RAYA accedió al expediente del juicio contra la Primera Línea de Usme, con el que la Fiscalía de Francisco Barbosa logró criminalizar la protesta social. La semana pasada una juez le dio la razón llevando a la cárcel a una funcionaria de derechos humanos de la Alcaldía local y a dos personas más por hechos del estallido social de 2021. Sin embargo, la investigación que sustenta el fallo no tuvo en cuenta denuncias contra presuntos traficantes que habrían infiltrado la protesta y que causaron desmanes.
Por: David Guarín
Pese a que el pasado 18 de julio de 2025 la jueza octava del Circuito Penal de Bogotá condenó a tres personas por su participación en hechos vandálicos durante el estallido social en Usme, entre ellas una funcionaria de derechos humanos de la Alcaldía de esa localidad, esta investigación revela serias inconsistencias en el proceso judicial. Testimonios contradictorios, interceptaciones telefónicas descontextualizadas y omisiones clave por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa cuestionan la validez de una condena basada principalmente en la declaración de un testigo asesinado en 2023, cuyo relato mutó ocho veces a lo largo del proceso judicial. Las siguientes páginas muestran cómo se construyó un caso judicial más cercano a una estrategia de criminalización de la protesta que a una investigación penal rigurosa.
La versión que sostuvo la Fiscalía ante la juez, y que respaldó la sentencia condenatoria, comenzó a forjarse tres años atrás, con un comunicado de prensa de Barbosa que instaló públicamente la idea de una organización criminal operando bajo el nombre de Primera Línea Usme.
Del anuncio mediático a la construcción del caso
El 18 de febrero de 2022, faltando un par de meses para las elecciones, el entonces Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa le informó al país que habrían sido “Judicializados cinco de los señalados articuladores del grupo ‘Primera Línea Usme’ por actos de vandalismo, retención de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y ataques contra la Fuerza Pública en Bogotá”. Agregó, como un elemento a destacar, la captura de una “gestora de convivencia, contratista de la Alcaldía Local de Usme, que habría alertado a la organización sobre los movimientos y procedimientos que programaban las autoridades para evitar bloqueos y contrarrestar desórdenes”.
Los imputados fueron Carlos Andrés Torres, Javier Silva Cuéllar, Raúl Mendieta, Natalia Sánchez y Faber Rincón. La Fiscalía les atribuyó los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La acusación se centró en su participación en hechos violentos ocurridos en Usme entre mayo y diciembre de 2021, en el contexto del estallido social. Según la Fiscalía, se trató de una serie de actos organizados, incluyendo la vandalización de tres buses del SITP en fechas puntuales (28 de junio, 7 y 28 de julio), el ataque a un agente de tránsito, el robo de su motocicleta (el 20 de julio) y los daños a viviendas cercanas durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública. La hipótesis del ente acusador sostiene que estas personas actuaron de manera articulada y con roles definidos.
Esta revista tuvo acceso al expediente del juicio con más de 100 documentos analizados y más de 50 horas de grabación de audiencia que dan cuenta de cómo la Policía Judicial y la Fiscalía combinaron hechos reales con suposiciones en un esfuerzo por convencer a la opinión pública y a la justicia -sin elementos sólidos- de que se estaba castigando a delincuentes.
Una investigación de oídas
El 25 de mayo de 2021, a las 9:00 a. m., un hombre conocido como “El Rolo” se presentó ante la Sijín en Bogotá. Su declaración, recogida en un acta de entrevista de la policía judicial, da inicio a la investigación. Se identificó sólo con su alias, argumentando temor por su seguridad. Afirmó: “Tengo conocimiento de un grupo de personas que por lo general asisten al sitio encapuchados, quienes se dedican a obstaculizar la vía principal que conduce al llamado puente peatonal de Santa Librada” .
Aunque habló de manera general sobre lo que ocurría en Usme en el marco del estallido social, su aporte concreto fueron algunos números de celular y nombres que dijo haber conseguido “ganándose la confianza” de los manifestantes. Con esa información, seis líneas telefónicas fueron intervenidas. En el mejor de los casos, los titulares de esas líneas coincidían parcialmente con los datos proporcionados por esta fuente, calificada como “no formal” en el argot policial: alguien que entrega información sin revelar su identidad.
No hubo registros de comunicación directa entre los dueños de esas líneas, lo que indica que los “chuzados” ni siquiera se conocían entre sí. La única interceptación que el analista de comunicaciones de la policía consideró relevante fue la de Javier Silva. En algunas de sus llamadas, Silva habló de la Primera Línea. Esas menciones bastaron para que la Fiscalía interviniera también los teléfonos de sus interlocutores, quienes luego serían acusados formalmente.
“El Rolo” regresó el 3 de junio de 2021 a las 8:00 a. m., esta vez para referirse a la vandalización de un cajero Davivienda ocurrida el 28 de mayo. Entregó cinco nuevos números telefónicos y nombres, todos distintos a los que ya había dado. Explicó que había obtenido la información asistiendo de forma pacífica a las marchas y relató: “Hay un cucho que le dicen ‘El Loco’, no sé cómo se llama, pero este man es el que está patrocinando semanalmente a los muchachos de la Primera Línea… A veces llega bien escoltado al barrio ya que trae el dinero con el que paga y trae insumos”
También mencionó a un presunto reclutador y describió una supuesta estructura criminal. De los cinco números, tres no presentaron ninguna actividad.
Quince días después, el 17 de junio de 2021, apareció Julián David Ramírez, quien se convertiría en el testigo clave de la Policía y la Fiscalía. Tenía 21 años y dijo conocer una “organización delincuencial conformada por ocho integrantes… quienes han realizado varios actos de vandalización, en especial buses de SITP y cajeros automáticos”. En esa misma declaración señaló como líder a Javier Bustamante, alias “El Loco”; a alias “Jhon Freddy” como el encargado de las reuniones y pagos en efectivo; a alias “Yaco” como el distribuidor de bombas molotov; y a alias “Cortés”, quien recibía droga de “El Loco” para distribuirla durante las marchas.
Ramírez afirmó que obtuvo la información porque los involucrados también vendían estupefacientes en el barrio Chuniza. Coincidía con “El Rolo” en la mención de un sujeto apodado “El Loco”, presuntamente llamado Javier, como cabeza de la organización. Además, ambos mencionaban a cuatro alias en común: “Gara”, “Cortés”, “Cristián” y “Jhon Freddy”.
Llama la atención que Ramírez mencionara a Carlos, quien luego sería procesado, pero no describiera ningún rol específico para él, a diferencia de los demás señalados en su testimonio. Al final del documento, el agente que recogió la declaración dejó constancia de que “en oportunidades anteriores esta persona ha aportado información que resulta ser veraz, eficaz, y que ha permitido dar excelentes resultados, logrando la desarticulación de organizaciones delincuenciales dedicadas a actos vándalos no solo en la ciudad capital sino en todo el territorio nacional”.
Hasta ese momento, la investigación consistía en señalamientos de dos supuestas estructuras criminales, sin identidades claras, con presunta capacidad para manejar explosivos, financiar manifestaciones y operar redes de microtráfico. De las 15 líneas interceptadas, algunas contenían referencias genéricas a actividades delictivas. Pero la Fiscalía optó por enfocarse en las conversaciones que mencionaban a la Primera Línea.
En síntesis, hasta ese punto, solo dos de los acusados habían sido mencionados de manera ambigua por un testigo, y sus teléfonos habían sido intervenidos: Carlos y Javier Silva. Ninguno de los dos había sido identificado como líder, ni vinculado a una estructura concreta.
El 3 de julio de 2021, a las 2:00 P.M., Ramírez volvió, esta vez con información nueva, completamente distinta a la entregada apenas unas semanas atrás. Dijo a las autoridades que tenía esos datos porque llevaba mucho tiempo al lado del Puente de la Dignidad, tratando a las personas sobre las que daría testimonio, además de identificarse como parte de esa presunta organización criminal al asistir a reuniones con ellos durante las manifestaciones.
También dijo en esa diligencia que Carlos o ‘El Flaco’ era el que manejaba la Primera Línea, quien lideraba las confrontaciones era alias ‘Jalisco’ y que debajo de ellos estaban ‘Faber’, ‘Raúl’, ‘Tasmania’ y ‘Diablo’ como coordinadores de la agrupación. Además, señaló a Natalia, una funcionaria de la Alcaldía que trabajaba como referente de Derechos Humanos, como la encargada de avisarles cuando iba a llegar la policía, que los ayudaba a hacerlos pasar por gestores de convivencia. Afirmó que podía reconocerlos a todos porque los había tenido “frente a frente”. Aquí la investigación se empezó a tratar de los acusados por la Fiscalía.
El 12 de julio del 2021, Ramírez entregó su tercer testimonio, a propósito de la toma y vandalización de un bus de SITP. Esta vez señaló estar en el momento de la planeación de los hechos violentos por los que se acusó a la Primera Línea y, textualmente, manifestó estar en medio de las confrontaciones. Cuando el agente de la Sijín que le tomó la declaración le preguntó hace cuánto tiempo conocía a las personas de las que hablaba, así respondió: “Yo (he) estado con ellos en la pelea dentro de las manifestaciones, nos hemos parado duro con el Esmad, hemos estado en reuniones en ese sector del puente de la dignidad en la cuadra cerrada, ya tenemos confianza y nos distinguimos especialmente con los socios que nombré ahorita Jalisco, Carlos, Diablo, Tasmania, Faber y con otros socios como Raúl y una pelada de la Alcaldía que nos ayuda a dar información cada vez que necesitamos salir de la olla cuando el ESMAD nos va a caer, esta socia se llama Natalia”.
En el mismo testimonio Ramírez se contradijo e indicó que participaba de las manifestaciones pacíficamente y que quería entregar información porque creía que sus compañeros querían matar. Lo que demuestra una incongruencia que se aprecia a lo largo de sus ocho declaraciones: entre testigo pasivo, manifestante pacífico y coautor material de los hechos que denuncia.
Nuevamente, el 23 de julio de 2021, Ramírez dio su testimonio, esta vez con ocasión de una confrontación que sucedió entre manifestantes y policía en el marco de un concierto por la paz organizado entre la Alcaldía de Bogotá y los manifestantes para desescalar el conflicto, en la cual robaron la moto de un policía e hirieron al uniformado.
Ahora, el énfasis de la declaración era señalar a la funcionaria de la Alcaldía: “Natalia, esta vieja es de la Alcaldía, es la que nos presta las chaquetas de la alcaldía para infiltrarnos en las manifestaciones, saber quienes están por ahí de los tombos de la Sijin, también ella se hace al pie de los tombos que tienen radio, y esta socia le avisa a Faber o a Carlos todo lo que van a hacer los tombos cuando lleguen a USME… Con esta ayuda de Natalia (a) los socios de primera línea nunca los cogen mal parados, siempre se preparan para darle duro a los tombos que llegan a apoyar el puente de la Dignidad de Usme”.
La quinta declaración a Ramírez se tomó el 25 de julio de 2021 a las 8:00 a.m., en ella se presentó como integrante de la primera línea, hablo de peleas entre los miembros del grupo y afirmó que Natalia, la referente de derechos humanos de la alcaldía de Usme, “es la que coordina cuando la primera línea debe ponerse las pañoletas, las capuchas y es la que dice cuando se le debe cascar a los tombos”.
En la misma diligencia entregó identidades detrás de los alias de ‘Tazmania’ y ‘Jalisco’. Al primero lo presentó como Elkin Vargas Jurado y al segundo como Álvaro Javier Silva. Además, agregó sobre ‘Tazmania’ que: “este pelado es el que ha participado en el secuestro y la quema de los buses del SITP , es el que le gusta hacer esa huevonada y ha quemado la mayoría de buses de esta manifestación”.
Como último dato interesante de la declaración recibida por la policía en esa ocasión, cuando le preguntaron características físicas de Faber dijo: “A él lo he visto muy pocas veces, pues él está más arriba en el grupo de la primera línea … no he tenido mucho contacto con él”. Esto pese a que llevaba cuatro testimonios previos en los que garantizaba conocerle, frente a frente e incluso estar por debajo de Carlos, quien sería el supuesto máximo jefe de esa organización.
El 25 de julio de 2021 apareció nuevamente ‘El Rolo’. Su declaración no sería importante, de no ser porque salvo algunas modificaciones en la forma, es exactamente la misma declaración que Ramírez había presentado ese mismo día, una hora antes.
Es claro que ambos testigos tenían un libreto, peor aún, la transcripción de ambas declaraciones tiene los mismos errores. Si desea corroborar por usted mismo, dejamos las dos declaraciones para que las lea.
5 días después, el 30 de julio de 2021, Ramírez volvió a las instalaciones de la policía, esta vez para señalar que Carlos y Jalisco eran los líderes, contrario en lo señalado en versiones anteriores, donde solo mencionaba a Carlos e incluso a Natalia. Esta vez la declaración la dio con motivo de la vandalización de un bus del SITP el 28 de julio.
Más de un mes después, Ramírez volvió a aparecer, dijo en ese momento que Carlos y Jalisco eran los líderes, aunque señaló que había un sujeto que estaba por encima llamado Alias Karin y era este quien manejaba el dinero para comprar los insumos de la manifestación, de esta persona no volvió a hacer mención. Señaló direcciones de vivienda y trabajo de Natalia, Carlos, Jalisco, Faber, Raúl, Diablo y Tazmania, y acusó a Natalia de prestarle chaquetas de la Alcaldía a Jalisco para infiltrarse con la policía.
La última declaración de Ramírez ocurrió el 25 de octubre de 2021. En ella vuelve y entrega direcciones de vivienda de los presuntos terroristas de la primera línea: Jalisco, Raúl, Faber, Diablo, Natalia y Tazmania.
Como consta en las audiencias, los investigadores estuvieron en campo con comunicación en tiempo real con los analistas de la sala de interceptaciones y aún así no contrastaron la información en terreno aportada por los testigos, como se evidenció en la audiencia del 25 de septiembre de 2023. Solo se quedaron con el testimonio de Ramírez quien fue asesinado el 3 de junio de 2023 en Bogotá, a unos meses de ser llamado a declarar en estrados judiciales.
Pese a estas contradicciones, la jueza del caso consideró que los testimonios del testigo Julián David Ramírez eran creíbles, reiterados y voluntarios, y por tanto les dio plena validez como prueba.
Las únicas pruebas que acreditaron la tesis del ente acusador fueron unas interceptaciones telefónicas en las que los imputados hablaron en el contexto de la confrontación entre manifestantes y fuerza pública. Sin embargo, esas comunicaciones se interpretaron sesgadamente.
Un ejemplo de lo anterior es esta comunicación del 20 de julio de 2021, en la que Natalia Sánchez, referente de derechos humanos de Usme, le informa a una manifestante que seis escuadrones del ESMAD los van a encerrar.
Esta es la información sobre esa interceptación que se presentó a la juez:
Esta es la comunicación completa:
La Fiscalía sostuvo que esta era información privilegiada. Sin embargo, esta comunicación en particular demuestra lo contrario.
Los datos que presentamos aquí son apenas una parte del expediente judicial. Este artículo revela que la investigación se basó en un testigo incongruente y que estuvo bajo un libreto, por lo menos en una ocasión. En próximas entregas hablaremos en profundidad de las acusaciones sesgadas de la Fiscalía que llevaron a la condena de Natalia Paola Sánchez por cuenta de las interceptaciones y la historia de los presuntos criminales, que infiltraron la protesta social a los que ni el ente acusador, ni la Policía, prestaron atención en la persecución a los “vándalos”.
