En una semana, la discusión sobre las denuncias de acoso sexual y abuso de poder dentro de los medios colombianos dejó de centrarse en los hechos relatados por las mujeres y se volcó contra ellas y contra las periodistas que recogieron sus testimonios. Mientras presentadores con prestigio, audiencias y redes de respaldo desplegaron públicamente sus versiones, tres denunciantes fueron acusadas de mentir, las cuatro mujeres que habían reportado a Jorge Alfredo Vargas perdieron el anonimato con el que habían intentado protegerse y las periodistas de “Yo te creo colega” fueron atacadas poniendo en duda su trabajo.
Por: Redacción Revista RAYA
El video dura apenas un minuto y medio. La periodista de entretenimiento Graciela Torres, conocida popularmente como ‘La Negra Candela’, lo publicó el pasado jueves 6 de agosto en su cuenta de Instagram —en la que tiene más de 130.000 seguidores— y en él puso en el paredón a las cuatro mujeres periodistas de Noticias Caracol que habían denunciado, protegiendo su identidad, al presentador Jorge Alfredo Vargas por presuntas conductas de acoso sexual en el entorno laboral. En un acto revictimizante, la periodista Torres expuso con nombre, apellido y fotografía a cada una de esas cuatro mujeres. La publicación fue el culmen de una seguidilla de eventos que durante la última semana han ido convirtiendo lo que era un movimiento colectivo de denuncia sobre prácticas de acoso sexual dentro de los medios de comunicación colombianos en una oleada pública contra las mujeres que han hecho esas denuncias. Una ofensiva que ahora amenaza con silenciar un espacio que después de muchos años se había empezado a abrir en las redacciones.
El inicio de ese giro fue el video que publicó en la noche del jueves 30 de julio Rafael María Poveda Mendoza, un reconocido periodista, productor, director y realizador de televisión colombiano por más de 40 años, actualmente director y presentador del programa Testigo Directo. Poveda no simplemente se pronunciaba en su defensa, sino que también se anticipaba a la investigación que estaban realizando mujeres periodistas de la iniciativa “Yo te creo colega” y las cuales revelaban dos casos de presunto acoso y abuso sexual en contra de dos colegas. Una de esas denuncias la realizó una periodista, cuya identidad permanece anónima, que lo acusó de haber vivido tocamientos sin su consentimiento y exigencias para encontrarse con él por fuera del horario de trabajo. El segundo caso lo denunció la abogada Sofía Vela Mejía, quien narró cómo accedió a ir al apartamento de Poveda tras la clausura de uno de los cursos que vende su productora. Allí, según su relato, habría sido abusada sexualmente cuando tenía 29 años.
En el video que Poveda publicaba, antes de que se conocieran estos casos, recriminaba el hecho de que no le hubiesen detallado los casos de los que se le acusaba y divulgaba un audio y chats de las periodistas que investigaban el caso. Él, valiéndose de eso, entonces sostuvo que no le habían permitido defenderse lo que provocó que un movimiento a su favor en redes sociales creciera de manera desproporcionada con el pasar de las horas. Entonces, Poveda señaló con nombre propio a las periodistas que desarrollaban el caso: Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino.
En la grabación quedó claro que las periodistas protegieron la identidad de las denunciantes, no precisaron a Poveda los hechos ni la fecha antes de publicar y le indicaron que solo podría responder después. El procedimiento abrió una discusión legítima sobre cómo conciliar el derecho de respuesta con la protección de la denunciante. Sin embargo, en redes el cuestionamiento del método se extendió al descrédito de “Yo te creo colega” y provocó que se tendiera un manto de sospecha sobre los testimonios de las denunciantes. De hecho, el testimonio de quien lo acusa de presunto abuso sexual fue usado por diferentes líderes de opinión en las redes sociales para impulsar una campaña a favor de Poveda con el siguiente título: “Le creo a Rafa”. El relato de la presunta víctima sostenía que durante los hechos ella le dio a entender que todo estaba ocurriendo con su consentimiento, sin embargo, explicó que actuó así como mecanismo de defensa.
Lo que vino a partir del video de Poveda fue una oleada de ataques contra las tres periodistas que investigaban y en contra de las mujeres que habían entregado sus testimonios. “La Negra Candela” —de nuevo—, que ha hecho eco en sus canales defendiendo al periodista, insinuó, sin pruebas, que una de las periodistas que lo investigaban había cometido acoso hace años a su pareja sentimental. El ataque a la credibilidad de ellas parecía ir mucho más allá de estos dos casos. Para entonces la iniciativa “Yo te creo colega” había recibido más de 260 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios de comunicación que señalban a sus jefes y colegas de tener comportamientos de abuso o acoso sexual en sus lugares de trabajo.
Mientras la discusión sobre Poveda crecía en redes sociales, las cuatro periodistas que habían denunciado en marzo pasado al famoso presentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, enfrentaban otra forma de exposición y descrédito en medios de comunicación masivos y redes sociales. Por un lado, el pasado lunes 3 de agosto las mujeres del caso pidieron que la audiencia de imputación de cargos contra Vargas se desarrollara de forma reservada para proteger la identidad de las presuntas víctimas. La juez concedió esa petición y la audiencia se retomó el martes 4 de agosto en la que la Fiscalía le formuló cargos por acoso sexual a Vargas, quien no aceptó su responsabilidad. Entonces se conoció que su abogada era la exvicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros.
Al filo de la noche de ese martes, Jorge Alfredo Vargas rompió su silencio, que había guardado desde cuando se hicieron las denuncias y fue sacado del canal Caracol, repitiendo la misma fórmula que Poveda: presentarse como víctima de persecución. Dijo que había permanecido en silencio 137 días sin conocer de qué se le acusaba y que ahora que empezaba el proceso judicial sí podría defenderse. De inmediato sus redes sociales se llenaron de comentarios de solidaridad por parte, por ejemplo, de presentadoras famosas que salieron en su defensa tras haber sido acusado de presunto acoso sexual contra practicantes y periodistas en uno de los canales de televisión más vistos del país: Caracol. Así lo denunció esta revista en abril pasado.
Tras ese hecho, el pasado miércoles 5 de agosto tres de las cuatro periodistas del caso Caracol emitieron un comunicado conjunto y público en el que dejaron claro que decidían no participar en el proceso penal contra el presentador Vargas, el cual la Fiscalía había iniciado de oficio. “Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas. Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”, dice el documento.
El pronunciamiento fue utilizado como gasolina en las redes para escalar el discurso en contra de las denuncias de acoso sexual, que empezaron a ser señaladas como falsas. Sin embargo, en el mismo comunicado las periodistas dejaron claro que no se retractaban: “Nuestra decisión no obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron. Prueba de ello es la terminación de mutuo acuerdo del contrato laboral del hoy imputado con Caracol Televisión”.
Horas después se conoció otro comunicado de la cuarta periodista del caso Caracol, quien cuestionó que durante la audiencia reservada se hubieran revelado los nombres de las cuatro mujeres. Aunque había pedido mantener su identidad protegida, anunció que ratificaría en el proceso penal los hechos denunciados dentro del canal. Este último hecho complejizó el caso, pues el jueves 6 de agosto, apenas unas horas después de la audiencia, Graciela Torres, “La negra candela”, reveló las identidades de las cuatro mujeres periodistas. Así, mientras tres fueron acusadas de mentir por no continuar por la vía penal, todas perdieron el anonimato con el que habían intentado protegerse.
La ofensiva que esos hechos han desatado contra las mujeres que denuncian omite los documentos y testimonios que sustentan las denuncias contra figuras con poder dentro de los medios de comunicación, como Jorge Alfredo Vargas y su colega Ricardo Orrego, quien salió del canal el mismo día que Vargas, en marzo pasado. Según reveló la revista RAYA, a partir de testimonios de redactoras de ese medio y del acta de inspección al canal por parte del Ministerio del Trabajo, las cuatro mujeres expuestas esta semana en redes sociales —entre ellas una practicante— denunciaron ante Gestión Humana que llevaban meses siendo hostigadas por los dos presentadores. El acta documentó que el canal conocía antecedentes desde 2021, que durante la inspección aparecieron 15 quejas adicionales sin tramitar y que Orrego había recibido dos llamados de atención previos en 2023 y 2025.
Según testimonios recogidos por esta revista, las directivas del canal habían instruido a las periodistas sobre cómo evadir esas conductas, en el caso de Ricardo Orrego: “Teníamos prohibido saludarlo. Si nos lo encontrábamos en el ascensor, la orden no formal era que debíamos bajarnos de manera inmediata; bajo ninguna circunstancia se sostenían reuniones privadas con él”, dijo una de las fuentes consultadas por RAYA.
El problema no se limitaba a Caracol. RAYA también reveló el caso del director de Red Más Noticias, Giovanni Celis, señalado por besos y contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de las periodistas, llamadas fuera del horario laboral y humillaciones públicas. Según la investigación periodística, sustentada en testimonios de al menos seis fuentes, chats, capturas de WhatsApp e información del Ministerio del Trabajo, la renovación de sus contratos dependían del mismo director al que señalaban. Tras las denuncias publicadas por RAYA, Celis fue retirado de su cargo.
Las críticas al procedimiento periodístico de un caso no convierten en falsas otras denuncias ni borran los testimonios y documentos que las sustentan. Convertir una discusión metodológica en una impugnación general de las mujeres que denuncian es precisamente el giro que este artículo documenta. El efecto no recae solo sobre ellas. En redacciones atravesadas por jerarquías laborales, contratos precarios y figuras consolidadas con capacidad para decidir renovaciones o permanencias, la exposición pública funciona como una advertencia para quienes aún no han hablado: denunciar puede significar perder el empleo, el anonimato y el control sobre la propia historia. Ese es el giro que amenaza con silenciar un espacio de denuncia de abusos de poder que las mujeres habían empezado a abrir.
