En Medellín y el Valle de Aburrá, el proceso de diálogo socio-jurídico con estructuras criminales abrió una nueva etapa en la discusión sobre paz urbana. Tras varios antecedentes de negociación desde los años 90, el escenario actual incluye conversaciones instaladas desde 2023, anuncios sobre un posible acuerdo condicionado, participación de sectores sociales y debates sobre marco jurídico, víctimas, economías ilícitas e implementación.
Análisis especial para RAYA por: Diego Herrera | Coordinador de Paz Viva la Ciudadanía
En medio del discurso sobre el “fracaso” de la Paz Total —y, en particular, de los procesos de paz urbana—, se abre paso una pregunta central: cómo insistir en el diálogo como ruta para transformar violencias en las ciudades, aprender de los tropiezos y fijar una ruta verificable y apropiada socialmente. En Medellín y el Valle de Aburrá, esa pregunta cobró nueva visibilidad tras el anuncio, en febrero de 2026, de un posible acuerdo condicionado para la paz urbana y la controversia pública que rodeó ese paso. Hoy, el caso concentra una discusión abierta sobre el alcance real de esta apuesta en una región donde persisten estructuras criminales con control territorial y capacidad de regulación social.
Medellín y los municipios del Valle de Aburrá cargan con relatos y experiencias repetidas de muerte, ilegalidad, miedo y zozobra. La sensación de que esas violencias se volvieron paisaje ha calado en varias generaciones. Sin embargo, la ciudad también ha resistido a ese destino del “No Futuro”. La búsqueda de una paz urbana con nombre propio viene ganando forma, lenguaje y procedimientos, aun en medio de la controversia pública.
Podría afirmarse que la actual búsqueda de paz en la ciudad de Medellín y la región metropolitana no es la primera. Se tiene memoria de varios intentos de paz urbana entre gobierno y organizaciones ilegales, imperfectos, pero que también han permitido hacer distinciones y extraer aprendizajes frente al diálogo sociojurídico que hoy se desarrolla en la Cárcel La Paz de Itagüí.
Entre esos antecedentes aparecen, en primer lugar, el acuerdo entre Pablo Escobar y el Cartel de Medellín con el gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994, que incluyó la entrega del capo a la justicia y su reclusión en la cárcel “La Catedral”. Luego están los acuerdos de paz urbana firmados con milicias populares en Medellín y el Valle de Aburrá: en 1994, con las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá, las Milicias Metropolitanas de Medellín y las Milicias Populares del Valle de Aburrá, centradas en Moravia; y en 1998, con el Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados (MIR-COAR). Más adelante, entre 2003 y 2005, se produjo la firma del acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en 2003 y del Bloque Héroes de Granada en 2005.
La fase actual arranca con la aprobación de la Ley 2272, llamada Ley de Paz Total, el 4 de noviembre de 2022. El 2 de junio de 2023 se instaló el espacio de diálogo sociojurídico entre la delegación del gobierno nacional y 17 voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Entre 2022 y 2026 se desarrollaron fases de acercamiento y conversaciones. El 20 de julio de 2025 el Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso el marco jurídico para la “Paz Total” en Colombia. Y el 9 de febrero de 2026 se emitió un comunicado a la opinión pública para avanzar en la estructuración de un acuerdo condicionado para la paz urbana, con el compromiso de llegar a una fase de irreversibilidad. Más que una secuencia lineal, esta cronología muestra que en Medellín la paz urbana ha sido un campo de intentos sucesivos, aprendizajes parciales y disputas sobre el sentido mismo del diálogo con estructuras criminales.
También, en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, desde los años 80 hasta nuestros días, se han desplegado formas de resistencia y de acción colectiva, a pesar de la violencia y en lucha contra la lógica de la muerte. En esa trayectoria se inscriben la defensa de la vida, de los derechos humanos y las formas de agrupación y expresión juvenil en torno a la movilización social por la paz. La apuesta actual no surge, entonces, en un vacío: se inscribe en una historia larga de violencias, negociaciones, controles criminales y resistencias sociales.
Uno de los aspectos centrales frente a la exigencia del derecho a la paz en la ciudad y la región metropolitana es la defensa del derecho a la vida. La tendencia frente a su violación se expresa en los indicadores y tasas de violencia homicida. Las cifras muestran que cuando hay mayor confrontación, disputas y reacomodamientos criminales, la violencia homicida se dispara; y cuando existe mayor hegemonía, control o pactos entre estas organizaciones, y en particular cuando existe un espacio dialógico del Estado con ellas, tiende a disminuir, como ha ocurrido en los últimos cuatro años. Esa relación no equivale, por sí sola, a una paz consolidada, pero sí obliga a mirar con mayor detalle cómo se articulan confrontación armada, regulación criminal y espacios de interlocución.
La evolución de la violencia homicida en Medellín muestra cómo los momentos de mayor confrontación y reacomodo criminal han tenido impactos directos sobre la vida urbana. En 1991, cuando convergieron la guerra entre los carteles de Medellín y Cali, los PEPES y la Fuerza Pública, la ciudad registró 6.809 homicidios. Entre 2000 y 2003, en medio de la irrupción paramilitar, las operaciones militares en la comuna 13 y la consolidación de la hegemonía criminal de “la Oficina”, los homicidios volvieron a superar los 2.000 al año: 3.158 en 2000, 3.480 en 2001, 3.722 en 2002 y más de 2.000 en 2003. Más adelante, en 2009 y 2010, se produjo otro repunte en medio de la guerra entre alias “Valenciano” y “Sebastián”, la pugna por el control de la Oficina, los realineamientos criminales y la irrupción del Clan del Golfo. En contraste, en los diez municipios del Valle de Aburrá los homicidios pasaron de 558 en 2022 a 526 en 2023, 463 en 2024 y 437 en 2025.
El relato del “fracaso” y la ciudad que duele
En el debate actual, la paz urbana suele enfrentarse a una narrativa dominante: la de su inviabilidad. Bajo ese lente, seguridad y paz aparecen como términos antagónicos. A la par, la vida cotidiana en barrios y comunas muestra cómo la violencia se filtra en lo social, político, cultural y económico, y cómo se normaliza. Lo que está en juego no es solo el balance de un proceso todavía abierto, sino también el modo de leer sus efectos, sus límites y sus posibilidades. Medirlo únicamente desde el relato del fracaso impide ver qué problemas logró instalar en la agenda pública, qué aprendizajes dejó y qué condiciones siguen sin resolverse.
Nombrar esa realidad —y disputarle el destino fatalista— es parte del trabajo pendiente: reconocer lo que no se ha resuelto, visibilizar lo que sí ha cambiado y abrir espacio para lo que podría cambiar.
Nombrar lo innombrado: el singular de la paz urbana
Como ha planteado el académico Carlos Mario Perea, la paz urbana exige nombrar lo innombrado. No es la misma paz que se negocia en escenarios rurales ni responde únicamente a motivaciones políticas de actores armados tradicionales. La posibilidad de diálogos con organizaciones no insurgentes en el espacio urbano, con aprendizajes criminales de más de 40 años de presencia en la región metropolitana, gran capacidad de control territorial, poblacional y de rentas criminales, exige una comprensión y una búsqueda de alternativas propias.
En el año 2020, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 032-2020 para Medellín, advertía que “todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado. Ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85 % del territorio” (Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 032-2020, p. 27). Así mismo, una investigación de Valor Público de la Universidad EAFIT con la Universidad de Chicago indica que existen “17 grandes grupos criminales”, de los que dependen más de 350 combos que tienen presencia y ejercen control territorial en los barrios de Medellín, y que agrupan entre diez mil y doce mil jóvenes (León, 2023). Ese panorama ayuda a entender por qué la paz urbana no puede abordarse como una simple extensión de otros procesos de paz, ni reducirse a una fórmula general de sometimiento o castigo.
Ese panorama también muestra por qué este proceso necesita reglas más precisas: una agenda definida, un cronograma, una metodología, el papel de terceros, mecanismos de implementación y verificación, y una pedagogía pública capaz de anclar la conversación en el tejido social urbano. Sin esos elementos, el diálogo corre el riesgo de moverse entre la improvisación, la opacidad y lecturas que lo reducen a una concesión estatal o a una tregua precaria.
Lo que sí cambió: avances, límites y un debate público abierto
En los últimos tres años y medio, los espacios de conversación sociojurídica con organizaciones ilegales no insurgentes en varias ciudades abrieron un campo de trabajo que antes no estaba en estos términos: la paz urbana entró a la agenda, ganó lugar de enunciación y comenzó a perfilar contenidos, formas y exigencias. Ese cambio no resuelve por sí mismo el problema, pero sí modifica el terreno del debate. Lo que antes se tramitaba casi exclusivamente como asunto de policía, seguridad o control criminal empezó a discutirse también en clave de diálogo, regulación y transformación.
Hitos recientes: continuidad, desescalamiento y anuncio de fase
Pese a la adversidad política, sostener espacios de diálogo por tres años es, en sí mismo, un dato relevante. Se reportan hechos y acciones de paz por parte de estructuras criminales, participación activa de la sociedad civil y el anuncio de un posible acuerdo condicionado que permitiría transitar de las fases exploratoria y de conversaciones a una fase de irreversibilidad, con retos de implementación. Ese anuncio, hecho público en febrero de 2026, reactivó el debate sobre el alcance real del proceso, sus condiciones jurídicas y la posibilidad de traducir la interlocución en compromisos verificables. Aun así, el proceso sigue abierto a una pregunta decisiva: qué puede verificarse, qué compromisos son exigibles y bajo qué condiciones podría hablarse de resultados sostenibles.
En el centro sigue el marco jurídico para dichas estructuras y un conjunto de asuntos que requieren imaginación y concreción política: dignidad y reparación de las víctimas, prevención del resurgimiento de violencias, transformación de economías ilícitas e inclusión social de miembros de esas organizaciones en el Estado social de derecho. El problema no es solo jurídico. También es político, institucional y social: qué tipo de acuerdo puede construirse con organizaciones criminales de larga duración sin desconocer a las víctimas, sin reproducir impunidades y sin desligar el proceso de las condiciones materiales que alimentan esas violencias.
Retos para la paz urbana
La búsqueda de la paz urbana requiere, en primer lugar, un diseño institucional. En ese punto podría discutirse la creación de una Consejería de Paz Urbana y Regiones de Paz Urbana, con articulación entre Nación y territorios y uso efectivo de los instrumentos de política existentes de paz y equidad. Más que sumar una figura administrativa por sí sola, se trataría de darle conducción, continuidad y capacidad de coordinación a una política que hoy aparece fragmentada.
También importa la eficacia ejecutiva como estrategia para cerrar brechas de implementación en acuerdos parciales y compromisos, tanto en los espacios sociojurídicos como con la sociedad civil. Sin esa capacidad, el proceso corre el riesgo de quedar atrapado entre anuncios, expectativas y demoras que debilitan su credibilidad.
Un tercer aspecto a valorar es la participación incidente, es decir, la inclusión de mecanismos con garantías para la participación efectiva de organizaciones sociales y comunidades, junto con el diseño de un marco jurídico y de justicia restaurativa que incluya propuestas y modelos basados en las experiencias de las comunidades afectadas. Si esta apuesta pretende anclarse socialmente, no puede construirse solo entre delegados estatales y vocerías de estructuras criminales; necesita incluir a quienes han vivido, resistido y documentado esas violencias en barrios y comunas.
No menos importante es la reparación integral urbana con enfoque colectivo y territorial, es decir, respetar la centralidad de las víctimas de violencias urbanas con normas, instrumentos políticos y medidas frente a daños poblacionales, territoriales, culturales, económicos, ambientales y políticos, y garantías para el ejercicio del derecho a la memoria en la ciudad. La reparación, en este contexto, no puede reducirse a compensaciones individuales: debe reconocer también afectaciones acumuladas sobre territorios enteros y sobre formas de vida quebradas por la violencia.
La paz urbana también precisa de transformación económica. El punto no es solo contener prácticas criminales, sino discutir alternativas de desarrollo territorial y modelos de economía social y solidaria que permitan reducir la dependencia de economías ilícitas. Sin esa dimensión, cualquier acuerdo corre el riesgo de intervenir sobre los síntomas sin alterar las condiciones que sostienen la reproducción de esas estructuras.
Qué sigue
Más que un cierre, este momento plantea un balance en curso. La madurez política alcanzada por la paz urbana —con sus avances y tropiezos— hace visible la necesidad de continuidad en los diálogos sociojurídicos, ajustes institucionales y concurrencia de distintos sectores sociales y políticos. El principal aprendizaje no parece ser que el proceso fracasó sin más, sino que su viabilidad depende de pasar del enunciado general a condiciones políticas, jurídicas y sociales capaces de sostenerlo y hacerlo verificable.
Una estrategia clara, creíble y sostenible para todos los interlocutores —Estado, vocerías de estructuras criminales y sociedad civil— será decisiva para que la paz urbana deje de ser un horizonte incierto y pueda convertirse en una política pública con estabilidad, control ciudadano y capacidad de transformación.
