La gerente de campaña de la candidata Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, tiene un cuñado poderoso en el Magdalena: José Ignacio Díaz Granados Guida. Desde hace décadas es uno de los principales exportadores de banano a través de la empresa Banasan, de la que es el dueño del 33%. RAYA revela la declaración de un agente encubierto que detalla un posible vínculo con la banda criminal La Cordillera para operaciones de lavado de activos y de narcotráfico por medio de los contenedores de la empresa. ¿Cuál es el poder detrás de la gerente de campaña de Paloma?
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Una de las personas más importantes de la campaña presidencial de Paloma Valencia es la exministra y exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra De la Espriella, quien desde inicios de 2026 asumió como gerente de campaña de la candidata uribista. En la recta final de la contienda electoral, tanto Guerra como Valencia han promovido un discurso de cero tolerancia con la corrupción, mano dura para combatir los negocios ilegales y penas altas para quienes cometan delitos. “La guerra debe ser contra los narcos. Mano dura contra carteles y precursores químicos; generosidad y proyectos productivos para los campesinos que hoy son esclavos del narcotráfico”, dijo Paloma Valencia en una entrevista con El País de Cali, video replicado por Guerra en sus redes.
Sin embargo, esos discursos no dan cuenta de los círculos de poder que rodean, en este caso, a María del Rosario. Su hermana Manira Guerra de la Espriella está casada con un poderoso empresario del banano en el Magdalena: José Ignacio Díaz Granados Guida, quien es uno de los principales dueños de Banasan la misma empresa que está relacionada en informes de la Fiscalía por exportaciones de cocaína hacia a Europa y Estados Unidos en los contenedores de bananos. Guerra, como veremos más adelante, también tiene condenado a su hermano Antonio Guerra por recibir y dar coimas a favor de Odebrecht, en una sentencia que fue ratificada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en abril de este año. Además, su otro hermano, José Elías Guerra también fue condenado por la justicia. Su caso se remonta a 1998 cuando recibió seis años de cárcel por sus nexos con el cartel de Cali, en el marco del proceso 8.000.
Agente encubierto en Banasan, la empresa del cuñado
Un hombre a quien llamaremos Alberto, cuya identidad permanece protegida por la Fiscalía, se convirtió en febrero de 2022 en el agente encubierto de la DEA en Colombia para delatar las operaciones de narcotráfico y lavado de activos que habría desarrollado la banda criminal La Cordillera con la presunta complicidad de la empresa bananera Banasan. En relación con el envío de droga, el agente aseguró que La Cordillera exportaba cocaína, marihuana y sintéticos en varias modalidades. Entre ellos, en auxiliares de vuelo y pilotos, como en la ropa y en barcos con bananos: “Van pegados por debajo de los barcos, por medio de lanchas rápidas, submarinos, tienen gran cantidad de modalidades para sus envíos al exterior”, le dijo el agente encubierto a la Fiscalía en una declaración conocida por RAYA.
Sobre los destinos donde van a parar los barcos contaminados, el agente encubierto aseguró: España, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, México, Nicaragua y Australia. Enseguida, los funcionarios de la Fiscalía le preguntaron si conocía de establecimientos comerciales que le ayudaran a La Cordillera en la exportación de droga y en el lavado de activos. Fue en este momento cuando apareció el nombre de Banasan:
—¿Conoce sobre establecimientos de comercio que faciliten su nombre para exportar droga o hacer lavado de activos?
—Sí conozco, uno es Pepeganga y otro es Banasan.
Declaración del agente encubierto de la DEA donde advierte que Banasan ayuda a la banda La Cordillera en el envío cocaína y en el lavada de dinero.
En el documento, acta en la cual aceptó hacer de agente encubierto para ayudar a la Fiscalía a individualizar a los integrantes de La Cordillera, e identificar sus bienes e inmuebles y rutas del narcotráfico, se estableció que para la Fiscalía era muy importante que el agente accediera a reuniones, rutinas, bienes, residencias de la banda. Por esa razón, se estableció que el hombre debía tomar contacto continuo con algunos líderes de dicha organización criminal, “con el propósito de afianzar la confianza y a su vez obtener acceso a las reuniones programadas por estos y, así, obtener información privilegiada que pueda aportar a la investigación”, dice el documento.
Documento de la Fiscalía donde se acepta la colaboración del agente encubierto para recibir información de la banda La Cordillera.
Sin embargo, antes del acuerdo con el agente encubierto, desde 2016 la Fiscalía había recaudado información relacionada con Banasan y el envío de cocaína en sus contenedores. De hecho, existen documentos judiciales que mencionan a la empresa en 35 casos de exportación de cocaína hallada en contenedores de banano. Así quedó consignado en un informe de 2021, que detalló que 34 de los episodios se registraron entre 2016 y 2020 en contenedores que salieron desde los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El documento detalló que para esa época Banasan exportaba “más de 10 millones de cajas de banano al año”.
En ese mismo informe, la Fiscalía registró envíos de cocaína en contenedores de Banasan por lo menos desde el 25 de octubre de 2016. Ese día, a la Dirección de Lavado de Activos llegó una información remitida por la Policía Aduanera de Alemania sobre la incautación de un cargamento de cocaína en un contenedor perteneciente a Banasan. “Se incautaron 49 kilogramos de cocaína por parte de la Policía Judicial Aduanera ZKA de la República Federal de Alemania en un contenedor perteneciente a la empresa C.I. BANASAN S.A.S., por lo cual se hace necesaria la apertura de una indagación”, se lee en el documento. Al año siguiente, en 2017, se registraron otras dos incautaciones en un contenedor de la bananera.
Documento de la Fiscalía donde resumen las incautaciones de cocaína entre 2016 y 2020, de las cuáles 34 fueron a la empresa Banasan.
De acuerdo con la Fiscalía, el envío de droga en contenedores de banano se convirtió en una de las modalidades más utilizadas por grupos ilegales, debido a que es un espacio ideal para ocultar “una considerable cantidad de estupefacientes”. En 2018, por ejemplo, las autoridades efectuaron cinco incautaciones de cocaína en contenedores de Banasan. Una de esas sucedió el 5 de julio de 2018, en el puerto de Santa Marta: 209 kilos del alcaloide que tenían como destino el puerto de Amberes, en Bélgica. Sobre este caso, la Fiscalía detalló que hubo policías asignados al puerto que fueron investigados disciplinariamente: “Incautación hecha en mercancía de BANASAN. Hay policías que eran asignados al puerto investigados disciplinariamente al parecer por omisiones”.
Para entonces, medios en Colombia empezaban a publicar noticias relacionadas con el tema. Una de ellas del 9 de marzo de 2018 de Caracol Radio: “Empresa exportadora de bananos ha sido usada para sacar cocaína en tres ocasiones”. En la nota se detalló que dicha empresa era Banasan, que los bananos provenían de Turbo, Antioquia, y que el último cargamento era de 1.626 kilos, “al parecer del Clan del Golfo, que estaban escondidos en cajas de bananos en el puerto de Santa Marta y tenían destino a Bélgica”. La cadena radial aseguró que fuentes de inteligencia le confirmaron “que no es el primer cargamento que encuentran en contenedores de esta empresa y que hasta el momento ninguna autoridad judicial o sanitaria ha iniciado investigaciones al respecto”.
Según los archivos de la Fiscalía, 2019 y 2020 fueron los años en que más incautaciones de cocaína se registraron en los contenedores de Banasan con 14 y 10 casos respectivamente. En total, entre 2016 y 2020 fueron 34 incautaciones de cocaína en contenedores de la bananera.
A raíz de estos graves hallazgos, la Fiscalía intentó desplegar una investigación para buscar más evidencias sobre los dueños de la cocaína. De hecho, un investigador visitaría una de las fincas de Banasan en diciembre de 2020 para establecer si allí se cargó la droga. La diligencia, sin embargo, nunca se realizó por las restricciones de la pandemia del Covid-19. Después, el investigador fue trasladado a otra dirección dentro de la Policía y, finalmente, el caso fue cerrado en junio de 2022 por “imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo”, según consta en los registros públicos del ente investigador.
Documento de la Fiscalía donde advierte de las pocas diligencias que se realizaron para investigar las incautaciones de cocaína en contenedores de la empresa Banasan.
De las 34 incautaciones que la Fiscalía ha identificado en ninguno de los casos ha empezado una investigación para determinar la posible responsabilidad o complicidad de los directivos con esta recurrente ilicitud. Desde que empezó a aparecer la relación entre la empresa y los barcos contaminados, Banasan se ha declarado víctima. Como le respondieron a Vorágine, medio que investigó algunas de las incautaciones realizadas a los contenedores de la bananera.
El caso número 35 que documentó la Fiscalía da cuenta de otra incautación de abril de 2022 en un contenedor de Banasan. En este caso, se trató de 457 paquetes de cocaína al interior de cajas de banano provenientes de la finca Silvia María perteneciente a la compañía. En su respuesta a este episodio, Banasan destacó que recopiló toda la información y documentación relacionada para lograr que se esclarecieran los hechos ocurridos, así como los resultados de las investigaciones internas llevadas a cabo por la compañía.
“Banasan cuenta con normas y protocolos internos que regulan las etapas o fases de la cadena logística para la exportación del banano, los cuales obedecen no únicamente a las exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, sino principalmente a la voluntad de Banasan de desarrollar su objeto social en el marco de la legalidad y, específicamente, con una política de cero tolerancia frente a la criminalidad”, se lee en la comunicación enviada en 2022.
Respuesta de Banasan a la Fiscalía cuando investigaba una incautación de droga en uno de sus contenedores en 2022.
Banasan se fundó en 2005 con el objetivo de producir y exportar bananos al exterior, principalmente a Reino Unido, Alemania y Bélgica. La junta directiva de la empresa está conformada por miembros de dos de los clanes políticos más importantes del Caribe. Por un lado, José Ignacio Díaz Granados, cuñado de María del Rosario Guerra. De acuerdo con una investigación publicada por Cuestión Pública su nombre aparece vinculado a más de 25 empresas, la mayoría de ellas en los sectores agroindustrial y portuario. Es miembro de las juntas directivas de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y de Barranquilla y tiene asiento en diversos gremios bananeros y en fundaciones ambientales en la Sierra Nevada.
José Ignacio es hermano de Sergio Díaz Granados, expresidente del Partido de La U, exministro de Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos y actual presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Ambos son hijos de José Ignacio Díaz Granados Alzamora, ministro de Salud Pública durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, presidente del Senado en 1980 y gobernador del Magdalena.
A José Ignacio lo acompaña, en la junta directiva de Banasan, Álvaro Luis Vives Lacouture, integrante de otra familia influyente del Magdalena, quien en 2019 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por recibir subsidios de Agro Ingreso Seguro destinados a pequeños campesinos; sin embargo, no pagó la condena de doce años de cárcel tras devolver los dineros recibidos. En el Magdalena, a Vives Lacouture se le reconoce como una figura central del poder regional, que combina el liderazgo gremial con el peso político de su familia.
Según datos de la Asociación de Bananeros del Magdalena Medio y La Guajira (ASBAMA), Banasan representa el 13% de la exportación de banano de Colombia, ubicándose como la tercera empresa que más envía esta fruta al exterior. Su centro de operación es la zona bananera de Urabá y Magdalena. En junio del año pasado la empresa fue condecorada con la Orden del Congreso de la República en el grado de Comendador. El reconocimiento fue entregado por el senador Gustavo Moreno del partido ASI a Álvaro Vives Lacouture, quien en su intervención dijo: “Es un reconocimiento para seguir fortaleciendo la agroindustria bananera colombiana. Durante estos 20 años, hemos trabajado con compromiso y orgullo para llevar el banano de nuestro país a los mercados internacionales”.
De izquierda a derecha; Carlos Pinilla Gerente de Banasan S.A.S.; Yamile Rodríguez, Directora de la Fundación Banasan; Álvaro Vives Lacouture, Presidente de la Junta Directiva de Banasan y Andrea Santos, Contralora del grupo ejecutivo Banasan el día de la condecoración por parte del Congreso el año pasado.
El primer hermano condenado por sus nexos con el Cartel de Cali
El primer hermano condenado de María del Rosario Guerra, conocida como “Charito”, fue José Elías Guerra, conocido como “Joselito”. Fue sentenciado en 1998 a seis años de cárcel por ingresos de dineros del cartel de Cali a su campaña política en las elecciones de 1994, cuando quedó electo senador del Partido Liberal. Según la sentencia, utilizó maniobras financieras y documentación falsa para camuflar y legalizar la entrada de los dineros ilícitos.
En concreto, la investigación contra “Joselito” tuvo su génesis en abril de 1995 cuando la Policía realizó una serie de allanamientos a inmuebles de los jefes del cartel de Cali: Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En la diligencia se encontraron “de significativa trascendencia” varias facturas y órdenes de alojamiento en el Hotel Intercontinental de Cali, “en las que aparece relacionado el nombre de José Guerra, alguna de ellas canceladas por “Inversiones Ara” de propiedad de los mencionados narcotraficantes”, dice el documento.
La Fiscalía logró demostrar un incremento injustificado de 30 millones de pesos de la época –que hoy equivalen a cerca de 250 millones– por parte de “Joselito”. Además de enriquecimiento ilícito, otros de los delitos por los fue condenado fueron: falsedad en documento privado y estafa. En el primer caso, la Corte Constitucional aseguró que el entonces senador falsificó una factura por 20 millones de pesos.
Sobre la estafa se aseveró que Guerra obtuvo un crédito del Banco Popular por 15 millones con un documento falso. “El actor no tenía derecho a obtener esa suma de dinero como prima de transporte, ya que para el Senado se concreta un suma de dos millones”, aseguró el tribunal que condenó al hermano de “Charito” a siete años de prisión.
Aunque “Joselito” intentó por varias vías desestimar su condena, asegurando que lo condenó “un juez sin rostro”, en junio de 2014 la Corte Constitucional la dejó en firme. En la actualidad Guerra se encuentra libre y alejado de la política, sin embargo, tras bambalinas mantiene una influencia política en el departamento de Sucre y al interior del partido Centro Democrático. Principalmente, su vigencia política se da a través de su hija, María Angélica Guerra, quien en agosto de 2025 asumió como senadora para ocupar la curul vacante tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
El segundo hermano condenado por sobornos de Odebrecht
Antonio Guerra de la Espriella es el segundo hermano de la gerente de campaña de Paloma Valencia que fue condenado por la justicia. Es otro influyente político del departamento de Sucre y fue senador entre 1998 y 2018, primero por el Partido Liberal y luego por Cambio Radical. En el Congreso se desempeñó como presidente de la Comisión Tercera del Senado, encargada de asuntos económicos. En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en última instancia a más de 11 años de prisión por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Según el fallo, Guerra utilizó su posición en la comisión económica del Senado para incidir ante funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, incluyendo al entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el fin de que la multinacional Odebrecht obtuviera un contrato de estabilidad jurídica y así pagar menos impuestos en el país. La sentencia subrayó que Guerra creó una alianza con otros políticos condenados para "torcer" funcionarios y favorecer los intereses de la constructora brasileña.
De acuerdo con las pruebas avaladas por el alto tribunal, la operación criminal comenzó en 2012 cuando Otto Nicolás Bula, lobbista de Odebrecht, contactó al entonces senador Bernardo "El Ñoño" Elías, para que como miembro de la Comisión Tercera del Senado intercediera ante el Comité de Estabilidad Jurídica –órgano encargado de evaluar los contratos y compuesto por el Ministerio de Hacienda y otras dependencias– para la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica, en el que la multinacional estaba interesada y el cual el Gobierno había desestimado inicialmente.
La sentencia reseña que para cumplir su propósito, “Ñoño” Elías buscó la “colaboración de su compañero y amigo Antonio Guerra a quien le ofreció darle algo de lo que recibiera por su gestión”. La Corte apuntó que con la intención de lograr la aprobación del contrato, en repetidas ocasiones, Guerra y el “Ñoño” abordaron a Mauricio Cárdenas y condicionaron el avance de la reforma tributaria, del cual Antonio Guerra era ponente, a cambio de que se firmara el contrato de estabilidad jurídica antes de que finalizara el año, fecha en que se vencía el plazo.
Sentencia contra Antonio Guerra de la Espriella.
Finalmente, el contrato de estabilidad jurídica se firmó el 31 de diciembre de 2012. La sentencia dice que a cambio de su intervención, “Elías Vidal recibió entre 700 y 800 millones de pesos. De ellos, le entregó 200 millones a Guerra De La Espriella como contraprestación por las acciones realizadas ante el ministro Cárdenas”.
A pesar de que la Corte menciona a Cárdenas como figura relevante para que Odebrecht obtuviera ese contrato, el hoy asesor de la candidata Paloma Valencia tampoco ha sido investigado por la justicia. Se sabe que en 2019 rindió declaración ante la Corte Suprema, en la investigación que le sigue al senador liberal Álvaro Ashton por el mismo caso. En medios Cárdenas ha manifestado que no tiene nada que ver con el contrato de estabilidad jurídica para la construcción de la Ruta del Sol II, sin embargo, los archivos de su testimonio no aparecen en los despachos judiciales.
En consecuencia en su intervención ilegal para favorecer a Odebrecht a recibir beneficios tributarios, Antonio Guerra de la Espriella fue condenado por la Corte Suprema a 11 años y 5 meses de prisión, pena que cumple desde abril de este año. Además, lo obligó a pagar una multa de 1.000 millones de pesos y una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, los líos con la justicia no sólo alcanzan a los hermanos de María del Rosario Guerra, también a su tío Julio César Guerra Tulena, quien fue gobernador de Sucre entre 2012 y 2015, enfrentó múltiples investigaciones por corrupción en el departamento.
Uno de los más importantes fue cuando la Contraloría lo declaró responsable de autorizar pagos por 2.723 millones de pesos a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, por supuestos tratamientos a enfermos mentales que nunca se realizaron, en un caso que se conoció como el “cartel de enfermos mentales”. El órgano aseguró que Guerra Tulena "con su negligencia y falta de cuidado en el manejo del erario público contribuyó a la pérdida de estos recursos”. Aunque fue obligado a devolver el dinero, Guerra Tulena nunca fue condenado a cárcel y falleció en 2022, antes de que se resolvieran todos sus procesos penales.
En ese entorno familiar opaco de la gerente de campaña de Paloma Valencia es que aparece su cuñado José Ignacio Díaz Granados Guida, casado con Manira Guerra de la Espriella. Desde hace décadas, incluso desde que empezaron a incautar cocaína en los contenedores, es una de las cabezas más visibles del negocio bananero en el Caribe, a través de Banasan. Sin embargo, han pasado diez años desde que la Fiscalía empezó a documentar incautaciones de cocaína en contenedores de esa empresa y nada ha pasado. No se ha avanzado en alguna investigación que permita establecer o desvirtuar si hay responsabilidades al interior de la empresa bananera del cuñado de María del Rosario Guerra en el envío de cocaína al exterior.
Al revisar las noticias criminales de las investigaciones pudimos establecer que la mayoría de ellas se encuentran archivadas desde hace varios años. Revista RAYA se contactó con la empresa Banasan para conocer su versión de los hechos; sin embargo, los números de contacto que le proporcionaron a la Fiscalía en su momento no funcionan y la solicitud por correo electrónico, hasta la fecha de publicación de este artículo, no ha sido atendida.
A María del Rosario Guerra y su cuñado José Ignacio Díaz Granados, se les ha visto en recientes eventos familiares donde han compartido espacios familiares. Como lo muestra la siguiente foto del 20 de junio de 2024, compartida en el perfil de facebook de su hermano “Joselito”, el condenado por nexos con el cartel de Cali. En la foto también aparece Antonio Guerra de la Espriella, el condenado por Odebrecht.
María del Rosario Guerra y su familia en un evento de 2024
A días para la primera vuelta presidencial, la expectativa del Centro Democrático es poner a Paloma Valencia en la segunda vuelta y para ello la influencia de María del Rosario Guerra no ha sido menor: no sólo ha organizado la agenda, elegido el equipo de debate o recaudado dineros para la campaña —tareas principales de una gerente—, sino que también fue clave para que Juan Daniel Oviedo aceptara ser la fórmula vicepresidencial de Valencia. Aunque es de perfil bajo, María del Rosario Guerra De la Espriella tiene poder político, económico y una fila de hermanos condenados.
