A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, persisten las denuncias del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro sobre las pocas garantías de los software de escrutinio, cuya credibilidad y control está bajo estas cuatro empresas privadas: Thomas Greg, ASD, Indra y JAHV McGregor. ¿Quiénes están detrás de ellas? ¿Cómo lograron hacerse con ese contrato de más de 2 billones de pesos? ¿Por qué el proceso de contratación tuvo denuncias de poca transparencia? ¿Cuáles son los riesgos de cara a los comicios del 31 de mayo?
Por: María Fernanda Padilla Quevedo y Tatiana Portela
Las licitaciones para escoger las empresas que manejan las elecciones en Colombia han estado históricamente bajo tela de juicio, principalmente por procesos cuestionados por falta de transparencia, concentración de los contratos y dudas sobre la independencia de los software que suministran para hacer el escrutinio electoral. El proceso para adjudicar la “solución integral logística, informática y de servicios” para la operación de los comicios del próximo 31 de mayo no fue la excepción. Bajo reclamos y advertencias de requisitos hechos a la medida, la Registraduría terminó entregando el contrato de 2.1 billones en 2025 al mismo grupo empresarial: Thomas Greg & Sons.
Nueve empresas habían mostrado interés en el proceso, que incluía la logística de las elecciones de juventudes de 2025 y las parlamentarias de 2026. Al final, solo la Unión Temporal Integración Logística Electoral (ILE) 2026, liderada por Thomas Greg & Sons, envió la propuesta para quedarse con la licitación ante la Registraduría Nacional. Las demás, entre esas Cadena S.A, Toppan Security Colombia, Servientrega S.A y Servicios Postales Nacionales S.A.S desistieron del proceso y manifestaron su inconformidad por los pliegos de condiciones, señalando que se mantenían requerimientos que bloqueaban una participación amplia de las compañías a pesar de que habían enviado comentarios a la entidad.
“Se observa que el requisito de experiencia exigido en el numeral 5.2.4.1 podría estar direccionado hacia un único oferente o restringir injustificadamente la participación de otros posibles interesados”, advirtió en su momento Servicios Postales Nacionales S.A.S. Por su parte, Cadena S.A. llamó la atención sobre los plazos de la licitación, las condiciones y la experiencia exigida, a pesar de que ha sido una compañía que ha prestado sus servicios en otras circunstancias a la misma entidad. “Se exigen constancias que apuntan a los requisitos propios del desarrollo de las elecciones en Colombia, condición que solo cumple quien ha ejecutado los contratos desde 2007”, cuestionó la empresa.
La Unión Temporal Integración Logística Electoral (ILE) 2026, integrada por ocho empresas, tendrá a su cargo buena parte de la logística de las elecciones y componentes tecnológicos sensibles para el desarrollo de los comicios y el procesamiento de la información electoral. Entre esos, uno de los software de escrutinio electoral, que ha sido objeto de críticas por parte del gobierno y congresistas del Pacto Histórico por las garantías de transparencia que puedan garantizar.
La controversia radica en las irregularidades electorales de años anteriores, que incluso fueron reconocidas como fraudulentas y en las que estuvieron involucradas las mismas herramientas tecnológicas. Estos software han sido cuestionados durante distintos procesos electorales por fallas en la trazabilidad de los votos y errores que terminaron modificando resultados en partidos como MIRA, Colombia Justa Libres y el Pacto Histórico. Según el presidente Petro y la bancada de gobierno, no han sido solucionados los puntos débiles de los software, que son clave para blindar los votos.
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El registrador nacional, Hernán Penagos, ha sido enfático este año en la transparencia de las herramientas tecnológicas electorales que usa su entidad, que son al menos doce software, y ha defendido un Plan General de Auditorías que incluye revisión de código fuente, simulacros, pruebas de carga y estrés, y auditoría internacional. Sin embargo, desde el Pacto Histórico se ha solicitado una auditoría forense que garantice que los sistemas no son administrados por terceros durante el conteo de votos, que se permita el análisis completo del sistema por parte de todos los partidos políticos y se establezca que los demás puntos débiles han sido corregidos para blindar los votos.
Más allá de estas denuncias, lo que vuelve quedar en evidencia es la dependencia y la credibilidad de un sistema electoral dependiente de un pequeño grupo de operadores privados, que durante años han concentrado contratos estratégicos en las elecciones: Thomas Greg & Sons, el Grupo Asesoría en Sistematización de los Datos (ASD), Indra y JAHV McGregor S.A.S.
El "todopoderoso" Thomas Greg & Sons
La principal empresa contratista de la Registraduría es Thomas Greg & Sons, que en las elecciones del 8 de marzo estuvo a cargo del manejo del 91% de la organización electoral. La compañía, que opera bajo la fachada de un apellido anglosajón que camufla un origen profundamente bogotano, tiene el como esquema de operación aliarse con empresas filiales del mismo conglomerado u otros aliados de elecciones anteriores para dividir la operación logística y el suministro de materiales.
Su control está en toda la cadena: desde la impresión de los formularios y las tarjetas electorales, hasta el suministro de los lápices con los que el ciudadano marca su voto, pasando por las urnas y el transporte de los kits. Al final, es un solo actor el que provee tanto la tecnología de los datos como los insumos físicos de la jornada.
Para el mega-contrato de 2026, las empresas de Thomas Greg & Sons administran el 91.44% de la organización de las elecciones. Las compañías de la Unión Temporal tienen la siguiente participación: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey): 59.91%; Thomas Greg & Sons de Colombia: 11.00%; Thomas Processing and Systems: 8.38%; Thomas Greg Express: 5.00% y Manejo Técnico de Información S.A: 7.15%, que entró hasta el mes pasado y hace parte del mismo grupo empresarial.
División de la participación empresarial dentro de la Unión Temporal ILE 2026, a cargo de las elecciones de este año.
Thomas Greg & Sons es liderada por los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, quienes le heredaron el negocio a su padre Gregorio Bautista. El poder de la firma ha sido una mezcla de la diversificación empresarial y conexiones políticas, que la han convertido en una de las grandes contratantes del Estado colombiano. Lo que comenzó como una imprenta de valores en los años 90, pasó a manejar durante 16 años la impresión de pasaportes hasta el año pasado, cuando Petro adjudicó el contrato a Portugal y a la Imprenta Nacional.
La compañía ha funcionado bajo una estrategia de "puertas giratorias", en la que la junta directiva ha servido de refugio y trampolín para la élite política colombiana. La primera ficha clave fue Noemí Sanín. Siendo Ministra de Relaciones Exteriores (1991-1994) firmó el primer contrato con Thomas Greg & Sons (TG & S) para la realización de los pasaportes. Años después, Sanín saltó de la diplomacia a la junta directiva de la empresa.
Durante la presidencia de Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, la firma se aseguró el contrato para suministrar la "cédula amarilla con hologramas" y administrar la logística electoral. Incluso, el 6 de octubre de 1999, Pastrana le otorgó la Cruz de Boyacá a Thomas Greg & Sons. Esta es la máxima condecoración que el Estado le otorga a ciudadanos e instituciones que han realizado servicios relevantes para el beneficio del país. “Es difícil imaginar hoy la vida de los colombianos, sin que en cada momento cotidiano nos relacionemos de alguna manera con los productos de Thomas Greg & Sons de Colombia”, dijo Pastrana. Tras dejar la Casa de Nariño, Pastrana se integró a la junta directiva de la compañía entre 2011 y 2013.
Después, le siguió Juan Manuel Santos, quien ocupó un asiento en la junta entre 2002 y 2006, antes de asumir como Ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe. En 2010, Santos resultó elegido Presidente y los contratos de TG & S también se consolidaron. A través de la unión temporal Disproel 2010, 2011 y 2014, se quedó con el suministro de materiales y con el proceso de escrutinio y transmisión de datos, logrando contratos por 2 billones de pesos. En todos los procesos no hubo otros proponentes de competencia.
El ascenso económico de los Bautista ha estado involucrado en paralelo con fallos judiciales, denuncias sobre opacidad en la contratación y sombras de transparencia electoral. En 2010, la registraduría de Carlos Ariel Sánchez contrató a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2010 para el suministro de los kit para las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino y Presidencia de la República, por un monto de 125 mil millones de pesos. La contratación se hizo en menos de quince días hábiles y con solo dos proponentes. La Unión Temporal estuvo conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.; Assenda S.A., Thomas Greg & Sons Limited, Manejo Técnico de Información S.A.; Thomas Greg Express S.A. y la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A.
En ese momento, las inconsistencias en el sistema electoral llevaron a que el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez abriera una investigación preliminar contra el registrador Carlos Ariel Sánchez. En esta, se busca indagar en las fallas en la ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, fallas en la seguridad de los sistemas de información, bloqueo en las bases de datos, fallas en la generación de archivos y además, la falta de equipos.
En 2014, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Soluciones Informáticas Electorales (SIE) 2014 para “prestar el servicio de una solución informática para los procesos de preconteo, escrutinio y digitalización de actas”. En esa oportunidad, estaban aliadas el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (ASD); Data Processing & Systems; Carvajal Tecnología y Servicios; Thomas Greg & Sons, y Manejo Técnico de Información S.A. Este software fue en el que el Consejo de Estado encontró que hubo sabotaje en 1.412 mesas, lo que llevó a la pérdida de 236.523 votos del movimiento MIRA. Prácticamente se les alquilaba el software a estas empresas para el escrutinio.
Aunque se intentaron hacer las auditorías al software para identificar a los determinadores, esto no fue posible porque no se contaba con el original del aplicativo ni de los dispositivos utilizados en las mesas denunciadas por el MIRA. Además, los contratistas argumentaron que por mandato del contrato, eliminaron todos los archivos originales tres meses después de las elecciones. La Registraduría tampoco resguardó esa información.
Extracto del fallo del Consejo de Estado que reconoce la imposibilidad de revisar el sistema para determinar el proceso de sabotaje.
Después del fallo del alto tribunal, la Registraduría volvió a contratar a TG & S en 2018, a través de la Unión Temporal Distribución de Procesos Electorales (Disproel), conformada por Thomas Greg & Sons Limited; Thomas Greg and Sons de Colombia SA; Thomas Processing & Systems SAS; Thomas Greg Express; Seguridad Móvil de Colombia SA; Manejo Técnico de Información SA; Securid SAS; la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia SA; Grupo Asesoría en Sistematización de los Datos (ASD) SAS; Colombia Telecomunicaciones SA y la Sociedad Operadora SAS.
Su función nuevamente era prestar una solución informática para realizar el escrutinio del orden auxiliar municipal distrital y general, por un contrato de más de 148 mil millones. Esa herramienta es la que utilizan los jueces de la república para consolidar la información por cada mesa y puesto de votación a través de una clave. Ese mismo año, la Registraduría contrató a la española Indra para desarrollar una solución informática para el escrutinio nacional, por un valor de más de 27 mil millones de pesos. Este último, que usa el Consejo Nacional Electoral para emitir el consolidado final a nivel nacional, pasó a manos del Estado en 2022, tras el fallo del Consejo de Estado de 2018. Pese a que el CNE asegura que en febrero de este año ya se entregó el software, el problema radica en que la capacitación sigue siendo la misma, lo que genera dependencia de INDRA en el manejo de ese software.
Pero en esas elecciones también hubo irregularidades: se volvieron a perder 500 mil votos, pero esta vez del Pacto Histórico, en el tránsito de un software a otro. Al final, esa votación se recuperó tras los reclamos masivos de los testigos electorales y abogados en el escrutinio oficial y el seguimiento mesa a mesa.
Indra: el “cerebro” electoral que el Estado no controla
Indra es la segunda principal contratista de la Registraduría en Colombia. La empresa ha desarrollado y operado soluciones tecnológicas para el Estado durante más de dos décadas. Entre sus contratos más importantes se destacan: la solución informática para consolidar y divulgar los resultados del plebiscito por la paz en 2016, que costó 10.877 millones de pesos, y la solución informática para las elecciones de autoridades territoriales de 2019, por 21.030 millones de pesos.
Además, entre 2021 y 2022, fue contratada por la Registraduría para la entrega de un software que permitiera la consolidación y divulgación de resultados nacionales de las elecciones de Consejos de Juventud, Congreso y Presidencia, por 51.139 millones. En ese entonces, la Registraduría compró el software y lo registró a nombre del Estado para entregarlo al CNE, pero es Indra quien lo opera, actualiza y mantiene. El Estado es propietario, pero no puede operarlo sin la empresa. Mientras Thomas Greg & Sons controla la entrada de los datos a nivel local, Indra consolida los resultados finales nacionales.
Por eso, para los comicios de este año, Indra tiene a su cargo la actualización y mantenimiento del software de escrutinios del Consejo Nacional Electoral (CNE), por 7.142 millones de pesos, y un contrato por 20.000 millones de pesos para la puesta en operación del software de la comisión de escrutinio nacional. Para este año, la empresa opera junto a otra de sus firmas como Unión Temporal Soluciones Electorales: Indra Colombia SAS e Indra Soluciones Tecnología de la Información S.L.U. Un esquema similar al de Thomas Greg & Sons.
INDRA elecciones colombia 2026
Indra es una empresa multinacional española que lleva más de 28 años en Colombia. Sus servicios se centran en la tecnología y la defensa. La compañía está en manos de distintos accionistas, entre esos el Estado español con una participación de 23%, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), y el restante lo manejan privados. Entre esos: Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel Escribano y Javier Escribano, y el fondo británico Amber Capital, fundado por el inversionista francés Joseph Oughourlian. Amber, además, es el mayor accionista del Grupo Prisa (el consolidado de medios más importante de Colombia) y EL PAÍS.
El CEO es José Fernando Quintero Vargas, quien actúa como interlocutor ante el Estado y ha participado en foros de inversión y mesas de trabajo con ministros y altos funcionarios de distintos gobiernos —Santos, Duque y Petro—, siempre en representación de la multinacional española. De ahí que Indra ha mantenido su rol sin depender de cambios políticos. Tanto Alexander Vega y Hernán Penagos han contratado con esta compañía para las elecciones.
Contratos de la Registraduría Nacional con Indra desde 2011 con corte a 2022, identificados por la Misión de Observación Electoral.
Ese entramado político y empresarial quedó a la luz con una figura clave: el ingeniero Alejandro Campo Valero, gerente de Informática de la Registraduría en el año 2021 quien coordinó técnica y jurídicamente el proceso de contratación de Indra. Campo llegó a la entidad en 2020 de la mano del exregistrador Alexander Vega, tras haber trabajado entre en Indra durante el 2014 y 2017, y en Thomas Greg & Sons. Incluso, fue gerente de proyectos de Indra en el contrato de 2017, para el escrutinio de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2018.
En 2022, las alertas de un presunto fraude electoral llegaron desde distintas orillas, por ejemplo, con la entonces vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez pidiendo explicaciones sobre el supuesto lobby a favor de Indra. A diferencia de los casos anteriores de irregularidades y fraude, en 2022 se pudieron identificar las inconsistencias. Primero, una brecha de datos de más de un millón de votos entre el preconteo, que es de carácter informativo, y el escrutinio, que tiene vinculación jurídica y está en manos de jueces de la república. Esto fue algo sin precedentes en Colombia. Segundo, el diseño de los formularios E-14, que facilitó errores humanos y la omisión de votos de ciertos partidos, especialmente el Pacto Histórico, que en miles de mesas apareció inicialmente con “cero” votos. Tercero, fallos en la transmisión y consolidación de datos que generaron desconfianza durante la noche electoral.
El software de Indra no detectó estas inconsistencias porque no está diseñado para auditar el origen de los datos, sino para consolidarlos. Es decir, el “cerebro” del sistema procesa información que no controla desde su nacimiento. Para detectar las irregularidades del software, las autoridades electorales contrataron como empresa auditora a la firma JAHV McGregor, que concluyó que el software era “apto” y transparente. Sin embargo, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Karisma cuestionaron esa conclusión, señalando que la auditoría fue “opaca” y que el contrato con Indra se adjudicó de forma exprés en diciembre de 2021, sin tiempo real para revisiones profundas del código.
El informe de la MOE sobre las elecciones de 2022 documentó fallas estructurales en auditorías: la auditoría interna quedó en manos de Indra, no hubo claridad sobre auditoría externa, partidos y ciudadanía tuvieron acceso limitado a controles, y las restricciones técnicas limitaron la supervisión independiente. El contrato, adjudicado en diciembre, hizo “técnicamente imposible” una auditoría completa antes de las elecciones.
En 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Alexander Vega y concluyó que no existían pruebas de un “plan criminal” para alterar resultados. El rol del representante Williams Breto Martínez fue clave en esa defensa: presentó los anexos técnicos y de cumplimiento para demostrar que Indra ejecutó exactamente lo que el contrato exigía, trasladando la responsabilidad de las fallas al diseño institucional del proceso, a la Registraduría y a los jurados, y no al software en sí mismo.
El Consejo de Estado, en el fallo del caso MIRA de 2018, había ordenado no solo comprar el software, sino desarrollar capacidades internas para operarlo y vigilarlo. Esa transición nunca ocurrió. Hoy, el sistema electoral colombiano sigue dividido en dos bloques privados: uno controla la entrada de los datos y otro define los resultados finales. El Estado, aunque figura como propietario del software, continúa dependiendo de su proveedor para hacerlo funcionar.
Grupo ASD, la empresa señalada de fraude en Honduras que operó las elecciones de Congreso
Aunque el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (ASD), según la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 no hará parte de las elecciones presidenciales, sí estuvo en la organización de los comicios legislativos de este año, como parte de la unión temporal, y durante años ha contratado con la Registraduría. Además, es la compañía que ha suministrado para el sistema informático y la sistematización de la votación en la primera etapa del escrutinio. A inicios de este año la compañía pidió ceder su participación dentro de la alianza empresarial por los cuestionamientos públicos que la rodean en Honduras, donde un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y un excandidato presidencial la han señalado por presunto fraude en las elecciones presidenciales del país centroamericano a finales del año pasado.
“Para garantizar la objetividad y transparencia en el proceso y evitar ataques interesados e infundados respecto del proceso de Honduras sobre el cual a la fecha no existe notificación alguna de autoridad administrativa o judicial”, dice el documento.
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Aviso del Grupo ASD de su salida de la Unión Temporal tras los cuestionamientos en Honduras.
A pesar de la relevancia del tema en Colombia, dado que era una de las empresas a cargo de los escrutinios municipales y departamentales, la salida de la compañía solo se dio a conocer tras una alocución del presidente Gustavo Petro sobre la participación de esa compañía en las elecciones legislativas. Sin embargo, RAYA pudo establecer que quince días antes de los comicios seguían realizando simulacros y mantenían la planta de personal contratado, lo que demostraba continuidad operativa.
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La cabeza visible detrás de ASD es Armando Florez Pinzón, quien fundó la compañía. Aunque públicamente no es reconocido, su perfil ha resonado tras la adquisición de la torre Colseguros hace dos años, después de que fue subastada. En una entrevista con El Espectador, Florez contó que viene de una familia humilde del barrio Bella Suiza, en Usaquén, estudió medicina en la Universidad Nacional, pero después se pasó a la carrera de Administración de Sistemas en la Universidad Tadeo. Al poco tiempo, fundó ASD. Su cercanía con Thomas Greg & Sons aún es desconocida.
Un medio hondureño que puso la lupa en la empresa resumió así su crecimiento: “En 2001, se transformó en Sociedad Anónima. En 2008, estableció entre las actividades de su objeto social el procesamiento de datos electorales. En 2011, adoptó el nombre de Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A. Y en 2014, pasó a ser una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), su figura actual.”
No obstante, el Grupo ASD ha logrado contratar en distintas oportunidades con el Estado colombiano, en particular en alianza con Thomas Greg & Sons desde hace 12 años. En 2014, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Soluciones Informáticas Electorales (SIE) 2014, en la que además estaba el Grupo ASD. El contrato en esa oportunidad, tras adiciones, quedó en 208 mil millones de pesos. En esas elecciones, ocurrió el fraude contra el partido MIRA. ASD fue la encargada de manejar el software saboteado.
En 2021, la Registraduría volvió a contratar al Grupo ASD a través de la Unión Temporal Distribución de Procesos Electorales (Disproel) 2021 para las elecciones de Consejo de Juventudes, Congreso de la República y presidenciales. En los comicios de 2022, se presentaron irregularidades contra la votación del Pacto Histórico. Además, el entonces exregistrador Alexander Vega terminó en el Tribunal de Cundinamarca demandado por fraude electoral. Incluso, la Contraloría y la Procuraduría le pusieron la lupa a ese proceso de contratación, dado que fue el único proponente y los requisitos solo podía cumplirlos esa alianza empresarial.
Funciones del Grupo ASD en la Unión Temporal Disproel 2021.
JAHV McGregor S.A, la firma auditora bajo cuestionamiento
En 2021, la empresa JAHV McGregor fue contratada por la Registraduría Nacional para hacer la auditoría al software de la Unión Temporal Disproel, y después se hizo una adición a su contrato para que ampliara su acción al software de Indra. Se convirtió así en la principal compañía auditora de las elecciones. Su papel consistía en validar y certificar los sistemas, identificando fallas y errores, así como puntos de mejora.
La firma emitió un concepto positivo que certificó que los softwares de escrutinio —operado a través de Indra y la UT Disproel— cumplían con especificaciones técnicas y garantías de transparencia para la segunda vuelta presidencial de 2022.
Sin embargo, la actuación de Jahv McGregor fue cuestionada por organizaciones como la Misión de Observación Electoral y la Fundación Karisma. En particular porque no se presentó oportunamente un plan de auditoría sobre los sistemas y la información emitida estaba resguardada e impedía acceder a los hallazgos.
“En ambos casos toda la información de las auditorías está resguardada por cláusulas de confidencialidad que aplican a JAHV McGregor SAS. Además, la RNEC (Registraduría) se ha mostrado renuente a publicarlas o entregarlas. Durante la observación técnica se las pedimos verbalmente en varias ocasiones, petición que también realizaron los partidos, pero la respuesta siempre fue que se soliciten por escrito”, alertó Karisma en un informe sobre la primera vuelta 2022.
En octubre de 2023, Jahv McGregor fue contratada nuevamente por la Registraduría para emitir un concepto técnico sobre la disponibilidad del código fuente y la funcionalidad del software de escrutinio para las elecciones territoriales del mismo año. La firma certificó la disponibilidad del código fuente y evidencias suficientes para otorgar confianza sobre la solución informática desplegada.
Fundada en 1990 por Jairo Alberto Higidio Vargas, la firma opera como Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) con estructura cerrada y control familiar, lo que le permite flexibilidad para constituir negocios asociados o filiales que compiten individualmente por contratos públicos, ampliando su presencia en el mercado. Oficialmente, McGregor ofrece servicios como auditoría externa, auditoría informática, interventoría, consultoría, revisoría fiscal y outsourcing para entidades públicas y privadas, con certificación ISO y pertenencia a la red internacional DFK International.
Fuera del ámbito electoral, McGregor ha celebrado contratos para auditoría financiera y contable, incluyendo un contrato con valor total de COP 74.160.220 con el Gobierno nacional durante la vigencia 2025, destinado a servicios de auditoría contable, auditoría de control interno, gestión financiera, cartera y tesorería. Este contrato evidencia que el grupo no se limita a auditorías electorales, sino que incursiona en auditorías financieras y de gestión para entidades públicas.
Para las elecciones legislativas 2026, el Consejo Nacional Electoral volvió a contratar a la misma firma para auditar los software, mientras la Registraduría incluyó una auditoría internacional tras exigencias de distintos partidos sobre una voz no parcializada. De allí, surgió la contratación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH con su Centro de Auditoria y Promoción Electoral (Capel). MacGregor tendrá la tarea de verificar los software de jurados de votación, de preconteo, escrutinio, y de consolidación y divulgación nacional, incluidos los componentes que ejecuta la Unión Temporal de Thomas Greg & Sons.
Sin embargo, después de dos meses de las elecciones, no se conoce un informe sobre su auditoría ni si los hallazgos han sido transformados en mejora para las herramientas digitales. Es por eso que el Gobierno nacional y el Pacto Histórico insisten en la necesidad de hacer una auditoría forense, que permita identificar si hubo accesos no autorizados a ambos sistemas, y otra que permita corroborar que la infraestructura tecnológica no tiene ningún riesgo de sabotaje para las elecciones de Presidencia. Por lo pronto, no se ha avanzado en ambos puntos a casi dos semanas de los comicios.
El problema de fondo es que el Estado no ha desarrollado la capacidad para operar, auditar y garantizar por sí mismo la integridad del sistema. La democracia colombiana opera sobre una arquitectura privatizada y fragmentada. Compañías como Thomas Greg & Sons, el Grupo ASD, Indra y JAHV McGregor no solo participan: controlan etapas críticas del proceso —desde la logística hasta el escrutinio y la auditoría— en un circuito donde lo público depende de lo privado para funcionar. La consecuencia es más profunda que cualquier fraude puntual: la transparencia electoral deja de ser una garantía institucional y se convierte en un acto de fe en empresas que, en la práctica, sostienen el funcionamiento mismo de la democracia.
La discusión no es solo sobre votos perdidos o recuperados, sino sobre un sistema en el que la confianza pública queda subordinada a actores privados que controlan sus engranajes críticos, sobre todo para las próximas elecciones pues se elegirá nada menos que al próximo presidente y vicepresidente de la República.
