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RAYUELA

Dos empresarios de una hidroeléctrica han sido condenados por el homicidio de la lideresa ambiental hondureña en 2016. Tras ocho años del crímen, en el Día Internacional de la Mujer, Revista RAYA presenta la historia y legado de una lideresa latinoamericana en la que se reflejan miles de mujeres de este continente que luchan todos los días en contra de la violencia machista, las barreras de acceso a la justicia, la ausencia de garantías para sus derechos y la devastación de la madre tierra. 

Por: Fabiola León Posada

Como luchadora aguerrida, Berta Cáceres estuvo firme en la defensa del río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena Lenca y amenazado por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), responsable del proyecto, estaba en manos de la familia Atala Zablah. Daniel Atala Midence, gerente financiero de la empresa, hoy prófugo, recibió una orden de captura en diciembre de 2023 por su presunta participación en el crimen, acusado de financiar a grupos que hostigaron y atacaron a Berta y a su comunidad. Además, enfrenta cargos por corrupción relacionados con el proyecto Agua Zarca y por comentarios racistas hacia la comunidad Lenca. Roberto David Castillo, exgerente general de DESA, fue condenado a 22 años y 6 meses de prisión en junio de 2022 por su participación en el asesinato de la lideresa, pero los recursos de casación presentados actualmente ponen en riesgo la confirmación de la sentencia.

Han pasado ocho años desde el asesinato de Berta y la lucha por la justicia y la protección de los defensores ambientales en América Latina sigue siendo una batalla cuesta arriba. Según el informe de Global Witness de 2022, la región concentra el 88% de los asesinatos de defensores ambientales, con Colombia, Brasil, México y Honduras encabezando la lista como los países más peligrosos para ejercer esta labor. La violencia se manifiesta en amenazas, acoso, criminalización y violencia sexual, siendo las mujeres indígenas defensoras las más vulnerables, representando el 11% de los ataques mortales. Entre 2010 y 2020, la organización documentó más de 340 ataques contra mujeres indígenas defensoras en 12 países de América Latina.

La justicia tiene una deuda con Berta, su familia, su pueblo y su lucha. La falta de medidas efectivas para investigar, procesar y condenar a los responsables de los ataques perpetúa la impunidad y permite que la violencia continúe sin consecuencias significativas. Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), exige la captura de los accionistas mayoritarios de DESA, la familia Átala Zabla, una oligarquía en Honduras que goza de impunidad gracias a su poder económico y político.

Si bien ocho personas han sido condenadas en los dos juicios relacionados con el asesinato de Berta Cáceres, aún hay otros responsables que no han sido investigados ni llevados ante la justicia. Entre ellos, los considerados autores intelectuales del crimen, como la familia Átala Zabla, accionistas principales de DESA, la empresa detrás del proyecto Agua Zarca. Tampoco se descarta la participación de otros actores poderosos como políticos, militares y empresarios que aún no salen a la luz.

El asesinato en medio de un golpe de Estado

En el 2009 Honduras se vio envuelto en un golpe de Estado producto de las tensiones políticas exacerbadas por las reformas constitucionales propuestas por el presidente Manuel Zelaya, incluyendo la reelección presidencial. Estas reformas generaron oposición de grupos conservadores y empresariales con intereses en la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo, amenazados por las políticas de Zelaya.

En este contexto de convulsión social, Berta Cáceres y el COPINH se alzaron como voces críticas contra las políticas extractivistas y en defensa de los territorios indígenas. Su activismo pronto se expandió para abarcar una lucha integral contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Berta se convirtió en una figura prominente del movimiento indígena hondureño. Su liderazgo la llevó a participar en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) tras el golpe de Estado, consolidando su papel como defensora de la patria y la justicia social. Dirigió la lucha contra la represa del Tigre y denunció la existencia de 49 concesiones para proyectos hidroeléctricos y eólicos en Honduras que amenazaban los territorios indígenas y el medio ambiente. Como resume la periodista Sandra Rodríguez, "Berta era una lideresa y en el golpe de Estado asumió su papel de defender la patria".

El COPINH, fundado en 1993, nació con la misión de defender los bosques y la cultura Lenca. Entre sus logros se encuentran la expulsión de 36 aserraderos industriales, la creación de dos municipios indígenas y la construcción de infraestructura básica como carreteras, escuelas, centros de salud y proyectos de agua potable y electrificación. En 1994, un hito fundamental en su lucha llegó con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.

Este compromiso con la defensa de los derechos indígenas llevó al COPINH, liderado por Berta Cáceres, a oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarcas desde 2013. Su principal demanda era que se implementara una consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La resistencia de Berta la llevó a enfrentar constantes amenazas de muerte y criminalización por parte del Estado hondureño.

La justicia más allá de las rejas

El  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización cofundada por Berta Cáceres, tiene una visión integral de la justicia que va más allá de los tribunales y las leyes convencionales. Desde su perspectiva indígena y ancestral, la justicia implica recuperar la autonomía de los pueblos y revalorizar sus formas de vida ancestrales. Esto implica desafiar el modelo patriarcal y colonial que impera en el sistema judicial actual.

Para el COPINH, la justicia debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas y no proteger únicamente a los poderosos. La organización aboga por un sistema que garantice la igualdad y la equidad para todos los sectores de la sociedad. "Berta Cáceres nos invita a recordar esta forma de vida y a reconstruir la justicia desde la base, desafiando el modelo patriarcal y colonial que impera en el sistema judicial actual", expresa un audio de la organización.

La organización critica el sistema judicial actual por no proteger a los pueblos y favorecer a los poderosos. "La justicia no se puede cerrar con la condena de un solo individuo. Es necesario investigar y juzgar también a los autores intelectuales del crimen, incluyendo a los responsables en organismos financieros internacionales que financian proyectos sin consultar a las comunidades afectadas. Estos proyectos, impulsados por estos organismos, generan conflictos y rupturas en el tejido social de las comunidades. Es vital que se reconozca su responsabilidad en la muerte de Berta y en la destrucción de las comunidades indígenas", afirman desde el COPINH.

Las medidas de reparación propuestas en 2022 por el Estado hondureño, como la creación del premio Berta Cáceres, la inclusión de su imagen en el billete de 200 lempiras o en el sistema educativo son pasos importantes, pero por sí solas no son suficientes para cubrir el daño causado a su familia, a las comunidades indígenas y al medioambiente.

Berta la aguerrida

En La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras, nació Berta Cáceres, una líder cuyo legado resuena en América Latina. Desde joven, comprendió la lucha integral por el territorio, enfrentando el racismo, el colonialismo y el patriarcado. Su legado, marcado por su asesinato en 2016, sigue vivo.

Forjada en la educación popular y la lucha comunitaria, Berta brilló como líder estudiantil y se unió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, regresando a Honduras con un nuevo ímpetu. En su tierra, se dedicó a la educación popular y la organización comunitaria, liderando programas para mujeres, defendiendo los derechos indígenas y de la madre tierra pero, fue en 1993 cuando marcó un antes y un después en la historia de Honduras al fundar el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Esta organización se convirtió en el bastión de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en el país, visibilizando al pueblo Lenca y llevando sus demandas a todos los rincones.

En 2015, recibió el Premio Medioambiental Goldman por su activismo contra la construcción de la represa. Su asesinato evidenció la grave situación de los defensores ambientales en Honduras. Su legado inspiró a muchas personas, entre ellas Sandra Rodríguez, una periodista especializada en derechos humanos, quien la describe como una mujer empática y dedicada que se ganaba el cariño de la gente. En palabras de Rodríguez, "Berta era una luchona como toda su familia. Mujeres luchonas sin miedo".

berta caceres

Mujeres hondureñas en medio de un contexto adverso

En medio de un contexto marcado por la violencia machista, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, las mujeres líderes en Honduras enfrentan una batalla difícil en su lucha por la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos. Datos revelados por la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Mignodia Ayestas, muestran que en los primeros diez días del 2024 se han registrado 11 feminicidios, con un preocupante alto índice de impunidad. 

Por su parte, la periodista hondureña Dina Meza, también presidenta de Pen International-Honduras, quien ha sido amenazada por su labor, resalta la persistencia del sistema patriarcal en Honduras y su impacto en la vida de las mujeres, especialmente en el ámbito político y judicial. Destaca que, a pesar de los esfuerzos de algunas figuras políticas por combatir la violencia contra las mujeres, como la presidenta del Congreso Nacional, la situación sigue siendo grave. 

Meza señala que las mujeres que alzan la voz en el Congreso enfrentan represión y descalificación por parte de sus colegas varones, llegando incluso a ser demandadas por difamación y calumnia. Además, destaca la falta de respuesta efectiva por parte del sistema de justicia en casos de violencia contra las mujeres, lo que perpetúa la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas. Critica también la violencia emocional como una forma común de agresión y la falta de protección a las mujeres por parte del sistema judicial, lo que lleva a muchas de ellas a regresar al ciclo de violencia y, en algunos casos, terminar muertas. 

También Meza resalta la presión que enfrentan las mujeres para conciliar con sus agresores, muchas veces motivada por la falta de recursos económicos y el temor a represalias. En resumen, describe un panorama en el que la justicia sigue siendo inaccesible y poco efectiva para las mujeres víctimas de violencia en Honduras, debido a la persistencia de actitudes machistas y a la falta de compromiso por parte de las autoridades y las instituciones.

En este contexto adverso, las mujeres indígenas se enfrentan a una doble discriminación. A la violencia machista se suman los desafíos específicos por su identidad indígena, como la discriminación y la falta de reconocimiento de sus derechos.

Los casos de Marlen Corea y Blanca Jeannette Kawas ilustran la valentía y el compromiso de estas mujeres, a la vez que evidencian los peligros que corren por defender sus territorios y comunidades.

Marlen Corea, líder indígena lenca, ha liderado la lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora II en Guajiquiro. Gracias a su liderazgo y el esfuerzo de la comunidad, lograron pausar el proyecto y declarar a Guajiquiro como un municipio libre de proyectos extractivos. Sin embargo, Marlen ha sido víctima de hostigamientos y amenazas, incluso de muerte, por su activismo. A pesar de solicitar medidas de protección, estas le fueron negadas, dejándola en una situación vulnerable.

Blanca Jeannette Kawas dedicó su vida a la defensa del Parque Nacional que lleva su nombre. Fundó la organización PROLANSATE y luchó contra la expansión descontrolada de la palma africana y otras actividades que amenazaban la biodiversidad del área. En 1995, fue brutalmente asesinada, pero su legado sigue vivo en la comunidad que continúa protegiendo el parque.

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