La paz urbana se ha convertido en pieza clave para avanzar en la paz total que propone el gobierno. En Medellín y el Valle de Aburrá, un proceso inédito de diálogo sociojurídico con estructuras criminales ha logrado reducir homicidios, frenar extorsiones y abrir caminos de reconciliación. Sin embargo, el futuro del proceso depende de voluntad política, recursos y superar la tentación del populismo punitivo.
Por: Diego Herrera Duque
Análisis especial para RAYA*
Para la Paz total se necesita la paz urbana. Y para la paz urbana, se requiere fuerza social organizada y movilizada que reivindique y exija el derecho a la paz en las ciudades. Así mismo, la participación social y popular se constituye en un factor central para la irreversibilidad y sostenibilidad de los procesos de diálogos sociojurídicos en ciudades como Buenaventura, Quibdó y Medellín y los nueve municipios del Valle de Aburrá, más allá de los periodos de gobierno, las voluntades las mezquindades políticas o los apetitos políticos en tiempos electorales.
Esta ha sido la insistencia de la sociedad civil, constituida en un sujeto social autónomo, que durante este periodo a rodeado, impulsado, debatido y exigido, durante los dos años que ha transcurrido el espacio de conversación sociojurídico de la cárcel La Paz, de Itagüí, entre la delegación del gobierno y los voceros de las estructuras criminales. Toda esta capacidad de fuerza social plural y amplia, se ha volcado para movilizar recursos y acciones, y ejercer influencia sobre los actores que deciden el destino de la paz urbana, tanto a nivel local como nacional. Este es quizás, uno de los aportes más significativos que se tiene hoy en el Valle de Aburrá.
A renglón seguido, se le ha insistido al gobierno nacional que, si nos metió en la discusión y en la agenda de la paz en las ciudades- que ya en sí mismo es un gran salto cualitativo y político en la búsqueda e implementación de la paz total como una ventana de oportunidad para superar las violencias urbanas-, también es cierto que se necesita que la apoye con mayor decisión política y con recursos. La paz se hace con decisión y con plata.
El presidente Petro, en dos ocasiones ha reconocido públicamente que, en el tablero de la paz total uno de los procesos con mayores avances y sostenido en el tiempo es la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Tres razones han sido claves: la primera es que se ha consolidado y ampliado un sujeto social organizado y autónomo durante estos dos años, que hoy camina bajo una hoja de ruta para la participación de la sociedad civil, firmada con la Consejería de Paz, la delegación del gobierno y diversos sectores sociales. Además, ha contribuido al diseño de una maqueta de paz urbana para orientar la intervención gubernamental hacia el logro de la equidad territorial como parte de la agenda social y ha desplegado distintos repertorios de acción colectiva para el diálogo público y la movilización social de cara a los desafíos de este momento inédito para superar las violencia en la ciudad.
La segunda razón es la voluntad expresa e inquebrantable, hasta el momento, de los voceros de las estructuras criminales, que se han mantenido en el espacio de diálogo con el gobierno y han asumido compromisos traducidos en acciones y hechos concretos de paz en temas como frenar la extorsión- con un piloto de territorialización en 45 barrios-, disminuir la violencia homicida poniendo en el centro la defensa de la vida- lo que se refleja en una reducción histórica de la tasa de homicidios-, superar las fronteras invisibles dando garantías a la movilidad humana, aportar información para la superación del problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, y erradicar la venta de sustancias psicoactivas en instituciones escolares. Para este propósito se ha creado un mecanismo de observación y seguimiento con actores académicos y sociales.
La tercera razón es la continuidad, convicción y persistencia de una delegación de gobierno, sostenida en el tiempo, con la enorme tarea de asegurar que los compromisos asumidos en el espacio sociojurídico ante los voceros, y en los espacios de participación con la sociedad civil, tengan una respuesta oportuna y efectiva por parte del Ejecutivo.
Este último es uno de los retos centrales para el futuro del espacio socio-jurídico y de la agenda social de paz urbana. De un lado, se requiere que en estos 14 meses que restan de gobierno se active la facultad ejecutiva para hacer efectivas las propuestas acordadas para territorializar la paz urbana; que se avance en un marco jurídico para el sometimiento y desmantelamiento de los grupos criminales -que hoy se calculan entre 12.000 y 14.000 integrantes- para que hagan su tránsito al Estado social de derecho, y que además el Estado colombiano ocupe los espacios de control social y territorial que hace años vienen siendo controlados por la criminalidad, y defina un modelo de transformación económica urbana que contrarreste y sustituya el poder de las economías criminales existentes.
Para estas tareas, es imprescindible que la Consejería de Paz -que ha brillado por su ausencia y desdén frente a las expectativas y retos que hoy tienen estas ciudades en la búsqueda de la paz urbana- asuma la articulación interinstitucional e implemente la aplicación de instrumentos de política de paz con que cuenta el gobierno y la Ley de Paz Total, y garantice los recursos necesarios. Es decir, que el comisionado Otty Patiño y su equipo, escuchen al presidente y le paren bolas a los acuerdos que realiza la delegación del gobierno para sacar adelante este proceso. El derecho a la paz en las ciudades se hace también asumiendo las responsabilidades políticas que se tienen y garantizando las ejecuciones concretas que implican los compromisos asumidos.
Otro reto fundamental, del resorte de la participación y la fuerza social, es que se construya un espacio de articulación social nacional de los distintos procesos de paz urbana, o de las llamadas paces urbanas que hoy tiene el país. Así mismo, ante la revitalización del movimiento social y popular por la paz, que se ha venido convocando a nivel nacional, será crucial que sea incorporada en sus agendas de trabajo el rodear los espacios socio jurídicos y reconocer su relevancia frente a la búsqueda de las salidas dialogadas a las violencias, superar las causas sociales que la originan y los factores de persistencia que las alimentan, como el narcotráfico o las distintas fuentes de las economías criminales.
Este es un camino, el de juntar y materializar esfuerzos de gobierno y fuerza social organizada para la búsqueda de la paz urbana, que podría aportar a superar las alternativas securitarias y de populismo punitivo, que limitan libertades y violan derechos fundamentales, pero que gozan de amplia aceptación social y cabalgan en la región latinoamericana, bajo la llamada “bukelización” de la seguridad, y que tanto gusta a las autoridades distritales de Medellín, como modelo de lucha contra la criminalidad, y de ahí asumir el no respaldar el proceso y traer un relato de paz ciudadana, como quedó en el decreto 0362 de 2025, que recién reglamenta la política pública de paz en el distrito de Medellín.
La superación de la dicotomía entre seguridad y paz allana un horizonte en el que la mejor política de seguridad es el logro de la paz en las ciudades, en la que el Estado social de derecho se ocupe de las causas asociadas a la violencia imbricadas en la vida urbana y los factores de persistencia de ésta, y las comunidades restituyan sus derechos y los vínculos comunitarios, en los que la paz urbana no sea un inasible, sino que se vea reflejada en la vida cotidiana.
*Coordinador del Área de Paz de la Corporación Viva La Ciudadanía. Miembro del Comité de Impulso de Sociedad civil para la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá
