Contratistas de la Gobernación de Bolívar y de la Alcaldía de Cartagena denunciaron que el voto por Abelardo de la Espriella se está exigiendo como condición para conservar contratos de prestación de servicios. Las fuentes hablan de presiones desde dependencias públicas, asistencia obligada a eventos, vigilancia en redes, cuotas de votos y fotos del tarjetón como prueba de respaldo político. El universo de contratistas en esas entidades rondaría las 28.000 personas.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La Revista RAYA conoció una serie de denuncias de contratistas de la Alcaldía de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar que aseguraron estar recibiendo presiones para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, a cambio de mantener sus contratos de prestación de servicios. De acuerdo con lo conocido por esta revista, quienes no voten por él habrían recibido advertencias sobre posibles consecuencias en su permanencia contractual en entidades territoriales encabezadas por el gobernador Yamil Arana y el alcalde Dumek Turbay. Una de las personas que habló con RAYA, a quien le protegemos su identidad por seguridad, dijo: “El constreñimiento lo están sufriendo los contratistas de todas las dependencias. Se obliga a los contratistas a apoyar al candidato De la Espriella y a conseguir votos; si no lo hacemos, no nos mantienen el contrato”.
Varias fuentes le contaron a RAYA que en Bolívar hay cerca de 20.000 personas vinculadas mediante contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS), mientras que en Cartagena la cifra sería cercana a los 8.000. De acuerdo con las denuncias, contratistas de distintas dependencias estarían siendo presionados para votar por Abelardo de la Espriella. “Una de las cosas que nos pidieron en primera vuelta, y volvieron a pedir para segunda, es que cada contratista debe enviar una foto, en el cubículo de votación, con el nombre escrito en su mano y con la raya en el tigre. Nos obligan a conseguir más personas”, aseguró un contratista de la Alcaldía de Cartagena. Esta modalidad también ha sido denunciada en departamentos del Caribe como Cesar y Atlántico.
En medio de las alertas por compra de votos y constreñimiento electoral, el Ministerio de Defensa anunció que quedará prohibido el uso de teléfonos celulares y de cámaras fotográficas dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. “Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Esto, de alguna manera, ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento”, explicó el ministro Pedro Sánchez durante una rueda de prensa. También señaló que los testigos electorales podrán ingresar con celulares u otros equipos de grabación, pero no podrán utilizarlos dentro del puesto de votación durante el horario establecido. “Una vez cerrada la votación, a partir de las 4:00 p.m., sí podrán emplearlos sin restricción para cumplir sus funciones de vigilancia”.
Una de las dependencias que estaría presionando a sus contratistas a votar por De la Espriella es la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) , sede Cartagena. RAYA conoció chats que le envío un señor de nombre Emiro Vuelvas, descrito como un empleado de segundo nivel de la entidad, a un contratista con material de la campaña política de la extrema derecha que debía compartir en sus redes sociales, también le dijo que tenía que “confiar” en que si ganaba su candidato el contrato iba a continuar.
Así fue la charla que evidencia el constreñimiento electoral en la dependencia encargada de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de prevención y atención de emergencias en la ciudad amurallada.
Contratista: ¿Esto es lo que debo colocar en mis estados?
Emiro Vuelas: Sí.
Contratista: ¿Y usted está seguro que si voto por él, el contrato sigue? ¿Que me asegura eso?
Emiro Vuelvas: ¿Qué pregunta es esa?
Contratista: Si, es bueno preguntar.
Emiro Vuelvas: Tienes que confiar.
Contratista. ¿En quién? Solo deseo tener esa claridad.
Emiro Vuelvas: En que las cosas se den y podamos tener continuidad todos. Eso no te lo puedo asegurar, pero toca hacer el ejercicio. Pero si no te sientes cómoda no hay problema.
Chats enviados a un contratista de la OAGRD de Cartagena para votar por Abelardo de la Espriella.
Para intentar ocultar las evidencias del constreñimiento electoral, el funcionario borró los mensajes del chat. Sin embargo, la evidencia ya había sido guardada por la víctima, quien además tuvo que asistir obligada a varios eventos públicos del candidato. Esta práctica se estaría repitiendo en todas las dependencias de la alcaldía de Cartagena y en la gobernación de Bolívar.
Pero el presunto constreñimiento electoral denunciado por contratistas de Bolívar y Cartagena no solo se habría presentado alrededor del día de las elecciones. Según los testimonios conocidos por RAYA, las presiones fueron una constante durante la campaña presidencial. Una contratista de la Gobernación, quien pidió la reserva de su nombre para no sufrir represalias laborales, aseguró que a comienzos de este año firmaron contratos de prestación de servicios de tres y cinco meses de duración. Según narró, durante ese periodo han recibido presiones para apoyar a los candidatos que “los jefes” querían: “Al principio el apoyo era para Paloma, pero al ver el crecimiento de Abelardo están puyando para él. La excusa para los contratos cortos fue la ley de garantías, a pesar de que firmamos los contratos antes de la vigencia. Esto es una medida de presión porque saben que la gente no se puede dar el lujo de perder el trabajo y por eso ahora nos toca votar por Abelardo”.
Aunque la normativa electoral no les impide, por su sola condición de contratistas, expresar una postura política o apoyar libremente a un candidato, las denuncias conocidas por RAYA advierten que ese derecho estaría siendo limitado por presiones internas. “Si a uno lo ven apoyando a otro candidato, inmediatamente bloquean al contratista. Revisan las redes sociales y toca cuidarse mucho de lo que uno hace. Por ejemplo, si yo quería apoyar a Iván Cepeda no podía poner ninguna foto ni asistir a ningún evento, porque cualquier persona le puede decir a los jefes. Entonces lo que las personas hagan tiene que ser de manera muy silenciosa y secreta, imagínese usted”, aseguró una de las fuentes consultadas por RAYA.
Los relatos coinciden en que, durante los primeros seis meses del año, contratistas de distintas dependencias tuvieron que asistir bajo presión a varios eventos de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento de Bolívar. De acuerdo con las denuncias, la inconformidad “explotó” el pasado 9 de junio, durante el evento realizado en la Plaza de la Aduana de Cartagena. Según registraron medios de comunicación, esa concentración fue una de las más numerosas de la campaña. También fue el día en que, desde la tarima, De la Espriella rechazó la medida del Consejo de Estado que le prohibía usar símbolos, como la camiseta de la Selección Colombia, como parte de su campaña política.
Ese día, según testimonios conocidos por RAYA, contratistas de Bolívar y Cartagena tenían que llevar hasta 100 personas al evento. “Ahí fue donde la gente estalló porque muchísima gente se quejó porque no le gusta que la estén presionando para votar por uno o por otro. Muchos fuimos porque los jefes nos dijeron que fuéramos. Que había que llenar la plaza. Uno que otro va a votar por Abelardo, pero la mayoría por Cepeda”, dijo una trabajadora de la Gobernación. También aseguró que eran obligados a tomarse fotos en el evento y enviarlas a grupos de las entidades para comprobar que habían asistido, material conocido por RAYA que esta revista mantiene bajo reserva para no exponer a las personas.
En otra denuncia sobre el día de la intervención de Abelardo de la Espriella en la plaza del centro de la ciudad, se aseguró que Jorge Luis Correa, gerente de la IPS Bienestar del Caribe, y trabajadores del mismo centro “estaban pasando lista a los empleados para que llevaran 10 personas obligatoriamente”. La misma denuncia señala que en el barrio Olaya Herrera funcionaría un centro que estaba entregando 20.000 pesos para el refrigerio y otros 80.000 que serían entregados el día de las elecciones.
Denuncia de contratista de Bolívar sobre presiones atribuidas al gerente de la IPS Bienestar del Caribe para asistir a eventos de Abelardo de la Espriella
Un día después del evento, el abogado Juan Carlos Cárcamo, líder cívico y asesor jurídico de colectivos animalistas y de derechos económicos, publicó un video en sus redes sociales denunciando presuntas acciones de constreñimiento electoral. “Tenemos conocimiento que están presionando a los contratistas de todas las entidades y eso es indebido. Colombia es un país libre y en libertad nosotros tenemos que votar por el candidato de nuestra preferencia”, aseguró.
RAYA se contactó con Cárcamo para conocer más detalles de su denuncia. “¿Cómo nos dimos cuenta? Nosotros vimos que todas las personas con prestación de servicios estaban apoyando a un solo candidato y eso no es normal. Mucha gente nos llamó quejándose porque no le gusta que le estén imponiendo que tiene que hacer tal o tal cosa para que no la dejen sin trabajo. Están jugando con el sustento y la alimentación de muchas familias. Las personas se ponen nerviosas al ver que no pueden tomar una decisión por su cuenta porque saben que su sustento está en peligro y por eso hacen lo que los jefes digan”.
En otros reportes de presunto constreñimiento electoral conocidos por RAYA, personas vinculadas a la Gobernación de Bolívar advirtieron que incluso se habrían presentado casos en los que a algunos contratistas les retrasaron el pago de honorarios durante varios meses. “A varios amigos tienen tres meses que no les pagan en la Gobernación y tienen que poner 35 votos. Y tienen que darle a los votantes 20.000 pesos por ellos. Esos políticos no les van a ayudar en nada, o sea, los tienen en constreñimiento”, se lee en una de las alertas electorales conocidas por esta revista.
Mensaje que denuncia retrasos en pagos en la Gobernación de Bolívar y presiones a contratistas para conseguir votos para Abelardo de la Espriella.
El exalcalde de Cartagena William Dau también ha denunciado el presunto constreñimiento electoral en la ciudad que gobernó entre 2020 y 2023. En un video publicado en su cuenta de Instagram el 10 de junio, se refirió al evento realizado en la Plaza de la Aduana y aseguró que las acciones del presunto delito electoral estarían coordinadas por el gobernador Yamil Arana y el alcalde Dumek Turbay. Según Dau, ambos habrían movido a sus equipos políticos para llenar la plaza pública. “Se sabe que Dumek y Arana están dirigiendo a sus empleados, sus funcionarios, sus contratistas para que vayan al evento para llenar. Tenemos esas pruebas”, dijo antes del encuentro de De la Espriella con sus simpatizantes.
Un contratista que aseguró haber sido presionado para asistir al encuentro político le explicó a RAYA cómo funcionarían las presiones atribuidas a sectores cercanos a Turbay y Arana dentro de las entidades. “Ellos están alineados para mandar mensajes para votar por Abelardo y tiran línea a través de los secretarios para no verse inmiscuidos, porque saben que es prohibido. Entonces esos mensajes se riegan por las entidades en chats, reuniones y la gente coge miedo enseguida, y hace caso de lo que dicen sus superiores porque saben que no les renuevan el contrato”, dijo la fuente protegida.
Aunque el apoyo del gobernador Arana y del alcalde Turbay a la campaña de De la Espriella ha sido señalado por fuentes y denuncias públicas como un respaldo político que operaría a través de terceros, el candidato presidencial ha asegurado que, como presidente, trabajaría con Dumek Turbay y Yamil Arana para dar “soluciones concretas” a las necesidades de los ciudadanos.
Lo que denuncian contratistas de Bolívar y Cartagena es que esa cercanía política estaría bajando por la línea de mando hasta convertirse en presión sobre quienes dependen de un contrato para sostener su vida cotidiana. En esa lógica, el contrato público deja de ser una relación administrativa y se convierte en una herramienta de obediencia electoral: asistir a eventos, conseguir votos, cuidar lo que se publica en redes y demostrar respaldo a un candidato para no quedar por fuera de la siguiente renovación.
