El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, que ha estado de gira en medios con los miembros de la “Gran Consulta por Colombia”, está a punto de recibir sentencia de la Corte Suprema de Justicia en un caso por corrupción en el que la Fiscalía pidió su condena. Dos exjefes paramilitares, “El Alemán” y “Ernesto Báez”, señalaron que financiaron una de sus campañas. La Fiscalía está a la espera de nuevas evidencias para avanzar con el caso.
Por: Sebastián Forero Rueda
Hay un precandidato a la presidencia de Colombia en 2026 qué está a un paso de recibir sentencia en un caso en el que la Fiscalía pidió condenarlo por corrupción. Aníbal Gaviria Correa, quien integra la llamada “Gran consulta por Colombia” —una consulta interpartidista— que será votada el próximo 8 de marzo, ha dedicado de lleno las últimas semanas a su campaña presidencial, ha participado en numerosos debates en casi todos los grandes medios de comunicación y se ha vendido como un gerente capaz de llevar las riendas del país por su experiencia al haber sido dos veces gobernador de Antioquia y una vez alcalde de Medellín. Pero en esa gira ha omitido —y tampoco lo han cuestionado por ello— referirse al juicio en su contra que terminó hace apenas unos meses en la Corte Suprema de Justicia, por el que ahora espera sentencia y en el que la Fiscalía pidió condenarlo por líos de corrupción en un contrato de $41 mil millones suscrito en 2005, cuando fue gobernador de Antioquia por primera vez. Esa no es la única sombra en la justicia que persigue al antioqueño de 60 años que hoy quiere ser presidente.
El proceso que tiene a Gaviria ad portas de una condena en la Corte Suprema de Justicia empezó hace ya ocho años, con una investigación en la Fiscalía a finales de 2018. El ente investigador le puso la lupa a un contrato de la llamada Troncal de la Paz, para el mejoramiento y la pavimentación del tramo La Cruzada - Caucasia, en la región del Bajo Cauca antioqueño. Un contrato que suscribió en diciembre de 2005 por $41 mil millones la Gobernación de Antioquia (con Gaviria como gobernador) con el consorcio Troncal de la Paz, de los hermanos constructores Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte, según la acusación de la Fiscalía.
En abril de 2020, la Fiscalía vinculó a la investigación mediante indagatoria al exgobernador Gaviria, quien, de hecho, para ese momento era otra vez gobernador del departamento. Apenas dos meses después, en junio de 2020, la Fiscalía decidió capturarlo e imponerle medida de aseguramiento, que cumpliría como detención domiciliaria. Lo acusó de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Gaviria estuvo detenido hasta octubre de ese año, cuando el Tribunal Superior de Medellín le concedió un hábeas corpus y lo dejó libre porque la Fiscalía aún no había presentado la acusación.
La libertad le duró poco. La segunda captura ocurrió el 3 de marzo de 2021 la Fiscalía formuló la acusación en su contra por esos mismos dos delitos y ese mismo día agentes del CTI llegaron hasta su despacho en la Gobernación de Antioquia y volvieron a capturarlo, y quedó de nuevo en detención domiciliaria. Sin embargo, en septiembre de 2021 recuperó la libertad porque habían pasado seis meses sin que iniciara el juicio y desde entonces el proceso ha seguido con Gaviria en libertad.
Las irregularidades por las que lo acusa la Fiscalía tienen que ver, según el documento de la acusación del ente investigador, con el pago de anticipos y adiciones al contrato de la Troncal de la Paz, transacciones que representaron unos $19 mil millones. Uno de los líos se refiere a un aumento injustificado en el pago del anticipo que se fijó en el contrato: si bien el pliego de condiciones establecía que iba a ser del 25% del valor básico del contrato, después de que se le adjudicó a ese consorcio se incrementó al 29% ($10.375 millones) lo que significaba unos $1.500 millones más para el bolsillo del contratista. Para la Fiscalía, se trató de una decisión caprichosa de la Gobernación, ejecutada sin que hubiera ningún estudio ni una consideración o justificación para ese aumento.
En la mira también están otros dos contratos adicionales al original. Uno firmado en noviembre de 2007, por $3.995 millones y otro firmado apenas cuatro días antes de que Gaviria dejara el cargo como gobernador, el 27 de diciembre de 2007, por $16mil millones, con un anticipo de $6.900 millones. Este segundo contrato adicional se firmó para la construcción de un puente que conectara la cabecera del municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz, algo que nunca estuvo previsto en el contrato original. Según la acusación de la Fiscalía, esa adición de recursos al contratista fue irregular: “El que se examina fue un comportamiento desleal con la administración pública (...) se mostró irresponsable, caprichoso, empeñado en celebrar este negocio jurídico, sumando recursos al contrato suscrito con el consorcio Troncal de la Paz, sin planeación y sin la presentación de razones suficientes”.
Pero además, la Fiscalía también le imputó a Gaviria peculado por apropiación en favor de terceros porque buena parte de los anticipos fue a parar al patrimonio propio del contratista, pues el consorcio al que se le adjudicó el contrato utilizó los dineros de los anticipos para comprar maquinaria a su nombre, pero en la legalidad debió contar con esos equipos previamente, pues precisamente por eso se le adjudicó el contrato al consorcio. “Esto es a todas luces un manejo y apropiación ilegales de los recursos públicos del anticipo. En marzo de 2006 con dinero del anticipo comenzaron a adquirirse equipos y maquinaria que ingresaron al patrimonio del contratista o de las personas naturales que lo conformaron, siendo esta la vía para que, sin ser legalmente posible, recursos con tal naturaleza hagan parte de los bienes privados del constructor”, se lee en la acusación.
Los terceros beneficiados con la operación son los poderosos de la construcción en Colombia Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte, titulares del consorcio que obtuvo el contrato, quienes están salpicados en el mega-caso de corrupción de Odebrecht. Carlos Alberto y su hija Paola Fernanda Solarte estuvieron envueltos en el contrato del interconector Tunjuelo-Canoas, adjudicado en 2009 al consorcio Canoas, en el que el socio del grupo Solarte era la firma Odebrecht. En ese caso, se les imputó por haber pagado sobornos para quedarse con el contrato. Ella ya fue condenada por esos hechos y él sigue en juicio.
El precandidato Gaviria respondió a la revista RAYA a través de su abogado, Luis Alfonso Bravo. En la respuesta argumentó que ni los anticipos ni las adiciones que se hicieron al contrato de la Troncal de La Paz superaron el tope que establece la ley, es decir, el 50% del valor del contrato, por lo tanto para ellos no hay ilegalidad. Sin embargo, lo que se investiga no es si los anticipos y las adiciones superaron los topes, sino que fueron entregados sin justificación y no se controló lo que en realidad se hizo con esos dineros. El abogado enfatizó en que el exgobernador Gaviria no fue quien firmó ese contrato ni ninguna de sus adiciones, sino que los delegó en su secretaria de Infraestructura, Margarita María Ángel Bernal. “Además, nunca fue informado ni tuvo ninguna alerta de ilegalidad que se pudieran estar presentando, ni mucho menos de las que señala la Fiscalía, de las cuales solo se vino a enterar en abril de 2020 cuando rindió indagatoria”, aseguró el abogado.
La Fiscalía no da crédito a esa versión. La audiencia final del juicio se celebró en julio del año pasado, y en ella la Fiscalía reiteró su solicitud de condena a Gaviria. Para el ente investigador, el entonces gobernador era el representante legal del departamento y el ordenador del gasto: “aún cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”. Según la Fiscalía, los recursos públicos se entregaron al consorcio a través de la figura de anticipos, que se dieron sin justificación y sin ninguna vigilancia de qué se estaba haciendo con ese dinero. “Realmente lo que se hizo fue simular la compra de una maquinaria que ya era propiedad de los integrantes del consorcio y así se ingresó al patrimonio de los particulares ese recurso público de manera indebida”, sostuvo la fiscal.
Las investigaciones por presuntos vínculos con los paramilitares en Antioquia
En el expediente contra Aníbal Gaviria en la Fiscalía por presuntos vínculos con grupos paramilitares hay dos DVD marca Tiger Premium de caratula blanca titulados así: “video clip. alias Ernesto Báez” y “video clip. Fredy Rendón H. [el Alemán]”. Son dos de los exjefes paramilitares que han declarado en procesos judiciales que esa estructura armada le dio apoyo a Gaviria en su primera campaña a la Gobernación de Antioquia, en 2003.
El Alemán declaró ante la Corte Suprema de Justicia que ese apoyo se concretó a través del movimiento Urabá Grande, Unido y en Paz, la plataforma gestada por los paramilitares para tener influencia política en esa región de Antioquia. El exjefe paramilitar sostuvo que “en noviembre de 2003, en el teatro de Apartadó, allí se le dio, con los coordinadores del movimiento político Urabá Grande, Unido y en Paz, un apoyo irrestricto al candidato a la Gobernación, el señor Aníbal Gaviria, quien salió elegido”.
Esa versión coincide con la que dio en su momento el hoy fallecido Iván Roberto Duque, conocido como Ernesto Báez —otro exjefe paramilitar—, también ante la Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2011, Báez le contó a Noticias Uno lo que le confesó a la corte. Refiriéndose al apoyo entregado a Gaviria, aseguró: “Tres veces o más me comuniqué por teléfono con él, hablé directamente con él, me expresó que todos los acuerdos y convenios que llevara a cabo con el señor Jaime Henríquez Gallo [exsenador y empresario bananero del Urabá] tenían su aval y que directamente los tomara como si estuviera pactando en persona con el señor candidato”.
Según esas versiones, el apoyo de los paramilitares se habría dado luego de retirarle el respaldo al candidato opositor, Rubén Darío Quintero. “Ordenamos a los directorios liberales y a los concejales en Berrío y Yondó que desmontaran toda la propaganda de Rubén Darío Quintero y se iniciara la campaña en favor de Aníbal Gaviria”, dijo Báez. En esos comicios, Gaviria terminó imponiéndose a Quintero en una disputada elección, con una diferencia de apenas 4.000 votos.
Gaviria también fue investigado por presuntas irregularidades en la contratación para la distribución de licores de la Fábrica de Licores de Antioquia. Su Gobernación le dio ese contrato a la firma Sumerca, representada por Alirio de Jesús Rendón Hurtado, conocido como “el Cebollero”, comerciante de la Plaza Mayorista de Antioquia vinculado a la Oficina de Envigado y condenado por lavado de activos. “El Cebollero”, según el portal especializado VerdadAbierta, se convirtió en el contratista predilecto de la gobernación para la distribución de licores desde que el padre de Aníbal Gaviria, Guillermo, asumió como gobernador de Antioquia en 2001. Rendón Hurtado fue señalado como cabecilla de la banda La Unión-Calatrava, asociada a la Oficina de Envigado. Por esa vinculación con grupos armados, la investigación por esta contratación se unificó con el proceso que la Fiscalía le seguía a Gaviria por los supuestos apoyos paramilitares a su primera campaña a la Gobernación.
Esa investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 11425. Pese a contar entre las evidencias con las declaraciones de exjefes paramilitares que han dicho haber apoyado a Gaviria en su campaña en 2003, el ente investigador, tras una década de haber iniciado la investigación, desestimó el caso el año pasado.
Pero hay otro proceso, en la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que también investigó los vínculos del exgobernador y exalcalde con grupos armados, bajo el radicado 02753. En 2022, la defensa de Aníbal Gaviria le pidió a la Fiscalía unificar ambos procesos, pero la respuesta de esa institución da cuenta de que a Gaviria no solo se le estaba investigando por el supuesto respaldo de los paramilitares a su campaña a la Gobernación en 2003, sino también por un apoyo a su campaña a la alcaldía de Medellín en 2011. Así lo explica la Fiscalía en la resolución conocida por la revista RAYA que negó la conexidad de ambos procesos: “los hechos que dieron origen al radicado 11425 tuvieron ocurrencia en el año 2003 cuando el doctor Aníbal Gaviria Correa inició su campaña electoral para gobernador de Antioquia por el período 2004 a 2007. Y, para el caso de la indagación (...)02753, se origina por hechos ocurridos en el año 2011, cuando inició la contienda electoral para alcalde de la ciudad de Medellín por el período 2012 a 2015”.
El documento continúa así: “Al doctor Aníbal Gaviria Correa se le enrostra en una y otra investigación el delito de concierto para delinquir para promover grupos armados al margen de la ley, por cuanto presuntamente formó alianzas con grupos armados al margen de la ley, empero el propósito delictivo no fue el mismo”. Para la Fiscalía, “el episodio delictivo de 2011 estaría asociado a otra motivación y [otro] grupo de delincuencia organizada”. Este proceso, según respondió la Fiscalía a esta revista, está congelado bajo la figura de “archivo provisional”, que significa que la aparición de nuevas pruebas reactivaría el proceso. El abogado Luis Alfonso Bravo, apoderado de Gaviria, le aseguró a RAYA que los hechos que originaron este otro proceso son los mismos de la investigación inicial, esto es, las declaraciones de El Alemán y Ernesto Báez. Sostuvo que en este caso la denuncia fue interpuesta en 2011 y por tanto la Fiscalía lo investigó como dos casos separados.
Gaviria ha rechazado esos señalamientos de los exjefes paramilitares y, en particular, ha sostenido que no es cierto lo dicho por “El Alemán”, cuyas declaraciones se conocieron en 2010. En ese momento, Gaviria era la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia por el partido Liberal, Rafael Pardo, y sostuvo que lo dicho por ese comandante paramilitar era un ataque a esa campaña política. En la actual campaña, con la que espera ganarle a los demás precandidatos de la derecha el próximo 8 de marzo, ha hecho de la lucha contra la violencia y la inseguridad, su bandera.
Por hechos ocurridos en los dos periodos en que fue gobernador de Antioquia y en su paso por la alcaldía de Medellín, Aníbal Gaviria Correa acumula al menos 13 investigaciones activas en la Fiscalía, según le ha confirmado esa entidad a la revista RAYA. Se trata de procesos diferentes al de la Troncal de la Paz y los vínculos con paramilitares. Son casos que están todavía en indagación, en los que se lo investiga principalmente por los delitos de prevaricato, tráfico de influencias de servidor público, fraude procesal, peculado, violación a los derechos de autor y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
