La Unidad Investigativa de RAYA pudo establecer, a través de documentos y testigos, que la firma de Abelardo de la Espriella intervino en la disputa por la Mina Walter a través de Daniel Peñarredonda, exsocio y amigo personal del hoy candidato presidencial. El caso se desarrolla en medio de denuncias de “despojo”, presiones sobre la comunidad y viejos vínculos entre el control de la mina y estructuras paramilitares.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La firma del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella intervino en la disputa por la Mina Walter, un yacimiento de oro en el Alto Caribona, sur de Bolívar, cuya explotación terminó en manos de una empresa señalada por los pobladores de consolidar el “despojo” de las familias mineras de la región. Detrás del litigio aparecen una cooperativa cuestionada por sus vínculos con personas cercanas al paramilitarismo, un exsocio y amigo personal de De la Espriella, y una historia de violencia que se remonta al control armado del Bloque Central Bolívar sobre las minas del sur de Bolívar.
Desde 2020, la mayoría de las familias del Alto Caribona se ha visto obligada a abandonar su caserío en medio de presiones de Minecar Gold S. A., la empresa que hoy controla el título de explotación de la Mina Walter. La Unidad Investigativa de RAYA pudo establecer que la firma de Abelardo de la Espriella defendió a Coopcaribona —la cooperativa que antecedió a Minecar Gold en el control de la mina— a través del abogado Daniel Peñarredonda, exsocio y amigo personal del hoy candidato presidencial.
La conexión más concreta entre el entorno de De la Espriella y la mina aparece en 2018. Ese año, Daniel Peñarredonda comenzó a figurar relacionado con la Mina Walter, pese a no tener arraigo en la zona. Era representado en las asambleas y reuniones de la cooperativa por Olimpo Antonio Oliver, gracias a un poder legal que le había conferido. Oliver es un habitante de la región al que le figuran empresas en el extranjero, comercializadoras de oro y negocios en paraísos fiscales como Panamá, y ha sido una pieza importante en el manejo de la mina desde que Coopcaribona asumió el control del yacimiento. Entre 2018 y 2020, Peñarredonda compartió lugar entre los accionistas con Segundo Victoriano Téllez, quien aparecía como el mayor accionista de la mina.
Ese nombre no era menor. Segundo Victoriano Téllez era tío de Edwin Ferney Uribe Téllez, alias “Cabezón”, uno de los mandos del Bloque Central Bolívar en la región. Según una denuncia presentada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, alias “Cabezón” se desmovilizó en 2006, pero meses después retomó las armas sin vestir camuflado y ya en 2007 intimidaba a campesinos y mineros, además de servir como operador financiero de grupos criminales herederos del paramilitarismo. Según los pobladores, también participó en el desplazamiento de varias familias en 1997.
Para entender cómo se llegó a esa disputa hay que volver al comienzo de la historia. En la primera década del nuevo milenio, los paramilitares del Bloque Central Bolívar, comandados por Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, se apoderaron de varias de las principales minas de oro del sur de Bolívar, entre ellas la Mina Gloria, en el sector de Barranco de Loba. “Macaco” conformó una gran compañía minera manejada por su exesposa, su hermano y otras personas cercanas, denominada Sociedad Minera Grifos, que contaba con títulos legales de explotación de oro sobre cerca de 2.000 hectáreas en los municipios de El Bagre, en Antioquia, y Montecristo y Barranco de Loba, en Bolívar. Los títulos mineros le fueron otorgados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En ese mismo contexto de violencia y “despojo” quedó atrapada la Mina Walter. Varias de las familias desplazadas en 1997 llegaron años después al Alto Caribona, donde encontraron sustento en la extracción artesanal de oro tras el descubrimiento, en 2003, de la veta por parte del campesino Walter David Pérez, también desplazado por la violencia de los años noventa. En 2004, “Macaco” llegó a la región junto con el frente Libertadores del Río Magdalena e intimidó a la población para dejar claro que su principal interés era el oro enterrado en el Alto Caribona, según recordó Isidoro Galvis, expárroco y exalcalde de Santa Rosa del Sur.
Los campesinos y mineros del Alto Caribona se organizaron entonces en la Asociación de Mineros Tradicionales de la Mina Walter, Asomiwa. Su objetivo era obtener el título del yacimiento descubierto por uno de los suyos y convertirse en propietarios formales de su propio trabajo. Pero en 2006, cuando la existencia de la Mina Walter ya era conocida en el sur de Bolívar, apareció una nueva ruta. Los habitantes aseguran que una fundación de nombre Corona llegó a la región con una propuesta: capacitar a la comunidad y conformar una cooperativa para formalizar la extracción del oro. Ese mismo año nació la Cooperativa Multiactiva del Caribona, Coopcaribona. Según los testimonios recogidos por RAYA, la cooperativa terminó cooptada por personas cercanas a los paramilitares y muchos de los pequeños mineros quedaron por fuera del negocio.
Uno de los miembros de esa cooperativa fue, justamente, Segundo Victoriano Téllez Vargas. En 2008, durante el mandato de Joaco Berrío, la Gobernación de Bolívar le entregó a Coopcaribona la licencia para explotar la mina. En la práctica, eso significó que Asomiwa perdía el control legal sobre el yacimiento, mientras una nueva cooperativa, integrada por empresarios y personas ajenas a la región, pasaba a controlar el oro.
A ese entramado se suma otro antecedente relevante. En 2009, en medio de una investigación por concierto para delinquir y lavado de activos, dos exjefes paramilitares del Bloque Central Bolívar, alias “Macaco” y “Ernesto Báez”, declararon ante la Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo a favor de Abelardo de la Espriella para asegurar que el abogado nunca había recibido dinero de ellos e insistir en que la fundación Fipaz, creada por él, no estuvo bajo amparo de las AUC. Aunque la Fiscalía archivó esa investigación, quedaron dudas sobre por qué la fundación Fipaz, dirigida por De la Espriella, apareció en la contabilidad de los paramilitares, como reveló en su momento el periodista Daniel Coronell.
La disputa por la Mina Walter terminó llegando a los tribunales. Los mineros de Asomiwa demandaron y el caso llegó en 2017 al Consejo de Estado. Dos años después, el alto tribunal falló en segunda instancia a favor de los pequeños mineros al concluir que se había violado el derecho a la consulta previa y a la participación de la comunidad afrodescendiente y de los mineros artesanales. El Consejo de Estado ordenó suspender el título entregado a Coopcaribona. Sin embargo, la cooperativa, defendida por la firma de De la Espriella a través de Daniel Peñarredonda, había buscado que los mineros artesanales fueran desalojados. El tribunal concluyó lo contrario: que no debían ser expulsados, sino consultados.
En 2020, los dueños de Coopcaribona cedieron el título y los activos —la mina y el permiso legal del Estado para explotarla— a una empresa privada creada por ellos mismos: Mineros del Alto Caribona, o Minecar Gold. Según los pobladores y líderes del territorio, esa fue la “maniobra” definitiva para terminar de consolidar el “despojo”. A través del título minero JG4-16531, obtenido en 2008 por la antigua cooperativa, Minecar Gold legaliza el oro extraído de la Mina Walter y de yacimientos aledaños como la Mina Sarcos y la Mina Flores.
Frente a los cuestionamientos por la relación familiar de Segundo Victoriano Téllez —quien fue el mayor accionista de Minecar Gold— con alias “Cabezón”, el abogado actual de la compañía, Rodrigo Parada, aseguró que Téllez ya no posee la mayoría accionaria y que no es responsable por los delitos que hubiera cometido su sobrino. “No existe ninguna situación que permita inferir que Víctor se benefició de alguna manera de su sobrino”, sostuvo. Añadió que, aunque Téllez tuvo un porcentaje importante de acciones hasta el secuestro de su hijo en 2022, hoy ya no mantiene esa composición accionaria.
Mientras tanto, la presión sobre la comunidad no ha cesado. Los pocos habitantes que aún permanecen en el Alto Caribona aseguran que socios de Minecar les ofrecen dinero para comprar sus viviendas y terminar de apoderarse del territorio y borrar el corregimiento para convertirlo en un complejo minero. “Nos están quitando las casas, que tenemos que vender, que tenemos que irnos de aquí. Aquel día vinieron y me dijeron que si vendía. Les dije: ustedes están sacando a la comunidad, eso es lo que están haciendo”, dijo Blanca Roa, habitante del Alto Caribona. Según los pobladores, desde 2021 el Clan del Golfo se ha rearmado con fuerza en la zona para abrirles paso, dicen, a las grandes multinacionales. RAYA ya ha denunciado ese plan de expansión en el sur de Bolívar.
Lea la investigación: El plan del Clan del Golfo para copar el sur de Bolívar
“No sabemos en realidad cuál es el objetivo, si está relacionado con los títulos mineros o con las multinacionales, pero nos hemos visto afectados porque uno de los grupos armados se había retirado hace años y otra vez están llegando al territorio los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas. Ellos no estaban y volvieron desde 2021”, aseguró Elexis Sierra, lideresa afrocolombiana de la región. Mientras la justicia actúa, los mineros artesanales del Alto Caribona esperan que el gobierno de Gustavo Petro les devuelva su sustento y su dignidad.
Vea esta investigación completa en el programa Señal Investigativa:
