RAYA revela pruebas que hablan de presuntos sobornos y extorsiones cometidas desde la Fiscalía 75 contra el crimen de Medellín. Uno de esos casos fueron los 500 millones de pesos presuntamente pagados por la “Reina del Oro” de Antioquia, asesinada en 2024. Un agente de inteligencia, hoy en juicio por ese caso, habría sido el intermediario de la fiscal. Por ahora, Gaviria no es investigada por este escándalo, pero a finales del año pasado fue señalada por el presidente Gustavo Petro de presionar un testigo “para hacerle daño al gobierno”. ¿Quién es la fiscal Gladys Gaviria?
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El nombre de la fiscal Gladys del Carmen Gaviria Giraldo aparece en expedientes sobre organizaciones criminales como acusadora, pero también como señalada de haber participado de un soborno de $500 millones por la red criminal de la “Reina del Oro”, Patricia Orrego Barrios. Un militar de inteligencia, Dubán Esneider Delgado Sepúlveda, quien trabajaba con la fiscal, habría solicitado el soborno para favorecer a Patricia Orrego Barrios en un proceso en donde la acusaban de extorsionar y amenazar a otros mineros de la región. Orrego terminó beneficiada con una detención domiciliaria, pero en enero de 2024, a sus 43 años, fue asesinada por sicarios en una estación de gasolina en Girardota, Antioquia.
Ahora, el exmilitar de inteligencia Dubán Delgado enfrenta un juicio acusado de trabajar para la organización criminal de Orrego Barrios, proceso en el cual dos testigos aseguraron que parte del dinero que Dubán solicitaba ilegalmente sería para la fiscal Gaviria, con el propósito de que no se iniciaran investigaciones penales. Por su parte, el año pasado el presidente Gustavo Petro acusó a la fiscal Gaviria de presionar a un disidente de las Farc para que, a cambio de su libertad, hablara con un periodista en el escándalo de la filtración de chats de alias “Calarcá”, uno de los jefes disidentes en diálogos de paz con el gobierno.
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Delgado Sepúlveda era un agente de inteligencia militar que trabajaba como enlace con el despacho de Gladys Gaviria, la fiscal 75 Especializada de Medellín. En 2019, Delgado resultó involucrado en supuestos cobros extorsivos a mineros del municipio de Amalfi, nordeste antioqueño, cobros para que no fueran investigados, ni se abrieran procesos en su contra. Por este caso, Dubán fue expulsado del Ejército y capturado en octubre de 2021. La Fiscalía allanó su residencia y encontró 70 millones de pesos en efectivo y abundante documentación relacionada con Orlando Marín Gómez, alias “Horqueta”, un ex guerrillero del ELN, quien era compañero sentimental de Patricia Orrego, alias la “Reina del Oro”. El abogado que defendió a “Horqueta”, según la Fiscalía, fue el mismo del militar Delgado cuando cayó preso. Aunque luego recobró la libertad por vencimiento de términos, Dubán Delgado enfrenta un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de haber cobrado extorsiones y sobornos, ordenados por la “Reina del Oro”, contra mineros de la zona.
Dubán Esneider Delgado Sepúlveda, exmilitar de inteligencia expulsado del Ejército, está en juicio por presuntamente exigir dinero para frenar procesos vinculados a minería ilegal. Era enlace de la Fiscalía 75 a cargo de Gladys Gaviria
La revista RAYA conoció una serie de testimonios en los que quedaría en evidencia esa relación estrecha entre el agente Delgado y la fiscal Gaviria, incluyendo el testimonio bajo juramento del propio Delgado dentro de un proceso judicial. Estos documentos hacen parte del material probatorio que recaudó la Fiscalía contra Delgado, pero que además salpican a la fiscal. El primero de ellos es el testimonio de Bernardo de Jesus Orrego Barrios, hermano de la difunta “Reina del Oro”, quien tendría conocimiento directo del soborno, según se lee en el escrito de acusación contra Dubán Delgado: “Testimonio. Se ubica por intermedio del investigador líder. Expondrá conocimiento que tiene sobre la entrega de $ 500.000.000 a Dubán Esneider para que intercediera ante la Fiscalía que éste último apoyaba [el despacho de Gladys Gaviria], para favorecer en un proceso a Patricia Orrego Barrios; además, expondrá el conocimiento que tiene respecto a que Duban es el encargado de cobrar las extorsiones ordenadas por Patricia Orrego”, se lee en el documento.
De acuerdo con fuentes de alto nivel de la Fiscalía, este testimonio incriminaría directamente a la fiscal Gaviria, quién habría sido partícipe de los sobornos.
En ese escrito de acusación contra Duban también se habla de otro testigo: un ex militar llamado Alexánder Avendaño que desarrolló operativos junto a Dubán y quien terminó condenado en un proceso por cohecho, es decir, por dar u ofrecer sobornos. Según Avendaño, existió un presunto modus operandi entre la fiscal y el agente Duban para exigirle dinero a organizaciones criminales y a sus propios colegas como, aseguró, le pasó a él. Según la Fiscalía, Avendaño declaró “sobre exigencias de dinero que le hacía Dubán para que no le profirieran una orden de captura y cuyo dinero había que participar a una funcionaria de la fiscalía”. Dicha funcionaria, según una fuente enterada del caso, sería la misma fiscal Gladys Gaviria.
El soldado Avendaño fue condenado por cohecho, pues se probó que le ofreció dinero a Dubán, aunque en su versión de los hechos ha sostenido que Dubán lo presionó para ello. En ese proceso, en el que Dubán era testigo, él mismo reconoció que trabajaba con la fiscal Gaviria y que había sostenido conversaciones con terceros sobre entregas de dinero. “Yo le informé a la doctora Gladys que el soldado me estaba citando nuevamente y la doctora me recomendó que tomara precaución y medidas de seguridad. Y la doctora me dijo que le llevara la razón para que el soldado se presente con un abogado para resolver el tema de la investigación”, dijo Duban ante los estrados judiciales en el caso de Avendaño.
En una sentencia judicial quedó plasmado, por testimonio del mismo Dubán Delgado, como sostenía conversaciones sobre pagos en efectivo con otros soldados y que reportaba sus movimientos a la fiscal Gaviria. Dubán no fue procesado por estos hechos.
Sobre su relación con el agente Delgado, la fiscal Gladys Gaviria le aseguró a RAYA que “Delgado Sepulveda fue agente de inteligencia del Batallón de Inteligencia Militar No.7 (BAIMI7). No era intermediario mío. Las labores investigativas las hacía él con el CTI”.
Pero la génesis del primer presunto soborno nació con la presión que habría ejercido Dubán contra uno de los socios de la mina “La Comba”, en el cañón del Río Porce (Antioquia), para que declarara contra Patricia Orrego Barrios y así se pudiera impulsar desde la Fiscalía 75 un proceso penal por extorsión en contra de ella. El testigo presionado por Dubán era el minero Víctor Alfonso Jaramillo Ospina, apodado “Longaniza”, socio en la mina con Patricia Orrego y sus hermanos. Una vez conseguido este testimonio desde el despacho de la fiscal Gaviria solicitaron órdenes de captura contra Orrego y su hermana Yudy, quien estaba en embarazo. Días después fueron enviadas a su casa con una medida no privativa de la libertad, al parecer, tras el presunto soborno de 500 millones de pesos y varias libras de oro que le habrían entregado al propio agente Delgado, según el escrito de acusación contra Dubán.
Sin embargo, el testigo “Longaniza” aseguró luego a través de una declaración extrajuicio del 18 de junio de 2020 que Dubán lo presionó. Esta declaración fue rendida por “Longaniza” debido a la preocupación que le generaba verse envuelto en un proceso penal como testigo en contra Patricia Orrego con una versión que había sido falseada, según él mismo manifestó.
En el documento que “Longaniza” dejó firmado con su huella relata que Dubán Delgado lo citó a una oficina del Búnker de la Fiscalía en Medellín el 9 de octubre de 2019. Allí en compañía de una asistente judicial llamada Elizabeth, adscrita a la Fiscalía 75, según él, le requirieron información sobre Patricia Orrego y personas vinculadas a guerrilleros del ELN que, le afirmaron, hacían presencia en el río Porce, amenazando con que podría ser procesado si se comprobaba que él había pagado extorsiones a la guerrilla.
“[Dubán] me dijo que me venía investigando porque yo venía desarrollando minería ilegal y que a mí me cobraban extorsiones por parte de la guerrilla”, aseguró “Longaniza” en su declaración. También aseguró que el agente de la fiscal Gaviria le dijo: “Que yo saldría enredado como un colaborador de la guerrilla. También me dijo que él tenía conocimiento de un problema que me había sucedido con las señoras Patricia Orrego y Yudy Orrego, por un paso de una maquinaria por una carretera. Después me dijo que me evitara problemas, que colaborara con una información que él necesitaba, para que me pudieran ayudar”.
Pero un hecho significativo de cómo habría actuado el agente Dubán, es lo que denunció “Longaniza” posteriormente a esa cita: que su testimonio fue falseado y consignado de manera distinta a lo que, según él, había dicho: “El problema y lo que no me gustó y me parece muy irresponsable por parte de ellos [Elizabeth y Dubán], es que colocaron en el papel unas cosas que yo nunca dije. En ningún momento yo manifesté que las señoras Patricia Orrego y Yudy Orrego me hubiesen extorsionado, y tampoco dije que ellas me habían amenazado a mí con alguien de la guerrilla”.
Víctor Alfonso Jaramillo, conocido como “Longaniza”, dejó constancia de las presiones a las que fue sometido por Dubán Delgado en la Fiscalía de Medellín. Poco después fue asesinado.
Meses después de esa cita en el Búnker de la Fiscalía en Medellín donde Dubán Delgado le tomó la declaración “apócrifa”, la esposa de “Longaniza” se enteró en las calles de Amalfi que corría el rumor de que su esposo había “interpuesto una denuncia por extorsión en contra de las señoras Patricia Orrego y Yudy Orrego”, según se lee en la declaración extrajuicio de “Longaniza”, algo que, de acuerdo con su versión, él nunca hizo.
Yudy fue capturada el 9 de junio del 2020, y su hermana Patricia dos semanas después, es decir, el 24 de junio de 2020. Ambas capturas se justificaron con el documento que le habían obligado a firmar a “Longaniza” en 2019 el cual, según él, fue tomado bajo presión de Dubán Delgado.
Muy preocupado por el rumor, pues sabía que Patricia Orrego tenía aliados con armas, como Orlando Antonio Marín, alias “Horqueta”, un excomandante del ELN quien estuvo preso en la cárcel Picaleña de Ibagué y con quien sostenía una relación sentimental a distancia, “Longaniza” intentó comunicarse con Dubán, que no quiso atenderlo y, según relató en su declaración extrajuicio, lo comunicó directamente con la fiscal Gladys Gaviria: “Dubán me pasó por teléfono a la fiscal del caso, hablé con ella de lo que estaba pasando, y ella me dijo que si yo me retractaba de la entrevista, que ella me investigaba por falso testimonio, que si necesitaba que me sacaran del pueblo, que ella me sacaba, por si temía por la vida mía y la de mi familia, que ella me recibía una denuncia en contra de ellos”, se lee en la declaración.
El 16 de abril de 2021, Víctor Alfonso Jaramillo, “Longaniza”, fue asesinado en la misma mina en la que había trabajado toda su vida junto a su papá, Gabriel Jaramillo, quien tuvo una sociedad con el minero Octavio Orrego, el padre fallecido de Patricia. El asesinato lo cometió una banda de diez sicarios armados con fusiles. Iban comandados por Fernando Jiménez, alias “Caníbal”, un veterano delincuente antioqueño que se desmovilizó del Bloque Metro de las Autodefensas, jefe de la banda “El Tapón” de Bello (Antioquia), señalada por las autoridades de trabajar al servicio de la poderosa estructura criminal “El Mesa”.
Los sicarios de “Caníbal” secuestraron a “Longaniza” en la finca de su madre, lo llevaron en una camioneta hasta la mina “La Comba” y allí lo mataron a sangre fría. En el enfrentamiento posterior, cuando estaban huyendo del lugar, sobre las tres de la tarde fueron emboscados por el resto de mineros que respondieron al ataque con escopetas y lograron herir a “Caníbal” en un muslo, capturando más tarde a uno de sus hombres, un adolescente oriundo de Bello llamado Stiven Alejandro Díaz, alias “Formol”, a quien grabaron con un celular cuando ya lo tenían sometido a la orilla del río Porce. En el video, en poder de RAYA, se escucha claramente cuando el joven sicario confiesa que ellos cometieron el crimen por órdenes de “Patricia, la de Amalfi, la mujer de Horqueta”.
Uno de los sicarios que asesinó a Víctor Alfonso Jaramillo “Longaniza” confesó que la orden venía de Patricia Orrego Barrios, socia en la mina La Comba.
El joven sicario fue evacuado con vida desde el cañón del Porce por los bomberos del municipio, quienes lo entregaron a la Policía. Con heridas en un brazo y en un costado del abdomen, el sicario llegó al hospital de Amalfi en estado crítico enfrentando un paro cardiorespiratorio y luego falleció, pese a que, según el reporte de los bomberos, estaba consciente y hablaba durante el trayecto.
Imágenes captadas por los bomberos cuando atendían a alias “Formol”, el joven sicario. Los bomberos aseguraron que lo entregaron vivo a la Policía.
A Patricia Orrego Barrios la procesó la fiscal Gaviria por la supuesta extorsión a “Longaniza”, pero extrañamente la mandaron para su casa sin que tuviera que permanecer en la cárcel y no prosperó la investigación de la Fiscalía 75 en su contra. Gladys Gaviria dijo a la Revista RAYA que dicha investigación precluyó tras su fallecimiento.
Después a Patricia Orrego la volvieron a procesar por el ataque del comando de sicarios que dio muerte a “Longaniza”, pero de nuevo la Fiscalía jugó a su favor y en esa ocasión la orden de captura en su contra fue cancelada por solicitud del fiscal Evered Palacios, adscrito a otro despacho especializado del departamento. Todas las investigaciones en su contra terminaron archivadas o precluidas, pese a su conocido papel como articuladora criminal en el nordeste antioqueño.
El fiscal Evered Palacios solicitó la cancelación de las órdenes de captura contra Patricia Orrego y sus cómplices, pese a su conocida trayectoria criminal
Sobre las preguntas que quedan para la fiscal Gladys Gaviria, la funcionaria respondió a RAYA en un escueto correo electrónico: dijo que fue el juez de garantías el que le impuso medida de aseguramiento domiciliaria en Medellín a Patricia Orrego. “No se le incautaron bienes, por ello no hubo devolución. La señalada fue asesinada por lo que se precluyó el caso en su contra”. Sobre la declaración y el asesinato del minero Víctor Alfonso Jaramillo “Longaniza”, Gaviria aseguró que “el señor Víctor Alfonso Jaramillo mantuvo comunicación con la policía judicial del CTI, a quienes acudió para rendir entrevista”, es decir, con Dubán.
Gaviria dijo desconocer los testimonios que Dubán rindió en el proceso de Alexánder Avendaño, donde él mismo describió como trabajaba subordinado para su despacho, reportándole todos sus movimientos a ella. Aseguró que no sabe nada sobre el soborno que habría pagado Patricia Orrego a funcionarios relacionados con su despacho, toda vez que las declaraciones de Bernardo contando este evento ocurrieron en un proceso judicial sobre el que ella dijo no tener conocimiento. Gaviria no ha sido vinculada formalmente a dicho proceso, ni existen condenas penales en su contra.
Por otra parte, la mafia no perdonó a Patricia Orrego Barrios. La mujer murió asesinada por pistoleros el 7 de enero de 2024 en una gasolinera de Girardota, al norte de Medellín, según distintas versiones, cuando se disponía a acudir a una cita con integrantes de la misma banda criminal El Mesa con la que había contratado a los sicarios para mantener el control de la mina en Amalfi.
Patricia Orrego Barrios, “La Reina del Oro”, heredó de su padre un emporio minero en el nordeste antioqueño. Murió asesinada en una venganza mafiosa en enero del 2024.
La presión de la fiscal en el caso Calarcá
La fiscal Gladys Gaviria tomó notoriedad ante la opinión pública tras un operativo de captura, en julio de 2024, en el que varios miembros de las disidencias de las Farc, que en negociaban la paz con el Gobierno Nacional, fueron retenidos en Anorí (Antioquia) por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército bajo el mando del general Juan Carlos Fajardo. El hecho sucedió mientras se movilizaban en una caravana de camionetas. Entre los capturados estaba Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, máximo jefe de una de esa facción de las disidencias y cuya orden de captura se encontraba suspendida en el marco del proceso de paz que adelantan desde 2022. Por ello, horas más tarde fue dejado en libertad.
Lea la investigación: El audio con que El Tiempo construyó un falso escándalo contra la DNI
El operativo suscitó declaraciones inmediatas de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien al parecer estaba informado del mismo con antelación. El Gobernador aprovechó el momento para atacar las mesas de diálogos de paz y pidió que se les pusiera fin de inmediato. Incluso, sin pruebas, insinuó que dicha caravana de negociadores venía desde Venezuela.
En el operativo no solo se registraron capturas, el Ejército y la fiscal Gaviria también incautaron celulares y computadores, supuestamente del negociador de paz, alias “Calarcá”, los cuales quedaron en custodia de estas autoridades. Meses después, algunos chats, que la fiscal asegura fueron extraídos del celular de “Calarcá”, fueron revelados por Noticias Caracol, cuyo informe involucró a un general y un directivo de inteligencia del gobierno Petro en una supuesta entrega de información al guerrillero para que no se hicieran operativos contra ese grupo. Sin embargo, el Presidente denunció rápidamente que se trataba de una operación de desprestigio en la que estaba involucrada la fiscal Gladys Gaviria.
“Extrañamente la fiscal especializada de Medellín, Fiscalía que he denunciado como subordinada al alcalde de Medellín, Fico, no entregó informes ni resultados de los aparatos electrónicos hallados en la retención de hace 16 meses, pero sí permitió que el periodista Ricardo Calderón entrara a visitar a un preso que nada tiene que ver con los hechos”, escribió Petro en sus redes sociales tras la filtración de archivos de alias “Calarcá”.
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Sobre la pregunta de si ella permitió el ingreso de periodistas de Caracol a los calabozos de la Sijin en Medellín, la fiscal respondió textualmente a esta revista: “El ingreso de los periodistas fue solicitado por la defensa del detenido a este despacho. Y un capturado nunca está incomunicado, máxime cuando estaba presente su defensa”, dijo la fiscal, señalada por el presidente de ofrecerle libertad para garantizar que el testimonio del recién capturado, Jader Montoya Yepes alias “Primo Carro”, fuera un respaldo contundente del escándalo periodístico. “Bajo presión de la fiscal de Medellín (Gaviria), en dónde se ponía en juego su posible libertad de acuerdo a lo que escribía, bajo esa presión fue usado como fuente periodística y eso no es de la ética humana”, puntualizó el Presidente.
El primer mandatario atribuyó el escándalo a la oposición decidida de la derecha paisa que lideran el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutierrez. “La fiscal cometió un grave hecho irregular al permitir esa entrevista camuflada”, continuó el mandatario: “la fiscal de Medellín tiene una fuerte cercanía con el general Fajardo al que saqué del Ejército y que trabaja con los gobiernos locales de Medellín y Antioquia. En Medellín precisamente se reunió un grupo de oficiales de la Policía y el Ejército retirados por mí, que se han organizado con Abelardo de la Espriella para pedirle, a cambio de su apoyo, el reintegro. Se han dedicado a construir falsedades para la prensa con el fin de debilitar el proyecto político del Gobierno y fortalecer el de La Espriella. Contactaron en EE. UU a funcionarios”.
El cuestionamiento de fondo contra la fiscal Gaviria vino de su jefe superior, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en noviembre del año pasado dijo que evaluaba compulsar copias para que se investigara a Gaviria ya que, a pesar de que tenía la información extraída de los aparatos desde hacía varios meses, “ella no cumplió con su deber y no compulsó ante sus superiores competentes esa información para que se iniciaran las investigaciones pertinentes”, aseguró Camargo. Máxime cuando no era poca la información que había sido extraída: “Quien tenía esta información era la fiscal de Medellín a cargo del caso, en unos informes de extracción que no son pequeños, que no son breves”, sentenció. A pesar del anuncio aún no ha pasado nada.
Entre tanto, la fiscal Gladys del Carmen Gaviria Giraldo sigue al frente de una Fiscalía poderosa contra las organizaciones criminales de Antioquia. Lleva más de treinta años en la institución y ha hecho buena parte de los procesos judiciales contra el ELN en el nordeste antioqueño durante la última década, en especial las capturas y acusaciones que golpearon y casi exterminaron al Frente Capitán Mauricio. En años más recientes también ha desarrollado investigaciones de relevancia nacional contra las disidencias de las extintas FARC en el departamento, facciones que están en procesos de paz y que la pusieron en el centro de la opinión pública desde finales del año pasado por el manejo irregular que le dio a la información reservada del caso “Calarcá”, la cual fue filtrada a la prensa y se convirtió en escándalo contra el gobierno Petro. Lo que no se conocía públicamente era su relación con el exmilitar Dubán Delgado, hoy en juicio por los sobornos y extorsiones de Patricia Orrego, ni el expediente que la salpica con dicha organización criminal.
