Una concesión minera en poder de la compañía Zurich International para extraer carbón y caliza en la Serranía de los Agataes podría dejar sin agua al municipio de La Paz. Detrás existe un entramado de empresarios condenados por minería ilegal y vinculados con un narco extraditado. RAYA visitó la región y constató que el proyecto amenaza a 17 acueductos veredales. La comunidad rechaza la minería.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Al sur del municipio de La Paz, Santander, sobre la cresta de la Serranía de los Agataes, un título minero otorgado en 2004 mantiene en riesgo el agua de todo el municipio y ha despertado un conflicto socioambiental sin precedentes en la región. Actualmente está en poder de la empresa Zurich International Trading que, pese a su nombre rimbombante, sólo ha tenido dueños colombianos.
La concesión minera, identificada con el expediente CEI-101, cubre unas 660 hectáreas entre los municipios de Vélez y La Paz y autoriza la extracción de 36.000 metros cúbicos de carbón y 48.000 toneladas de piedra caliza. Detrás de este título se entrelazan los nombres de dos familias y un particular que han controlado el proyecto: los Vanegas Moller, condenados por minería ilegal, los Zuluaga, vinculados a empresas de seguridad y exportación de mercenarios, y Edwin Ricardo Duarte Espitia, quien figura como su actual propietario. La concesión nunca ha sido explotada y según la normatividad minera debería haber caducado por este motivo.
El título minero fue otorgado en 2004 a Camilo Vanegas Moller y Rubén Dagoberto Ramírez para la extracción de asfaltita y materiales de construcción. Seis años más tarde, en 2010, ingresaron nuevos copropietarios: entre ellos Nubia Patricia Tobón Rojas y Ricardo Vanegas Sierra, padre de Camilo, quien tenía el 40 % de participación.
Hermes Amado Castillo, exalcalde de La Paz, fue uno de los dueños del negocio minero
Como socio minoritario apareció junto a ellos Hermes Amado Castillo, un político cercano al Partido de la U que fue alcalde del municipio de La Paz entre 2016 y 2019, al que los campesinos señalan como el enlace local que permitió el ingreso del proyecto minero a la región. Castillo ya no figura; en su lugar aparece Ángel Aguilar, un campesino humilde de la región que sería cercano suyo.
Ricardo Vanegas Sierra, con una larga trayectoria como constructor en Bogotá, fue condenado en 2021 a 48 meses de prisión por extracción ilícita de minerales y urbanización ilegal. La Fiscalía demostró que explotó ilegalmente canteras de gravas y arenas en los cerros de Bogotá durante treinta años, lo que afectó el acueducto comunitario de la vereda San José de La Calera. Además, promovió urbanizaciones ilegales en los cerros de la capital, hechos por los cuales ha enfrentado varios procesos judiciales.
En el mismo proceso judicial fue sentenciada su esposa Ingrid Moller Bustos, quien aparece relacionada con el narcotraficante Ricardo Alexander Casanova Salazar, cabeza de una organización de lavado de activos con base en Cúcuta y Bogotá. Según documentos judiciales, Casanova movió millones de dólares de la mafia entre 2006 y 2014 mediante casas de cambio, empresas de fachada y cuentas en el extranjero. Fue extraditado en 2012 a Estados Unidos, donde se declaró culpable por delitos de narcotráfico.
Detalles de la acusación contra Ricardo Casanova en Estados Unidos
Los registros de la Agencia Nacional de Minería confirman que Casanova Salazar figuró entre 2009 y 2022, incluso después de su extradición, como socio de Ingrid Moller Bustos y de Nubia Patricia Tobón Rojas en otro negocio minero en Guasca (Cundinamarca).
Nubia Patricia Tobón, antigua dueña del título minero en La Paz, ha sido socia de un narcotraficante. Junto a ella figuró Ingrid Moller, esposa de Ricardo Vanegas Sierra.
Pese a sus antecedentes por minería ilegal y a los procesos judiciales que lo llevaron a una condena, Ricardo Vanegas Sierra mantuvo durante varios años el control del título minero de La Paz. Durante ese periodo, consiguió que la Agencia Nacional de Minería aprobara la licencia ambiental y el plan de trabajos y obras, documentos que autorizaron la extracción a cielo abierto de piedra caliza y la explotación subterránea de carbón en la Serranía de los Agataes, una zona de recarga hídrica que alimenta los acueductos del municipio. El caso de Vanegas resulta emblemático: aunque estaba siendo procesado por minería ilegal y su esposa era socia de un narcotraficante, obtuvo permisos oficiales para operar en un área clave para el abastecimiento de agua.
En 2015, la familia Vanegas cedió el título a Zurich International Trading, con sede en Bogotá. En esa operación ingresaron como socios Ángel María Aguilar, campesino de la región, y Eliana Daconte Serrano, representante legal de Minerales Emanuel CI, empresa sancionada por la Agencia Nacional de Minería por incumplimientos contractuales. Así, el control del título pasó de un minero hoy condenado a un grupo empresarial vinculado con la seguridad privada y la exportación de mercenarios.
Detrás de Zurich International Trading estaba el empresario José Arturo Zuluaga Jaramillo, quien falleció en junio de 2024. Zuluaga fue uno de los primeros colombianos en exportar mercenarios a Irak en 2006, a través de sus empresas ID Systems y Fortox.
ID Systems fue contratista de la Registraduría Nacional, mientras Fortox actuó como enlace en Colombia del estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater -luego rebautizada cómo XE Services-, una compañía acusada de violaciones a los derechos humanos y multada en Estados Unidos por 42 millones de dólares debido a prácticas irregulares en Jordania.
Eliana Daconte Serrano, por su parte, ya había aparecido como socia de Zuluaga Jaramillo en otros títulos de carbón en La Jagua de Ibiricó y Chiriguaná (Cesar), a través de Minerales Emanuel CI. Años más tarde, en 2018, las acciones de Zurich pasaron formalmente a Edwin Ricardo Duarte Espitia, esposo de Daconte, aunque los registros muestran que los vínculos entre las familias Zuluaga y Daconte se mantuvieron.
El título, que había surgido bajo la familia Vanegas, terminó en manos de un entramado empresarial que combinaba minería, seguridad privada y testaferros en distintas regiones del país.
Rodrigo Medina, yerno de José Arturo Zuluaga, aseguró que el yacimiento nunca estuvo activo ni fue explotado mientras la familia tuvo el título, versión que coincide con lo que han afirmado los campesinos de la zona. Según Medina, la familia Zuluaga ya no tiene relación con el proyecto, aunque los documentos de la Agencia Nacional de Minería muestran que el traspaso de Zurich se formalizó sólo hasta 2018. La compañía aún aparece como titular del derecho minero.
El escándalo de los mercenarios
El nombre de Zuluaga apareció en medios nacionales cuando la revista Semana reveló, en 2006, que varios ex militares colombianos contratados por sus empresas denunciaron haber sido engañados, amenazados y retenidos en Bagdad sin recibir los pagos prometidos. Esas denuncias lo convirtieron en una figura polémica dentro del negocio de la seguridad privada y marcaron el tipo de entramado empresarial que, años después, terminaría detrás del título minero en Santander.
El reclutador, un capitán en retiro del Ejército llamado Gonzalo Adolfo Guevara, vinculado a las empresas de Zuluaga, fue asesinado por sicarios al norte de Bogotá pocos meses después de que estallara el escándalo. Años más tarde, Zuluaga volvió a aparecer en investigaciones periodísticas, esta vez como supuesto reclutador de un ejército privado integrado por colombianos y con base en Dubái y Abu Dabi, según reveló el diario estadounidense The New York Times. De acuerdo con esa investigación, el objetivo de ese ejército secreto era reprimir con violencia las manifestaciones en favor de la democracia durante las llamadas “primaveras árabes”, una ola de revueltas populares contra los regímenes autoritarios en Medio Oriente.
En 2018, Zuluaga vendió la empresa Zurich International Trading, y con ella el título minero, a Edwin Ricardo Duarte Espitia, un hombre oriundo de Montería (Córdoba) sobre quien no existe información pública relevante y que no respondió a los teléfonos registrados ante la Cámara de Comercio. Familiares de Zuluaga aseguraron a RAYA que tuvieron conflictos con Duarte porque, según dijeron, “le robó dinero” poco antes de su muerte.
Un porcentaje del proyecto sigue apareciendo a nombre de Eliana Daconte Serrano, esposa de Duarte, quien también figura como titular de otras empresas y títulos mineros ya caducados, con multas y procesos ante la Agencia Nacional de Minería por incumplimientos en pagos y regalías.
Daconte, en realidad, parece ser una testaferra. Aunque su nombre figura como representante legal de varias compañías, su verdadero trabajo era el de asistente administrativa en el fondo de empleados de la Funeraria Gaviria, en Bogotá. RAYA intentó contactarla por esa vía, pero en el lugar informaron que no sabían de su paradero y que también la estaban buscando, pues habría robado dinero del fondo para el cual trabajaba.
La mina abandonada
En lo alto de la Serranía de los Agataes, el origen de todo este conflicto se reduce a un socavón de siete metros de profundidad abandonado en medio del bosque. Los mayores del pueblo recuerdan que hace medio siglo allí funcionó una mina artesanal, de donde campesinos y herreros extraían pequeños bultos de carbón a lomo de mula, que luego usaban en las forjas para templar herrajes y aparejos metálicos.
Ese hueco olvidado, que ahora intenta reabrir la empresa Zurich International, se convirtió en el punto donde confluyen la historia local, la disputa por el agua y las redes económicas que desde hace dos décadas han cruzado minería, poder político y dinero oscuro.
Carmelo, un campesino de la vereda Casas Blancas, señala el socavón abandonado que Zurich International pretende reabrir
Hasta ese socavón, en la cumbre de la Serranía de los Agataes, llegaron el pasado 20 de septiembre los operarios de la empresa Zurich International Trading, acompañados por un pelotón del Batallón de Infantería No. 1 con base en Cimitarra, unidad que no tiene jurisdicción en esa zona. Su propósito era iniciar labores de desmonte y adecuación del terreno, pero la llegada del grupo armado provocó el rechazo inmediato de la comunidad. El encuentro terminó en un altercado: los campesinos expulsaron a los mineros y a los soldados y montaron un punto de control permanente en la entrada de la vereda Casas Blancas. Desde entonces, los pobladores regulan quién entra y sale por la única vía pavimentada que conecta a La Paz con el resto del departamento.
La futura mina se proyecta más arriba en la montaña, a menos de seiscientos metros de la bocatoma del acueducto comunitario que abastece a varias veredas de La Paz. El proyecto amenaza diecisiete acueductos veredales y varias quebradas de la serranía, cuyas aguas también surten al municipio de Vélez.
Pedro Nel Pardo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Casas Blancas, explicó a RAYA que la comunidad nunca fue informada sobre la existencia del título minero ni sobre la licencia ambiental, aprobada hace una década.
Los campesinos completan un mes de movilización en defensa del agua
El rechazo al proyecto es generalizado: participan no solo las comunidades, sino también concejales y funcionarios locales, que ven en la minería una amenaza directa al agua y al tejido social. Los habitantes recuerdan el ejemplo cercano del corredor minero entre Landázuri, Cimitarra y Santa Helena del Opón, tres municipios del occidente santandereano donde la fiebre del carbón —legal e ilegal— trajo consigo un aumento de la violencia.
En Landázuri ocurrieron dos masacres en 2022 supuestamente vinculadas con disputas por los beneficios de una mina. Un año después, la tasa de homicidios alcanzó los 170 casos por cada cien mil habitantes, una de las más altas del país, frente a un promedio nacional de 27. Entre noviembre de 2024 y junio de 2025 se registraron ocho asesinatos más, varios de ellos contra mineros y campesinos de veredas cercanas a los socavones ilegales. Para los habitantes de La Paz, ese antecedente es una advertencia sobre el futuro que podría esperarles si la mina llega a operar.
Los pobladores reclamaron airados al gobernador, el general en retiro Juvenal Díaz Mateus –cuya familia es originaria de La Paz- durante una visita que realizó a la zona para mediar en el conflicto. Mateus se comprometió a poner el caso en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y cuestionó que los mineros hubieran llegado escoltados por una unidad militar sin jurisdicción en el área. “Ahí se detectan muchas irregularidades, al título le dan una licencia ambiental y han reportado una explotación de toneladas que, de acuerdo con los campesinos, ellos no han visto que se hayan explotado”, dijo el gobernador: “La misma forma como trataron de entrar los mineros, con una unidad militar de otra jurisdicción, eso es otra irregularidad que hay que ver”
El gobernador Díaz Mateus ha respaldado proyectos mineros en otras regiones del departamento, como la zona aledaña al páramo de Santurbán, pero en La Paz adoptó un discurso distinto. Presionado por la comunidad, anunció que promovería acciones legales contra los empresarios: “vamos a citar un consejo extraordinario con la Corporación Autónoma (CAS) y vamos a oficiar a la Agencia Nacional Minera y a la Corporación para que se revoque [el título minero] y se le de tranquilidad a los habitantes de La Paz, en donde se afecte el agua no se puede hacer minería”, aseguró Mateus. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce ninguna medida concreta de la Gobernación para frenar el título minero.
Quienes sí emprendieron acciones jurídicas fueron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Red de Acueductos Comunitarios, que demandaron la licencia ambiental y pidieron la caducidad del título ante la Agencia Nacional de Minería.
La abogada Rosa María Mateus, oriunda de La Paz e integrante del CAJAR, resumió el temor de la comunidad: “El sur de Santander se nos puede convertir en un nuevo corredor minero como el del César o La Guajira, hay títulos sobre cinco municipios”.
Mateus y el CAJAR han acompañado a las comunidades desde hace varios años y actualmente impulsan acciones para frenar la explotación, aunque la abogada reconoce que la movilización campesina es la herramienta más efectiva. Recuerda que las consultas populares contra la minería, pese a haber sido respaldadas por mayorías en más de cuarenta municipios del país, fueron anuladas por la Corte Constitucional, entre ellas las consultas de Sucre y Jesús María, en Santander.
“Ellos ingresaron diciendo que eran las propiedades de ellos, venían con unos ingenieros y cuarenta campesinos les exigimos que por qué estaban acá. Nos acompañó la personería y la alcaldía del pueblo”, cuenta Pedro Nel Pardo: “Quisieron hacerle creer a la gente que ellos ya llevaban una actividad minera acá, diciendo que en 2019 sacaron 100 toneladas de carbón y que hace ocho meses sacaron 30, pero eso es falso”.
La maniobra de Zurich International y las cifras sobre las supuestas toneladas extraídas tienen un trasfondo mayor. El título fue otorgado en 2004 y en teoría entró en fase de explotación en 2010; los propietarios están obligados a demostrar ante la Agencia Nacional de Minería que han extraído el mineral y pagado las regalías durante los últimos catorce años, de lo contrario pierden los derechos. Pero el título nunca ha sido explotado, como lo prueban los testimonios de los campesinos de Casas Blancas, los documentos oficiales de la Agencia y las declaraciones de familiares de José Arturo Zuluaga, recogidas por RAYA. Un auto expedido por la Agencia Nacional de Minería en agosto de 2025 confirma que se iniciará el proceso de caducidad del título CEI-101 por irregularidades en su ejecución.
La Agencia Nacional de Minería encontró irregularidades en el título y comenzó un proceso de caducidad en agosto de 2025
La cifra de las 130 toneladas de carbón reportadas por Zurich International es, por tanto, falsa. Todo indica que se trata de una maniobra para simular actividad y evitar la pérdida del derecho minero. El carbón que pretenden acreditar como extraído en La Paz podría provenir de yacimientos ilegales ubicados en otras regiones del país, una práctica usada con frecuencia para dar apariencia de legalidad a minerales sin registro, ni regalías.
*La Revista RAYA hizo parte de la Misión de Verificación Internacional que visitó los municipios de Vélez, Chipatá, La Paz y San Gil para conocer las preocupaciones de las comunidades frente a los proyectos mineros, coordinada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR).
