Más de 100 mil hectáreas que debieron servir para reparar a víctimas del conflicto están hoy en manos del Clan del Golfo, testaferros de las AUC y clanes políticos. RAYA accedió a documentos y fuentes que revelan cómo los bienes entregados por exjefes de las AUC siguen bajo control criminal. Alias “Botalón”, segundo cabecilla del Clan, lidera la oposición armada a la reforma agraria en el Magdalena Medio.
Por: Juan Carlos Granados Tuta
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 2024 anunció un convenio con la Unidad de Víctimas para recuperar las tierras que entregaron los paramilitares cuando se desmovilizaron durante el proceso de Justicia y Paz del Gobierno de Álvaro Uribe y debían ser utilizadas para reparar a las víctimas. En aquel momento, Felipe Harman, director de la ANT, reveló la existencia de un cartel de tierras: “Más de 100 mil hectáreas del Fondo de Reparación están en manos de clanes políticos, nuevos grupos paramilitares y sectores de la mafia”, dijo el director.
Para hacerse una idea de la gravedad de esta denuncia, la ciudad de Cali, contando su área urbana y rural, tiene una extensión de 56 mil hectáreas, lo que significa que este cartel de tierras tiene en su poder casi dos veces la dimensión de la capital del Valle del Cauca. Lo más complejo es que miles de hectáreas que se supone están en poder del Estado, tanto en el Fondo de Reparación para las Víctimas como en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), están en poder del Clan del Golfo, en especial las del Magdalena Medio, región histórica donde paramilitares y narcotraficantes como Pablo Escobar adquirieron tierras a manos llenas.
Pancarta del Fondo de Reparación que fue pintada durante el plan pistola del Clan del Golfo de este año en San José de Uré (Córdoba) con las siglas AGC, que hacen referencia a este grupo ilegal.
El control sobre las tierras en poder del Estado y la oposición a la reforma agraria la está liderando Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón”, antiguo comandante de las Autodefensas de Puerto Boyacá al que la Policía señala de ser el segundo cabecilla del Clan del Golfo. En la agenda de Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus”, militar condenado por falsos positivos que estaba organizando el rearme paramilitar en el Magdalena Medio, aparecieron unas anotaciones donde escribió que “Botalón” debía activarse en 23 municipios. Además, se deja constancia de que el Clan del Golfo está en el negocio de la recuperación de tierras, hechos documentados por RAYA.
Anotaciones en la agenda de “Zeus” donde se menciona a “Botalón” ahora con el alias de “Galeano”.
El grupo Los Botalones, creado por “Botalón” durante su estadía en la cárcel en medio de su sometimiento al proceso de Justicia y Paz, le ofrecía a narcotraficantes la recuperación de tierras que estaban en manos de sus testaferros. Esto muestra que en el actuar delictivo de “Botalón” las fincas siempre han sido un objetivo preciado.
La estrategia para quedarse con las tierras del Fondo
Una fuente, que pidió reserva de identidad por razones de seguridad, y que conoce de cerca los problemas del Fondo de Reparación para las Víctimas —creado mediante la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y hoy hace parte de la Unidad de Víctimas—, el cual se encarga de administrar todos los bienes o recursos entregados por miembros de grupos armados ilegales para la reparación de las víctimas del conflicto armado, le contó a RAYA que gran parte de las tierras que los paramilitares entregaron a la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz, y que luego el ente acusador transfirió al Fondo, ya venían con testaferros y ocupantes no autorizados que siguieron ejerciendo el control. La información fue corroborada con documentos internos de la Unidad de Víctimas y análisis de registros públicos de propiedad.
En fincas ofrecidas por los paramilitares para las víctimas, ubicadas en lugares como Puerto Boyacá (Boyacá) y Cimitarra (Santander) —dos municipios del Magdalena Medio— no hubo una entrega real de la tierra al Estado. La fuente explica que hubo una estrategia para mantener el control de los predios: aunque las tierras pasaron a ser administradas por el Fondo, en la práctica, el paramilitarismo y sus allegados siguieron ejerciendo el poder en las zonas donde realizaron entregas debido a que el Fondo no tiene facultades para hacer desalojos físicos, sólo puede hacerlo a través de procesos judiciales que pueden tardar años. Este vacío ha sido señalado en múltiples informes de la Procuraduría y la Contraloría desde 2012.
“Los paramilitares sabían que iban a seguir ejerciendo el control de los predios porque ni el Fondo en su momento y ni ahora la Unidad de Víctimas pueden hacer desalojos”, sostiene la fuente. Además, agrega que cuando funcionarios de la Unidad de Víctimas van a hacer trabajo de campo en tierras entregadas por los paramilitares tienen que pedirle permiso al grupo ilegal que controla la zona para poder hacer su labor.
Un ejemplo de cómo tierras de antiguos ‘paras’ siguieron siendo administradas por sus aliados ocurrió en Chimichagua (Cesar). Hugues Rodríguez Fuentes, conocido también como “Comandante Barbie”, ganadero condenado por patrocinar la entrada de los paramilitares al Cesar y señalado socio de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las AUC, tenía en su poder la finca La América, de 1.453 hectáreas, ubicada en Chimichagua, que perteneció a ‘Jorge 40’ y hacía parte de los bienes del Fondo. La ANT logró recuperarla y entregársela a familias campesinas.
Campesinos en un evento de la ANT donde se anunció la entrega de tierras en el Cesar. Créditos: ANT
Un caso representativo relacionado directamente con el Clan del Golfo se presentó en Buenavista (Córdoba), uno de los municipios donde mayor entrega de tierras ha hecho la ANT. Alrededor de nueve mil hectáreas en el municipio eran controladas por José Miguel Demoya Hernández alias “Chirimoya”, miembro del Estado Mayor del Clan del Golfo abatido en abril de este año por la fuerza pública.
Estas nueve mil hectáreas hacían parte del Fondo de Reparación y según contó el director de la ANT durante un consejo de ministros realizado en mayo, estas tierras fueron entregadas por Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC y uno de los paramilitares más poderosos que hubo. El director de la ANT señaló en aquel consejo de ministros que “Chirimoya” tenía el control de esas tierras gracias a la estructura política de Felix Gutiérrez, un cacique político de Córdoba señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo y compañero sentimental de Ana Paola García, congresista por el Partido de la U.
En el Bajo Cauca antioqueño —principal enclave de minería de oro del país— ocurre lo mismo. Municipios como Tarazá y Caucasia, que hacen parte de esta región, presentan ocupaciones no autorizadas. Es una de las zonas donde hay mayores conflictos por las tierras entregadas por los ‘paras’ al Fondo. El Bajo Cauca fue dominado por las AUC y hoy el poder lo ejerce el Clan del Golfo.
A la fecha, paramilitares muertos hace casi 20 años, como Vicente Castaño —jefe de las AUC— o fallecidos recientemente, como Oliverio Isaza alias “Terror”, comandante del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo abatido por la Policía en febrero de este año, aún tienen propiedades registradas a su nombre, según la Superintendencia de Notariado y Registro. Vicente Castaño aparece con cuatro inmuebles, tres inscritos en Segovia y uno en Amalfi, su pueblo natal. Ambos municipios son de Antioquia. Por su parte, “Terror” tiene registrada una propiedad en Marinilla (Antioquia).
Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe paramilitar que tras la desmovilización de las AUC fue uno de los primeros comandantes en organizar lo que hoy conocemos como Clan del Golfo, capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2018, aparece con tres propiedades registradas en Caucasia. En la Costa Caribe, una de las dos regiones priorizadas para la reforma agraria en la presidencia de Petro junto al Magdalena Medio, también hay paramilitares con bienes a su nombre. “Jorge 40”, jefe de las AUC que arrasó el Caribe a punta de despojo, aparece con nueve propiedades, siete en Santa Marta (Magdalena), una en Riohacha (La Guajira) y otra en Valledupar (Cesar).
Sin embargo, el problema de ocupaciones y tenencias indebidas es de vieja data. En una nota de 2013 del diario El Tiempo se menciona que de 407 fincas, casas y apartamentos entregados al Fondo de Reparación, 201 estaban invadidos y en algunos casos eran los mismos desmovilizados de las AUC o herederos de los ‘paras’.
En 2014, el medio Verdad Abierta entrevistó a Juan Camilo Morales, quien era el coordinador del Fondo de Reparación. En aquella ocasión, Morales comentó que desde la Unidad de Víctimas instauraron cinco denuncias disciplinarias y penales contra exfuncionarios de la entidad por recibir dinero de la administración de los bienes y no reportarlos oficialmente y por tener conocimiento de ocupaciones ilegales y no reportarlas.
La cantidad de bienes que hacen parte del Fondo que están en manos equivocadas aún no es clara, pero hay casos que muestran la gravedad del asunto también de bienes urbanos. El año pasado se conoció que Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe y primer presidente del Congreso condenado por parapolítica luego de que Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, denunciara los vínculos que tuvieron, estaba viviendo en un apartamento en el sector de El Poblado, en Medellín, el cual fue entregado por el exjefe paramilitar Diego Murillo alias ‘Don Berna’ durante Justicia y Paz y pasó al Fondo de Reparación.
La fuente de RAYA señala que en casos de Mario Uribe, al ser un bien urbano, no pueden hacer el desalojo del ocupante no autorizado, que en este caso es el exsenador y parapolítico. Solo se puede desalojar después de realizar un proceso administrativo, lo que tarda años, a diferencia de lo que sucede actualmente con las tierras gracias al convenio entre la ANT y la Unidad de Víctimas. Como la ANT sí tiene facultades para hacer desalojos en bienes rurales esto ha permitido recuperar varios predios. Además, como la ANT le compra predios a la Unidad de Víctimas que hacen parte del Fondo de Reparación, después ese dinero es utilizado por la Unidad para indemnizar a las víctimas.
En enero de este 2025, la Unidad de Víctimas y la Fiscalía anunciaron un acuerdo para avanzar en la identificación, extinción y administración de los 3.398 bienes entregados al Fondo de Reparación, de los cuales 2.242 presentan dificultades administrativas que impiden la reparación de las víctimas. Además, la Unidad de Víctimas comunicó que 1.383 bienes están afectados por ocupaciones no autorizadas.
En el tema de tierras, la fuente de RAYA cuenta que en ocasiones se dice que hay predios perdidos en los registros del Fondo de Reparación a causa de ocupaciones no autorizadas o por entregas fallidas. Sin embargo, la fuente agrega que como el catastro en Colombia no está regularizado, cuando la Unidad de Víctimas recibe una finca y va a analizarla encuentra que ha sido parcelado varias veces en predios más pequeños, lo que genera que el predio se pierda. La falta de catastro le impide a los funcionarios del Fondo saber con certeza lo que realmente hay en la ubicación de los predios que les entregaron.
El Clan del Golfo y la reforma agraria
En mayo de este año, cuando el Clan del Golfo estaba llevando a cabo un plan pistola contra la fuerza pública, el presidente Petro manifestó lo siguiente: “Respondieron (el Clan del Golfo) matando gente, matando a líderes sociales de Colombia Humana, entre otros, y matando policías, como treinta y pico, y tratando de impedir la Reforma Agraria en el Magdalena Medio”.
En conversación con RAYA, la ANT relató que la situación en el Magdalena Medio con el Clan del Golfo es compleja y dificulta el trabajo alrededor de las tierras de la región. Un funcionario de la entidad contó que en municipios como Puerto Boyacá, Cimitarra y también Puerto Berrío (Antioquia) encuentran que los ocupantes de los predios no tienen ningún contrato de arrendamiento y que tienen hasta mil cabezas de ganado.
En medio de esto, la ANT ha sufrido todo tipo de sabotajes. Por ejemplo, cuando fueron a ver una finca en Cimitarra les dejaron atravesado un camión en medio del camino. La gente de estos municipios le comentan a los funcionarios de la ANT que el Clan del Golfo tiene injerencia en el territorio y por eso mismo tienen temor de alguna represalía por parte de este grupo armado.
La ANT le dijo a RAYA que para perfeccionar la compra de los predios la entidad debe realizar varias visitas. En el trabajo de campo deben asistir topógrafos, agrónomos y evaluadores, pero cuando van a las fincas sin acompañamiento de la fuerza pública suelen ser amenazados y les impiden la entrada a los predios, lo que retrasa la adquisición de la tierra por parte de la ANT. Por esta razón, la entidad es cuidadosa en que no se filtre información acerca de los predios que van a visitar porque esto pondría en alerta a estructuras criminales como el Clan del Golfo.
Durante el plan pistola, la ANT comunicó que en Puerto Boyacá, Cimitarra, La Dorada (Caldas), en el Bajo Cauca antioqueño y en Yondó (Antioquia), funcionarios de la ANT fueron amenazados por este grupo ilegal. “Los grupos armados se están activando porque estamos llegando a los predios de exnarcos y paramilitares. Sabemos que hay un riesgo real de despojo violento. Por eso, le solicito de manera urgente a la Policía Nacional que tome medidas inmediatas. ¡Los intereses paramilitares no pueden amenazar la Reforma Agraria en el Magdalena Medio!”, afirmó el director de la ANT en aquel momento.
En el caso de Yondó, funcionarios de la ANT fueron notificados de un retén por parte de hombres armados que bloqueaba el paso hacia 1.759 hectáreas que debían ser verificadas. Situaciones de riesgo para los contratistas de la entidad también se presentaron en Unguía (Chocó), municipio ubicado en la región del Darién y cerca a la frontera con Panamá, zona que también controla el Clan del Golfo.
Lo mismo ocurrió en el Urabá antioqueño, subregión que fue el laboratorio del despojo de tierras por los antiguos paramilitares y donde hoy el Clan del Golfo domina a sus anchas. En Remedios y Puerto Nare, en Antioquia, el Clan del Golfo impidió la visita de más de dos mil hectáreas.
Jaqueline Campos, secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), también fue amenazada por el Clan del Golfo. En un panfleto en el que la mencionan directamente, esta organización criminal que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dice que le harán honras fúnebres a la funcionaria Campos, la tachan de guerrillera de corbata y afirman que hay plomo para ella y su familia.
Panfleto del Clan del Golfo donde amenazan a Jaqueline Campos, funcionaria de la URT
“Botalón” nuevamente al mando
Desde finales del año pasado y a lo largo de este 2025 el alias de “Botalón” ha vuelto a resurgir con fuerza. Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón” ingresó en 1986 a las filas de los primeros grupos de autodefensas en Puerto Boyacá y lleva casi cuatro décadas siendo protagonista del conflicto en el Magdalena Medio. Se desmovilizó en dos ocasiones. Una durante el Gobierno Gaviria, en 1991, y la segunda durante el proceso de Justicia y Paz en la presidencia de Álvaro Uribe.
El hombre de la foto es Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, durante una audiencia de perdón con las víctimas de Puerto Boyacá. Créditos: Verdad Abierta.
En medio del plan pistola que el Clan del Golfo llevó a cabo este año, el presidente Petro afirmó que “Botalón” debía decidir si quería una negociación para la dejación de armas, que sólo podía ser jurídica, pero que para eso debía dejar de ejercer violencia contra el campesinado del Magdalena Medio y los contratistas del Estado. La ANT señaló que “Botalón” es quien estaría ordenando las intimidaciones contra los funcionarios del Estado que trabajan en la recuperación de las tierras y lo sindican de encabezar la oposición a la reforma agraria.
La última imagen que se tiene de “Botalón” es de noviembre del año pasado cuando habló sobre su nombramiento como gestor de paz. En aquel momento “Botalón” se encontraba viviendo en Puerto Boyacá, su fortín. En 2009, cuando el medio Verdad Abierta entrevistó a “Botalón”, este viejo paramilitar afirmó que la verdad se encontraba enterrada en Puerto Boyacá. Tal parece que la historia se repite y desde allí “Botalón” está volviendo a establecer su mando, ahora en el Clan del Golfo.
“Botalón” quedó libre en 2015, pero creó un grupo llamado Los Botalones con injerencia en Cimitarra, Puerto Berrío y Puerto Boyacá. En noviembre del año pasado fue nombrado como gestor de paz por el Gobierno Petro junto a otros 17 exjefes de las AUC y en enero de este año fue expulsado de Justicia y Paz por reincidir en el crimen.
La ANT comenta que la gente en los territorios le tiene miedo a “Botalón”, saben de su poder y de que hay una relación entre él y ganaderos en varios municipios en donde el Clan del Golfo tiene injerencia. El año pasado, cuando el Gobierno Petro nombró a seis jefes del Clan del Golfo como negociadores en medio de la Paz Total, no aparecía “Botalón” en ese listado. Sin embargo, según la Policía, actualmente “Botalón” se encuentra en lo más alto de la línea de mando del Clan del Golfo.
El día en que la Policía anunció la baja de alias “Terror”, mostró una imagen donde aparecían cuatro comandantes del Clan del Golfo: “Terror”, Jobanis de Jesús Ávila alias “Chiquito Malo”, jefe máximo del Clan del Golfo, alias “Chirimoya”, quinto cabecilla de la organización y “Botalón”, al que reseñan como segundo cabecilla y delegado de la expansión del grupo criminal. De los cuatro, sólo “Chiquito Malo” y “Botalón” siguen vivos. A pesar de que han pasado 20 años desde que inició el proceso de desmovilización de las AUC, viejos paramilitares como “Botalón” hoy comandan el Clan del Golfo y siguen impidiendo la reforma agraria y la recuperación de bienes de la mafia por parte del Estado.
Organigrama de la Policía donde señalan a “Botalón” de ser el segundo cabecilla del Clan del Golfo. Imagen tomada de Noticias Caracol.
