La revista RAYA reveló en mayo pasado la estrategia dilatoria de la defensa del expresidente Alvaro Uribe, con el fin de impedir que la Fiscalía lo llamara a indagatoria antes de las elecciones por las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del defensor de derecho humanos Jesús María Valle. Aunque el proceso existe desde hace más de 25 años, Uribe había podido esquivar esta decisión. Sin embargo, una tutela del exmagistrado y denunciante del caso, Eduardo Montealegre, puso contra las cuerdas a la Fiscalía que se vio obligada a tomar una decisión: archivar o abrir investigación. Fue la segunda. Así se dio la puja.
Por: Redacción Revista RAYA
El jueves 18 de junio de 2026 pasará a la historia porque por primera vez, tras 25 años de abierto el proceso, la justicia decidió llamar a indagatoria y vincular formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la investigación por tres masacres: El Aro, La Granja y un crimen, el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Según lo reveló la revista RAYA en mayo pasado, la decisión de la Fiscalía estaba a punto de tomarse, pero una filtración de información interna de esa entidad al propio expresidente frenó la medida desde enero pasado. Uribe incluso llegó a sugerir que se trataba de persecución política y su defensa solicitó la práctica de pruebas, lo que podía postergar aún más el proceso, incluso, para después de las elecciones de este domingo 21 de junio.
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Sin embargo, una tutela se atravesó en el camino tanto de la Fiscalía, que habría tomado la decisión de esperar, como del abogado de Uribe, Jaime Granados, quien presentaba recursos de manera reiterada. La formuló el exmagistrado de la Corte Constitucional, exfiscal general y denunciante del caso, Eduardo Montealegre Lyneth, quien le había solicitado a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema que profiriera una resolución inhibitoria o de apertura de instrucción en el proceso contra Uribe Vélez. Su argumento principal es que era irrazonable la duración del proceso, tras 25 años de investigación previa.
En esa petición, Montealegre incluyó un cuestionario de once preguntas específicas para conocer detalles sobre las fechas de los hechos, el inicio de la investigación y las medidas adoptadas en el despacho y en la Fiscalía para mitigar la congestión y priorizar el trámite de procesos relativos a crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el peticionario exigió que, en caso de una negativa, se brindara una respuesta clara y suficiente que justificara la falta de una decisión de fondo a la luz de los estándares de plazo razonable fijados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desarrollo del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a esta petición el 25 de marzo de 2026. En su respuesta, el despacho fiscal informó que el proceso contra Uribe se encontraba en etapa de investigación previa bajo la Ley 600 de 2000 y que el caso le había sido asignado a ese despacho el 28 de agosto de 2024. Además, justificó la falta de una decisión de fondo por la complejidad del expediente y, por último, se negó a responder las preguntas planteadas por Montealegre alegando la reserva de las diligencias adelantadas en fase de investigación previa.
Ante esta respuesta, Montealegre presentó una acción de tutela exigiendo respuestas de fondo y completas a sus interrogantes, alegando el incumplimiento de los estándares que deben cumplir las respuestas de las autoridades a las peticiones dirigidas a ellas y la alegación indebida de la reserva legal de forma genérica y abstracta. Dicha acción de tutela fue resuelta a favor de Montealegre el pasado martes 16 de junio por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que halló vulnerados los derechos del accionante al debido proceso y a la administración de justicia, y ordenó a la Fiscalía emitir una respuesta de fondo, clara y congruente frente a los interrogantes planteados por Montealegre.
Por lo pronto, Montealegre espera que la Fiscalía cumpla lo ordenado por el Tribunal y le entregue las respuestas de fondo que solicitó sobre el proceso. Aunque la tutela no ordenó llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, sí obligó a la Fiscalía a responder por la falta de acción sustancial en un expediente abierto desde hace más de 25 años y relacionado con delitos de lesa humanidad. En ese contexto, la citación a indagatoria llegó en medio del certamen electoral de este domingo 21 de junio y cerró, al menos por ahora, el margen para seguir dilatando una decisión de fondo frente a las pruebas que relacionan al expresidente con esas masacres y con el crimen de Jesús María Valle.
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Pruebas y testigos
El proceso que relaciona al expresidente Uribe con esas tres masacres en Antioquia y el homicidio de Jesús María Valle no apareció en esta coyuntura electoral, sino que data de décadas atrás. Durante años pasó de despacho en despacho de la Fiscalía hasta 2014, cuando Uribe asumió como senador de la República. Entonces, los expedientes en su contra pasaron a la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado César Reyes. En ese mismo despacho cursó el caso por fraude procesal y manipulación de testigos que enfrentó a Álvaro Uribe con Iván Cepeda y que terminó con el expresidente condenado en primera instancia y absuelto en segunda, un caso que hoy está en casación.
Cuando Uribe renunció al Senado en agosto de 2020, el expediente por la masacre de El Aro, así como el de fraude procesal, regresó a la Fiscalía General de la Nación. Para ese momento, el ente investigador lo dirigía Francisco Barbosa, amigo personal del entonces presidente Iván Duque y ahijado político de Álvaro Uribe. Durante esa administración, el expediente no avanzó y, por el contrario, uno de los fiscales de Barbosa le recibió a Uribe una versión libre en noviembre de 2023, en la que el expresidente no fue interpelado por los señalamientos de fondo que le han hecho.
En el expediente por la masacre de El Aro existen por lo menos dos testigos clave que lo han señalado. Uno es el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en distintas instancias de la justicia ha sostenido que la masacre se planeó entre la Gobernación de Antioquia, dirigida por Álvaro Uribe, a través de su secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno; la cúpula de la IV Brigada del Ejército Nacional y los paramilitares comandados por Carlos Castaño y por él mismo, con el objetivo de rescatar a unos secuestrados que las FARC mantenían en esa zona.
En una entrevista con el periodista Daniel Coronell en junio de 2024, a su regreso a Colombia, Mancuso ratificó esa versión: “El señor Pedro Juan Moreno nos pidió a los comandantes de las autodefensas que por favor organizáramos una operación militar en el área para recuperar esos secuestrados y para ejecutar una operación de castigo contra la guerrilla, una operación en la cual se nos entregó un listado (...) con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones”.
Según Mancuso, la lista se la entregó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, Alfonso Manosalva Fórez. Por esa razón, el ex alto oficial ha sido señalado de participar en la planeación de la masacre a pesar de que su muerte se produjo en abril de 1997, seis meses antes de que se perpetrara la matanza. En su reemplazo llegó el general Carlos Ospina Ovalle, a quien la justicia también ha pedido recientemente investigar.
El otro testigo que señaló a Uribe en varias oportunidades fue Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, uno de los paramilitares que participó directamente en la incursión a El Aro. Su versión coincide con la de Mancuso en que el origen de la masacre fue una alianza entre la Gobernación, la IV Brigada y los paramilitares para rescatar secuestrados en poder de las FARC y atemorizar a la población de esa zona señalada de estar bajo el control guerrillero.
Villalba fue más explícito en situar a Álvaro Uribe en una reunión en la que se habría planeado la masacre. Según él, sucedió en una finca en el corregimiento La Caucana, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Así lo declaró ante la Fiscalía en febrero de 2008:
Fiscal: “—Indique si en esa incursión de El Aro hubo ayuda o participación de miembros de la fuerza pública:
Villalba: Sí doctor, de la IV Brigada, lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión, hubieron retiradas de tropas de los retenes, suspendido los retenes de tropa en la carretera, y una reunión que tuvimos en La Caucana tres días antes de eso y sé que ellos los militares llegaron ahí, llegó ese Manosalva, llegó ese que fue general después, Ospina, también estuvo este, un comandante de la Policía José Serrano, que dijo que habían unos secuestrados arriba, también fue el mayor Parra Niño de la Policía de Sincelejo y un patrullero que vino con él de apellido Acuña, ahí estuvieron unos militares, un teniente de la IV Brigada no recuerdo el apellido, era de la tropa de la IV Brigada que estaba en Puerto Valdivia, una contraguerrilla, estuvo también Santiago Uribe y Álvaro Uribe que era gobernador cuando eso.
—Usted oyó en forma personal hablar a alguno de los hermanos Uribe en aquella reunión de La Caucana?
A Álvaro Uribe, decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos.
—Diga si él se identificó en algún momento o fue presentado como el Gobernador.
Él fue presentado por el señor Mancuso.”
La declaración de Villalba ha sido calificada por Uribe como mentirosa, aduciendo que el testigo situó al general Manosalva en una reunión tres días antes de la masacre, cuando ya había muerto seis meses antes. No obstante, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en noviembre de 2008 Villalba ratificó la reunión de La Caucana y señaló como cómplices a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago. Cinco meses después, en abril de 2009, mientras cumplía su pena en prisión domiciliaria, fue asesinado por sicarios en la puerta de su casa en el municipio de La Estrella, Antioquia.
Sin embargo, más allá de esas evidencias que lo vinculan con una presunta responsabilidad penal directa en los crímenes y las masacres, el expediente indaga las omisiones que se le endilga durante su periodo como gobernador de Antioquia, entre 1996 y 1998. En ese tiempo no fueron escuchadas las súplicas y advertencias del propio defensor de derechos humanos y abogado reconocido en Antioquia, Jesus María Valle Jaramillo, quien pidió auxilio para evitar la matanza en esas comunidades y, tiempo después, fue asesinado en su propia oficina en Medellín.
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