Los abogados Ricardo Giraldo Cifuentes y Enrique del Río González, antiguos defensores del hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el caso de corrupción por los CAI de Rionegro, aparecen como representantes jurídicos del Clan del Golfo en la primera ronda de diálogos de paz con el Gobierno en Qatar. El acta, firmada el pasado 18 de septiembre, confirma que ambos juristas ahora asesoran al grupo narcoparamilitar.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El documento de la primera ronda de diálogos entre el Gobierno Nacional y el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, autodenominado “EGC”, muestra en su última página un dato revelador: la firma del abogado Enrique del Río González al lado del penalista Ricardo Giraldo Cifuentes, quien encabeza los acercamientos entre el Clan y el Gobierno desde 2023. Además, firman el documento Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno Nacional, y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como “Bruno” o “Jerónimo”, un mando medio que el Clan del Golfo ha impulsado como su “jefe político” en los últimos dos años.
“Jerónimo” es un exguerrillero de las FARC que desertó, pasó una temporada en Ecuador y luego recaló en el Urabá, donde el Clan comenzó a proyectarlo como vocero. En 2023 le concedió una entrevista al diario norteamericano Washington Post. En ese entonces “Jerónimo” dijo que aspiraban a convertirse en una organización política nacional y “en la medida en que podamos trascender y ampliar el territorio, allá llegaremos”.
Otro nombre que aparece en el documento es Jhovany Marín, facilitador y exparamilitar cercano al extraditado capo Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”. El acta se firmó en Doha, Qatar, el 18 de septiembre, tras varios días de conversaciones.
Ricardo Giraldo y Enrique González del Río suscribieron el documento de las negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar
El dato de los abogados no es menor. Tanto Ricardo Giraldo como Enrique del Río González defendieron en un principio al hoy gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el proceso por corrupción de los CAI de Rionegro. Se trató de contratos amañados que dejaron un detrimento patrimonial de 1.200 millones de pesos y nunca entraron en operación: dos elefantes blancos que ni la Policía ni la comunidad pudieron usar, según la Contraloría, la Policía Nacional y testimonios de habitantes. El mismo Rendón habría reconocido en una llamada interceptada por la Fiscalía que ambas obras no entraron en operación, convirtiéndose en dos elefantes blancos.
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RAYA ya había revelado en 2024 que el Clan del Golfo y el gobernador de Antioquia habían compartido el mismo abogado, cuando publicamos el poder conferido por Rendón al penalista Ricardo Giraldo, abogado de narcotraficantes, oriundo de Rionegro, cercano a figuras del uribismo del Oriente antioqueño como Gregorio Orjuela, exdiputado y exconcejal de ese municipio.
Ricardo Giraldo fue abogado del hoy gobernador Andrés Julián Rendón. Derecha: Giraldo, Álvaro Uribe y Gregorio Orjuela en un evento del Concejo de Rionegro, Antioquia
Lo que ahora confirma el documento de Qatar es que no era solo Giraldo. Enrique del Río González, también exabogado de Rendón, aparece firmando con el rótulo de “abogado” junto a la firma de los facilitadores y el comandante del Clan del Golfo. Su rúbrica prueba que dos antiguos defensores del hoy gobernador actualmente representan jurídicamente a la misma organización criminal en la mesa de negociación con el Gobierno. Del Río fue además el artífice de la estrategia que le permitió a Rendón esquivar a la justicia a finales de 2023, cuando la Fiscalía estaba a punto de imputarle cargos por el caso de los CAI de Rionegro. El penalista pidió un aplazamiento de la audiencia alegando vacaciones; el juzgado lo aceptó y, para cuando se reprogramó en noviembre, Rendón ya había sido elegido gobernador, protegido por el fuero constitucional.
Según una fuente de alto nivel en la Fiscalía que habló con RAYA, el fiscal general Francisco Barbosa ordenó cancelar esa audiencia y remitir el expediente a la Corte Suprema, donde hoy sigue la investigación contra Rendón.
Del Río González es un penalista vinculado a la Universidad Autónoma de Cartagena. Ha mantenido una relación cercana con Giraldo; incluso, han llevado otros casos juntos, como la defensa de cinco mineros de Segovia (Antioquia) acusados falsamente en 2019 de ser parte de una supuesta estructura criminal, aunque el trasfondo del caso en realidad tenía que ver con su oposición a la multinacional Aris Mining. Los mineros fueron absueltos y los abogados probaron su inocencia, en un caso que involucró al minero y capitán de bomberos Edwin Castañeda, hoy alcalde de ese municipio.
Los abogados Ricardo Giraldo y Enrique del Río, representantes del Clan del Golfo en Qatar
Además, Enrique del Río fue señalado en noviembre de 2017 por el exfiscal corrupto Gustavo Moreno como cercano al llamado “Cartel de la Toga”, acusación que le costó su cargo como conjuez en la Corte Suprema de Justicia apenas tres meses después de haber sido nombrado. En un comunicado, Del Río reconoció que sí conocía a los magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, cabezas del “Cartel de la Toga”, de quienes dijo que “le honraría” que fueran sus amigos, aunque negó que hubieran tenido injerencia en su elección como conjuez. Sobre Ricaurte, condenado a 16 años de prisión por concierto para delinquir agravado y cohecho, pues se demostró que participó en un aparato criminal para torcer procesos y expedientes a cambio de dinero en su rol como presidente de la Corte Suprema, el penalista Del Río agregó que era un “cartagenero con gran trayectoria en Colombia”, pese a las pruebas de corrupción que ya lo cercaban.
El Clan renuncia al estatus político que nunca tuvo
En un comunicado del 15 de agosto pasado, luego de que se filtraran a los medios las reuniones exploratorias en Qatar, el abogado Ricardo Giraldo publicó en sus redes sociales que la condición para sentarse a dialogar era “recategorizar” el estatus jurídico del Clan: dejar de ser un grupo criminal de alto impacto y pasar a ser considerado un grupo armado organizado al margen de la ley. Un decreto presidencial avaló esa petición.
Con esa condición, sumada a la exigencia de mantener el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia —como se autodenominan desde 2024—, el Clan aceptó iniciar las conversaciones, abandonando de hecho la exigencia que Giraldo sostenía desde 2023 de ser reconocidos como actor político del conflicto armado.
La Revista RAYA había revelado en junio de 2024 que esa demanda de estatus político fue parte de una estrategia diseñada por abogados y asesores del Clan. Consistió en desplegar giras, talleres y eventos masivos en diferentes regiones con presencia de esa estructura, junto con intentos de cooptar juntas de acción comunal, organizaciones sociales y líderes comunitarios. En publicaciones hechas por el propio Giraldo en sus redes sociales se mostraban obras comunitarias inauguradas por el grupo ilegal, como puestos de salud y carreteras en zonas apartadas de Córdoba y Antioquia.
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Nunca estuvo claro de dónde salieron los recursos para esos eventos que reunieron a miles de campesinos, con traslados y viáticos pagados. Las reuniones se realizaron en lugares como Belén de Bajirá (Chocó), Ayapel y Montería (Córdoba), Puerto Venecia (Bolívar) y Puerto Valdivia (Antioquia). En Puerto Venecia, por ejemplo, Giraldo apareció junto a Seneidy Jiménez Martínez, presentada como líder social. Sin embargo, ella había sido capturada antes por transportar armas para el Clan y era la pareja sentimental de un jefe local de la organización.
El abogado Ricardo Giraldo en un evento junto a Seneidy Jiménez, presunta integrante del Clan del Golfo, en Puerto Venecia, Bolívar, el 16 de marzo de 2024
Seneidy Jiménez fue asesinada el 21 de marzo en Puerto Venecia, al parecer por miembros del mismo Clan, tras sobrevivir a un atentado en Cartagena una semana antes, mientras visitaba en prisión a su pareja, Luis Fernando Rentería, comandante del Clan del Golfo en el Sur de Bolívar.
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Después de dos años de promover en foros, entrevistas y columnas de opinión la narrativa de que el Clan debía ser tratado como un actor político, Giraldo reculó. En una entrevista del 2 de septiembre declaró que el grupo solo aspiraba a acuerdos que “beneficien a la comunidad” y no pretendía reformar la Constitución, ni ocupar curules, ni negociar un espacio de participación política.
Giraldo desplegó una campaña de acoso judicial contra la Revista RAYA después de que reveláramos el plan del Clan del Golfo para buscar el reconocimiento político. A la par, el Clan del Golfo amenazó por redes sociales a la revista y varios de sus reporteros. El abogado demandó a uno de nuestros periodistas con una denuncia penal que aún sigue activa en una fiscalía de Medellín. Además, envió múltiples solicitudes de rectificación e instauró una acción de tutela -que perdió ante el Tribunal Superior de Medellín- con el propósito de silenciar las investigaciones de RAYA. Entre sus peticiones, Giraldo se quejaba de que la revista lo llamara “representante” del Clan del Golfo, un papel que en la práctica él ejerce y sigue ejerciendo no sólo ante el Gobierno Nacional, sino también ante los medios de comunicación, dónde suele brindar entrevistas transmitiendo las ideas y propuestas de ese grupo criminal.
Los avances de paz con el Clan
El 18 de septiembre de 2025, en Doha, el delegado del Gobierno Nacional Álvaro Jiménez estrechó la mano de Luis Armando Pérez, alias “Jerónimo”, miembro del Estado Mayor del Clan del Golfo
Los diálogos con el Clan sólo avanzaron después de que el Ejército desplegara una fuerte ofensiva de presión contra esa organización narcoparamilitar con bombardeos y operativos en varias regiones del país. En esas acciones fueron abatidos tres de sus máximos mandos: José Demoya Hernández, alias “Julián” o “Chirimoya”, miembro del Estado Mayor de la organización, quién cayó en una finca de Ayapel (Córdoba); también murieron en combate Olivero Isaza, alias “Terror”, y Juan Carlos Ramírez, alias “Zeus”, comandantes en el Magdalena Medio y el Oriente antioqueño.
Tras la ronda de conversaciones, las delegaciones informaron que el propósito de la mesa será buscar una desmovilización del Clan del Golfo, autodenominado “EGC”, y avanzar en propuestas de inversión social y transformación territorial en zonas bajo su control, como el Urabá antioqueño. En concreto se planteó un piloto de sustitución de cultivos en Mutatá (Antioquia) y en Riosucio, Belén de Bajirá, Unguía y Acandí (Chocó).
También se acordó la creación de un grupo de trabajo para abordar la migración irregular por el Darién, un negocio ilegal que, según Human Rights Watch, generó al Clan cerca de 65 millones de dólares en 2024.
Otro de los compromisos es abrir un espacio para analizar las afectaciones ambientales de la tala de madera y la minería. El Clan se comprometió a no interferir en las próximas elecciones y a no sabotear las acciones de desminado humanitario en las regiones que controla.
Uno de los compromisos concretos más importantes tiene que ver con el acuerdo de desvincular menores de edad del conflicto, para lo cuál el Clan del Golfo hará un censo al interior de sus filas y en el evento de “identificar casos” de menores de edad reclutados, estos serán puestos en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La misma semana en que se discutía este asunto en Qatar el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó en sus redes sociales unas fotos de supuestos menores de edad en poder del grupo criminal.
Rendón ha endurecido su discurso contra el Clan del Golfo en los últimos meses, incluso ha habido cruce de mensajes por redes sociales entre el grupo ilegal y el gobernador Rendón, pues desde la cuenta de X del Clan lo señalaron: de bandido a bandido te informamos.
Rendón apuesta al fracaso de la Paz Total para impulsar una narrativa beligerante y de supuesto respaldo a la Fuerzas Pública, con el propósito de proyectarse como futuro candidato presidencial, pese a que en su entorno más cercano hay personajes con múltiples vínculos con estructuras criminales, empezando por su tío político y mentor, el ex congresista Rubén Darío Quintero, condenado por parapolítica, o su secretario de seguridad el general retirado Luis Eduardo Martinez, a quién los Estados Unidos le quitaron la visa por presuntas relaciones con el narcotráfico.
