RAYA tuvo acceso a los 595 folios que el senador Iván Cepeda adjuntó a una carta enviada a 15 congresistas demócratas que ya habían cuestionado los nexos del hoy presidente Abelardo de la Espriella como abogado de narcos. El expediente incluye pruebas sobre negocios de tierras de personajes vinculados al paramilitarismo o al narcotráfico que terminaron en sus manos y del nuevo empresario del oro, con el que su bufete se asoció en el pasado en la explotación de una mina y quien se ha visto beneficiado con recientes concesiones mineras.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La misiva está dirigida a 15 congresistas demócratas estadounidenses, entre los que destacan Alexandra Ocassio-Cortez, Gregory Meeks o Jim McGovern. La firma el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, que la envió el pasado 5 de noviembre, y en ella les pide tramitar ante autoridades estadounidenses la denuncia por los nexos del presidente Abelardo de la Espriella con personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico en Colombia, algunas de las cuales han sido procesadas en ese país. El expediente contiene anexa la denuncia penal que Cepeda radicó dos días antes, el 3 de noviembre, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. RAYA tuvo acceso a ese documento, de 48 páginas, y a los 595 folios de material probatorio que incluyen: certificados de tradición de los predios cuestionados, certificados de Cámara de Comercio de las sociedades que controlan esas tierras y soportes de las transacciones que ha hecho De la Espriella alrededor de algunos de esos bienes.
La denuncia no se centra en recoger los vínculos que De la Espriella tuvo en el pasado con jefes paramilitares, narcos y lavadores de activos, que ya se han documentado, sino que aborda decisiones tomadas en el Gobierno que preside y que habrían favorecido a sus antiguos socios. Además, contiene otros posibles delitos cometidos por el ahora presidente, entre ellos, uno nuevo: la presunta invasión de áreas de especial importancia ecológica a través de su finca Polonia, en San Benito Abad, en La Mojana sucreña.
Tierras en La Mojana sucreña: ¿se apropió de cuerpos de agua de la nación?
El 12 de marzo de 2008, el hoy presidente De la Espriella y su padre, Abelardo de la Espriella Juris, le compraron a Gabriel Gutiérrez Hincapié la finca Polonia por $115 millones, según la escritura pública de la Notaría 20 de Bogotá. Está ubicada en el paraje Rabón, en San Benito Abad (Sucre), en La Mojana sucreña, entre las ciénagas La Cruz y La Hormiga, y tiene una extensión de 392 hectáreas, según ese documento.
Sin embargo, la denuncia devela en esa compraventa una irregularidad: si bien se plasmó allí un área de 392 hectáreas, originalmente el folio de matrícula del predio reconoce una extensión de 325 hectáreas. Es decir, en el negocio jurídico se incluyó un área mayor —67 hectáreas más— “sin que conste ningún levantamiento topográfico, englobe, rectificación de área ni proceso de pertenencia que la justifique”, se lee en el texto. El delito lo configuraría el hecho de que ese excedente pertenecería a cuerpos de agua de la Nación de los que se habrían apropiado De la Espriella y su padre.
Según el documento judicial, a partir del cruce del polígono catastral del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y la cartografía oficial, dentro del predio hay 61,2 hectáreas de agua distribuidas así: 50,3 hectáreas de ciénaga en 16 cuerpos de agua, 8,3 hectáreas de pantano, 1,7 hectáreas del cauce del Caño Rabón y 0,9 hectáreas de isla, que en total significan el 16% del predio. Esos bienes de uso público de la Nación no pueden ser propiedad privada y son inalienables e imprescriptibles.
En 2015, Abelardo y su padre le vendieron por $55 millones una pequeña parte —0,7 hectáreas— a la Agencia Nacional de Infraestructura y en la escritura pública que formalizó esa venta los dos dueños volvieron a poner la extensión de las 392 hectáreas.
Por la presunta apropiación de esas 61,2 hectáreas de ciénaga, pantano, cauce e isla, la denuncia pide investigar a De la Espriella por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica y, derivado de ese, la financiación de esa invasión. Pero, además, por las escrituras públicas de 2008 y 2015 en las que se habría inflado el área original del predio, se pide a la comisión que se le investigue también por el delito de obtención de documento público falso.
Además, mediante la revisión del folio de matrícula, se evidenció la ausencia de un título originario que saliera del Estado, lo que podría derivar en que se trata en realidad de un predio baldío, es decir, que le pertenece a la Nación y que solo está disponible para entregarse a campesinos sin tierra. En ese caso, lo que tendría que hacer la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es un proceso de clarificación de la propiedad. “Desde el 7 de agosto, el denunciado es superior de quienes deben decidir si se clarifica la propiedad de Polonia: la directora de la ANT y el ministro de Agricultura, a quienes nombró. Tiene interés directo en que esos procedimientos no se abran y no consta que se haya declarado impedido ni que haya dispuesto garantías de imparcialidad”, se lee en la denuncia. Por eso, pide que se le investigue por prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.
Las conexiones con la red de Hugues Rodríguez, “Comandante Barbie”
Buena parte de la denuncia contra De la Espriella está dedicada a demostrar la relación comercial, profesional y societaria que ha sostenido durante años el hoy Presidente de la República con Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como “Comandante Barbie”, condenado en Colombia por promover grupos paramilitares y procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Y cómo esa red asociada a Hugues mantuvo el control de bienes que la justicia le había arrebatado y que ahora están en manos de entidades en las que Abelardo ha nombrado a abogados de su firma. Un bufete que en el pasado ha representado a compañías de esa red.
Rodríguez Fuentes fue condenado en Colombia en todas las instancias de la justicia: en 2007 un juzgado de Valledupar le sentenció nueve años de cárcel por concierto para delinquir por promover grupos armados ilegales; en segunda instancia, el Tribunal Superior de Valledupar confirmó la condena en 2008 y la Corte Suprema de Justicia, en 2011. Además, el alto tribunal ha rechazado demandas de revisión de él contra su condena. En ese proceso, así como en investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha establecido que Hugues fue un patrocinador de la entrada de los paramilitares al departamento del Cesar y que fincas suyas, como El Carmen, sirvieron de base para las AUC.
La denuncia instaurada por Cepeda incluye además detalles del caso por narcotráfico por el que Hugues fue procesado en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto a jefes paramilitares como Hernán Giraldo Serna, Jorge 40 o Freddy Castillo Carrillo, “Pinocho”. En ese proceso, el 6 de febrero de 2008 el juez Alan Kay ordenó su detención sin fianza y dejó constancia de que Hugues “tuvo los medios y la capacidad para evitar su arresto durante varios años en Colombia, tras viajar a Venezuela y de allí a Curazao”. Además, el expediente muestra que dentro del proceso Hugues se declaró culpable y que sería testigo contra Jorge 40 si este llegaba a juicio. Sin embargo, en julio de 2010, el juez Reggie Walton desestimó el caso, con base en un acuerdo reservado del que no han trascendido más detalles.
En Colombia la justicia le embargó en 2007 decenas de bienes de su propiedad, bajo las compañías Inversiones Rodríguez Fuentes, Inversiones Guatapurí y Palmeras de Convención. Sin embargo, aún cuando bienes suyos estuvieron bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), estos siguieron siendo explotados por él y su red. En junio de 2022, por ejemplo, Inversiones Rodríguez Fuentes arrendó por 30 años 470 hectáreas del predio La América por $2 millones mensuales a Monte Horeb Group, cuya representante, Soraya Obando Daes, ha sido parte de la junta directiva de Inversiones Guatapurí, del mismo emporio. Dos hijos de Hugues, además, han pertenecido a Monte Horeb.
¿Y cuál es la relación que conecta a De la Espriella con la red del patrocinador paramilitar y narcotraficante Hugues Rodríguez? Hay varios elementos recopilados en la denuncia. En 2013, De la Espriella le compró a Martha Lucía Rodríguez Fuentes —hermana de Hugues— el predio Nueva Jerusalén, de 176 hectáreas, en Becerril, por $680 millones, predio que está en la zona del título minero de carbón de la Drummond. Además, De la Espriella ha sido apoderado en un proceso por la mina El Hatillo de la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, de la esposa de Hugues, María Consuelo Pavajeau, y de un hijastro de Hugues. En mayo de 2022, De la Espriella firmó como apoderado de ellos un recurso de reposición instaurado en medio del proceso. En julio de ese mismo año, el Tribunal Superior de Valledupar los notificó a ellos en el correo de De la Espriella —
Y otro elemento más: varios miembros de la familia de Hugues y de su red son socios de Abelardo de la Espriella en Dominio de la Espriella S.A.S., la compañía detrás de su publicitado Ron Defensor: Monte Horeb Group, con el 9% de las acciones; Elisa Clara Rodríguez Fuentes, hermana de Hugues, con el 3%; Carlos Juan Olivella Pavejau, hijastro de Hugues, con el 1,5; y Jaime Luis Olivella Pavejau, otro hijastro de Hugues, con otro 1,5%. En total, la red asociada a Hugues tiene el 15% de las acciones de Dominio de la Espriella.
El problema es que la relación que ha mantenido el presidente con ese círculo tendría implicaciones sobre esos bienes que eran de Hugues y que hoy tiene el Estado. Ocho predios de Hugues están prometidos en compraventa de la SAE a la Agencia de Tierras y tres de esos se ubican dentro del título minero de la Drummond en el Cesar, igual que el predio que el propio Abelardo le compró a una hermana de Rodríguez Fuentes. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ya ha anunciado que no seguirá adelante con las compras de tierras. “La decisión de no comprar tierras, adoptada por el gobierno De La Espriella, en lugar de destinar esas hectáreas a la reforma agraria, las devuelve al mercado, en el que la empresa titular del área minera es un comprador previsible y, en todo caso, los beneficiarios de tales transacciones, serán el hoy presidente Abelardo De La Espriella y el señor Hugues Rodríguez”, se lee en la denuncia.
Algo similar a lo que ocurre con el predio La Alquería, también de Hugues, y documentado por RAYA. La finca estaba en manos del Fondo para la Reparación a Víctimas, postulada por Jorge 40 y Salvatore Mancuso. La Agencia de Tierras lo compró y se lo entregó a campesinos, que hoy denuncian hostigamientos y amenazas de los trabajadores de Hugues que están en fincas aledañas. El actual Gobierno tendría que terminar de formalizar el negocio y la titulación de ese predio a campesinos.
Por esos negocios y decisiones alrededor de esas tierras, la denuncia pide investigar al presidente por interés indebido en la celebración de contratos. También por tráfico de influencias de servidor público, por las personas que son de su bufete privado que ha representado en el pasado a compañías de la red de Hugues y que ahora Abelardo ubicó en cargos que deciden sobre esos mismos asuntos: Diana Patricia Bravo al frente de la SAE; Jensy Johana Osorio al frente de la Unidad de Víctimas que controla el fondo de reparación a víctimas; Julia Eva Pretelt al frente de la Superintendencia de Sociedades que vigila a empresas como Dominio de la Espriella, Monte Horeb o Inversiones Rodríguez Fuentes; y Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia, que revisa los decretos del sector. También pide investigarlo por prevaricato por omisión, por no declarar ni tramitar esos conflictos de interés en los que está inmerso.
El contrato de exploración y explotación adjudicado a un socio de la mina Walter en el sur de Bolívar
La mina de oro bautizada como “Walter” está ubicada en el corregimiento Alto Caribona, del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. Desde hace más de dos décadas es objeto de una disputa entre la comunidad minera artesanal y una cooperativa que después se convirtió en empresa y que ostenta el título minero desde 2008. La denuncia presentada por Iván Cepeda, apoyada en una investigación de RAYA, documenta que Abelardo de la Espriella habría intervenido en esa disputa a favor de los empresarios del oro, a través de uno de sus hombres más cercanos y socio en el bufete: Daniel Peñarredonda. Y que, ya en el actual Gobierno, a uno de los empresarios de esa mina que fue favorecido por el bufete de De la Espriella le fue adjudicado un contrato de exploración y explotación de minerales en el Cesar.
Se trata de Olimpo Oliver Peñaranda, una ficha clave en Minecar Gold, la empresa que tiene el título minero en el Alto Caribona y que antes fue la cooperativa Coopcaribona. Entre 2018 y 2020, el abogado Daniel Peñarredonda fue accionista de esa compañía y para algunas asambleas y reuniones era Oliver quien lo representaba a través de un poder que le otorgó. Entre esos accionistas también figuraba Segundo Victoriano Téllez, tío de Edwin Ferney Uribe Téllez, alias “Cabezón”, uno de los mandos en la región del Bloque Central Bolívar, la estructura comandada por el jefe paramilitar “Macaco”.
La denuncia de Cepeda adjunta una resolución de la Agencia Nacional de Minería, fechada el 4 de septiembre de 2026 —a pocos días del primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella— en la que le adjudica a OP Gold Capital, una compañía de Olimpo Oliver, el Contrato Especial de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para minerales de cobre, oro y sus minerales asociados, correspondiente al Bloque 2, en el municipio de San Diego (Cesar). Pero además de este contrato incluido en la denuncia, hubo otro más que le fue concedido, según información difundida por la Agencia de Minería y por la propia compañía: el 9 de octubre pasado no sólo suscribió el del Bloque 2, sino también otro correspondiente al Bloque 3.
Por esos hechos, la denuncia pide investigar al presidente por tráfico de influencias de servidor público y, de nuevo, por interés indebido en la celebración de contratos.
La denuncia también incluye otro caso: el del “Lote 7”, ubicado en la margen izquierda del río Sinú, sobre la vía Montería-Arboletes, que le vendió en noviembre de 2020 Carlos Arturo Vega Pineda a Cosenza S.A.S., sociedad de Abelardo de la Espriella. Para el momento de esa transacción, la Fiscalía había iniciado meses atrás una indagación por lavado de activos contra Vega Pineda. Además, ese vendedor sería un testaferro del paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán: entre 2000 y 2008, dice la denuncia, Vega Pineda figuró como titular de cuatro predios en Unguía (Chocó) que fueron postulados por ese jefe paramilitar al sistema de Justicia y Paz.
