En Puerto Libertador (Córdoba), donde la minería artesanal sostiene a comunidades desde hace décadas, la ANLA empezó a evaluar El Alacrán, un proyecto a gran escala con capital chino que busca explotar cobre y oro por quince años. Mientras el trámite avanza en Bogotá, en el territorio persisten los desacuerdos por consulta previa, reubicación, conceptos oficiales y testimonios locales advierten riesgos ambientales y de salud que la licencia deberá resolver —o descartar— con evidencia.
Por: Enrique Gamboa
El pasado 28 de enero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) inició las sesiones de evaluación ambiental del proyecto minero El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, sur del departamento de Córdoba. Con este paso la empresa Cobre Minerals busca obtener la licencia ambiental para la explotación de oro y cobre por los próximos quince años. Entre los conflictos que giran en torno a la mina está que la multinacional, con capital chino, busca implementar la minería a gran escala, mientras la comunidad defiende la minería artesanal que vienen desarrollando desde hace más de cuarenta años. A la espera de la decisión, líderes indígenas advierten que aún no se ha llegado a un acuerdo para una reubicación digna de las comunidades afectadas. El proyecto también ha provocado alertas en sectores ambientales por consecuencias como el desvío de fuentes de agua y la deforestación a gran escala.
A 112 kilómetros al sur de Montería, donde las montañas de la cordillera occidental pasan a ser extensas llanuras, está Puerto Libertador, un municipio que durante 45 años ha tenido en la minería artesanal su principal actividad económica. Durante décadas las comunidades indígenas, campesinas y afro han ido a la mina El Alacrán, con pala y cajón en mano, en busca de “un punto” de oro que les ayude a vivir. Han pasado todos esos años y la Comunidad Minera Artesanal no logró una formalización plena de su actividad. Hoy, el futuro de unas 1.200 personas que habitan las zonas cercanas al municipio está ligado a lo que defina la ANLA sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Minerals, cuya filial en Colombia se llama Minerales Córdoba.
La empresa Minerales Córdoba que desde 2019 viene adelantando exploración en la mina el Alacrán, presentó el 20 de marzo de 2025 la solicitud de licencia ambiental para la explotación de oro y cobre durante quince años, bajo un proyecto llamado igual que la mina: Alacrán. Según lo radicado, la empresa proyecta una producción diaria de entre 20.000 y 24.000 toneladas. En total, se estima que la mina tiene reservas de 67 millones de toneladas de estos minerales.
En paralelo a la solicitud ambiental, la ANLA viene realizando actividades para determinar si es procedente, o no, dar el aval para la explotación a gran escala y a cielo abierto de cobre y oro. Entre ellas, visitas al territorio para hacer una evaluación ambiental, solicitud de información a entidades nacionales para que presenten su concepto sobre la mina, que busca convertirse en la más grande del país y consultas previas con las comunidades cercanas al pit de explotación (el tajo principal de la mina).
La Revista RAYA conoció algunas de las actas que se generaron en medio de las consultas previas con algunas de las comunidades que hacen parte de la zona de influencia del gran proyecto minero. Una de ellas es la del 9 de septiembre de 2024, en la que participó el Cabildo Indígena Zenú de San Pedro. De acuerdo con el documento, la comunidad pidió que la empresa entregue información completa de las actividades que realiza, ya que ellos habían evidenciado trabajos adicionales, como la captación de agua y explotación en títulos mineros (San Matías y San Juan de Asís ) que también son de la multinacional, pero que no estaban contemplados en los permisos de exploración del proyecto El Alacrán, que había aprobado la Agencia Nacional de Minería (ANM) en 2019 y cuyo permiso terminó en 2025. “La comunidad no convalida que la empresa realice actividades de exploraciones adicionales en el marco de esta consulta, estas exploraciones adicionales deben ser realizadas y consultadas a la comunidad”, se lee en el acta de la reunión.
En ese sentido, para el Cabildo Indígena San Pedro era necesario que cualquier exploración adicional fuera consultada y puesta en conocimiento de la comunidad, antes de terminar el proceso de consulta previa y de poner en marcha el proyecto minero. “Estamos hablando de actividades futuras que no conocemos y a las cuales no se le han identificado impactos. El derecho de participación conlleva la identificación de impactos y las correspondientes medidas para garantizar la participación misma y la protección de la integridad étnica y cultural del Cabildo Indígena San Pedro como sujeto colectivo y esto no se ha hecho en este proceso”, se lee en el acta de la reunión de consulta previa.
En esa reunión, que se realizó en la casa de Gobierno Cabildo San Pedro, en el corregimiento San Juan de Asís, la empresa Minerales Córdoba aclaró que la consulta previa para la explotación de oro y cobre estaba resuelta desde la certificación para la etapa exploratoria en 2019, y que esa certificación incluía los títulos de San Matías y San Juan de Asís, además de los impactos ambientales y sociales. “La consulta previa aplica para la etapa, no para cada actividad exploratoria que se realice, por ejemplo, una consulta previa para dos meses de exploración y así sucesivamente”. La reunión concluyó sin acuerdo, con el compromiso de que el Cabildo Indígena San Pedro iba a analizar una contrapropuesta de la empresa.
La siguiente reunión fue el 20 de noviembre de 2024 y ahí tampoco se llegó a un acuerdo. Finalmente, el 13 de junio de 2025 el Ministerio del Interior dio por concluido el diálogo social en marco del proyecto Alacrán. “El acto administrativo determinó que, tras agotar los mecanismos de concertación, no se lograron acuerdos en la etapa de consulta”. Por esa razón se inició un Test de Proporcionalidad, un procedimiento previsto cuando no hay acuerdos en la consulta previa, que busca evaluar la viabilidad del proyecto frente a los derechos de las comunidades.
La Revista RAYA habló con Ana María Londoño, gobernadora del Cabildo Indígena San Pedro, quien ha participado activamente en las reuniones con la empresa. Ana María aseguró que los trabajos de socialización se vienen realizando desde hace más de cuatro años en conjunto con entidades nacionales y la empresa internacional: “Nosotros no estamos en contra del proyecto. Lo que pasa es que desde hace muchos años hemos bregado para llegar a unos acuerdos en el sentido de que nos den la garantía necesaria para llevar una supervivencia digna cuando se haga la reubicación. No vemos un plan a futuro para la comunidad indígena y cómo va a sobrevivir. No sabemos a dónde tenemos que ir y qué cultivos de pancoger vamos a tener.”
En el territorio, una de las preocupaciones centrales es la cercanía del tajo. Aunque Ana María reconoce la importancia de la minería para el sostenimiento de las comunidades que habitan en Puerto Libertador, apuntó que con el nuevo proyecto, el pit de explotación, el tajo principal, quedaría a tan sólo 150 metros de donde se asienta su comunidad. “Somos 47 familias que vamos a estar a menos de 200 metros. Ahí va a caer un polvillo que puede ocasionar un problema de salud. Dígame en qué entidad de salud nos van a devolver los pulmones por un proyecto que tiene tanta valoración para el Estado”, dijo la gobernadora indígena.
El proyecto Alacrán es uno de los 45 proyectos declarados de interés nacional por su valor cercano al billón de dólares y por su promesa de generar 2.000 empleos durante los quince años que dura la etapa de explotación. Una de las comunidades que también está relacionada con el proyecto es la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor). Es una organización campesina con presencia en Puerto Libertador y otros municipios de Córdoba, cuyo objetivo principal es la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en los territorios. El representante de esta asociación es Francisco Ozuna, quien le contó a RAYA que uno de los miedos en el territorio es el posible desvío del río San Pedro. “Cualquier intervención que le hagan no es normal y puede tener afectaciones graves porque la mayoría de las tierras son planas, entonces cambiar el cauce es algo no natural”, le dijo el líder a esta revista.
Aunque todavía falta tiempo para que la ANLA tome una decisión definitiva, la Revista RAYA consultó algunos de los conceptos que ministerios y entidades nacionales han emitido respecto a la viabilidad del proyecto El Alacrán. Por un lado, el Ministerio de Ambiente destacó, en un comunicado del 25 de noviembre de 2025, que permitir la explotación minera por parte de la multinacional “no sólo generaría graves repercusiones ambientales, sino también irían en contravía de la formalización de la minería tradicional desarrollada por los mineros tradicionales”.
En su concepto el Ministerio de Ambiente señaló que en la región de influencia del proyecto Alacrán se ha identificado la problemática entre la empresa y las comunidades por una pugna territorial entre una minería a gran escala (con respaldo estatal en la forma de un título minero) y la minería ancestral/comunitaria. “El futuro del proyecto depende de la resolución de estas tensiones sociales y de la aprobación o desaprobación final de la licencia ambiental. Las comunidades han intentado formalizar su actividad, pero la existencia del título a favor de la multinacional ha generado disputas y dificultades en el proceso”, se puede leer en el documento oficial.
La zona de influencia del proyecto se encuentra dentro de la cuenca alta del río San Jorge, donde confluyen tres microcuencas de importancia ecológica: San Pedro, San Juan y Uré. Se trata de microcuencas, subcuencas que alimentan el sistema hídrico regional. Sobre ese punto estuvo dirigido el concepto de la ANM sobre la viabilidad del proyecto de gran escala. “Esta configuración hidrográfica y ecológica, junto con la riqueza aurífera y carbonífera del suelo, es clave para el desarrollo territorial y ha sido históricamente aprovechada por comunidades campesinas e indígenas, aunque también ha enfrentado presiones por minería informal en zonas de alto valor ambiental”. En su respuesta a la ANLA, la entidad destacó que aún no ha realizado un censo que identifique de manera concreta cuántas personas se dedican a la minería artesanal en Puerto Libertador.
Como se dijo anteriormente, una de las grandes alertas que se presenta antes de la decisión ambiental, es que la empresa internacional no ha logrado cumplir con todos los procesos de consulta previa con las comunidades afectadas por su operación, incluida una eventual reubicación. Sobre ese punto en particular se pronunciaron los Ministerios de Vivienda y Salud. En un primer punto, la cartera de Vivienda destacó que el eventual traslado de la comunidad deberá ser decidida y liderada por las comunidades dentro de su autonomía constitucional. “Su eventual implementación configuraría una actuación de alta complejidad territorial y social, que exige la coordinación armónica de competencias entre el municipio de Puerto Libertador, la ANLA y el Ministerio de Vivienda”.
Por su parte, el Ministerio de Salud destacó que no es de su competencia emitir un concepto técnico sobre la reubicación de la población ubicada dentro del área de influencia de Alacrán. Sin embargo, sí apuntó una serie de impactos a la salud si se aprueba el plan ambiental de la empresa Minerales Córdoba. Entre ellas destacó que por las actividades mineras la población que se encuentra en el área de influencia se ve expuesta a diferentes mezclas de contaminantes que posiblemente pueda generar efectos negativos en su salud: “Al ser una explotación de cobre, oro y plata; cada uno de los minerales de manera aislada genera diferentes tipos de contaminantes y su vez diversos impactos en salud que pueden exacerbar por la interacción entre unos y otros”, destacó la cartera de salud.
En concreto, el ministerio apuntó que los principales riesgos se centran en la contaminación de los cuerpos de agua para consumo humano a causa de los metales pesados y químicos, pérdida de la biodiversidad por culpa de la deforestación, así como cambios en el paisaje y en las dinámicas sociales y estructuras de poder en la comunidad. “Según la evidencia científica disponible, la minería a cielo abierto de cobre, oro y plata pueden generar un riesgo para la salud poblacional, a pesar de que haya cumplimiento de las normas tanto para la población que se encuentra dentro del área de influencia como para las comunidades cercanas. Razón por la cual se debe cumplir a cabalidad con lo dispuesto en las evaluaciones de impacto ambiental y todos los instrumentos de compensación.
En ese sentido, el ministerio le hizo un llamado a la empresa para que destine recursos y realice actividades de promoción de salud y prevenciones de enfermedades. “Es recomendable que estas actividades cuenten con el acompañamiento de los actores del sistema, y sean sostenibles en el tiempo, teniendo en cuenta que los efectos no son solo agudos sino también crónicos y que los mismos podrían tener manifestaciones, incluso, durante o después del periodo de cierre planteado por el proyecto. Para lo anterior es necesario elaborar los respectivos protocolos”, finalizó el ministerio en su concepto respecto al proyecto Alacrán.
El pasado 28 de enero, cuando la ANLA anunció el inicio de las sesiones del Consejo Técnico Consultivo para la evaluación del proyecto minero El Alacrán, destacó que la activación del consejo responde a la alta complejidad técnica, ambiental y social del proyecto. Se trata de un Consejo Técnico Consultivo, una instancia de evaluación técnica especializada. La ANLA señaló, además, que la minería a gran escala podría implicar el desvío de la fuente hídrica superficial de la quebrada Valdés y un reasentamiento mayor al 1 % de la población total del municipio.
Un día después de conocerse la noticia del ANLA, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo que la administración departamental no fue invitada al Consejo Técnico para evaluar un megaproyecto minero que se desarrollará en territorio cordobés. Hizo la denuncia a través de redes sociales: “Puerto Libertador es Córdoba y, desde la Gobernación, debemos garantizar una planeación responsable y una articulación efectiva con todos los sectores”, señaló Zuleta Bechara. Por esa razón solicitó al Ministerio de Ambiente y a la ANLA que convoquen a la Gobernación como entidad territorial en este espacio de análisis técnico.
Mientras en Bogotá se estudia el proyecto minero El Alacrán, en Puerto Libertador se registraron lluvias torrenciales a inicios de febrero que afectaron cultivos de plátano y hortalizas. En ese contexto, comunidades consultadas insisten en que la licencia ambiental se evalúe con rigor técnico, especialmente por los efectos que una operación de gran escala podría tener sobre fuentes hídricas y ecosistemas del territorio.
