Mientras el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue anunciado para integrar el gabinete de De la Espriella, el proceso penal y fiscal avanzan en su contra por el presunto robo de más de 70 toneladas de chatarra que pertenecía al municipio. Sin embargo, la investigación ha tenido varios tropiezos que apuntan a una estrategia para frenarla. El auditor de la Contraloría que investigó el caso fue despedido este año y ha sido blanco de múltiples amenazas en los últimos meses; el subcontralor de la ciudad que debe emitir un fallo ha sido recusado y hostigado judicialmente por el abogado del exalcalde, y el principal testigo del caso fue blanco de presuntos montajes por parte de esa misma defensa para desprestigiarlo.
Por: Sebastián Forero Rueda
El auditor José Luis Calderón fue hasta enero de este año un meticuloso investigador de la Contraloría en Bucaramanga. Llevaba más de cuatro años fiscalizando al poder público de la ciudad en diversos casos de presunta corrupción que afectaban las finanzas públicas. Entre esos, lideró la investigación que hoy tiene contra las cuerdas al exalcalde de esa ciudad y ahora designado ministro de Vivienda del nuevo Gobierno, Jaime Andrés Beltrán. Se trata del caso por la desaparición irregular de más de 70 toneladas de chatarra de alumbrado público de Bucaramanga, que salieron de bodegas municipales y que según testimonios y documentos del expediente conocidos por RAYA, presuntamente se dio para favorecer al cuñado de Beltrán. Calderón, repentinamente, fue declarado insubsistente en enero pasado en medio de la investigación fiscal que avanzaba, a pesar de tener fuero de estabilidad laboral. Desde entonces, ha recibido amenazas y hoy teme por su vida.
En noviembre de 2024, como líder del equipo auditor, Calderon firmó el informe final que detonó el escándalo que involucró al entonces alcalde Beltrán. La investigación documentó la desaparición de más de 27.000 luminarias, 760 postes, 431 reflectores, más de 10.000 brazos metálicos y un transformador, elementos que se convirtieron en años anteriores en chatarra luego de ser reemplazados del sistema de alumbrado público de Bucaramanga. No se trataba de basura abandonada, sino de bienes públicos que permanecían bajo custodia de la alcaldía. En ese informe, la Contraloría cuantificó el detrimento patrimonial para la ciudad en más de 23 mil millones de pesos.
Calderón relató a RAYA que durante los últimos meses ha sido amenazado en repetidas ocasiones, aun sin conocer el origen de las intimidaciones. En diciembre pasado, incluso, su camioneta fue baleada en la puerta del conductor. Y, en febrero de este año, en el municipio de Lebrija (Santander) cuatro hombres desconocidos en dos motocicletas lo abordaron y le entregaron un panfleto firmado supuestamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que lo declaraba objetivo militar y le daba 48 horas para desvincularse de la Contraloría, pese a que días atrás ya había sido apartado del cargo. En total, sostuvo Calderón, ha recibido nueve amenazas que ya denunció ante la Fiscalía y por las que le pide a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca su esquema de seguridad.
Panfleto entregado por cuatro hombres desconocidos al investigador José Luis Calderón en febrero pasado.
La investigación, liderada por Calderón, derivó en marzo de este año en la apertura formal de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, por un presunto detrimento patrimonial que se elevó a más de 46 mil millones de pesos. Quedó a cargo del caso el subcontralor de la ciudad Carlos Saúl Sierra, quien también ha enfrentado obstáculos y ataques que vienen directamente del abogado de Beltrán, hoy ministro de Vivienda designado. Se trata de Rodrigo Parada, quien radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del subcontralor Sierra, alegando que se había filtrado el informe del proceso que tenía reserva. También lo recusó porque supuestamente tenía intereses políticos, pero eso no prosperó aunque sí frenó la investigación durante un tiempo.
Además, esta semana, el diario local Vanguardia señaló al subcontralor Sierra de estar detrás de una estrategia para sabotear la elección del contralor de Bucaramanga programada para este lunes 13 de julio. Esa publicación también sería parte de una estrategia de obstrucción a la labor de la Sierra, pues quien funge como gerente de dicho diario es Reynaldo José D’ Silva, el secretario de Hacienda del exalcalde Beltrán cuando sucedió el robo de la chatarra.
Pero ellos no son los únicos que han sido blanco de ataques en medio de la investigación por el robo de la chatarra. La pieza clave en el caso ha sido el excontratista de la alcaldía de Bucaramanga Edgardo Rodríguez Herrera, quien el pasado 29 de mayo, dos días antes de la primera vuelta presidencial, murió en una clínica de esa ciudad presuntamente por una intoxicación gastrointestinal producto de haber ingerido algún producto contaminado con heces de rata. Rodríguez era el testigo estrella en la investigación, pues fue custodio de la chatarra en las bodegas de Alumbrado Público y abrió las puertas para que saliera el material. Antes de morir, señaló ante la Fiscalía, la Contraloría y un medio de comunicación local que la orden de sacar la mercancía llegó desde el despacho del alcalde Beltrán, pero la plata, producto de esa venta, nunca entró a las arcas públicas, sino, al parecer, a los bolsillos de Óscar Ramírez, hermano de Paula Ramírez —esposa del alcalde—, es decir el cuñado de Beltrán.
Edgardo Rodríguez, testigo estrella del caso, fallecido el pasado 29 de mayo presuntamente por una intoxicación gastrointestinal.
En marzo de 2025, Rodríguez concedió una extensa entrevista al medio local ‘Sin Testigos’, en la que detalló cómo se dio la salida de la chatarra de las dos bodegas de la alcaldía. Según él, días antes, un asesor del despacho del alcalde llamado Hernán Villamizar le dijo: “Necesitamos bendecir al hermano de Paula, pero no sabemos cómo”. Después, relató, Villamizar le dio la orden para que dejara salir el material: “A mí me llama Hernán Villamizar y me dice ‘Edgardo, necesito que autorices sacar unos materiales de la bodega de alumbrado público’; y yo le digo: ‘perdón, Hernán, ¿eso es para el hermano de Paula? Porque yo dije ‘mínimo esta es la famosa bendición que va para el hermano de Paula’; y Hernán me dice: ‘sí’, él me confirma que eso es para el hermano de Paula”.
Jaime Andrés Beltrán junto a su esposa Paula Ramírez.
Una vez dada la orden, Villamizar conectó al contratista Edgardo Rodríguez con Óscar Ramírez —cuñado del alcalde—, quien dio el nombre de la persona y las placas de los vehículos que se llevarían la chatarra. Según la bitácora de entradas y salidas y los registros de esos vehículos, la carga se la llevó la chatarrería J.R.K Mary, una empresa que ya había participado en la alcaldía anterior en unos estudios previos para deshacerse de ese material. Esa chatarrería había enviado su cotización por $2.600 el kilo de aluminio contaminado y $1.000 el kilo de hierro.
El testigo, además, relató en esa entrevista que después de haber declarado ante la Contraloría fue convocado al despacho de Hernán Villamizar —el asesor del alcalde que según él le dio la orden de salida del material— y allí Paula Ramírez, la esposa de Beltrán, le pidió que le entregara su celular y no se lo devolvió. “A mí me hacen ingresar a la oficina de Hernán Villamizar, a su despacho, ahí aparece Paula, y ella empieza a preguntarme cómo me fue, y ella me mira el celular y me dice ‘¿tú en este celular qué tienes?’ Y yo le digo no pues aquí tengo los chats de seguridad, todas las fotografías de todos los movimientos del proceso de sacado del material, aquí tengo unos chats con Óscar [Ramírez], con algunos compañeros, tengo toda la información acá… Y ella me lo pidió. Y al final es cuando dice: ¿me lo puede dejar? Entonces prácticamente yo sentí que me quitaron mi celular esa noche”.
El hoy difunto Edgardo Rodríguez era muy allegado a la familia de Beltrán. Desde hacía dos décadas asistía de manera recurrente y activa a la iglesia cristiana Camino a la Libertad que lidera el papá del exalcalde y designado ministro Jaime Andrés Beltrán. Desde los inicios de la iglesia, Rodríguez acompañó a esa familia, incluso, era el encargado de pasar de VHS a DVD las prédicas que hacía el pastor Beltrán —padre del exalcalde—. La casa de Rodríguez, prácticamente, funcionaba como una sede de campaña del exalcalde.
Pese a esa cercanía de años, la defensa de Beltrán intentó desprestigiar al hoy fallecido testigo estrella del caso. En varias ocasiones en los últimos meses, el abogado Rodrigo Parada ha asegurado en medios de comunicación que Rodríguez estaba intentando chantajear o extorsionar a Beltrán con el caso de la chatarra a cambio de contratos en la alcaldía. Sin embargo, aunque Parada prometió en esas entrevistas entregar a la justicia chats completos entre el exalcalde Beltrán y el testigo Rodríguez, esto nunca sucedió.
En paralelo al proceso fiscal en la Contraloría, el caso de la chatarra también está siendo investigado por la Fiscalía. Allí, pese a que el testigo Edgardo Rodríguez estuvo colaborando con la fiscal cuarta seccional de delitos contra la administración pública en Bucaramanga, reiteró las acusaciones contra el cuñado del exalcalde y aportó números de celular, pero no le concedieron ningún beneficio y el aporte a la verdad cesó. Pese a contar con esas evidencias, dos años después de abierto el proceso penal, la fiscal del caso se encuentra todavía en etapa de indagación y no ha producido aún resultados concretos.
La desaparición de la chatarra
En 2023, durante la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas —antecesor de Beltrán— la Secretaría de Infraestructura encargó estudios previos con el objetivo de chatarrizar más de 70 toneladas de bienes remanentes del alumbrado público que estaban almacenados en sus bodegas para luego venderlas mediante una subasta pública. La idea era desocupar las bodegas, evitar riesgos ambientales y obtener recursos para el alumbrado de la ciudad. La alcaldía de Cárdenas consideró muy bajo el valor de las propuestas que llegaron, no ejecutó el proceso y los elementos se quedaron en las bodegas.
Luminarias y postes reemplazados del sistema de alumbrado público de Bucaramanga.
En cambio, a partir de febrero de 2024, ya en la alcaldía de Jaime Andrés Beltrán, quien se había posesionado el primero de enero de ese año, el material empezó a ser extraído poco a poco de las bodegas en las que estaba almacenado. El exconcejal Carlos Parra, de la Alianza Verde, quien ha documentado el caso, aportó a la investigación fotografías satelitales que muestran cómo antes del 12 de febrero de 2024 las bodegas estaban rebosantes del material de alumbrado público obsoleto y cómo, unos meses después, quedaron completamente vacías sin que la alcaldía hubiera hecho ningún proceso público para deshacerse de esa chatarra.
A la izquierda, la bodega La Hormiga en febrero de 2024, antes de que saliera la chatarra. A la derecha, la misma bodega vacía en octubre de 2024.
La investigación del exconcejal Parra mostró que los vehículos y las personas que se llevaron la chatarra de las bodegas estaban afiliadas a la chatarrería J.R.K Mary, que ya había mostrado su interés a la alcaldía de llevarse el material legalmente. Para el exconcejal Parra, la conclusión es clara: el negocio se hizo con esa chatarrería, pero no a través de un proceso público, sino mediante una operación irregular que, según el testimonio del testigo fallecido, benefició al cuñado del alcalde, es decir, el dinero fue a parar al bolsillo de la familia de la primera dama de la ciudad. Según las averiguaciones del exconcejal, en el mercado de la chatarra el material pudo haberse vendido hasta por 900 millones de pesos. RAYA llamó a la chatarrería para saber a quién le pagaron la compra de la chatarra, pero la respuesta fue colgar la llamada.
RAYA buscó al designado ministro de Vivienda para consultarle sobre la estrategia de su abogado para intentar frenar el proceso, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, esta semana, Beltrán fue cuestionado por este caso por el periodista Daniel Coronell. El ahora ministro designado respondió con evasivas, no entregó ninguna versión concreta sobre lo que ocurrió con la chatarra y dijo que su familia no está involucrada en los hechos. “Yo tengo la tranquilidad no solamente de mi esposa sino de mi familia de lo que hemos venido realizando durante todos estos años”, dijo sin ir al fondo del asunto. Atribuyó el caso a una “narrativa” que han querido construir sectores de oposición a su alcaldía, pese a que la Contraloría ya tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal en su contra y una investigación penal en su contra en la Fiscalía. Las fotos satelitales aportadas por el exconcejal Parra, así como las bitácoras de entradas y salidas de las bodegas, además del testimonio del fallecido testigo, demuestran que el material fue robado de las bodegas municipales durante su gobierno en Bucaramanga.
