RAYA conoció un documento interno del Ministerio del Trabajo en el que aparecen los nombres de 59 empresas privadas, cuyos directivos han sido señalados por los propios empleados de presionarlos para votar por el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de lo contrario los amenazan con despedirlos. Las tácticas de constreñimiento al voto libre consisten en la instalación de propaganda política, despidos injustificados y promesas de bonos económicos. La verificación de que votaron, incluso, es con una foto desde el cubículo el día de las elecciones, como sucedió en la primera vuelta.
Por: Redacción Revista RAYA
Un documento interno del Ministerio del Trabajo, conocido por la Revista RAYA, retrata el mapa de lo que podría ser el mayor constreñimiento electoral en los últimos tiempos. Se trata de la participación abierta y directa por parte de los dueños de empresas, quienes están vendiendo la idea de que si gana el candidato Iván Cepeda los expropian y se les acaba el empleo. Esta amenaza laboral y política, según los reportes conocidos, ha ido escalando a medida que las jornadas electorales se han acercado. Pero los trabajadores, fieles a la defensa de sus derechos, han denunciado y aportado evidencias al Ministerio con el fin de demostrar que, en algunos lugares de trabajo se estaría creando un ambiente en el que su voto no sería libre. Dicho documento contiene los nombres de al menos 59 empresas en 16 departamentos del país y las denuncias revisadas apuntan, en su mayoría, a presuntas presiones a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el documento, son varias las modalidades que usarían los llamados “patronos”, directivos, jefes o personas con poder dentro de estas empresas para presionar electoralmente a sus empleados, es decir, costreñir. Entre ellas, instalar propaganda política en las zonas comunes al interior de las instalaciones, despidos sin justa causa por apoyar a otros candidatos, obligaciones para asistir a eventos públicos de la campaña política de De la Espriella y promesas de bonificaciones económicas, entre otras.
Uno de los detalles más llamativos del documento es que las empresas dedicadas a la prestación de servicios de salud son las que más figuran, con 18 casos. Por ejemplo, en la Clínica Bonnadona Prevenir, de Barranquilla, varios de sus trabajadores denunciaron que en las instalaciones de la clínica se realizaron varias actividades proselitistas de la campaña de Abelardo de la Espriella. Un ejemplo de lo anterior sucedió el pasado 3 de junio, cuando el candidato a vicepresidente, José Manuel Restrepo, grabó un video allí junto con los pacientes para quejarse del sistema de salud.
Restrepo aseguró que la crisis del sistema de salud es culpa del Gobierno Petro y luego concluyó el video con varios pacientes de la clínica diciendo la frase: “Firmes por la Patria”. Sobre la Clínica Bonnadona Prevenir, esta revista publicó una investigación en 2024 en la que reveló que dicha clínica ocupó el primer lugar en un presunto fraude al sistema que consistía en el cobro ilegal de medicamentos de alta complejidad. El artículo se basó en un informe de la Fiscalía que detalló que la clínica presuntamente solicitó, con información falsa, $5.384 millones al sistema de salud, a través de la Nueva EPS.
De acuerdo con la Fiscalía, los más de 5.000 millones de pesos fueron destinados a cubrir gastos de pacientes que nunca fueron atendidos. La Clínica Bonnadona Prevenir fue fundada en Barranquilla en 1993 por el oncólogo Carlos Alberto Osorio Chacón, quien es el actual representante legal. Según las evidencias en poder de la Fiscalía, él es uno de los profesionales de la salud que solicitó medicamentos de alto costo y, además, había formulado otros $432 millones, pero la Nueva EPS no autorizó la entrega de los medicamentos. Osorio Chacón y su familia tienen el 72% de las acciones de la clínica, donde la campaña de De la Espriella grabó contenido proselitista.
Otra clínica reseñada en el documento del Ministerio del Trabajo, que aparece señalada por presunto uso de sus instalaciones para difundir mensajes políticos, fue la Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec, ubicada en Ibagué. De acuerdo con las evidencias aportadas por trabajadores y usuarios, en las pantallas del centro médico, utilizadas para informar los turnos de atención a los pacientes, aparecieron mensajes de propaganda de odio: “Todos contra el petrismo”. En redes sociales y en denuncias al Ministerio, usuarios y empleados pidieron esclarecer quién autorizó la publicación del mensaje y si se trató de una posición institucional o de una actuación individual. Sin embargo, hasta el momento, Clinaltec no ha emitido ningún pronunciamiento.
Además de permitir actividades de proselitismo políticos en los centros médicos, otra forma de constreñimiento señalada ha sido entregar dinero a sus empleados para ir a votar por Abelardo de la Espriella. Un ejemplo de ello habría ocurrido en la clínica Clinizad, ubicada en Pasto, dedicada al análisis de exámenes médicos y de laboratorios. RAYA conoció una serie de chats que habría enviado la gerente del centro, Graciela Socorro Zamudio, a sus empleados. En sus mensajes les advierte que en las cuentas de sus respectivos pagos de salarios del mes de mayo “verán reflejados 50.000 pesos para el transporte de ustedes y sus acompañantes para ir a votar por el doctor Abelardo”.
Es más, el pasado 31 de mayo, en medio de la jornada electoral de la primera vuelta, la doctora Zamudio envió una foto a sus empleados mostrando que su voto había sido por “el doctor Abelardo”. Enseguida, su mensaje fue acompañado por la siguiente petición: “Deseo que desde Clinizad haya muchos votos así. Gracias a todos los leales conmigo”. Según la gerente, la empresa había trazado un rumbo como institución, por lo que esperaba coherencia y compromiso por parte de sus subordinados. “Quienes compartan esa visión contarán siempre con nuestro respaldo, quienes consideren que sus visiones son diferentes están en libertad de evaluar si este es el lugar donde desean continuar desarrollando su carrera”.
Otro caso del sector salud que vale la pena mencionar es el de Keralty, la multinacional de origen español, conocida antes como Sanitas Internacional, que combina el aseguramiento, la prestación de servicios médicos, la atención social y la educación. Según registró el Ministerio del Trabajo, empleados de la empresa denunciaron que en reuniones internas les dijeron que debían votar por Abelardo de la Espriella “o habría despidos en la empresa”.
Aunque en el mismo documento se dice que el Ministerio realizó una visita de inspección a Keralty para atender la denuncia, no se detallan resultados de la misma. Sin embargo, medios de comunicación han alertado sobre reuniones entre directivos de la empresa y empleados. El periodista Julián Martínez publicó un video el 19 de mayo, días días antes de la primera vuelta presidencial, detallando uno de los encuentros entre jefes y subordinados de Keralty. De acuerdo con lo dicho, el lugar del encuentro fue el hotel Grand Hyatt de Bogotá, ubicado en la calle 26 de la capital.
Según testimonios citados por Martínez, en el encuentro estuvieron presentes José Basaguren, propietario de Keralty; Juan Pablo Rueda, presidente de la firma para Colombia, y Fabián Cardona, presidente de la EPS Sanitas, junto a otros miembros de la cúpula directiva. En el espacio se habría argumentado que una posible presidencia de Iván Cepeda provocaría la expropiación de la empresa y el despido masivo de empleados de la compañía. Además, se instó a los empleados a conseguir cinco votos para el candidato Abelardo de la Espriella, sumado a que debían difundir en sus redes sociales una imagen gráfica con el lema “Firmes por Keralty”.
Otro caso documentado en el Ministerio de Trabajo es el de Supergiros, una red de giros, pagos y apuestas con más de 20.000 puntos en el país. En este caso, empleados de la sucursal de Pasto advirtieron que les ofrecieron un incentivo de 100.000 pesos por inscribirse a una plataforma de la campaña política de De la Espriella, con sus datos personales y los de diez personas más. El abogado Miguel Ángel del Río también se ha referido a este suceso. Según él, “un coordinador de Supergiros obligó a más de 24 personas de su equipo a conseguir el apoyo al “tigre” en la región”. Aún se esperan los resultados del Ministerio de Trabajo sobre este presunto constreñimiento en la empresa chancera.
De los 59 casos, en 37 el Ministerio tiene confirmación y evidencias de un presunto constreñimiento electoral, al tiempo que la propia entidad tiene otros 22 casos en procesos de verificación. Uno de esos es la denuncia de un usuario de X, quien a través de redes sociales denunció presiones en el Hospital Civil de Pasto para votar por Abelardo. Según aseguró, una jefa estaría citando a varios trabajadores, vinculados mediante contrato tercerizado, entre ellos auxiliares de enfermería, médicos y odontólogos, para advertirles que, de no votar por Abelardo de la Espriella, se les terminaría el contrato. Una situación similar se estaría presentando en el Instituto Neurociencias de la misma ciudad.
En ese sentido, también es importante destacar el caso de la empresa Newrest, subcontratada por Cerrejón para la restauración de equipos de la mina de carbón. Algunos trabajadores de la empresa manifestaron “con certeza” que habrían recibido amenazas de despido si votaban por Iván Cepeda. “Se tiene información de que la propia empresa Cerrejón habría amenazado en igual sentido a sus trabajadores no sindicalizados, advirtiéndoles que serán despedidos si no votan por Abelardo de la Espriella”, se lee en el documento conocido por RAYA.
En esa misma denuncia se afirmó que el representante a la Cámara, electo por el Partido de la U, Jorge Figueroa, conocido como “Nenón”, estaría dirigiendo una presunta operación de compraventa de votos, ofreciendo 150.000 pesos por voto, con un adelanto de 50.000 y retención de la cédula de ciudadanía. “La denuncia agrega que, según los denunciantes, la Policía Nacional no estaría actuando frente a esta situación debido a que recibiría dinero el día de las elecciones a cambio de no intervenir”, dice el documento.
En total, entre los casos verificados y los que están en proceso, el Ministerio de Trabajo ha documentado 59 casos de presunto constreñimiento electoral en empresas privadas de 16 departamentos del país. Esta modalidad se ha consolidado como un abuso de poder por parte de las empresas, transformando el derecho libre al voto en una moneda de cambio para asegurar un puesto de trabajo. Este chantaje desde la primera vuelta presidencial ha beneficiado al candidato De la Espriella, pero las denuncias desde adentro dejan ver las rupturas al interior de unas empresas donde hoy existen trabajadores que pelean por sus derechos.
