En Medellín, los llamados Gestores de Convivencia reprimieron una marcha en contra del genocidio en Palestina junto a un concejal armado con un bate. En Santander, los Frentes de Seguridad impulsados por un gobernador exmilitar participaron en la agresión a campesinos y ambientalistas. Dos episodios recientes evidencian cómo alcaldías y gobernaciones están entregando a civiles funciones propias del Estado, bajo la retórica de la “convivencia ciudadana”.
Por: Redacción Revista RAYA
Dos hechos recientes en Colombia —uno en Medellín y otro en el municipio de Confines, Santander— encendieron las alarmas sobre el tipo de estrategias de seguridad que se están implementando en el país. En ambos casos, programas creados por autoridades locales bajo el discurso de la “convivencia ciudadana” derivaron en hechos de violencia, represión y estigmatización, involucrando directamente a civiles en funciones propias del Estado.
El primero ocurrió el pasado 7 de octubre en Medellín, cuando los Gestores de Convivencia de la Alcaldía reprimieron de forma violenta una marcha a favor de Palestina. Lo hicieron acompañados del concejal del Centro Democrático Andrés “Gury” Rodríguez, quien apareció en videos blandiendo un bate de béisbol y declarando “enemigos” a los manifestantes. Siete días después, el 13 de octubre, un grupo de líderes sociales y campesinos fue agredido y expulsado del departamento de Santander por presuntos integrantes de los Frentes de Seguridad, un programa impulsado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, un general retirado del Ejército Nacional.
Aunque los dos programas se presentan como mecanismos para “invitar a la población civil a promover el orden y solucionar problemas que afecten la convivencia”, ambos terminan involucrando a ciudadanos en el control del orden público, sin garantías ni supervisión. La falta de información sobre quiénes los integran —si tienen antecedentes penales o vínculos con grupos armados— representa un riesgo creciente y evidencia poca transparencia en su accionar.
El caso Medellín: gestores que aplauden al paramilitarismo
Durante la marcha pro Palestina en Medellín, videos difundidos en redes sociales mostraron al concejal “Gury” Rodríguez gritando consignas agresivas y amenazando a manifestantes. A su lado, varios Gestores de Convivencia, vestidos con chalecos azules, no intervinieron para calmar los ánimos; por el contrario, se les escucha gritar: “¡Que viva el paramilitarismo! ¡Que vivan los paracos de Medallo! ¡Que viva el Centro Democrático, otra vez Uribe a la presidencia!”.
Gestores de Convivencia de Medellín gritan a favor del paramilitarismo durante la marcha pro Palestina, el pasado 7 de octubre. Fuente: @SVCNoticias / X (antes Twitter) Ver video completo
La marcha terminó con agresiones directas de los gestores contra los manifestantes, al punto de que la Policía tuvo que intervenir para contenerlos. Según varios testimonios y registros audiovisuales, la orden para reprimir vino del subsecretario de Seguridad de Medellín, Pablo Ferney Ruíz Garzón, un general retirado de la Policía Nacional apartado de la institución en 2021, cuando era comandante del Valle de Aburrá. Su salida se debió a un falso positivo judicial: la Policía reportó como captura la entrega voluntaria de Ismael Darío Lopera, alias Manolo, acusado de abuso infantil. El episodio fue revelado mediante videos que mostraron que Lopera se había entregado por su cuenta en Santa Rosa de Osos y que la “captura” fue escenificada.
Desde enero de 2024, Ruíz Garzón está al frente de los programas de seguridad de Medellín, nombrado por el alcalde Federico Gutiérrez. En su equipo figura Manuel Villa Mejía, su superior inmediato y viejo colaborador de Gutiérrez, perteneciente a una de las familias propietarias del diario El Colombiano, medio conservador que ha respaldado las gestiones del actual alcalde desde su primera administración (2016–2020).
Durante la gestión de ambos, Garzón y Mejía, la Secretaría de Seguridad ha suscrito contratos con fundaciones privadas para apoyar proyectos de “gestión focalizada para la seguridad ciudadana”. Uno de los más relevantes es el contrato 5498 de 2025, suscrito con la Fundación Pascual Bravo por 6.400 millones de pesos, cuyo objeto es “prestar servicios para apoyar los programas de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia”.
La Fundación Pascual Bravo se presenta como una entidad sin ánimo de lucro que busca promover el desarrollo científico y social, está dirigida por Luis Alberto Sanín Correa, empresario antioqueño y dueño de la exportadora Agrochigüiros. Según declaraciones judiciales del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, Sanín y su empresa figuran entre los posibles financiadores del Bloque Bananero de las AUC. “Pedro Bonito” —uno de los impulsores de las Convivir durante la gobernación de Álvaro Uribe— fue condenado en 2011 a 20 años de prisión por desaparición y homicidio en San José de Apartadó.
Contrato entre la Secretaría de Seguridad y la Fundación Pascual para apoyar los programas de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia.
A pesar de que la Fiscalía nunca ha investigado a fondo la participación de Sanín Correa en el financiamiento de las AUC, a raíz de su aparición en el listado de Pedro Bonito de ganaderos que apoyaron al Bloque Bananero, fundaciones suyas, como la Pascual Bravo, continúan recibiendo contratos públicos de seguridad, entre ellos uno de 29.000 millones de pesos para apoyar “proyectos en espacios públicos”. Uno de los eventos en los que habría participado fue precisamente la manifestación pro Palestina que terminó en agresiones contra los manifestantes.
Documento judicial de 2011, donde “Pedro Bonito” menciona a Luis Alberto Sanín Correa y Agrochigüiros como financiadores del Bloque Bananero de las AUC.
La Revista RAYA intentó comunicarse con el señor Luis Alberto Sanín Correa para conocer su versión sobre ambos asuntos: los gestores de convivencia y su aparición en las menciones de “Pedro Bonito”. Sin embargo no fue posible comunicarse con él, ni vía telefónica, ni por los canales de comunicación que compartieron sus asistentes.
Tras los hechos del pasado 7 de octubre, la Defensoría del Pueblo advirtió posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los gestores de convivencia. La defensora Iris Marín pidió investigar a los funcionarios, mientras el alcalde Federico Gutiérrez defendió la actuación de su administración: “Respeto la protesta pacífica y la garantizo. Lo que no permito es la violencia y el vandalismo. Lo de ayer fue un acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños”, declaró a los medios.
El funcionario que dio la orden de intervención, Ruíz Garzón, continúa al frente de los programas de seguridad de Medellín, mientras se especula sobre su posible nombramiento como secretario de Movilidad. Su pasado policial y sus relaciones con la fuerza pública refuerzan su influencia sobre las estrategias de seguridad del distrito. Una de las medidas que impulsa es la inclusión de los reservistas y veteranos del Ejército Nacional para que desde su experiencia “puedan contribuir significativamente en labores preventivas, pedagógicas, comunitarias y de apoyo operativo a la seguridad urbana”, como lo dice una respuesta a un derecho de petición que dio la Alcaldía de Medellín sobre el funcionamiento de los gestores de convivencia y que conoció esta revista.
El caso Santander: Frentes de Seguridad y civiles armados
En el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz Mateus, mayor general retirado del Ejército, impulsa desde 2024 la creación de Frentes de Seguridad en distintos municipios con presencia del ELN y el Clan del Golfo. Según el Código de Policía, estos frentes son organizaciones comunitarias que operan junto a la institución para “prevenir riesgos en barrios y sectores”. En la práctica, son redes de civiles conectadas 24 horas con las estaciones de policía para “alertar actividades sospechosas”.
Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander e impulsor de los Frentes de Seguridad en el departamento.
El eslogan del gobernador —“Es hora de la seguridad, es hora de Santander”— resume su política. Hasta octubre de 2025 se habían creado 32 frentes de seguridad, dirigidos por militares retirados desde la Secretaría del Interior y la Dirección de Seguridad y Convivencia.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el modelo reproduce esquemas de las Convivir de los años noventa. Para la ONG Somos Defensores, la militarización de cargos civiles y la vinculación de la comunidad como informante exponen a los ciudadanos a riesgos de estigmatización y violencia. En su informe semestral, la organización señaló la falta de transparencia sobre quiénes integran los frentes, si poseen armas y bajo qué control operan.
El 13 de octubre, en medio de una movilización del Congreso Ambiental de Santander, esta preocupación se hizo evidente. Un grupo de 70 campesinos y ambientalistas fue atacado en el municipio de Confines por civiles armados y motorizados, cuando se dirigían a una asamblea campesina en Socorro. Según la denuncia pública, los manifestantes fueron obligados a caminar durante cinco horas bajo amenazas y agresiones con piedras y botellas, mientras la Policía escoltaba a los agresores en lugar de proteger a las víctimas.
Ataque a líderes del Congreso Ambiental de Santander en Confines, 13 de octubre de 2025.
El Congreso Ambiental señaló al gobernador Díaz Mateus como instigador, tras haberlos señalado en redes sociales de “invadir terrenos”. El mensaje del gobernador fue amplificado por medios ganaderos como Notigan y por cadenas de WhatsApp. En respuesta, ganaderos y miembros de reservas del Ejército organizaron a los civiles de Confines para agredirlos.
El gobernador defendió la reacción de los habitantes y responsabilizó al Gobierno Nacional: “Santander se respeta. Llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos. La comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante es que funcionarios del MinInterior llaman a decir que hay que respetar los derechos humanos. Si no ayudan con la seguridad, no dañen la tranquilidad de Santander. Los derechos humanos son para todos”.
Trino del gobernador Juvenal Díaz Mateus donde acusa a manifestantes de “invadir terrenos” y justifica la reacción de la comunidad.
Paradójicamente, mientras Díaz Mateus acusa de invasión a campesinos, su hermano, el representante conservador Luis Eduardo Díaz Mateus, enfrenta una investigación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por ocupar un baldío de la nación de 141 hectáreas en el municipio de Cerrito. Según la ANT, uno de cada tres congresistas tiene vínculos con acaparamiento de tierras, y el caso del hermano del gobernador es uno de los ocho procesos administrativos abiertos por la entidad.
La finca, llamada Lagunitas, fue adquirida mediante una sentencia de pertenencia que no acredita propiedad privada, pero es reclamada como tal por el congresista. A diferencia de su hermano, Luis Eduardo no es militar: es abogado y fue el político santandereano más votado por el Partido Conservador en 2022, lo que le permitió ocupar un asiento en la Comisión Primera de la Cámara, encargada de reformar la justicia y las normas electorales.
Mientras tanto, Juvenal Díaz impulsa en la Gobernación una política que, bajo la consigna de “proteger a la comunidad”, abre la puerta para que la ciudadanía asuma funciones policiales y judiciales, en un contexto que recuerda a las Convivir de los noventa.
Patrón común: el Estado que delega la fuerza
Los programas de Gestores de Convivencia en Antioquia y Frentes de Seguridad en Santander muestran una tendencia preocupante: la delegación del control del orden público en civiles, con apoyo o tolerancia institucional.
En ambos casos, las administraciones locales están encabezadas por exoficiales o aliados de partidos de derecha que promueven la “participación ciudadana” como herramienta de seguridad, pero sin controles, transparencia ni rendición de cuentas.
El resultado es un modelo que recuerda las épocas más oscuras del paramilitarismo: civiles armados o legitimados por el Estado, actuando bajo la bandera del “orden”. Si el Gobierno nacional no adopta medidas estructurales de control y seguimiento, estas figuras podrían expandirse a otros territorios y volverse cada vez más difíciles de monitorear.
Incluso en Bogotá, la alcaldía de Carlos Fernando Galán anunció la creación de más de 500 frentes de seguridad durante 2025, replicando el esquema. Sin supervisión ni marco legal claro, el país podría estar reeditando —con nuevos nombres y chalecos azules— el mismo experimento que dio origen a las Convivir.
