En abril, mes en el que Colombia concentra las conmemoraciones y campañas sobre los derechos de la niñez, familias, personas adoptadas y organizaciones que han seguido durante años la búsqueda de los niños de Armero insisten en una pregunta que el Estado no ha resuelto: qué pasó con quienes sobrevivieron a la tragedia y fueron trasladados a orfanatos, entregados en adopción o separados de sus familias. El llamado “libro rojo” del ICBF reúne 179 casos y vuelve a poner en primer plano una herida más amplia sobre infancia vulnerable, rupturas familiares y sistema de adopción en Colombia.
Análisis especial para RAYA por: Yennifer Dallmann Villa y Amy Ritterbusch
Con el respaldo de: Adoptadxs.Activistxs, Colectivo Justicia Reparativa, Benjamin Lundberg Torres Sánchez (CRAN 1988), Lina Vanegas (FANA 1976), Sol Yaku (CdMyeN 1990), Fundación Plan Ángel y RACO – Grupo de Derechos para Personas Adoptadas de Colombia en Noruega
En un país que cada abril repite consignas sobre el cuidado y la protección de la niñez, Armero sigue devolviéndonos una pregunta insoportable: qué pasó con los niños y niñas que sobrevivieron a la avalancha y fueron separados de sus familias en medio del caos. Cuarenta años después, y tras la apertura del llamado “libro rojo” por parte del ICBF, archivo que reúne 179 casos de menores trasladados a orfanatos y entregados en adopción o al cuidado de terceros sin claridad plena sobre su identidad ni sobre la situación de sus familias, esa historia sigue reclamando verdad. Porque en Armero no solo hubo una tragedia natural. También hubo desprotección, opacidad y decisiones tomadas sobre la vida de niños y niñas pobres, en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de sus familias. Lo que ese caso revela no pertenece solo al pasado: habla de un país que convirtió a la infancia desamparada en terreno de administración estatal, ruptura familiar y silencio.
En marzo de 2018, después de un largo viaje en bus, llegamos a un pueblo del Tolima. El aire cálido nos saludó como un abrazo suave. Caminamos hacia unas casas de bambú rodeadas de naturaleza. Al entrar a la sala, a la derecha, había fotos que contaban la historia de una familia: días de alegría, sacrificios y ausencias de seres queridos que ya no están o que, según el relato de sus familiares, fueron arrebatados de sus brazos. En la estufa se calentaba una aguapanela cuyo olor dulce envolvía la casa. Allí nos sentamos con una madre, hoy también abuela, para escuchar su testimonio sobre la búsqueda de sus hijos perdidos tras la tragedia de Armero, en 1985.
A cuarenta años de la tragedia, muchas familias siguen buscando respuestas sobre lo que pasó con los niños y niñas que fueron separados de sus familias en medio del desastre. En el marco de la conmemoración de los 40 años, el ICBF abrió el llamado “libro rojo”, un archivo que reúne 179 casos de menores trasladados a orfanatos y entregados en adopción o al cuidado de terceros sin plena claridad sobre su identidad ni sobre la situación de sus familias. Distintas organizaciones y familiares sostienen, además, que el número de menores sobrevivientes separados de sus núcleos familiares y enviados a procesos de adopción dentro y fuera del país podría ser mayor.
Archivo Privado: Campaña ¿Te busco a ti?
La madre a la que visitamos, mientras luchaba contra una migraña que se intensificaba al recordar a sus hijos perdidos, nos contó:
“Me fui a hacer vueltas en la ciudad con mi hijo más joven. La catástrofe fue bíblica. Nubes negras taparon el cielo y una lluvia de fuego y piedras enterró a todo Armero y sus habitantes.
Mi esposo sobrevivió, pero tres de mis hijos desaparecieron ese día. Las personas que sobrevivieron nos contaron que habían llevado niños a orfanatos y guarderías de la región. Y así empezamos mi esposo y yo a buscar por toda la zona para ver si nuestros hijos estaban en alguno de esos lugares. Un día vimos a Alfonso en el patio de una guardería. No nos dejaron entrar, porque no teníamos papeles. Nos dijeron que el niño que señalábamos se llamaba Fernando. No nos creían que era mi hijo. Habíamos perdido todo lo que podía demostrarlo en la tragedia. Aunque mi esposo explicó que un niño de 10 años podría reconocer a sus padres, no permitieron la confrontación. Al día siguiente Alfonso ya no estaba en ese lugar. Lo habían trasladado”.
Familias, testimonios recogidos por la Fundación Plan Ángel y reportes publicados por medios colombianos sostienen que hijos e hijas de Armero fueron trasladados, incluso varias veces, entre orfanatos e instituciones de distintos municipios, lo que dificultó seguir su rastro. Para muchas familias, ese movimiento constante contribuyó a romper lazos familiares, borrar identidades y cerrar la posibilidad de reunificación.
Para las autoras, lo que empezó como una búsqueda desesperada de hijos sobrevivientes terminó revelando algo más amplio: que Armero no fue solo una tragedia humanitaria, sino también un escenario en el que operó, con velocidad y opacidad, un sistema de adopción que ya venía funcionando en Colombia con graves desigualdades y escasos controles.
Las autoras de este texto sostienen que la tragedia abrió un escenario propicio para acelerar adopciones irregulares y decisiones sobre la vida de los menores sin que se hubieran agotado mecanismos serios de búsqueda de sus familiares. También denuncian que disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1975, relacionadas con figuras como el “abandono”, habrían sido usadas en medio de la emergencia para justificar decisiones rápidas sobre niños y niñas cuya situación familiar no estaba plenamente esclarecida. De esos procesos quedan, según relatan familiares y organizaciones, testimonios de sobrevivientes, archivos fragmentarios y una exigencia persistente de acceso completo a la documentación.
Más que un caso aislado
El caso de Armero, con las denuncias sobre adopciones irregulares y separación de menores de sus familias, es uno de los más emblemáticos en Colombia. Pero no sería un hecho aislado dentro de la historia de la adopción en el país. Esa lectura se apoya, según las autoras, en denuncias de familias, investigaciones académicas, informes de organizaciones y hallazgos de comisiones internacionales y de la Comisión de la Verdad. Las leyes de 1975, 1989 y las reformas posteriores crearon marcos que, según denuncian personas adoptadas, familias y organizaciones, facilitaron prácticas irregulares, decisiones sin supervisión suficiente y procesos adelantados sin consentimiento libre e informado de las familias.
Históricamente, países del norte global han buscado adoptar niños y niñas provenientes de países atravesados por guerra, conflicto armado, desigualdad social y económica o desastres naturales. Colombia, con uno de los sistemas de adopción internacional más activos de América Latina durante décadas, hizo parte de esa historia. Según las cifras citadas por las autoras a partir de registros oficiales y reconstrucciones documentales, la cifra de menores enviados al exterior mediante procesos de adopción desde los años ochenta supera los 55.000. Sin embargo, advierten que se trata de un dato incompleto, entre otras razones porque no todas las adopciones quedaron registradas de manera confiable.
Archivo Privado: Campaña ¿Te busco a ti?
Según las investigaciones citadas por las autoras, esa demanda internacional, sumada a las altas tarifas y a las donaciones privadas que rodearon durante años a casas de adopción y circuitos institucionales, creó un terreno fértil para un sistema con incentivos financieros, pocos controles y profundas asimetrías de poder. Las investigaciones y comisiones creadas en países europeos como Noruega, Suecia, Francia, Suiza, Países Bajos y Bélgica, así como las denuncias de familias colombianas y de personas adoptadas en el extranjero, han documentado irregularidades en distintas décadas y regiones del país. En la misma línea, el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2022, confirmó irregularidades alrededor de procesos de adopción de esa época, asociadas a los impactos del conflicto armado, la vulnerabilidad y el desamparo de la población afectada. Muchas de las familias golpeadas por estas prácticas eran familias empobrecidas, desplazadas, racializadas, trabajadoras domésticas o con escaso conocimiento de sus derechos.
Un sistema más viejo que el ICBF
Si pensamos en los responsables, es inevitable mirar al ICBF y al sistema de adopción que el Estado ha presentado durante décadas como mecanismo de protección de la niñez. Pero ese sistema es más antiguo que el propio ICBF. La primera casa de adopción en Colombia, la Casa de la Madre y el Niño, fue fundada en 1942 por una hija del entonces presidente Alfonso López Pumarejo. Ese año marcó el comienzo de la institucionalización de la adopción de menores en Colombia.
Durante los primeros 30 años, la adopción fue organizada sin una regulación estatal suficiente. Las casas de adopción, médicos, abogados, registradurías y otros actores podían intervenir en la creación de documentos y procedimientos sin controles claros. Las mismas redes sociales y políticas que fundaron casas privadas de adopción participaron después en la construcción de normas e instituciones que regularon ese campo en los años setenta.
La falta de separación entre las casas de adopción, sus intereses y la política pública creó conflictos de interés profundos entre quienes gestionaban las adopciones y las necesidades reales de las familias y de los menores en situación de desamparo. Las autoras sostienen que el Estado colombiano tuvo responsabilidad en estas irregularidades, tanto por acción como por omisión, a través de agentes e instituciones como el ICBF, registradurías, juzgados de familia y cuerpos de policía. Aquí la denuncia apunta en una dirección concreta: durante décadas, el propio Estado habría abandonado de manera sistemática a comunidades empobrecidas, desplazando la responsabilidad del cuidado hacia familias vulnerables mientras tomaba decisiones que partían a sus hijos e hijas.
Intervención Artística: Sticker 70 años de adopción transnacional en Colombia
Archivos rotos, identidades borradas
El resultado es devastador y complejo. Según denuncias de personas adoptadas, organizaciones acompañantes y documentos revisados en distintos casos, aparecen consentimientos de adopción dudosos, certificados de abandono fabricados, registros civiles elaborados con información falsa o con datos familiares borrados. Muchas personas descubren que fueron dadas en adopción sin consentimiento real de sus familias. Algunas carecen incluso de registro civil de nacimiento o salieron del país con pasaportes falsos. En otros casos, según las denuncias recogidas por organizaciones y personas adoptadas, hubo niños registrados como muertos que luego aparecieron en procesos de adopción en el exterior.
Intervención artística sobre documentos de adopción
Eso no solo dificulta la reunión familiar, un derecho reconocido en la legislación colombiana. También ha comprometido, en algunos casos, la posibilidad de reclamar la ciudadanía y ha puesto a personas adoptadas en riesgo de quedar sin nacionalidad. Ese riesgo no es solo documental ni pertenece al pasado. Para personas adoptadas y organizaciones que acompañan estos procesos, hoy también puede traducirse en una vulnerabilidad migratoria concreta para quienes viven en Estados Unidos y no tienen asegurada la ciudadanía estadounidense ni cuentan con documentación colombiana suficiente. Según esas organizaciones, más de 8.000 personas adoptadas de Colombia enviadas a Estados Unidos podrían estar en esa situación. En varios casos, las irregularidades en los archivos de adopción dificultan demostrar que su traslado fue legal, lo que expone a esta población a escenarios de criminalización, deportación, detención o indefensión frente a políticas migratorias punitivas. Una población enviada al exterior bajo la promesa de una vida mejor puede terminar, décadas después, atrapada entre la negligencia documental, la falta de ciudadanía y la violencia de los Estados. Además, la adopción transnacional no implicó necesariamente protección o bienestar. De acuerdo con denuncias recogidas por organizaciones y personas adoptadas, existen casos de abusos, incluidos abusos sexuales, así como episodios de abandono por parte de padres adoptivos, que dejaron a niños y niñas por segunda o tercera vez sin familia, en países desconocidos y expuestos al racismo, a la discriminación y a la ruptura cultural.
La pérdida de la lengua, del territorio y de la historia familiar afecta de manera profunda la construcción de identidad y la salud mental de las personas adoptadas. En vez de proteger a las familias colombianas y a la niñez en situación de vulnerabilidad, el Estado y sectores de la élite colombiana optaron, según sostienen las autoras, por tercerizar esa responsabilidad y exponer a decenas de miles de niños y niñas al desarraigo y a la salida del país bajo una lógica de solución privada a problemas estructurales de desigualdad y abandono.
La voz de las personas adoptadas
Ocho años después de aquella entrevista con la madre de Armero, nosotras, las personas adoptadas en el exterior, estamos mucho más conectadas y más organizadas en redes, colectivas y organizaciones formales. Trabajamos juntas para llamar la atención sobre los abusos del sistema de adopción que sufrimos, no solo por nosotras mismas, sino también por nuestras familias y por las familias de Armero.
Archivo Privado: 8M Bogotá 2024
Como personas desplazadas de Colombia por el sistema de adopción transnacional, denunciamos estos hechos históricos como una forma de violencia estatal y como parte de un entramado de despojo que separó a niños y niñas de sus familias en contextos de desastre, pobreza, conflicto y desamparo. Sostenemos que, en Armero, se aprovechó una tragedia para acelerar salidas de menores hacia familias del norte global y hacia familias colombianas de clase alta. Sostenemos también que esto no ocurrió solo allí: fue posible por un país violento, racista, clasista y atravesado por jerarquías coloniales que hicieron de la infancia pobre un terreno disponible para decisiones tomadas por otros.
La negligencia y complicidad del Estado en casos como Armero, y en otros casos de adopciones irregulares, no puede seguir oculta bajo una narrativa de benevolencia, amor y rescate. Fue el gobierno, no nuestras familias y comunidades, el que primero nos abandonó. El Estado colombiano debió y pudo actuar de otra manera: apoyar a las familias, proteger a la niñez y garantizar la reunificación antes que permitir que generaciones enteras fueran borradas del territorio y expulsadas de la sociedad.
La adopción transnacional no es una solución a las injusticias de una sociedad desigual. Para nosotras, ha sido una forma de violencia que criminalizó la pobreza y desplazó la responsabilidad social del Estado colombiano hacia familias extranjeras en el norte global.
Intervención Artística: Sticker 70 años de adopción transnacional en Colombia
Exigencias de verdad y reparación
El Estado colombiano tiene una deuda con generaciones de familias y con generaciones de niños y niñas separados de sus raíces. Las flores, el carbón, el café o la coca exportados por Colombia no pueden volver. Pero miles de personas adoptadas sí están regresando y exigiendo respuestas.
Por eso, junto con varios colectivos de personas adoptadas, exigimos una investigación rigurosa e independiente que esclarezca las prácticas irregulares y las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el sistema de adopción desde 1942. Tenemos dos exigencias principales como punto de partida para el esclarecimiento y la reparación.
Primero, exigimos que el Estado establezca una comisión nacional e internacional, independiente, sobre las adopciones transnacionales irregulares, que investigue el daño causado en la vida de más de 55.000 personas adoptadas y sus familias, cubriendo todas las décadas desde 1942. Para ello, recomendamos crear una entidad u oficina comunitaria independiente que reciba testimonios, denuncias e informes de las víctimas.
Segundo, exigimos que el Estado reconozca los hallazgos internacionales ya conocidos sobre las irregularidades y abusos del sistema de adopción transnacional. Después de publicar los resultados del informe de la comisión que se conforme, exigimos que el Estado pida perdón públicamente por su rol directo e indirecto en procesos ilícitos e irregulares de adopción transnacional y por haber exportado niños y niñas colombianos a otros países, omitiendo su responsabilidad social y poniendo sus vidas en riesgo.
Cuarenta años después de la tragedia de Armero, aún hay familias que buscan la verdad. Hay familias que siguen viviendo con incertidumbre, sin saber si sus hijos murieron en la avalancha o si fueron entregados a otra familia, dentro o fuera del país.
“Sabemos que nuestros otros niños también deberían estar vivos, porque mis amigos me han llamado para decirnos, frenéticamente, que los vieron en el televisor”, dijo la madre, con ojos tristes y el cuerpo cansado por tantos años de duelo.
Esperamos que el examen completo del “libro rojo” y las denuncias de las familias de Armero ayuden a esclarecer los hechos y a abrir un proceso real de reparación. Seguiremos luchando, junto al pueblo colombiano, hasta que todos los casos de adopciones irregulares sean investigados, hasta que cada familia obtenga justicia y hasta que las personas adoptadas recuperen plenamente su identidad, su nacionalidad y el vínculo con sus familias de origen.
