¿Por qué el caso de acoso sexual en el canal Caracol abre un debate más profundo sobre violencias de género en el periodismo colombiano? Desde el acoso físico, pasando por el humor misógino hasta llegar a la violencia digital que lleva al silenciamiento. Hoy, las mujeres rompen ese silencio y la verdad cruda empieza a aflorar en las salas de redacción del país.
Por: Fabiola León Posada
El hecho llevaba años ahí, atravesando salas de redacción, cubículos, pasillos, grupos de WhatsApp y coberturas en la calle, como si fuera parte del paisaje. El 73 % de las periodistas y comunicadoras consultadas en la investigación Periodistas sin acoso reportó violencias psicológicas en el ejercicio de la profesión y el 67 % dijo haber sufrido acoso sexual. En el informe, esas violencias psicológicas incluyen formas de humillación, intimidación, silenciamiento y desautorización que muchas veces acompañan o encubren otras agresiones. Los agresores no eran extraños: eran hombres en cargos de dirección, colegas, fuentes de información y usuarios anónimos de internet. Las agresiones ocurrían dentro de los medios, en espacios cerrados de trabajo y en redes sociales. No era un episodio aislado ni una suma de malos comportamientos individuales. Era una estructura instalada en el oficio.
Ahora, cuando denuncias recientes han sacudido a medios y figuras visibles del periodismo colombiano, ese diagnóstico vuelve a leerse con otra intensidad. Los casos conocidos en semanas recientes no abrieron un problema nuevo: volvieron visible una violencia sexual y de género que durante años se administró como rumor, silencio o asunto privado dentro del oficio. Lo que está pasando es que más periodistas mujeres están hablando, más víctimas están nombrando lo que durante años quedó atrapado en el comentario entre colegas, en la advertencia “no meterse en problemas”. Para Fabiola Calvo Ocampo, periodista, investigadora y coordinadora nacional de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, ahí está una de las claves de este momento: “hemos roto el silencio. Hemos hecho juntanza para decir, ‘aquí estamos y no queremos más’”.
Fabiola Calvo no ve esta coyuntura como una explosión repentina. La lee como el resultado de un “proceso acumulativo” del movimiento de mujeres y del feminismo, que con los años fue tocando también al periodismo. En su mirada, los medios no son una esfera aparte, ajena a la sociedad: “los medios de comunicación son una expresión, son como un átomo de lo que es la sociedad”. Por eso, en las redacciones se concentran jerarquías, violencias, silencios y castigos, pero también las disputas por transformarlos. Su lectura obliga a correr el lente: el problema no se agota en una empresa periodística ni en un caso de alto perfil. Involucra universidades, plataformas digitales, instituciones públicas y formas de autoridad que durante años operaron con poca vigilancia.
Sandra Osses Rivera, coordinadora académica de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Sociales por Flacso México y doctoranda en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, describe esa estructura desde las escenas concretas. Habla de la persona editora que deja a una reportera hasta tarde y aprovecha ese encierro para acosarla; de quien pide favores sexuales a cambio de una nota o de figuración; del humor misógino usado para arrinconar, minimizar o desautorizar; del robo de trabajo, de la manipulación, de la suplantación, del mansplaining y de la expulsión simbólica de la palabra pública. “¿Qué son las violencias? Todo eso son violencias”, dice. Con esa enumeración, Osses muestra que el problema no empieza solo cuando aparece un abuso evidente, sino mucho antes, en rutinas diarias de desautorización y control.
Ahí, justamente se juega una parte central del castigo. Osses insiste en que muchas agresiones se naturalizaron porque se confundieron con cercanía, humor o formas supuestamente normales de trabajo. El diminutivo que infantiliza, el chiste que deja a una colega fuera de lugar, la insinuación presentada como broma, la descalificación de quien protesta. Cuando una persona periodista rompe ese libreto, la sanción suele caer primero sobre ella. “Si protesta queda marcada como problemática, como violenta, histérica, loca, mentirosa”, dice Osses. En esa frase hay una radiografía del costo de hablar en un oficio que todavía castiga más rápido a quien denuncia que a quien ejerce ese poder.
Para Osses, esa protección del agresor no es un accidente. Responde a “un pacto de lealtad entre hombres”, una red de resguardo que funciona por costumbre, por miedo y por privilegio. Retoma, incluso, una idea de Rita Segato, la “dueñidad”, para nombrar la lógica según la cual ciertos hombres actúan como si tuvieran derecho sobre el espacio público, sus reglas y los cuerpos y voces que lo habitan. En esa lógica, quien denuncia no enfrenta solo a una persona agresora: enfrenta una cultura profesional que durante años normalizó el abuso, relativizó las quejas y trató como amenaza a quien alterara el orden.
Ese orden, además, se ha desplazado y amplificado en el entorno digital. Si antes la escena más reconocible del abuso estaba en la oficina, la sala de redacción o la cobertura, hoy una parte decisiva de la violencia ocurre en redes sociales y plataformas. Osses lo plantea sin ambigüedades: “en el tema digital, la violencia contra las mujeres sí se recrudece”. Y explica por qué: hay más anonimato, más facilidad para encubrirse, más velocidad para viralizar una agresión, más dificultad para rastrear a la persona agresora y más obstáculos para detener el daño. “Una violencia puede viralizarse y a pesar de que se detecte, es imposible frenarla”; “a un agresor digital, no, es muy difícil contenerlo. Más si es anónimo o está encubierto”.
La violencia, dice, puede ir desde la difusión de imágenes privadas hasta montajes, asedio, descrédito y condena moral pública contra la víctima. Ese impacto no es solo personal. La FLIP advirtió en 2025 que la violencia contra las mujeres periodistas “constituye una afrenta contra la libertad de expresión” y tiene un impacto negativo en el debate público. Entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025, la organización registró 96 mujeres periodistas víctimas de 162 agresiones, casi la mitad de ellas en entornos digitales; 37 % fueron amenazas, 22 % estigmatizaciones y 21 % casos de acoso.
El informe sobre la implementación del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing en Colombia —el apartado de la declaración adoptada en 1995 que se refiere a mujeres, medios y comunicación— ya había advertido esa continuidad entre las agresiones presenciales y digitales. Allí se concluye que “la violencia machista en el ejercicio periodístico es generalizada y se ensaña con el cuerpo, apariencia, tono de voz, desempeño y capacidades profesionales de las periodistas y comunicadoras”.
El mismo informe también precisa que estas violencias no ocurren solo en los medios: están “en la academia, durante las prácticas profesionales, en las salas de redacción, en el ejercicio periodístico y en espacios de esparcimiento con colegas y superiores”. Es decir, no se trata únicamente de un problema laboral. Es también un problema de formación, acceso al oficio y permanencia en él. El informe también advirtió una carga adicional para periodistas afrodescendientes y para personas comunicadoras con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, sobre quienes recaen violencias cruzadas por racismo, sexismo y discriminación.
Las cifras nacionales ayudan a entender que el periodismo no está por fuera de una violencia más amplia. Según el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, en 2025 se registraron 43.588 personas víctimas de violencia sexual en Colombia; el 82,5 % fueron mujeres. Ese mismo año se reportaron 5.912 casos de acoso sexual y el 84,1 % de las víctimas fueron mujeres. En ambos registros hay una afectación alta sobre niñas y adolescentes. Los propios datos advierten que el incremento en los reportes no debe leerse de forma automática como un simple aumento de los hechos, sino también como resultado de un mayor reconocimiento social de estas violencias y de más mecanismos de denuncia. Leído junto con lo que plantea Fabiola Calvo, ese movimiento importa: no porque el problema sea nuevo, sino porque empieza a tener menos zonas de silencio.
En esa discusión, la coyuntura no puede leerse sólo como una pelea entre sectores políticos ni como un capítulo más de la polarización. El caso de Caracol ha reabierto la conversación sobre acoso y abuso sexual dentro de los grandes medios y ha vuelto a poner en primer plano una pregunta más amplia: ¿qué hacen las empresas periodísticas cuando la denuncia no recae solo sobre una persona, sino que obliga a revisar jerarquías, silencios y mecanismos de protección dentro de la institución? Fabiola Calvo lo dice de forma explícita: “No estamos hablando de un partido, no estamos hablando de un gobierno... estamos hablando de personas y personas que están dentro de una institución”. Y remata: “no estamos hablando aquí con un criterio partidista. Estamos hablando en clave de derechos”.
Insiste en que la salida no puede reducirse a comunicados o movimientos de personal cada vez que estalla un caso. “A grandes problemas, grandes soluciones”, dice. Y advierte que buena parte de los medios sigue resistiéndose a cambios de fondo: “Los grandes medios me parece que se han enconchado, han puesto una muralla. Además de una actitud arrogante, han puesto una muralla frente a una serie de dinámicas que se están dando social y políticamente en el país”. A su juicio, no basta con una clase aislada sobre enfoque de género en la universidad ni con un taller ocasional dentro de un medio. La pregunta tiene que ser más concreta: “Primero, existen [los protocolos], segundo, tienen enfoque de género, tercero, lo conoce el medio, todo el personal del medio... Se aplica el protocolo y si se aplica, ¿cómo se aplica y qué resultados hay?”. Esos protocolos son rutas internas para prevenir, recibir, tramitar y acompañar denuncias de acoso, abuso o violencia basada en género dentro de una institución. Para Calvo, no basta con que existan en el papel: importa si se conocen, si protegen a las víctimas y si realmente producen consecuencias.
Sandra Osses lleva esa discusión al terreno institucional y político. Advierte que separar por completo a la persona denunciada de la institución también puede encubrir la dimensión estructural del problema: “eso también tiene un riesgo, que es el riesgo de individualizar absolutamente los casos y entonces quitarles el peso social que tienen”. En su lectura, ese riesgo crece en momentos de polarización y cercanía electoral cuando “aumenta el nivel de violencia y se usa ese tipo de casos para incluirlos en la guerra política”, porque terminan sirviendo “de una u otra manera al momento político del país”.
La conexión entre violencia de género, entorno digital y libertad de prensa también se repite fuera de Colombia. En 2024, Reporteros Sin Fronteras, RSF, advirtió que, aunque la ola global del #MeToo impulsó nuevas coberturas, redes de apoyo y revisiones de políticas internas en las redacciones, investigar derechos de las mujeres y violencias basadas en género sigue siendo riesgoso. Más del 25 % de las personas periodistas encuestadas por la organización consideró peligroso trabajar estos temas y casi el 60 % conocía al menos un caso de ciberacoso contra periodistas por cubrirlos.
RSF también alertó que esta violencia no solo golpea a las víctimas directas, sino que deteriora el derecho colectivo a la información. En palabras de Anne Bocandé, directora editorial de la organización, las personas periodistas que cubren derechos de las mujeres y violencia de género “siguen siendo blancos prioritarios de ataques que van desde campañas de ciberacoso hasta asesinato”, y por eso garantizar información independiente sobre estos temas es una obligación democrática. Ya en su informe sobre el costo del sexismo en el periodismo, RSF había advertido que internet se había convertido en “el lugar más peligroso” para las mujeres periodistas, y que este tipo de agresiones empuja a muchas a la autocensura, al cambio de especialidad o incluso al abandono del oficio.
El caso de Jineth Bedoya Lima dejó claro que la violencia sexual contra una periodista no puede leerse solo como un crimen individual. La CIDH sostuvo que el ataque estuvo ligado a su labor periodística, y la sentencia de la Corte Interamericana convirtió esa violencia en un asunto de reparación colectiva: ordenó medidas como la creación de un sistema de datos sobre violencia contra periodistas y un fondo para prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Ese mandato dio lugar a la Ley 2358 de 2024, que creó el Fondo No es hora de callar, y al Decreto 0277 del 18 de marzo de 2026, que lo reglamentó y definió líneas de trabajo en prevención, protección, asistencia integral, investigación, formación y fortalecimiento, con participación de la campaña No es hora de callar y de la FLIP. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha insistido en que este tipo de violencia no solo daña a la víctima: también silencia a sus pares y restringe el derecho de la sociedad a recibir información.
