La estética de culto y la "Patria milagro" que marcaron la campaña pasada comienzan a trasladarse al gobierno con los nombramientos en Educación y Cultura. En un país constitucionalmente laico, pluralista y pluriétnico, el nuevo poder busca convertir una moral cristiana, anticomunista y neoliberal en orientación estatal para la escuela, la cultura y la memoria histórica, con riesgos para la libertad de pensamiento, las diversidades y las cosmovisiones de los pueblos indígenas.
Por: Juan Sebastián Lozano
La religión como espectáculo electoral
Abelardo De la Espriella triunfó en las elecciones presidenciales de Colombia con un discurso que mezcló ideas y tópicos de la ultraderecha mundial. En lo estético, emuló las campañas de Trump y de Milei, con mítines que también eran shows de entretenimiento: baile, canciones, personajes de la farándula manifestándole su apoyo, y eslóganes simples como "firmes por la patria". Sus espectáculos de estadio recordaban a los cultos evangélicos, hoy con entre 6 y 10 millones de feligreses en Colombia, de raíz cristiana norteamericana, que despliegan ese mismo formato de performance en escenarios amplios y llenos de luces.
La campaña repitió el concepto de la "Patria milagro", ligado al nacionalismo de bandera y al catolicismo y al cristianismo evangélico. La palabra "milagro" apela a la religiosidad arraigada en amplios sectores de la sociedad colombiana y a su fe, pero en el discurso de De la Espriella esa fe se pone al servicio de un fin muy concreto: se ata a la prosperidad económica derivada del esfuerzo individual —el dogma neoliberal— y de la ideología "libertaria" de raíz austriaca que promueve Milei, quien, según ha reconocido el propio De la Espriella, "tiró la línea" en lo económico. El catolicismo, mayoritario en el país —8 de cada 10 colombianos lo profesan, según el DANE (2022)—, compartirá la silla de lo religioso con el evangelismo, y De la Espriella, en campaña, visitó iglesias para posar con sus rosarios al cuello.
Hasta aquí, la fe de millones de colombianos funcionó como recurso de movilización electoral, más allá de lo que cada persona crea sinceramente. La pregunta que empieza a resolverse ahora es qué función cumplirá esa apropiación una vez el proyecto esté instalado en el poder.
La religión entra a Educación
La primera señal llegó con el nombramiento de Viviane Morales en el Ministerio de Educación. La nueva ministra ha dicho que hay que "sacar a Marx y meter a Dios" en las aulas. ¿Qué entenderá por sacar a Marx? ¿Minar la libertad de cultos, el libre pensamiento, y convertir los colegios en iglesias que formen feligreses sumisos al pastor de turno?
Morales, en su vida pública, se ha opuesto a derechos de la comunidad LGBTIQ+, como la adopción por parejas del mismo sexo, y ha hablado de "ideología de género" en la educación, caballo de batalla de sectores ultraconservadores para demonizar el respeto a la diversidad sexual en las aulas. Sacar a Marx de los colegios podría traducirse, entonces, en la promoción del individualismo ultracapitalista y la familia tradicional como lo correcto, y por lo tanto en un retroceso para la diversidad sexual y de pensamiento.
Ese proyecto no se agota en el discurso. Modificar lo que se enseña implicaría intervenir los contenidos curriculares, los libros de texto y la formación docente, terrenos donde el sindicalismo educativo —representado sobre todo por Fecode— ha sido históricamente un contrapeso. Es previsible que la nueva ministra, crítica de esa organización, encuentre allí resistencia y tensión abierta, en un pulso que trasciende lo salarial y toca directamente el contenido moral de lo que se enseña en las escuelas públicas del país. La educación corre así el riesgo de dejar de ser un espacio de formación crítica para convertirse en el primer terreno donde el Estado define, con criterio religioso, qué se puede pensar y qué no.
Definir enemigos y ciudadanos moralmente aceptables
Recordemos que De la Espriella dijo en campaña que hay que "destripar" a la izquierda. Graduar a los ciudadanos de izquierda —un espectro ideológico amplio— de enemigos de la patria, y a la comunidad LGBTIQ+ de desviados morales, traerá más violencia y discriminación en una sociedad todavía conservadora y machista. El exministro de cultura Juan David Correa conecta esto con lo que llama la "machosfera": "detrás de todos estos fenómenos está la exacerbación de la violencia y de la machosfera, que actúa con valores machistas y misóginos, en donde se quiere volver a esa estructura de familia tradicional, y eso producirá daños muy profundos en las luchas de las diversidades, de la gente trans y de las feministas".
El presidente es un ejemplo para la sociedad, y si da licencia para "destripar" y exterminar al oponente a través de sus palabras, el asesinato de quienes el nuevo gobierno considera enemigos puede volverse más común y tolerado entre millones de colombianos que, sabiéndolo, votaron por él. La moral cristiana convertida en orientación de Estado no solo prescribe una fe: traza también la línea de quién pertenece a la patria y quién queda, moralmente, por fuera de ella.
Una tradición histórica de poder confesional
Este cruce entre religión y poder no es nuevo en Colombia. El crítico cultural Pedro Adrián Zuluaga sitúa el fenómeno en un arco histórico largo: "Una figura para entender esto es Rafael Núñez, el presidente costeño del siglo XIX que empezó siendo liberal, giró hacia el conservatismo y, tras ver cómo Colombia se desangraba en las guerras civiles, pensó, un poco utópicamente, que la religión católica era el elemento de unidad nacional. De ahí sale la Constitución de 1886 y la Regeneración". La diferencia, advierte Zuluaga, es que hoy ya no se habla solo de la Iglesia católica, sino de un Dios menos institucionalizado, "pero detrás del cual hay un poder fáctico real, que son las iglesias evangélicas".
La Constitución de 1991 rompió precisamente con ese modelo confesional. La Corte Constitucional ha señalado, desde la sentencia C-350 de 1994, que declaró inexequible la consagración oficial del país al Sagrado Corazón, que el Estado colombiano no puede manifestar preferencia alguna en asuntos religiosos, porque la neutralidad es la única forma de garantizar el pluralismo y la igualdad entre confesiones. En 2016, la Corte fue igual de estricta con un gesto mucho más modesto que aquella consagración: en la sentencia C-224, tumbó el artículo de la ley que autorizaba a la administración de Pamplona a destinar presupuesto público para financiar las procesiones de Semana Santa declaradas patrimonio cultural inmaterial de la Nación, al considerar que esa financiación de un rito religioso específico vulneraba la laicidad y la neutralidad del Estado —aunque la declaratoria de la Semana Santa como patrimonio cultural, en sí misma, se mantuvo vigente—. Ese antecedente resulta revelador: si ni siquiera destinar presupuesto público a una tradición religiosa arraigada y con siglos de historia local pasó el filtro de la neutralidad estatal, es difícil imaginar cómo resistiría ese mismo filtro un proyecto de gobierno que declara abiertamente su intención de "meter a Dios" en las instituciones públicas.
La religión entra a Cultura y a la memoria histórica
La disputa se traslada también al terreno de la cultura y del relato histórico. Para Correa, con el nuevo gobierno "pasamos de una batalla cultural a la instalación de un marco moral" que busca imponerse sobre las instituciones encargadas de definir qué se recuerda y cómo se cuenta el país. Zuluaga anticipa que el nuevo gobierno buscará poner en entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional a personas afines a una lectura revisionista del conflicto, en momentos en que "ya tenemos a los Gómez en el poder otra vez, los descendientes de Laureano Gómez", figura sobre la que existe consenso histórico como instigador de la violencia bipartidista. Para Zuluaga, la apuesta de fondo es "torcer" el relato que, gracias al trabajo de organizaciones de derechos humanos, ha puesto a las víctimas en el centro de la historia reciente del conflicto armado.
Zuluaga insiste, además, en que ese relato cultural no se juega solo en los museos y los archivos, sino en un eje de tres carteras que conviene observar en conjunto: "un relato cultural tiene que ver con las aulas, con lo que se enseña, con los libros de texto, y también con lo que se comunica, con el uso de los medios públicos", en referencia a la articulación entre los ministerios de Educación, de Tecnologías de la Información y de las Culturas, y a la disputa que se avecina por el control de espacios como RTVC. Vista así, la ofensiva religiosa no avanza por un solo frente, sino de manera simultánea sobre lo que se enseña, lo que se transmite y lo que se conserva como memoria oficial del país.
Un Estado bajo presión
Minar el laicismo del Estado, consagrado en la Constitución y reafirmado por décadas de jurisprudencia constitucional, puede ocasionar discriminación contra otros cultos y contra la cosmovisión de los pueblos indígenas —sumado a un gobierno de mayoría blanca y uniforme en lo étnico, lo que el gobierno de Gustavo Petro quiso romper—, así como contra el ateísmo, el agnosticismo y el libre pensamiento. La laicidad, ha insistido la Corte, no significa perseguir la fe ni a quienes la profesan: significa impedir que el Estado adopte una confesión o convierta los principios de un credo particular en reglas obligatorias para toda la sociedad. Esa es, precisamente, la línea que el proyecto de De la Espriella empieza a poner a prueba.
La pregunta relevante no es si De la Espriella cree sinceramente en Dios, sino qué función política cumple esa fe en su proyecto de poder. Lo que muestran los primeros nombramientos es que la religión deja de ser solo un recurso electoral y empieza a proyectarse como política de Estado: en la educación que reciben los niños, en los medios públicos que narran el país, en las instituciones que deciden qué se conserva de la cultura y cómo se cuenta la historia, y en la definición moral de quién es un ciudadano aceptable y quién no. Colombia ya conoció, con Núñez y la Regeneración, el costo de convertir la fe en argamasa de un proyecto de poder excluyente; entonces, como ahora, la promesa de unidad nacional a través de una sola confesión terminó siendo, para buena parte del país, una promesa de exclusión. El país que en 1991 optó por la laicidad y el pluralismo como garantía frente a esa historia enfrenta ahora la pregunta de si está dispuesto a repetirla sin siquiera reconocerla.
