Las comunidades del sur del Chocó, desde hace dos años, están a la espera de hacer realidad un proyecto que busca movilizar en lanchas eléctricas a los líderes y pobladores que viven en riesgo por la guerra de la zona. A su vez, ese mismo proyecto busca darle energía eléctrica permanente, a esta región del río San Juan, a través de turbinas ubicadas en el afluente. Sin embargo, la falta de voluntad política del Ministerio de Minas, tiene en vilo este proyecto.
Por: Redacción Revista RAYA
Hace 35 años nació Acadesan como un proceso organizativo para defender el territorio del pueblo negro, asentado en la cuenca del río San Juan y sus afluentes, el cual abarca zonas de cinco municipios del Chocó y tres del Valle del Cauca. A mediados de los noventa, en medio de una movilización del pueblo afro, se constituyó como Consejo Comunitario y obtuvo 683.000 hectáreas tituladas por el Estado colectivamente, un área equivalente a países como Palestina o Trinidad y Tobago. Desde entonces, las 72 comunidades que lo integran han enfrentado las consecuencias de la guerra por la disputa de este territorio. Desde agosto de 2021 más de 10.000 personas han sido desplazadas forzosamente. La alerta más reciente se emitió el 18 de septiembre pasado por el desplazamiento de 54 familias.
Esa situación de riesgo, sumada a la falta de servicios básicos, llevó a Acadesan a trabajar en un proyecto que vincula seguridad, sostenibilidad ambiental y permanencia en el territorio. En 2023, la organización ideó junto al Ministerio de Minas una propuesta para instalar 10 turbinas hidroeléctricas en el río San Juan y entregar lanchas con motor eléctrico para las comunidades que navegan a diario. El objetivo: garantizar energía continua las 24 horas y reducir la dependencia de la gasolina, un recurso cada vez más costoso y escaso en la región.
La idea surgió luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) negó el suministro de combustible para las lanchas de líderes comunitarios amenazados que cuentan con esquemas de protección del Estado y que deben movilizarse por diferentes territorios. Ante esa negativa de la UNP, Acadesan acudió al Ministerio de Minas y de allí nació el proyecto piloto “Movimiento Pacífico: Comunidades Energéticas para la Movilidad”, concebido como una alternativa de seguridad colectiva y transición energética en el Pacífico colombiano.
Las microcentrales hidroeléctricas propuestas aprovechan el caudal del río sin necesidad de represas, generan energía limpia con bajo impacto ambiental y pueden operar por lo menos 20 años. Cada instalación tomaría entre cuatro y seis meses. Las turbinas incluyen rejillas de seguridad para evitar daños por troncos y para proteger la fauna acuática. El proyecto también contempla diez electrolineras —estaciones de carga para las embarcaciones— y busca que los activos queden en manos de las comunidades.
Una de las turbinas hidroeléctricas similar a la que se podría instalar en el río San Juan para generar energía limpia.
En el documento “Lineamientos Técnicos en Oferta y Demanda de Cooperación Internacional del sector Minero-Energético”, presentado por el Ministerio de Minas en diciembre de 2024, durante la gestión de Andrés Camacho, que tenía el objetivo de establecer los criterios de las iniciativas de cooperación internacional a presentar a países y organizaciones internacionales, se afirma que el proyecto “Movimiento Pacífico” tiene un enfoque socioambiental que garantiza el ambiente sano y la integralidad cultural de las poblaciones étnicas. Según la entidad, la iniciativa “trasciende la dimensión tecnológica y busca ser una solución transformadora para las comunidades beneficiarias”, al fortalecer proyectos productivos, economías populares y actividades como la pesca artesanal y el turismo comunitario.
Felipe Martínez, representante legal de Acadesan, explicó a RAYA la importancia del proyecto: “Tener lanchas eléctricas va a garantizar la operación de una ruta de movilidad de más de 200 km sobre el río San Juan a bajo costo y ayudar a las comunidades a generar recursos extras. Hoy un galón de gasolina puede valer 25.000 pesos. Tener energía constante contribuye al desarrollo de actividades culturales y productivas, que están en el corazón de mantener viva la cultura negra. También van a permitir que los niños y niñas puedan ir al colegio en mejores condiciones”, señaló.
El líder también resaltó el impacto social y de seguridad: “Por falta de garantías nuestros jóvenes terminan en lugares donde no deben estar, lejos de sus comunidades. Con este proyecto garantizamos un derecho fundamental: la energía eléctrica. Fortalecer la organización es reducir riesgos para la vida, la libertad y la integridad”.
Comunidades priorizadas del sur del Chocó para el proyecto de electromovilidad y energía limpia.
Martínez subraya que contar con energía constante también funcionaría como medida de protección colectiva ante los enfrentamientos entre grupos armados. “Vamos a tener una protección colectiva porque tener luz las 24 horas hace que los actores armados sean visibles. En las comunidades donde hay interconexión eléctrica, los hechos de confrontación son mínimos; donde no hay servicio, se presentan casi siempre al anochecer”.
En la comunidad de Pangalita, municipio del Litoral del San Juan, se instalaría una de las turbinas. Cerca de ahí vive Jasmín González, Secretaria general de Acadesan, que desde su rol impulsa la iniciativa de la energía limpia y la califica como una oportunidad para cuidar el territorio. “Le apostamos a la energía limpia. Ojalá todos podamos tener motores eléctricos, son más amigables con el medio ambiente. Eso nos permitirá cuidar los ríos y el páramo del Duende, que es vital para nosotros”, afirmó.
El páramo de El Duende, ubicado entre los 3.300 y 3.900 metros de altura, con más de 2.500 hectáreas, es hogar del oso de anteojos, venados, zorros de páramo y numerosas especies endémicas. Diversos estudios técnicos respaldan la viabilidad ambiental del proyecto. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, estas turbinas operan en corrientes naturales de bajo caudal, sin represar el agua, y son seguras para la fauna acuática. Tienen una eficiencia superior al 90 % y una vida útil de hasta 30 años.
A pesar de su impacto positivo, el proyecto está paralizado por falta de recursos. El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) que pertenece al Ministerio de Minas confirmó en una carta del 28 de agosto pasado que no cuenta con la totalidad del presupuesto. “Para la vigencia 2025 FENOGE no dispone del monto necesario para financiar el 100% de esta iniciativa”, indicó en el documento firmado por Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, directora ejecutiva del fondo.
La funcionaria explicó a RAYA que se gestiona una cofinanciación ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para cubrir el 50 % del recurso restante, unos 5.000 millones de pesos. “Su implementación depende de la aprobación en el Comité Directivo del Fenoge y de la confirmación de la cofinanciación internacional solicitada, por lo cual no se cuenta con una fecha de inicio definida”, dijo Álvarez.
Acadesan teme que un cambio de orientación política en las próximas elecciones presidenciales congele la iniciativa. “Lo único que queremos es que nos cumplan con lo prometido. No sería aceptable que por falta de recursos se cancele el proyecto. El nuevo ministro y su equipo han manifestado su compromiso, esperamos que así sea”, advirtió Martínez.
La Revista RAYA intentó obtener una respuesta del Ministerio de Minas sobre la presentación del proyecto ante el Comité Directivo del Fenoge y su posible ejecución, pero no hubo respuesta. Mientras la burocracia define el futuro de las turbinas, las comunidades del sur del Chocó siguen emitiendo alertas humanitarias por el conflicto armado. El pasado 18 de diciembre denunciaron el desplazamiento de 54 familias. En el San Juan, la energía que podría proteger vidas está atascada en la falta de voluntad política.
