la respuesta a años de silencio institucional. Dice que las víctimas vivas “representan a las que ya no están” y que muchas de las otras “no habían sido como tal identificadas”, lo que agrava la deuda del Estado. Frente a quienes hablan de persecución política, insiste en “permitirse escuchar, permitirse conocer” y en “ponernos en el lugar de quien sí sufrió el daño”. Por eso defiende mecanismos como “la jurisdicción universal”, que —afirma— “no tendría interés en una persecución política”: las familias, dice, “no estamos detrás de que él deje de ser político”, sino detrás de “la verdad, la justicia y el buen nombre” de sus muertos.
La presentación de la querella, realizada el 7 de noviembre de 2023, tuvo un recibimiento profundamente simbólico: las Madres de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel acompañaron a las familias, reconociendo en ellas una lucha que trasciende fronteras. “Ellas entienden mejor que nadie lo que significa esperar décadas”, recuerda Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), quien junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), el abogado argentino Máximo Castex y el asesor internacional Bénédict de Moerloose lidera la estrategia jurídica. El equipo cuenta además con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y las organizaciones irlandesas Committee on the Administration of Justice (CAJ) y Pat Finucane Centre (PFC). “La jurisdicción universal no es un capricho, es la consecuencia directa de la impunidad”, sostiene Arboleda con firmeza.
La idea de acudir a la justicia argentina surgió en 2021, cuando la Corte Penal Internacional (CPI) cerró su examen preliminar —abierto desde 2004— sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia. El fiscal Karim Khan afirmó entonces que el país había mostrado avances significativos. Para muchas familias, esa decisión fue la señal de que las vías internacionales se estrechaban. La JEP avanzaba en investigaciones contra mandos militares, pero el nivel político —ministros, comandantes del Ejército, el presidente— seguía fuera del alcance. “La JEP no tiene competencia para investigar a los expresidentes. En Colombia no hay un solo caso contra Uribe por los falsos positivos”, subraya Arboleda. Tampoco la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso ha iniciado proceso alguno sobre estos crímenes, y la justicia ordinaria carece de avances contra los máximos responsables.
El expediente radicado en Buenos Aires contiene más de 250 documentos: informes de la JEP, declaraciones, registros de ascensos, pronunciamientos de Uribe y documentos del Ministerio de Defensa. Incluye además la tipificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad, en consonancia con el Estatuto de Roma y las Convenciones de Ginebra. El 19 de diciembre de 2023, el fiscal Carlos Stornelli —conocido por su cercanía a sectores de derecha en Argentina— pidió abrir una investigación formal para determinar si Uribe “permitió, autorizó, incitó o incluso promovió” crímenes de guerra y de lesa humanidad entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008. Y el 1 de julio de 2024, el juez Ramos reconoció a las víctimas como parte civil, permitiéndoles aportar y practicar pruebas, una apertura excepcional en este tipo de procesos. La posibilidad de que un tribunal extranjero analizara la responsabilidad política del expresidente inquietó a sectores de la élite colombiana que rápidamente calificaron el proceso como “persecución ideológica” o “guerra jurídica”. Las organizaciones de víctimas respondieron, en cambio, que no se trataba de persecución sino de memoria.
En octubre de 2025, el mismo juez decidió archivar el expediente. En medios internacionales, la decisión fue interpretada como un síntoma de las dificultades que enfrenta la justicia universal en un contexto de retrocesos democráticos. Aunque los abogados aclaran que no pueden atribuir la decisión al clima político argentino, reconocen que el giro hacia la derecha del gobierno de Javier Milei modificó los equilibrios institucionales. La embajada argentina en Bogotá no ofreció acompañamiento ni información procesal a las víctimas. De Moerloose, por su parte, afirma que el archivo se fundamentó en la misma premisa con la que la CPI cerró el examen preliminar sobre Colombia: la idea de que la justicia nacional “funciona adecuadamente”. “La ley argentina exige investigar crímenes internacionales graves si el país de origen no adelanta una investigación genuina. Y en Colombia, simplemente, no la hay”, señala.
La contundencia de los hechos sustenta la querella. Arboleda subraya que los falsos positivos no comenzaron con Uribe, pero sí se dispararon durante sus gobiernos. “Con la política de Seguridad Democrática, esta práctica criminal aumentó más de un 144%. Fueron tres asesinatos diarios durante seis años, y no en un solo territorio: ocurrieron en 31 de los 32 departamentos del país”, afirma. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente entre 2002 y 2008, lo que representa el 78 % del total histórico documentado. La Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos (CCEEU) insiste en que existe un subregistro de casos que permanecen en la Justicia Penal Militar sin ser reconocidos formalmente como ejecuciones extrajudiciales. Los patrones son consistentes: campesinos, trabajadores informales u hombres de barrios periféricos reclutados con falsas ofertas de empleo y asesinados para inflar resultados operacionales. Antioquia registró 1.611 víctimas; la Costa Caribe, 538; Meta, 395; Norte de Santander, 298; Huila, 274; y Casanare, 248. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre 2002 y 2008 se reportaron como abatidos 12.713 guerrilleros y 2.602 paramilitares. Al cruzar las cifras, casi la mitad de las bajas atribuidas a la guerrilla podrían corresponder a falsos positivos. “Lo que se premió fue la muerte”, resume Arboleda. “Ningún soldado actuó en el vacío: lo hizo dentro de una estructura que sabía y callaba”.
Aunque la JEP ha avanzado en el juzgamiento de mandos medios y algunos oficiales de alto rango —algunos de los cuales han aceptado responsabilidad—, la responsabilidad política permanece intacta. La narrativa dominante insiste en que los falsos positivos fueron “excesos individuales”, pese a que el Consejo de Estado, en 2007, condenó al Ejército por tres casos emblemáticos y reconoció un patrón estructural. “Aquí solamente se juzgó a los militares que accionaron las armas, pero aquí, aparte de los militares, hay un máximo responsable, porque ellos no se mandaban solos. (…) ¿Qué clase de Estado era? ¿Qué clase de mandatario estaba al frente?”, pregunta Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate.
El archivo del caso en Argentina contrasta con los avances fragmentados dentro de Colombia: la justicia ordinaria avanza en última instancia contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos; la JEP continúa documentando con detalle el sistema de ejecuciones y desapariciones forzadas; y la justicia penal condenó recientemente, en segunda instancia, a Santiago Uribe Vélez —hermano del expresidente— a 28 años y 3 meses de prisión por su participación en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y su responsabilidad en el asesinato de Juan Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera de Yarumal, Antioquia.
La Cámara de Apelación deberá decidir en los próximos meses si reabre el proceso en Argentina. En el caso del franquismo, en 2011, la jueza María Romilda Servini también archivó el expediente y meses después lo reabrió, enviando exhortos y órdenes de captura internacionales. Los abogados confían en que algo similar pueda ocurrir. Desde sus casas, las familias no esperan milagros: esperan justicia. Y en un continente acostumbrado a la impunidad, esa persistencia —esa manera de seguir empujando incluso cuando las instituciones cierran puertas— ya es, en sí misma, una forma de resistencia.
