La eliminación de las primarias, el aumento de candidaturas y el control que el Congreso ejerce sobre las reglas electorales han configurado una elección que favorece a las fuerzas que hoy concentran poder en Perú. En ese escenario, Keiko Fujimori y otros candidatos de derecha se benefician de la dispersión del voto y del miedo ciudadano frente a la inseguridad.
Especial para RAYA por Jacqueline Fowks, @jfowks Lima
A las puertas de las elecciones presidenciales del domingo 12 de abril en Perú, un 23% de electores aún no elige por quién votar, según una de las tres principales encuestadoras de Lima. Las 35 candidaturas presidenciales han desorientado al ciudadano promedio, que rechaza a los políticos que ejercen el poder en un régimen parlamentario autocrático desde diciembre de 2022, pero no conoce los logos de los partidos recién creados, ni los antecedentes de los outsiders.
Ese desconcierto no es casual. El partido fujimorista, Fuerza Popular y sus aliados, con mayoría en el Congreso y un Ejecutivo debilitado, o subyugado para algunos, modificaron las reglas de juego de los comicios y favorecieron un escenario de dispersión que hoy beneficia a las candidaturas con mayor visibilidad, maquinaria y financiamiento y capacidad de imponerse en medio del desorden. En ese grupo está Keiko Fujimori, que encabeza los sondeos con un 10.8% de intención de voto para la elección presidencial del 12 de abril.
La hija del autócrata Alberto Fujimori tiene un 48% de antivoto y participa en una nueva carrera a la presidencia por cuarta vez desde 2011. Las bancadas del pacto que gobierna desde el Legislativo tienen un 95% de rechazo ciudadano según las encuestas de los últimos tres años. El fujimorismo y sus aliados en el Congreso -entre ellos los ultraderechistas Renovación Popular y Avanza País, y los populistas Alianza para el Progreso y Podemos- fraguaron una alianza para gobernar sometiendo a Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo.
Ella, como vicepresidenta, había prometido dejar el gobierno si el Legislativo sacaba al profesor rural del Palacio de Gobierno. En esa alianza pro-impunidad también participó el partido que llevó en 2021 a Castillo a la presidencia, Perú Libre, fundado por un político leninista condenado por corrupción durante su gestión como gobernador regional, Vladimir Cerrón.
El denominado ‘pacto corrupto’ blindó desde fines de 2022 a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, como las cometidas por las fuerzas del orden en la represión de las protestas antigubernamentales luego de que Boluarte juramentó como presidenta. El Ejército y la policía cometieron 50 asesinatos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en siete regiones y en la capital: entre las víctimas incluso había transeúntes, ninguno usaba armas ni representaba un peligro para los uniformados. El Congreso rechazó las denuncias constitucionales contra Boluarte por las masacres y, a cambio, el Ejecutivo promulgaba obedientemente las normas que facilitaban a los políticos evitar juicios por corrupción o blanqueo de capitales, u obstaculizar las investigaciones fiscales por esos delitos. Dichas leyes son conocidas como pro-crimen, y los candidatos demócratas han ofrecido derogarlas.
La coalición además capturó entidades del Estado: la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, y el Ministerio Público. Pese a ello, la anulación del juicio contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht-Cócteles -por los aportes de millones de dólares no declarados en sus campañas electorales de 2011 y 2016- está pendiente de apelación.
También el Ejecutivo se allanó a los cambios en la Constitución para desaparecer la ‘cuestión de confianza’, la herramienta de contrapeso frente al Congreso. La entonces presidenta tampoco se opuso cuando la coalición autoritaria impuso la creación de un Senado todopoderoso, pese a que en 2018 un referéndum rechazó la bicameralidad.
Ante la posibilidad del rechazo popular -a los partidos del pacto- en las elecciones generales de 2026, el Legislativo incumplió la ley electoral para evitar que los partidos realicen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO): una elección interna previa que habría servido como filtro para que solo los grupos políticos que obtuvieran el 1.5% de los votos válidos llegarán a los comicios de 2026.
La Asociación Civil Transparencia alertó hace tres años, cuando había unos 30 partidos políticos inscritos, que las PASO ayudarían a que el número “se reduzca significativamente, haciendo posible una campaña más ordenada”. Pero el régimen autoritario prefirió descartar el filtro. De esa manera, la votación se fragmentaría y los partidos con mayor visibilidad y financiamiento y presencia institucional sacarían provecho de una competencia más caótica y menos filtrada. Su plan casi se ha cumplido: según los últimos sondeos, Fujimori está empatada con el populista octogenario Ricardo Belmont, un exalcalde de Lima y expresentador de televisión que combina discurso xenófobo, homófobo y promesas de mano dura, con menos de 11% de intención de voto, y los tres o cuatro que disputan el pase a la segunda vuelta tienen entre 5% y 9% de preferencias. “Este es un circo que no ha funcionado y hay que sacar a los payasos que han gobernado este país”, dijo en una entrevista radial como su propuesta contra la corrupción y la criminalidad organizada.
La lideresa de Fuerza Popular promete “el orden” como el que aplicó su padre en la década de los años 90, un régimen caracterizado por la corrupción y la violación de derechos humanos. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos masacres cometidas por el Destacamento del Ejército Colina, creado durante su gobierno bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, pero que eliminaba a opositores o personajes incómodos al régimen. Los delitos en esos casos fueron asesinato, lesiones y secuestro. Otras condenas fueron por corrupción, como el pago ilegal de millones de dólares al entonces jefe de facto de la fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos, y el desvío de fondos para financiar tabloides que respaldaran su re-reelección en el 2000.
El líder del partido de extrema derecha, Rafael López Aliaga, y el cómico de televisión Carlos Alvarez coinciden en que Perú debe salir del sistema interamericano de justicia para imponer pena de muerte a los extorsionadores y a otros delincuentes. Los tres son expresiones claras del populismo penal, el desprecio al debido proceso y la impunidad para crímenes cometidos por las fuerzas del orden. Alvarez, empatado con otros en el segundo lugar en las encuestas, ha hecho campaña imitando a algunos políticos, como en sus programas, y con dominio del lenguaje televisivo.
Desde 2024, los transportistas de buses y combis (vans) son blanco de los extorsionadores en Lima. De acuerdo con el Ministerio Público, hasta febrero de este año habían sido asesinados 86 varones, la mayoría choferes y algunos cobradores y “llamadores” de pasajeros. Los dueños de pequeñas bodegas y puestos de mercado también son víctimas de los extorsionadores y el sicariato en la capital. Pese a que en los últimos tres años miles de personas han realizado plantones y marchas para exigir que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional apliquen un plan contra el crimen organizado, el régimen ha estado ocupado en otros asuntos. Por ejemplo, legislar cambios en la política criminal del Estado, dado que la mayoría de caudillos de los partidos en el poder y los congresistas de sus partidos están investigados por lavado de activos o por corrupción. Entre ellos: Fujimori, López Aliaga, Cerrón, y los líderes de Alianza para el Progreso y Podemos, que también son candidatos presidenciales pero han quedado abajo en las encuestas.
En ese escenario de miedo e impunidad del poder corrupto se ha dado esta campaña electoral.
Para el antropólogo Carlos Ráez, si bien se ha notado una disminución considerable en el núcleo duro del voto fujimorista, "la atomización de los partidos, sobre todo de derecha, en el actual sistema electoral le ha permitido mantener un importante porcentaje que le está garantizando, según las encuestas, su virtual pase a la segunda vuelta”.
López Aliaga, el ex alcalde de Lima, investigado por lavado de activos, estuvo por varios meses segundo en intención de voto, pero cayó en las tres últimas semanas. “En un inicio aglomeró a aquellos que buscaban a un líder fuerte, que ‘resolvía’ aun si para ello debía saltarse los procedimientos. Desde la alcaldía trató de dar dicha imagen, trabajando al caballazo y culpando a otros si sus planes se truncaban. Sin embargo, ante la atomización de la derecha, muchas de sus ideas, como la expulsión de extranjeros y lucha contra la inseguridad, se volvieron transversales en otros partidos, con ideas más aterrizadas y menos disparatadas”, comenta el analista.
El político de extrema derecha, al igual que el fujimorismo, insiste desde 2021 en que hubo fraude electoral -pese a la inexistencia de pruebas y a que las investigaciones fiscales y parlamentarias lo descartaron rotundamente-. Además, López Aliaga ha amenazado de muerte al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, como parte de su campaña cuando ya empezaba a caer en los sondeos.
Los candidatos del fujimorismo y Renovación Popular -con bancadas en el Congreso- disponen de financiamiento estatal, y el diario oficial ha destacado a diario noticias en primera plana a favor de la campaña de Keiko Fujimori.
Álvarez, uno de los candidatos que podría pasar a la segunda vuelta, tenía un programa de televisión de humor en el canal estatal entre 1999 y 2000, cuando Alberto Fujimori postulaba a la re-reelección. El imitador se puso al servicio de la campaña fujimorista y recibía un pago mensual del Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía entonces Vladimiro Montesinos, jefe de facto de las fuerzas armadas.
“Aún es una figura vigente de la comicidad peruana, incluso por redes sociales, a diferencia de Belmont, que lleva años sin animar programas. El discurso radical de Álvarez con respecto a cómo terminar con la inseguridad sintoniza con lo que se percibe día a día en las noticias, lo que le ha garantizado cierta llegada en los espacios en los que se padecen de flagelos como la extorsión y los atentados”, explica Ráez.
La volatilidad de las preferencias ha llevado a Belmont al empate con Keiko Fujimori en la semana previa a las elecciones. Su hija de 18 años ha sido eficiente en transmisiones en vivo de TikTok para hacer visible al candidato xenófobo y homófobo, un ex presentador de radio y televisión en la década de los 80. Estafó a decenas de miles de personas en los años 90 con un proyecto de canal de televisión de accionariado difundido. “La subida de Belmont y Álvarez ha sido una muestra de que aún son importantes los debates previos a la elección. En el caso de Belmont, la demagogia que siempre lo caracterizó ha ido de la mano con el manejo de redes sociales de su hija. No obstante, su voto continúa siendo esencialmente urbano”, agrega el antropólogo Ráez.
Un candidato de la vieja izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, está también en el empate del segundo puesto en las encuestas, tomando en cuenta los márgenes de error de los sondeos. Hace campaña con el sombrero de Pedro Castillo, el maestro rural que llegó a la presidencia en 2021 al ganarle por 40.000 votos a Keiko Fujimori, y que fue sacado del cargo tras un frustrado autogolpe en diciembre de 2021. Castillo tenía al Congreso en contra, y le fue imposible gobernar. El candidato izquierdista ha ofrecido indultar a Castillo y ha tenido cierta acogida en electores rurales.
El historiador José Carlos Agüero comentó el jueves en una entrevista en un streaming de La Mula que el electorado está “buscando su candidato y lo construye según los va conociendo”. En ese arco del populismo penal han subido y bajado en las encuestas varios candidatos en el último mes. Sin embargo, destacó que hay buenos candidatos -demócratas de centro- como Alfonso López Chau del partido Ahora Nación y Jorge Nieto del partido Buen Gobierno. Ambos han incluido en su fórmula presidencial a gestores, líderes o dirigentes con una foja limpia, y a congresistas progresistas con experiencia de fiscalización de los poderes, y comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Asimismo, han ofrecido derogar las ‘leyes procrimen’ que han sumido a Perú en una crisis interminable.
Dichos candidatos carecen de financiamiento estatal para la campaña y han tenido poca visibilidad en los medios antes de los debates televisados la semana pasada.
La enorme papeleta de votación con casillas muy pequeñas añade dificultad para hacer efectivo el voto, señalan electores adultos consultados por los medios de Lima. Ese formato de cédula fue decisión del actual Congreso, pese a que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ofreció una mejor solución en dos papeletas independientes, con los campos para presidente, senado nacional, senado regional, diputados y Parlamento Andino. Los periodistas de regiones están preocupados por el desconocimiento en las comunidades indígenas y rurales sobre cómo votar. La jefa de una encuestadora dijo esta semana en un encuentro con la prensa extranjera que hay ciudadanos con una preferencia definida por un candidato, pero que en el momento de la encuesta -en la modalidad de simulacro con cédula de votación- no logran marcar correctamente.
