A pesar de que Boyacá registra una de las tasas más altas de cáncer en Colombia, especialmente en zonas rurales, la unidad oncológica que se inauguró en 2022 hoy no funciona. En esa obra se anunciaron inversiones por más de 3.000 millones de pesos, la falta de certificación y personal especializado ha dejado a la población sin acceso a los servicios prometidos.
Por: Gina Rojas Hoyos
El ex gobernador Barragán, de corbata y traje gris, posó para la foto en octubre de 2022 inaugurando una unidad oncológica que no existe.
A través de un acto proselitista, difundido por una docena de medios de comunicación, a comienzos de octubre del 2022 el entonces gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, inauguró una obra a la que denominó “una luz de esperanza”. Se trataba de la primera unidad oncológica para tratar de manera integral a pacientes con cáncer en el hospital público más importante del departamento: el San Rafael de Tunja.
Este anuncio, tan importante como esperanzador para Boyacá, sería hoy un verdadero hito en la historia del departamento sino fuese porque, según la respuesta a un derecho de petición enviado al propio hospital, la unidad oncológica inaugurada hace más de dos años hoy no existe. A pesar de que se anunció una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, el hospital respondió que dicha unidad "no fue habilitada".
La ausencia de esta unidad tiene graves implicaciones. Según Yesid Figueroa García, veedor ciudadano que ha investigado el caso, “miles de pacientes deben desplazarse a Bogotá u otras ciudades para recibir tratamientos como quimioterapias o radioterapias. Esto representa un alto costo económico y emocional para los afectados y sus familias”, afirmó Figueroa, quien también ha alertado a las autoridades sobre las dificultades que enfrentan los pacientes.
El impacto del cáncer en Boyacá es significativo. En 2023, Colombia registró 58.813 nuevos casos de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad en el país. En Boyacá, en 2022, la Secretaría de Salud reportó un aumento en los casos de cáncer gástrico, de colon, de cuello uterino, de próstata, de mama, así como de leucemias y linfomas. Hasta septiembre de ese año, se contabilizaron 136 nuevos casos de cáncer de mama y 192 de cáncer de cuello uterino en municipios como Tunja, Sogamoso y Duitama, afectando principalmente a mujeres de 30 a 39 años. Los datos del 2024 ya reportan 48 nuevos casos de cáncer de mama.
Estos datos subrayan algo que la Gobernación ha asegurado varias veces: que Boyacá presenta una de las tasas más altas de cáncer en Colombia, especialmente en áreas rurales, donde los pacientes enfrentan barreras significativas para acceder a tratamientos especializados. En lo que va corrido del 2024 ya hay registros de 48 nuevos casos de cáncer de mama.
Este contexto resalta la urgente necesidad de servicios especializados en la región. Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) de 2021, más de 500 personas al mes requieren atención oncológica especializada en Boyacá. Sin embargo, la falta de una unidad oncológica en el Hospital San Rafael, el principal hospital público del departamento, impacta directamente la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes, especialmente aquellos en áreas rurales, quienes enfrentan barreras significativas para acceder a tratamientos.
La inauguración fallida de la unidad oncológica fue ampliamente ampliamente publicitada, incluso en otros departamentos y replicada por medios nacionales como El Tiempo. Barragán aseguró que esta unidad atendería a más de 6.000 pacientes con enfermedades terminales, ofreciendo servicios como quimioterapia, cirugía oncológica y radioterapia. obstante, esta promesa nunca se materializó.
El exgobernador Barragán publicitó ampliamente la supuesta inauguración de la unidad oncológica, que en realidad no existe, según la respuesta del Hospital a un derecho de petición donde subrayó que “no fue habilitada”.
El exgobernador Ramiro Barragán ha sido una ficha clave del Partido Verde en Boyacá y es cercano al actual gobernador Carlos Amaya, también miembro de ese partido.
El anuncio sobre la creación de una unidad oncológica en el Hospital San Rafael de Tunja generó grandes expectativas. Sin embargo, la realidad muestra inconsistencias y diferentes versiones sobre su implementación y operatividad.
Cruce de versiones
El anuncio de la unidad oncológica del Hospital San Rafael de Tunja ha generado versiones contradictorias entre las partes involucradas. Mientras el exgerente del hospital, Yamit Noé Hurtado, asegura que esta fue habilitada bajo su gestión, la Secretaría de Salud de Boyacá sostiene que no se trata de una unidad funcional de oncología certificada, sino de un área diferenciada para atender pacientes con cáncer junto a otros servicios.
El exgerente Yamit Noé Hurtado declaró a RAYA que durante su administración se realizaron avances significativos para la creación de la unidad oncológica, y que recibió la autorización de la Secretaría de Salud de Boyacá al final de su mandato. Como soporte a su afirmación hizo llegar una certificación de la sectorial departamental en la que se menciona que el hospital “se inscribió como Prestador Público con Nivel 3 de Atención, desde el 16 de Noviembre de 2006” y detalla que para 2022 inició a prestar el servicio de oncología clínica. Sin embargo no hay una afirmación tácita que admita la existencia de la unidad oncológica.
Según Hurtado, desconoce por qué el actual gerente decidió cerrarla si además contaba con algunos de los equipos necesarios para la unidad oncológica que se obtuvieron con recursos destinados a la pandemia, mientras que la adquisición de sillas para quimioterapia fue un paso preliminar, justificando que los fondos no se destinaron exclusivamente a oncología.
“Ya venía cirugía oncológica, íbamos a habilitar quimioterapia. De los 3.000 millones de pesos nunca se dijo que eran solo para la unidad, sino para múltiples servicios. Los equipos se reubicaron tras la pandemia, como las bombas de infusión y las cajas que gestionamos con el Ministerio de Salud. Lo que se adquirió nuevo fueron sillas cómodas para las quimioterapias, iguales a las que compró el actual gerente para urgencias”, agregó el antiguo gerente.
Hurtado también presentó a RAYA tres documentos: una oferta de servicios de oncología a la Caja de Compensación Familiar del departamento, Cajacopi; una adición de servicios especializados a un contrato ya existente con Unisalud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (se trata del Sistema Propio de Seguridad Social en Salud para las universidades estatales), y un contrato con la Regional de Aseguramiento No. 1 de la Policía Nacional ofertando, entre otros, la prestación de servicios de oncología. Según Hurtado, esto garantizaba la viabilidad económica para la puesta en funcionamiento de la unidad.
Este último contrato con la Policía, que supera los 3.700 millones de pesos, no tiene relación con el anuncio de los 3.000 millones de pesos que, según aseguró la Gobernación en múltiples notas de prensa, se iban a invertir en la unidad oncológica.
Esta es la oferta de servicios allegada a Cajacopi, en octubre de 2022.
Documento que certifica la adición de servicios oncológicos al contrato entre Unisalud Uptc y el hospital San Rafael de Tunja.
Este fue el contrato por más de 3.700 millones de pesos con la Regional de Aseguramiento No 1 de la Policía Nacional, que incluye servicio de oncología, sin especificar procedimientos.
Por su parte, el secretario de Salud de Boyacá, Óscar Jiménez, explicó que, aunque se realizaron adecuaciones en el sexto piso del hospital para manejar pacientes oncológicos, estas no cumplen los requisitos para ser consideradas una unidad funcional de oncología certificada. Según Jiménez, “en Boyacá no aparece registrada ninguna unidad funcional de oncología ni de adultos, ni pediátrica. Lo que se pudo revisar es que en el hospital San Rafael se hizo una adecuación del sexto piso sur de hospitalización, de más o menos 20 camas que antes eran de hospitalización general y con esa adecuación se le dotaron de unas condiciones adicionales para manejar pacientes con cáncer por las especialidades de cirugía oncológica, medicina interna y medicina del dolor”, aseguró.
Agregó que las especialidades de oncología clínica y hematooncología fueron habilitadas finalizando el año 2022 y posteriormente deshabilitadas en enero de 2023. Actualmente la zona sigue operativa para casos de cirugía oncológica y para infusiones de medicamentos especiales, pero sin el estatus de unidad oncológica.
Su versión coincide con la del actual gerente del hospital, Germán Pertuz, quien ha confirmado que al llegar a dirigir el centro asistencial no encontró hematólogos, oncólogos ni equipos para su operación.
La falta de avances concretos en la implementación de la unidad oncológica no solo ha generado frustración entre los pacientes y sus familias, sino que también ha desatado un fuerte cuestionamiento sobre el manejo de los recursos y la veracidad de las promesas realizadas.
Yesid Figueroa denunció que la "inversión de 3.000 millones de pesos no se materializó en la creación de la unidad, sino en compras de mobiliario y pago a especialistas, que suman apenas 40 millones de pesos, según la respuesta del hospital a nuestro derecho de petición”. Figueroa instó a las autoridades para que realicen una auditoría exhaustiva que investigue el posible detrimento patrimonial y se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
En respuesta a derecho de petición, el hospital San Rafael relacionó como contratos relacionados con la Unidad de oncología, el pago de 30 millones 580 mil pesos en sillas reclinables hospitalarias para la ESE y de 16 millones de pesos para servicio especializado en oncología y en servicio especializado en enfermería oncológica.
De hecho, el Hospital San Rafael abrió una convocatoria pública en abril del 2022 para actualizar estudios y diseños que le permitan construir un “bunker” de varios pisos dentro de las instalaciones del hospital, donde puedan habilitarse servicios especializados de oncología. Este proyecto del “búnker” aún no se ha concretado.
En el pliego de la convocatoria, conocida por la Revista RAYA, consta que la capacidad instalada del hospital para tratar a pacientes con cáncer es muy pobre, pues en 2022 no había ni servicio de radioterapia ni de quimioterapia, según el documento. Además, dicha convocatoria establecía que en el departamento de Boyacá había apenas 23 sillas de quimioterapia pero “ninguna ofertada por la red pública”. 
Una consultoría de abril de 2022 determinó que el Hospital San Rafael no tenía ninguna capacidad instalada para el tratamiento del cáncer.
Ante las denuncias, la Superintendencia Nacional de Salud está evaluando y se estudian posibles sanciones. Así mismo se esperan respuestas de la Procuraduría Regional de Boyacá y la Procuraduría General de la Nación ante quejas disciplinarias elevadas contra Yamit Noé Hurtado, como exgerente; Ramiro Barragán en su calidad de exgobernador; e incluso Germán Pertuz, el actual gerente. En el caso de los dos primeros por presuntamente generar falsas expectativas y detrimento patrimonial, en el caso del tercero por supuesto silencio administrativo.
Por otro lado, la comunidad boyacense mantiene la esperanza de que la nueva torre de alta complejidad del hospital, actualmente en fase de estudios, integre los servicios necesarios para la atención integral de pacientes oncológicos. Este proyecto, prometido desde 2014, ha enfrentado múltiples retrasos y se suma a una lista de compromisos incumplidos en materia de salud en el departamento.
El veedor ciudadano Figueroa recordó que este no es el único proyecto inconcluso en salud en Boyacá. Mencionó la promesa incumplida de la Clínica Canelones de Tunja y la torre de alta complejidad del hospital, que llevan años sin concretarse. Señaló que existe un fallo de acción popular que ordenó la ejecución de estas obras, añadiendo que espera que el nuevo gobierno cumpla finalmente con los anuncios en materia de salud.
Por su parte, la Mesa de Salud por Boyacá, integrada por ciudadanos y profesionales, envió un comunicado a RAYA resaltando la urgencia de una verdadera Unidad Oncológica en el Hospital Universitario San Rafael. En el documento se destaca que, como hospital de alta complejidad, debería contar con capacidades de investigación y apoyo diagnóstico, fundamentales para un departamento con alta incidencia de cáncer.
“Es vital que las promesas de proyectos de salud se materialicen y no queden como estrategias políticas de visibilidad que comprometen el bienestar de la población”, concluyó Figueroa.
El exgobernador Ramiro Barragán hizo de las supuestas inversiones en salud una de las estrategias más visibles para promocionar su mandato, pero varias veces los anuncios se quedaron sólo en titulares.
Control político sin conclusiones de fondo
En sesión de la Asamblea de Boyacá, adelantada el pasado 18 de noviembre, diputados preguntaron al gerente actual, Germán Pertuz, la realidad frente al rimbombante anuncio del pasado de la Unidad de Oncología, a lo cual el funcionario reiteró que nunca ha existido y que si en algún momento se habilitara debería de contar con quimioterapia, radioterapia, entre otros servicios de alto costo de especialistas y equipamiento, cuyo valor individual podría oscilar en los 5 mil millones de pesos.
“Eso fue una estrategia que montó la gerencia pasada para organizar servicios de oncología que sí tenemos y se esperaba que contratar un hematooncólogo o un oncólogo fuera fácil, pero los hematooncólogos en este país se cuentan con los dedos de la mano. Además, cobran 350 mil pesos por ver un paciente y las EPS nos ofrecen 190 mil pesos. Tenemos responsabilidad social, pero no voy a quebrar el hospital”, afirmó Pertuz.
Agregó que a su llegada al centro asistencial encontró un sexto piso remodelado y que llevaba casi un año cerrado, con habitaciones nuevas, pero sin ninguna unidad de oncología.
Al cierre de la sesión, el veedor Yesid Figueroa realizó una intervención reiterando la denuncia y los procesos que ha pedido se aperturen contra los funcionarios involucrados. Pero no hubo conclusiones adicionales ni de fondo por parte de la corporación, conformada por mayorías de coalición de Gobierno.
