Según Human Rights Watch, unos 52 migrantes murieron bajo custodia del ICE entre enero de 2025 y junio de 2026. El más reciente caso fue el de Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, un inmigrante de Bucaramanga asesinado por un agente federal el pasado 13 de julio. RAYA habló con José Olivares, periodista investigativo en EE.UU., quien describió un patrón sistemático de violencia, racismo, opacidad y privatización carcelaria que hoy amenaza la debilitada democracia estadounidense.
Por: David González M.
La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) mató a Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, un joven colombiano, nativo de Bucaramanga, quien no era el objetivo del operativo. El joven fue baleado en una acera de Biddeford, en el estado de Maine, el pasado 13 de julio. Los hechos conocidos hasta ahora muestran que los agentes buscaban a otra persona, pero uno de ellos, recién reclutado, disparó contra el vehículo y asesinó a Durán enfrente de su hija de tres años.
El presidente Gustavo Petro calificó la muerte como un asesinato motivado por el desprecio hacia los migrantes y pidió que se activaran acciones diplomáticas y judiciales. La Embajada de Colombia en Washington solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional y ofreció asistencia consular a la familia.
Mientras tanto, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella —quien llegó al poder con el respaldo de Donald Trump y sus alfiles—, no se ha pronunciado sobre los hechos. Dos días después, del crimen de Durán, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, viajó a Washington y se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, sin que ninguno de los comunicados públicos sobre el encuentro mencionara al colombiano muerto por un agente de ICE. El silencio fue ampliamente cuestionado en Colombia.
En Estados Unidos, la muerte de Durán —quien tenía permiso de trabajo— provocó protestas y nuevas denuncias contra ICE, una agencia que durante el segundo gobierno de Trump amplió su presupuesto, su capacidad operativa y su poder sobre la población migrante, mientras crecían las denuncias por detenciones arbitrarias, perfilamiento racial, muertes bajo custodia y violencia en las calles.
La muerte de Durán se inscribe en la política migratoria del segundo gobierno de Trump, que ha convertido la vida de miles de migrantes en una experiencia de miedo y persecución. "La semana pasada mataron a un migrante mexicano, también lo balearon, lo mataron en la calle", dice a RAYA José Olivares, un premiado periodista mexicano, radicado en Nueva York, que ha cubierto los temas migratorios desde hace más de 10 años para medios como The Intercept y Drop Site News, además de colaborar con The Guardian.
"Los propios números del gobierno Trump confirman que la mayoría de las personas que están siendo arrestadas por esta agencia (ICE) no han tenido ningún récord criminal, absolutamente nada", dice Olivares.
Para el presidente Trump, operativos de ICE son una pieza central de su política de seguridad, incluso frente a las denuncias por abusos de sus agentes. Justo después de las críticas de distintos sectores por el asesinato del colombiano, defendió el trabajo de la agencia en su red social y dijo que seguirán los operativos.
ICE: ¿Con licencia para matar?
Según videos de cámaras de seguridad y relatos de testigos citados por medios estadounidenses, el vehículo del joven colombiano estuvo involucrado en una maniobra cerca de los agentes de ICE —que vestían de civil y estaban armados—, aunque las versiones sobre la secuencia exacta de los hechos aún varían y siguen bajo investigación. Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que Durán era el objetivo de una orden de deportación y que había "convertido su vehículo en un arma" al intentar embestir a los oficiales para huir. Sin embargo, horas después, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se retractó y confirmó al senador Angus King que Durán no era el objetivo real del operativo.
Daniel Boucher, un vecino de 71 años que presenció los hechos desde su ventana, relató a NBC News que escuchó tres disparos y después, claramente a Durán decir: "Intenté detenerme" (I tried to stop), antes de morir.
Lo cierto es que el año y medio del segundo gobierno Trump ha dejado una estela de civiles, ciudadanos estadounidenses o migrantes víctimas de una fuerza armada cuya actuación ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes. . El caso de Durán se inscribe en una política que ha sido denunciada por perfilamiento racial, particularmente contra personas latinas y de origen somalí. Hay arrestos ilegales desproporcionados y toda una cadena de abusos que no concluye sino hasta meses después de la captura en una violencia de Estado amparada por la impunidad y defendida desde el ejecutivo.
"Cuando mataron al mexicano Lorenzo Salgado, el mismo gobierno dijo: 'Lo tuvimos que disparar porque él usó su carro como arma'", dice Olivares. Esta es una de las “justificaciones” que más se repite luego de las muertes de civiles,que en varios casos que luego es desmontada por los propios videos grabados por los agentes de ICE o por ciudadanos que atestiguan los hechos violentos.
Human Rights Watch documentó 52 muertes bajo custodia de ICE entre enero de 2025 y junio de 2026 —la tasa de mortalidad más alta en más de dos décadas—, y organizaciones como Detention Watch Network han contabilizado más de una decena adicional solo en lo que va de 2026. A las muertes bajo custodia se suman los homicidios ocurridos durante operativos en la vía pública, como los de Durán y Salgado Araujo, que en cuestión de días dejaron dos personas asesinadas por agente de ICE. En Maine, coaliciones locales como Maine Immigrants' Rights Coalition reportan un aumento sostenido de las detenciones de ICE en los últimos meses.
"Renee Good estaba en su carro, conduciendo. Hay un video en el que el propio oficial de ICE la señala y luego le dispara y la mata", cuenta Olivares sobre el caso de una ciudadana estadounidense de 37 años, asesinada en Minneapolis por un agente de ICE el año pasado.
Y lo más preocupante es que la impunidad atraviesa buena parte de estos casos. Según Olivares, solo uno de los episodios que ha investigado derivó en el arresto de un agente. "Hubo un caso en Minneapolis: arrestaron a un oficial de ICE por haber dicho que le disparó a un migrante y dijo que él lo había atacado con una pala. Dijo: 'Me empezó a pegar en la cabeza, y luego le tuve que disparar'. Luego salió el video, y realmente eso no fue lo que pasó. Él le disparó cuando el migrante estaba entrando a su casa. A ese oficial de ICE lo arrestaron por haber presentado una declaración falsa", explica Olivares.
Olivares insiste, además, en una discusión fundamental: "Ser indocumentado en Estados Unidos es un delito civil, no es un delito criminal".
Las cárceles del horror para migrantes
Lo más grave no se limita a los homicidios de civiles, sino que comprende toda la cadena de horrores a la que son sometidos los capturados por ICE. Desde detenciones irregulares en lugares no adecuados para ello, hasta el confinamiento en cárceles privadas administradas por corporaciones que tienen multimillonarios contratos con Washington.
Los medios también han documentado casos de menores de edad que no vuelven a sus escuelas y, cuando los profesores indagan, descubren que fueron recluidos en esos centros de detención tras ser capturados por agentes de ICE. A veces pasan días o incluso semanas, antes de conocer su paradero.
Primero los mantienen en cuartos adjuntos a las oficinas de ICE. "Esos cuartos son hoyos negros. Es algo totalmente oscuro, porque no hay registro de los cuartos. Es una red de cuartos que existen por todo el país, que nadie sabe que existen. Legalmente solo pueden estar ahí 12 horas. Pero encontramos varios casos de personas que han estado ahí por semanas", explica Olivares.
Luego los trasladan a centros de detención manejados por empresas privadas de seguridad con fines de lucro. Las investigaciones de Olivares muestran que la violencia no termina con la captura, sino que continúa dentro de un sistema carcelario convertido en negocio privado.
"He documentado una cantidad de casos de muertes en esas cárceles, de abuso sexual, de falta de alimentación y comida, de falta de agua potable, huelgas de hambre. Los propios migrantes tienen que limpiar y trabajar adentro de estas cárceles, para la comida, para lavar la ropa. [...] Hay personas que se suicidan, he visto varios casos de sobredosis, de consumo de drogas allá adentro."
Las condiciones son tan precarias que ha habido huelgas de hambre silenciadas por los muros de las empresas de seguridad y las restricciones a los periodistas de fiscalizar los lugares de detención. "Si hay una huelga, una huelga de hambre, o si los migrantes que están detenidos ahí adentro se quieren manifestar o quieren denunciar, los guardias se pueden poner muy agresivos. Echan gas lacrimógeno o les golpean", relata Olivares.
Además explica que hay una profunda opacidad sobre cómo operan esos lugares. Los mismos guardias son empleados de las corporaciones privadas. El acceso de la prensa es prácticamente inexistente. Él mismo no ha podido entrar a las principales prisiones de migrantes. "La razón por la que nunca he podido entrar es porque están bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional, no dejan a nadie entrar porque es cuestión de seguridad nacional".
La arbitrariedad se prolonga incluso hasta el momento de, la deportación: algunas personas han sido enviadas a países distintos a los de su origen. Solo en 2025, Estados Unidos envió a decenas de migrantes de países como Cuba, Vietnam, Yemen y Laos a Esuatini y Sudán del Sur, naciones con las que no tenían ningún vínculo, bajo acuerdos que Washington ha mantenido en buena parte clasificados.
"Y todo esto está pasando bajo la vista de estas empresas privadas, que tienen contratos multimillonarios con el gobierno, con la agencia de ICE. Algo muy triste, porque hay personas que mueren allá adentro."
La historia de ICE, una agencia pos-11S
Donald Trump no creó ICE. La agencia fue creada tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, y desde 2003 es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desde entonces, explica Olivares, el gobierno de Estados Unidos empezó a abordar la migración con un enfoque de seguridad nacional.
ICE está formada por dos estructuras. Una investiga casos de narcotráfico, trata de personas y otros crímenes que no están directamente relacionados con las deportaciones. Y otra, la más visible, que es la Oficina de Control de Deportaciones (ERO, sigla en inglés de Enforcement and Removal Operations), que ha sido fortalecida en los gobiernos de Trump, que forman los oficiales de deportación, y que en esta administración creció con millonarios recursos públicos. Y amparada por un set de duras políticas migratorias: expansión de deportaciones rápidas sin audiencia, fin de los estatus de Protección Temporal (TPS) y medidas que permiten rechazar a solicitantes de asilo en la frontera, impidiéndoles siquiera pisar suelo estadounidense para presentar su petición.
"Son los que estamos viendo ahorita en las calles, que van con los chalecos y están matando a personas con las pistolas o disparando, o son los que manejan las cárceles de migrantes", describe Olivares. Y dice que esa es la parte que fortaleció Trump: "Ha recibido más dinero, más recursos y ahora más agentes, más oficiales, para expandir. Hay muchos oficiales que están entrando para trabajar y manejar este tipo de operativos con muy poca capacitación."
Muchos de los reclutados para servir en ICE pasan por un corto entrenamiento y provienen de todos los orígenes, bien pueden ser jóvenes que apenas cumplieron la mayoría de edad o policías o miembros de otras fuerzas públicas atraídos por las bonificaciones y los contratos que ofrece la agencia federal.
De hecho se sabe del asesino de Joan Sebastián Durán que era una persona con antecedentes mentales, incluso luego de los hechos llamó a su exesposa para pedirle que mintiera por él: “Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación”, dijo la esposa del agente a varios medios. La mujer advirtió, asimismo, que ella sufrió maltrato en la relación con él y que había advertido sobre los problemas mentales del oficial que llevaba apenas unos meses en la agencia.
Aún cuando el asesino de Durán, es un hombre caucasico, los agentes de ICE son diversos racialmente. Hay también afroamericanos y de origen hispano. "Hay unos esfuerzos muy interesantes de parte del gobierno Trump para reclutar a más oficiales. Van a ferias de trabajo para reclutar personas. Hemos visto anuncios en la televisión o en la radio, diciendo: 'Ven a trabajar (a ICE) si realmente quieres salvar a los Estados Unidos'."
Y el entrenamiento es corto, porque hay afán del gobierno por mostrar resultados de deportación. "Hay muchas personas jóvenes, de 19, 20 años, que ingresan a ICE, les dan una pistola y pues adelante.", agrega Olivares.
Marco Rubio y el uso político de la maquinaria migratoria
Pocos días después del asesinato de Joan Sebastián Durán, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, viajó a Washington y se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno Trump. Ni él ni el resto de la delegación se pronunciaron sobre el asesinato de su compatriota durante la visita, un silencio que generó fuertes críticas en Colombia. La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira señaló que Durán "era simpatizante de Abelardo de la Espriella" y lamentó que "ni Abelardo, ni José Manuel Restrepo... han dicho nada al respecto". La politóloga Sandra Borda calificó el silencio de la delegación como "ultra-elocuente".}
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Trump respaldó públicamente a de la Espriella durante la segunda vuelta electoral, y el propio candidato llegó a atribuirle parte de su triunfo frente a Iván Cepeda.
Aun cuando es evidente la relación de Rubio con la agencia ICE, sectores critican que sea usada como instrumento político por el Departamento de Estado. Las críticas se orientaron, primero, en momentos que estudiantes universitarios extranjeros eran deportados de Estados Unidos por su respaldo a Palestina. Según el New York Times, los documentos desclasificados por un juez federal indican que, en casi todos los casos, los arrestos de estudiantes fueron recomendados por su participación en activismo, no por amenazas de seguridad reales. Y Rubio estuvo en el centro de la polémica, luego de que declaró públicamente que "las personas que apoyan movimientos" que él determina que "van en contra de la política exterior de Estados Unidos" están sujetas a revocación de visa y deportación.
Pero quizás el caso más reciente tiene que ver con el activista político opositor al presidente electo en Colombia, el peticionario de asilo Beto Coral —Franklin Humberto Coral Garrido—. El colombiano fue arrestado por ICE frente a su hijo de 12 años el pasado 16 de junio en Phoenix, Arizona. Cuando mostró a los agentes los documentos de su proceso, incluso el permiso de trabajo, los agentes le mencionaron una carta de Marco Rubio que terminaba su permiso de trabajo, alegando que su activismo "socava los intereses de política exterior de EE.UU. en los procesos democráticos de Colombia". Según reportes posteriores, Coral fue deportado poco después de su arresto, tras ser trasladado entre centros de detención en Arizona, Texas y Luisiana.
"Desde que entró el gobierno de Trump, primero con los estudiantes y activistas en contra del genocidio, y ahora con Beto Coral, es algo muy grave... usando estas agencias, como ICE, con fines políticos", resume Olivares.
Olivares es escéptico frente a cómo el hoy partido de oposición, el partido Demócrata, puede contener el poder que le han otorgado a ICE durante el gobierno Trump. Al fin de cuentas, también durante gobiernos demócratas, esa agencia federal ha mantenido una cuota permanente de deportaciones e irregularidades en las condiciones de los migrantes detenidos en prisiones privadas.
Pero ve con esperanza las acciones de resistencia que surgen de la misma comunidad. "La resistencia viene de las comunidades, viene de la población. Hubo un poco de cambio de tácticas de parte del gobierno... después de tantas manifestaciones en contra de ICE", concluye Olivares.
De hecho, luego de la muerte del colombiano surgieron protestas en Biddeford con carteles de "Ice out" e "inmigrantes hacen América (EE.UU.) genial de nuevo".
