RAYA obtuvo el testimonio que el presidente Gustavo Petro envió a la Fiscalía y el cual pidió incorporar al proceso por el asesinato de Carlos Pizarro. El documento menciona la posible responsabilidad de empresarios, altos mandos militares y del contratista de Avianca Ernesto Munárriz, un hombre de confianza del Grupo Santodomingo, en una línea de investigación sobre cómo ingresó al avión la ametralladora usada en el magnicidio. Petro asegura que recibió información de inteligencia que coincide con esa hipótesis de la Fiscalía.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
“Los indicios convergen en un alto ejecutivo del Grupo Santodomingo de la época, con vínculos directos o indirectos con la operación logística de Avianca. De acuerdo con la información judicial y periodística verificada, se trata de figuras que, aprovechando su posición en la estructura empresarial, habrían facilitado el acceso y ocultamiento del arma homicida (una ametralladora MAC-10) en los hangares de la aerolínea”. Así empieza el relato de la versión escrita del presidente Gustavo Petro sobre el asesinato del exguerrillero y candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez. El documento, con membrete de la Presidencia al que tuvo acceso RAYA, fue enviado a la Fiscalía el pasado 16 de febrero para que se incorpore al proceso judicial que se adelanta por el magnicidio ocurrido el 26 de abril de 1990 al interior de un avión de Avianca en pleno vuelo.
Carlos Pizarro, quien al frente del M-19 acababa de firmar la paz con el Estado colombiano, se perfilaba como un fuerte candidato en la misma contienda electoral en la que también fueron asesinados el izquierdista Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo. Pizarro fue comandante de Petro cuando éste hizo parte del Movimiento 19 de Abril, y con frecuencia el presidente habla de su legado como uno de los jefes guerrilleros que ayudó a cimentar la paz a comienzos de los años noventa.
Como lo había revelado la Revista RAYA, la Fiscalía avanza en una línea de investigación sobre la ametralladora con la que el sicario Gerardo Gutiérrez “Jerry” acribilló a Pizarro una vez el avión despegó del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Está claro, por testimonios de pasajeros, que “Jerry” no llevaba el arma consigo, sino que la tomó del baño trasero del avión, en donde alguien la había dejado oculta y cargada, lista para disparar.
Lea la investigación: La ametralladora homicida, prueba oculta del caso Carlos Pizarro
La última persona que accedió a ese baño fue un contratista de Avianca que tenía estrechas relaciones con un alto ejecutivo del Grupo Santodomingo: se trata de Ernesto Munárriz Salcedo, contratado por Avianca como inspector de seguridad de sus aviones. RAYA reveló que Munárriz estaba casado con una hija de Ernesto Soto, hombre de confianza del magnate Julio Mario Santodomingo, quien estuvo en la junta directiva de varias de sus empresas, incluyendo la cervecera Bavaria, de la que fue gerente.
En su declaración ante la Fiscalía el presidente Petro asegura que “El Grupo Santodomingo mantenía en 1990 fuertes lazos económicos e influencias sobre Avianca, lo que explicaría la facilidad con que se burlaron los controles de seguridad. Estos elementos coinciden con la línea investigativa de máximos responsables”, y agregó que además de la investigación de la Revista RAYA, que el presidente cita en su declaración, él cuenta con datos de inteligencia que confirmarían que existió un patrón macrocriminal orquestado por grandes empresarios y políticos de la época, quienes instigaron a reconocidos narcotraficantes y miembros de los grupos paramilitares para que cometieran de crímenes políticos contra de la izquierda.
“Como Presidente de la República he recibido información de inteligencia institucional que confirma estos patrones, la cual mantengo bajo reserva por razones de seguridad nacional y para no afectar el curso de la investigación”, concluyó el presidente.
Treinta y seis años después del asesinato la actual administración de la Fiscalía logró destrabar investigaciones sepultadas por décadas y vinculó a Munárriz al expediente. Él ha ofrecido versiones contradictorias.
Munárriz, quien se radicó en Manizales poco después del magnicidio y tuvo un exponencial aumento de su patrimonio económico, fue señalado por viejos funcionarios aeroportuarios que conversaron con RAYA de mantener relaciones con Roberto Escobar Gaviria, alias “El Osito”, hermano del capo Pablo Escobar, quien ayudó a lavar dinero de la mafia con varias empresas en Caldas, entre ellas la fábrica de bicicletas Ositto, que fue patrocinadora de equipos y corredores en la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN.
Munárriz fue dueño de la empresa de seguridad canina Dog Master de Iscala LTDA, una de las primeras compañías privadas en Colombia especializada en el uso de perros de vigilancia y detección de narcóticos y explosivos. Aunque empezó con media docena de perros adiestrados y una camioneta que él mismo manejaba, tres años después su empresa tenía más de trescientos sesenta empleados y se había ganado millonarios contratos con varias aerolíneas del país.
Durante los años noventa Dog Master de Iscala tuvo miles de millones de pesos en capital y sedes en varias ciudades La empresa también estuvo salpicada en escándalos por narcotráfico. De acuerdo con la declaración que rindió ante la Fiscalía, Munárriz nunca pudo explicar a cabalidad cómo obtuvo los recursos para incrementar su patrimonio y cambiar por lo menos cuatro veces de carro en aquellos años.
RAYA ha intentado comunicarse con Munárriz desde 2025, cuando revelamos que la Fiscalía lo investigaba por ser presuntamente la persona que introdujo el arma al avión. Sin embargo, no logramos contactarlo en los números registrados de sus empresas.
La declaración en pausa de “Don Berna”
RAYA conoció que la Fiscalía solicitó interrogar en Estados Unidos al mafioso y exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, un veterano criminal cuya carrera en la mafia se remonta a la década de 1980 cuando trabajó para el narcotraficante Fernando Galeano, un socio de Pablo Escobar asesinado por este en 1992.
“Don Berna” hizo parte de los “PEPES”, los Perseguidos por Pablo Escobar, la alianza entre mafiosos y agentes del Estado que libró la guerra contra el Cartel de Medellín, lo que a la postre le permitió convertirse en el principal jefe del crimen en la capital paisa tras la muerte de Escobar, en cabeza de la temida Oficina de Envigado.
Por su trayectoria en el bajo mundo y su relación cercana con los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, “Don Berna” tendría información privilegiada sobre quiénes fueron los empresarios y políticos que instigaron el asesinato de Carlos Pizarro, que fue ejecutado por hombres de Fidel Castaño, según él mismo Castaño se lo contó a varios miembros del M-19, entre ellos Otty Patiño y Álvaro Jiménez.
Jiménez le explicó a RAYA que él visitó a Fidel Castaño en una de sus fincas en el Magdalena Medio a comienzos de los noventa junto a Otty Patiño, cuando ambos hacían parte de una comisión de integrantes del extinto M-19 que hacía esfuerzos para esclarecer el crimen. Fidel Castaño aceptó que él había planeado y ejecutado el asesinato, aunque hasta hoy no está claro quiénes fueron los líderes políticos y empresariales de la época que, según testimonios judiciales, se reunían en un salón del Hotel Nutibara de Medellín para pedirle a Castaño que cometiera este y otros crímenes.
RAYA conoció que “Don Berna”, quien está preso en una cárcel de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, donde purga una condena de treinta años por narcotráfico, condicionó su declaración en el caso a que la Corte Suprema de Justicia resuelva de fondo una demanda en su contra como compareciente de los tribunales de Justicia y Paz, pues un fiscal solicitó que fuera excluido de esa jurisdicción, aunque el Tribunal Superior de Medellín ya negó esta solicitud.
“Él ha condicionado cualquier colaboración con la justicia a que haya un pronunciamiento de fondo sobre el tema”, aseguró una persona conocedora del asunto. Por ahora, la Fiscalía avanza en destrabar una de las líneas de investigación más sólidas y menos esclarecidas de los magnicidios ocurridos a comienzos de los noventa.
