El Tribunal de Cartagena determinó que casi 1.000 hectáreas, despojadas por paramilitares en el Cesar, fueron luego compradas por la multinacional carbonera Drummond para su megaproyecto minero en la región. El frente paramilitar Juan Andrés Álvarez fue el encargado del desplazamiento de campesinos al mismo tiempo que recibió financiación de la carbonera según una acusación de la Fiscalía contra dos de los principales directivos en Colombia. En contraste, en Estados Unidos, la empresa ganó en primera instancia una millonaria demanda por difamación contra un abogado de derechos humanos que ha ventilado esos nexos.
Por: Sebastián Forero Rueda
El 19 de enero pasado, la compañía Drummond, multinacional carbonera con operaciones en Colombia, publicó un comunicado firmado en Birmingham (Alabama), Estados Unidos, que presentó así: “Corte Federal en Estados Unidos falla a favor de Drummond y rechaza acusaciones falsas”. En el texto, daba cuenta del veredicto del jurado en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama que concluía que el abogado de derechos humanos Terrence Collingsworth difamó a la compañía al afirmar que había financiado a grupos paramilitares en Colombia. Era el resultado de dos demandas presentadas por la carbonera y que ahora obligan al abogado y a su equipo a pagarle 256 millones de dólares a la empresa como indemnización. Según el comunicado, el veredicto “es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley” y afirma que ha sido por años víctima de señalamientos falsos. Pero, apenas unas semanas después, en febrero pasado, el Tribunal de Cartagena publicó una sentencia que confirmó que Drummond compró en el Cesar tierra despojada por paramilitares. Se trata de un proceso distinto al de Alabama, que no aborda la presunta financiación paramilitar, pero sí establece que la empresa adquirió predios arrebatados a campesinos por el frente Juan Andrés Álvarez, el mismo que habría sido financiado por la carbonera, según una acusación de la Fiscalía contra dos de sus directivos.
Son 16 predios con una extensión de 997 hectáreas en la vereda El Platanal, corregimiento de Casacará, en el municipio de Agustín Codazzi. Habían sido adjudicados a campesinos sin tierra con la reforma agraria durante la década de los ochenta. Fueron despojados a plomo por paramilitares, luego comprados por particulares y, al cabo de unos años, todos terminaron en manos de la multinacional Drummond que los incluyó en su megaproyecto minero de extracción de carbón El Descanso, uno de los más grandes de Colombia.
Veintidós (22) de esas hectáreas, que pertenecen al predio ‘Quita Pesares’, eran de Pedro Orozco Mesino, un campesino que hoy ronda los 80 años. Él había llegado al predio en 1981 y el extinto Incora se lo adjudicó en 1985. Sacó un crédito agropecuario, cercó su finca, compró vacas y montó un proyecto lechero, que comercializaba con la empresa Cicolac. Se volvió líder de la junta de acción comunal de la vereda. En ese terruño nacieron y se criaron sus cuatro hijos.
Pero en 1996, en una finca contigua, de propiedad de Hugues Rodríguez Fuentes —conocido después como un paramilitar con el alias de ‘Comandante Barbie’— se instaló una especie de base paramilitar para un ejército de hombres que hacían presencia en toda la zona y que ejercían presiones sobre los campesinos. Al poco tiempo, cuatro hombres armados llegaron hasta la finca de Pedro Orozco preguntando expresamente por él, a quien identificaban como “el representante de los parceleros” de El Platanal. Los armados le pusieron una cita en la finca de Hugues, pero el labriego prefirió irse, salir desplazado hacia el casco urbano de Casacará y después hacia Santa Marta.
Justo en el momento en que los paramilitares forzaban el desplazamiento de Pedro apareció Ramiro Quintero Zuleta, un nombre que en la sentencia de restitución de tierras se repite varias veces como uno de los comisionistas que le compraba la tierra a los campesinos que iban saliendo desplazados. Quintero le compró el predio por $3 millones y medio y lo matriculó a nombre de su esposa Edilma Cecilia Pino Pacheco. Años después, en 2010, la señora Pino Pacheco le vendió ese predio por $135 millones a la carbonera Drummond.
Según la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, fechada en noviembre de 2025 y notificada en febrero pasado, la venta del predio por parte de Pedro Orozco a Ramiro Quintero fue producto “del miedo a retornar al inmueble y ante el estado de necesidad que afrontaba”, por lo cual ese negocio terminó siendo un despojo de su tierra. Por eso, la decisión declaró nula esa compra y también la que años después haría la Drummond de ese mismo predio.
Ese caso se repite casi idéntico en los otros 15 predios objeto de la sentencia: mientras los campesinos eran desplazados, comisionistas les compraban sus predios a precios irrisorios y años después se los vendieron a la Drummond. La figura clave en el despojo es Hugues Rodríguez, quien antes de convertirse en el “comandante Barbie” era un ganadero cuya finca colindaba con la parcelación de El Platanal. Durante los primeros años de los noventa, tenía a su servicio sus propios hombres armados y después, en 1996, él terminó siendo uno de los patrocinadores de la entrada de los paramilitares de la Casa Castaño y de Mancuso a esta zona, en lo que se terminaría configurando como el Bloque Norte al mando de Jorge 40, uno de los amigos cercanos de Hugues Rodríguez. La finca de este último, de hecho, sirvió de base de operaciones al bloque y en particular al frente Juan Andrés Álvarez, que operó en este municipio.
De esa estructura paramilitar fue víctima otro de los reclamantes, el labriego Abel Urrea Torres. En 2001, año cúspide en la consolidación del paramilitarismo en la zona, los paras asesinaron a su hijo, Carlos Javier Urrea, que figuraba como titular de las parcelas Villa Belén y Magalys Mercedes, en El Platanal. Mientras estaban en las honras fúnebres, los paramilitares se metieron al predio y se robaron todas las reses. Ese mismo año, varios de los parceleros de El Platanal también fueron asesinados. La familia Urrea se desplazó hacia Barranquilla y en 2003 le vendió a la familia Zárate Lamus. Después, en 2010 ellos le vendieron a la Drummond.
Durante los años en que el frente Juan Andrés Álvarez perpetró el desplazamiento de los parceleros de El Platanal, esa estructura habría recibido financiación de la Drummond según una acusación de la Fiscalía que está en firme hoy y que tiene en juicio a Augusto Jiménez, presidente de esa compañía en Colombia entre 1990 y 2012; y a José Miguel Linares, que lo reemplazó en la presidencia de la empresa desde entonces. Ambos están acusados por concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar a grupos paramilitares. Este frente paramilitar estuvo primero comandado por Jhon Jairo Esquivel, conocido como El Tigre, y después por Óscar José Ospino, alias Tolemaida.
Según la Fiscalía, la Drummond giró los recursos para el frente Juan Andrés Álvarez a través de una figura clave: Jaime Blanco Maya, quien tenía el contrato de suministro de alimentos para la carbonera a través de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). Mediante un sobreprecio a los alimentos, dice la acusación, Drummond aportaba $30 millones a las arcas paramilitares. Blanco Maya está condenado por los homicidios en 2001 de los sindicalistas de la Drummond Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. Además, fue socio de Hugues Rodríguez en la compra de otra mina en la región, es decir, del “comandante Barbie”, principal despojador de los campesinos de El Platanal.
La empresa adquirió esos predios en 2010 para integrarlos a su megaproyecto minero llamado El Descanso, un contrato de minería de carbón a gran escala que le había otorgado el Estado en 1997 pero cuya fase de explotación había iniciado en 2009. El proyecto tiene un área de 31.559 hectáreas, enclavadas en los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, en pleno corredor minero del Cesar. Según los datos más recientes, esta mina cerró el año 2024 con una producción de 21,6 millones de toneladas de carbón, que son exportadas a diferentes destinos en América, Europa, Asia e Israel.
Según la investigación Tierra y Carbón en la Vorágine del Gran Magdalena, del Centro Nacional de Memoria Histórica, hecha por la investigadora Yamile Salinas (Q.E.P.D), la expectativa de las concesiones mineras en la región —Drummond estaba allí desde finales de los ochenta— activó la compra masiva de tierras por los “compradores intermedios”, que le compraban a los campesinos que iban saliendo desplazados para luego transar los predios con las mineras, que demandaban grandes extensiones de tierras para sus megaproyectos. Ese patrón, documentado por el CNMH, ubica el caso de El Platanal no como un hecho aislado, sino como parte de una reconfiguración violenta del territorio funcional a la expansión carbonífera. “Detrás de las masacres y desplazamientos subyacía el interés de imponer un ordenamiento territorial y poblacional funcional a las nuevas formas de concentración de la tierra y producción y exploración del carbón”, se lee en esa investigación.
El texto se refiere al acceso a información privilegiada por parte de políticos o personas influyentes en la región que tenían enlaces con las agencias estatales encargadas de definir derechos de propiedad o de otorgar concesiones mineras. La investigación resalta que el propio Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, trabajó como jefe de Impuestos y Secretario de Hacienda en la alcaldía de Rodolfo Campo Soto en Valledupar, “lo que le permitió acceder a información de propietarios de predios y parcelas, así como de titulares de minas de carbón”.
El caso de El Platanal es emblemático de lo que ocurrió en esa zona del Cesar a partir de 1996: una transición de economías agropecuarias impulsadas por campesinos beneficiarios de la reforma agraria hacia el predominio de la economía del carbón y su multinacionalización.
Producto de esa transición, aunque la sentencia confirma que los terrenos de El Platanal fueron despojados, los reclamantes ya no pueden volver a ocuparlos. “Los predios ya no cuentan con condiciones ambientales, sanitarias y productivas que permitan su restitución material, dado que ello supondría el retorno de los solicitantes y sus familias a un entorno que en la actualidad amenaza su salud, seguridad e integridad y que además perdió vocación agropecuaria por transformación del uso del suelo derivado de la actividad extractiva”, se lee en el fallo. Por eso, lo que ordena el tribunal es una compensación —ya sea con otro predio o su equivalencia económica— a los campesinos. Paradójicamente, el cumplimiento de esta sanción estará a cargo del Estado y no de la Drummond que compró las tierras despojadas y que seguirá explotando su título minero, que incluye los predios despojados.
Es decir, la compañía no pagará ni un peso tras esta sentencia aunque el tribunal concluyó que no actuó con buena fe exenta de culpa. “Su actuar estuvo marcado por una extrema incuria [negligencia, desidia], ya que la revisión de los folios de matrícula inmobiliaria les permitía verificar la real situación jurídica del inmueble, máxime si el origen del predio es haber sido objeto de Reforma Agraria y que la mayoría de sus propietarios para el año 2009 no eran sus iniciales adjudicatarios, esto es, no actuó con la conciencia de hacerlo bajo los cánones de la legalidad y la lealtad negocial”, dice el fallo.
En el proceso se conoció que uno de los campesinos reclamantes, Augusto Orozco, le avisó en 2009 a la Drummond que uno de los predios que iba a comprar era de él y que años atrás lo había tenido que vender forzosamente. En una misiva, le escribió a la compañía: “Estoy informado de la compra de tierras que ha iniciado el Departamento de tierras de la empresa Drummond a los actuales propietarios de los lotes (...); caso por el cual el actual supuesto propietario de mi finca la adquirió porque me vi obligado a vendérsela por cualquier precio por presión de los grupos paramilitares que operaban en esa zona”. Y allí mismo, le pidió a la empresa: “Deben ustedes abstenerse de cualquier negociación para la adquisición de esta tierra, hasta tanto no se aclare la situación”. El documento tiene sello de recibido de la Drummond, que hizo caso omiso al campesino y compró su tierra.
La carbonera Drummond ha negado cualquier vínculo con grupos paramilitares, lo cual reiteró cuando se conoció el fallo que salió a su favor en Estados Unidos en enero pasado. Ha dicho que lo que hay en su contra son declaraciones falsas de testigos que han recibido pagos del abogado Terrence Collingsworth y su equipo. “Drummond reitera su compromiso con una operación ética y responsable. Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país. La compañía seguirá actuando, como lo ha hecho siempre, con respeto por la institucionalidad y por los más altos estándares de integridad”, dijo la carbonera tras la decisión en Alabama.
El abogado colombiano Iván Otero es parte del equipo de Collingsworth que en primera instancia perdió en la demanda por difamación. En diálogo con la revista RAYA explicó que van a pedir un segundo juicio en esa corte, porque en el anterior no se les permitió aportar evidencias de la justicia colombiana como la acusación de la Fiscalía contra los directivos Augusto Jiménez y José Miguel Linares, quienes están a las puertas de un veredicto que pondría en contradicción la justicia de Estados Unidos que hasta ahora ha protegido a la multinacional.
