Tras siete rondas de votación, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) aún no elige rector. Un candidato alternativo, el profesor Alexander Molina, ganó la consulta inter universitaria, pero los partidos Liberal y Centro Democrático tienen cooptada la universidad y están unidos para reelegir por cuarta vez a Luis Fernando Gaviría, el hermano del expresidente Cesar Gaviria. Revelamos contratos de la UTP entregados a políticos de estos partidos.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Desde noviembre del año pasado, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) busca elegir a su nuevo rector para el periodo 2024 - 2026. El anterior miércoles se hizo el séptimo intento, pero ninguno de los candidatos pudo ser elegido porque no hubo las dos terceras partes del quórum que se necesita para dar validez a la elección. Es decir, obtener 6 votos de los 9 miembros que tiene el CSU, pero los resultados, a pesar de las siete rondas, no cambian: 5 votos contra 4. Ahora bien, el candidato que más votos obtiene en el CSU, que pretende reelegirse por cuarta vez, no es el mismo que quiere la comunidad universitaria que votó en su contra en la consulta: Luis Fernando Gaviria, el hermano del expresidente Cesar Gaviria, quien obtuvo el 37% de los votos.
La hegemonía de Gaviria es porque en los anteriores Gobiernos nacionales los delegados de la nación ante el CSU eran muy cercanos al expresidente Gaviria. No obstante, el presidente Gustavo Petro respalda la voluntad popular de la universidad frente a quién debe regir sus destinos. Es decir, puso a sus representantes ante el CSU a votar por el candidato que ganó la consulta: Alexander Molina, quien obtuvo el 50% de los votos. Molina es un profesor jóven, decano de la facultad de ingenierías de la UTP, con una trayectoria de dos décadas en docencia e investigación; además, es investigador con categoría senior en el sistema CvLAC del Ministerio de Ciencias. Molina es egresado de la misma Alma Mater que aspira a presidir.
Un contrincante que le está peleando la rectoría a Luis Fernando Gaviria Trujillo, quien fue rector por tres periodos consecutivos desde 2014, pero renunció al cargo a finales del año pasado en una maniobra legal para no inhabilitarse buscando su cuarta reelección. Una nueva reglamentación a los estatutos de la universidad, que suscribió recientemente el CSU, prohibió la reelección consecutiva. Por eso, Gaviria interrumpió su mandato.
A Gaviria, con título de pregrado en biología de la Universidad Javeriana, no se le conoce una trayectoria académica; su principal mérito es que es el hermano menor del expresidente César Gaviria Trujillo, también pereirano, actualmente director del Partido Liberal y uno de los hombres más poderosos del país. A su favor, el exrector asegura que durante su gestión la universidad construyó nuevos edificios y mantuvo la acreditación nacional de 29 programas académicos de un total de 57.
Luis Fernando siempre ha estado a la sombra de su hermano mayor, de quién es socio en varias empresas que los Gaviria registraron en paraísos fiscales como Panamá. También ha ocupado diferentes cargos públicos: director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y viceministro del Medio Ambiente. Llegó por primera vez a la rectoría de la UTP en 2014, con ocho votos a favor y el voto de los estudiantes en contra. Su triunfo se lo dio el respaldo rotundo de los representantes del segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, aliado del Partido Liberal.
Aunque las consultas entre los estamentos tienen peso, no son vinculantes. Por eso el profesor Alexander Molina no la tiene fácil para ganarle el pulso a Gaviria. En las últimas siete sesiones del Consejo Superior Universitario (CSU) ninguno ha conseguido la cifra. Molina cuenta con cuatro apoyos de representantes afines al Gobierno que tienen voz y voto en el Consejo Superior: el Ministerio de Educación, representado por Adriana María López; la Presidencia de la República, representada por Iván Vergara; los egresados en cabeza de Carlos Andrés Gómez y los estudiantes con Angie Mazabel.
En cambio, Gaviria tiene por ahora cinco votos: el de los exrectores, representados por el exparlamentario Juan Guillermo Ángel (copartidario liberal y amigo personal de César Gaviria); el de la Gobernación de Risaralda, en cabeza del también liberal Juan Diego Patiño, hijo del parlamentario liberal Diego Patiño Amariles; el voto de los gremios, cuyo representante delegado es Jaime Cortés, también amigo de César Gaviria; el voto del representante de los profesores, Andrés Escobar, cuya compañera es trabajadora de la UTP y fue favorecida por un ascenso durante la administración de Gaviria; y el del vocero de las directivas académicas, Wilson Arenas.
El problema es que varios de esos representantes ante el CSU, que apoyan a Gaviria, tienen conflictos de intereses porque se han visto beneficiados directamente por el exrector a través de contratos y favores políticos.
Clientelismo en la UTP
RAYA accedió a una base de datos sobre la contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) durante el 2023, la cual registra millonarios recursos públicos destinados a personas o empresas cercanas al Partido Liberal y al Centro Democrático, hecho que ha sido cuestionado por los estudiantes y los sindicatos de trabajadores y docentes, pues consideran que podría tratarse de una nómina paralela para pagar favores políticos del exrector Gaviria.
Los sindicatos cuestionan que si la Universidad tiene dependencias con profesionales de planta, capacitados para cumplir funciones como las comunicaciones, los asuntos jurídicos o el soporte en sistemas y computación, no entienden la vinculación de lo que denominan una “nómina paralela” de contratistas y empresas para desempeñar dos veces estas funciones.
Varios contratos otorgados a personas del Partido Liberal generan dudas, pues son pagos millonarios para servicios que podrían ejecutar las dependencias de la Universidad, por ejemplo, asesorías jurídicas. Este es el caso de los contratos con la oficina de abogados Sánchez Amaya y Toro SAS, una firma del abogado Jaime Alberto Sánchez, con quien la UTP ha gastado más de 325 millones de pesos en tres contratos de asesorías en 2023. Sánchez fue habitual contratista de la alcaldía de Pereira durante la pasada administración, en cabeza del también liberal Carlos Maya, ahijado político del senador liberal, pero uribista, Juan Pablo Gallo.
El abogado Sanchez es un destacado militante liberal que tiene su propio grupo político denominado Equipo JS. En las pasadas elecciones respaldó las candidaturas liberales de Maicol Lopera a la alcaldía de Pereira (perdió) y de Juan Diego Patiño a la Gobernación (ganó). Justamente, el voto de la Gobernación siempre ha sido a favor del exrector Gaviria en las últimas siete sesiones del Consejo Superior Universitario.
Izquierda: El abogado y contratista Jaime Alberto Sánchez junto al candidato Maicol Lopera, quien perdió su aspiración a la alcaldía. Derecha: el hoy Gobernador liberal Juan Diego Patiño en un evento con Jaime Sánchez y el diputado Jaime Duque, hermano del estratega Luis David Duque, quien estuvo detrás de campañas como las de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto (México) y Juan Orlando Hernández (Honduras), condenado por narcotráfico en EE.UU.
Otras contrataciones de Gaviria van encaminadas a mejorar su imagen ante la prensa. La abogada Vanessa Rodríguez en el último año recibió un contrato con la UTP por 65 millones de pesos. Ella es hija del relacionista público Álvaro Rodríguez Hernández, quien funge como periodista y quien a su vez fue contratista de la Gobernación de Risaralda y de la Alcaldía de Pereira en años anteriores. En los últimos meses, Rodríguez ha publicado diversos reportajes en medios locales haciendo proselitismo en favor del exrector Luis Fernando Gaviria. Por ejemplo, un artículo defendiendo su gestión y otra entrevista favoreciendo su imagen antes de la consulta entre estamentos universitarios.
Por orden de Luis Fernando Gaviria se hicieron varias contrataciones en la emisora de la universidad, entre ellas, la del señor Alberto González Villegas por 57 millones de pesos en 2023 para la gestión financiera de la emisora bajo el siguiente objeto: “prestar servicios para la gestión de alianzas estratégicas con diferentes actores que permita afianzar la difusión y el crecimiento de la Emisora Universitaria Estéreo”. Villegas, quien se había desempeñado antes como profesor de la UTP, pertenece al Centro Democrático y ha sido cercano al jefe de este partido en Risaralda, el también uribista César Augusto Giraldo, alias “Calzones”, señalado por la Fiscalía y organismos de inteligencia como un narco invisible de la primera línea de la banda criminal La Cordillera.
Alberto González Villegas (de toalla al cuello), junto a destacados miembros del Centro Democrático como Adriana López, Eduardo Castrillón, María Fernanda Cabal, Alejandro Corrales, Consuelo Londoño, Rafael Nieto Loaiza, Gabriel Vallejo Chujfi y el señalado narcotraficante alias “Calzones”.
La contadora Paula Andrea Vinasco también ha tenido contratos directos con la UTP. Vinasco es esposa de Iván Naranjo, el dirigente del Centro Democrático que con Eduardo Castrillón fue hasta Bogotá, en 2017 junto a alias “Calzones”, con el fin de sellar su respaldo al entonces candidato presidencial Iván Duque. Vale la pena anotar que Castrillón es un dirigente del Centro Democrático en Risaralda y empresario que influye en el Comité Intergremial, una organización que tiene voz y voto en el CSU de la UTP para elegir rector. La contadora pública Vinasco, a pesar de no contar con una carrera afín al objeto del contrato, fue contratada por la universidad por 31 millones de pesos para “la difusión de los programas” y “estrategias de mercadeo” de las carreras asociadas a la Facultad de Ciencias Agrarias.
Izquierda: Iván Naranjo y su esposa Paula Vinasco. Derecha: el empresario Eduardo Castrillón, directivo del CD en Risaralda, el expresidente Iván Duque, César Giraldo alias “Calzones” y el exdiputado Iván Naranjo. El empresario Castrillón tiene influencia en el Comité Intergremial, entidad con voz y voto en el Consejo Superior de la Universidad.
Alias “Calzones” junto al uribista Iván Naranjo, el entonces candidato a la presidencia Iván Duque y el excongresista liberal Juan Guillermo Ángel, quien representa a los exrectores en el Consejo Superior de la Universidad. Foto tomada en noviembre de 2017 en el Rancherito Antioqueño, un restaurante propiedad del señalado narcotraficante “Calzones”.
Finalmente, desde hace una década el señor Federman Ramírez Echeverri, economista de profesión, aparece vinculado a la UTP con diversos contratos autorizados por el exrector Luis Fernando Gaviria. De acuerdo con varias fuentes de la institución, Ramirez también tiene influencia en el Comité Intergremial cuyo voto también es decisivo para elegir al rector de la UTP. Este voto, como se ha dicho en este reportaje, está en cabeza de Jaime Cortés, quien es cercano al expresidente Gaviria.
El año pasado Ramírez recibió 57 millones de pesos por un contrato suscrito directamente por el exrector Luis Fernando Gaviria. El objeto fue “apoyar a la dirección del sistema institucional de gestión de la comunicación y la promoción institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira en la definición e implementación de un plan operativo y táctico para la administración de las redes sociales institucionales de la universidad”.
Además, Ramírez preside la Asociación Viva Cerritos, que administra uno de los acueductos rurales privados más ricos e importantes de la ciudad, pues surte de agua el sector de condominios y mansiones de lujo al occidente de Pereira, donde tienen sus fincas y propiedades prestantes empresarios, políticos y narcotraficantes de la región.
Influencias de vieja data
Fernando Noreña es vicerrector hace dos décadas en la UTP. Su poder es tan grande que salió invicto del cambio de administración en 2014, cuando altos funcionarios fieles al antiguo rector Luis Enrique Arango fueron removidos de sus cargos por orden del nuevo rector Luis Fernando Gaviria.
Fernando Noreña Jaramillo es vicerrector administrativo y mano derecha del exrector Gaviria. Lleva dos décadas en el cargo, pues su designación viene desde la rectoría del ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez, quien antecedió a Gaviria. De hecho, Noreña es uno de los pocos directivos de la cúpula de la universidad que no fue removido con la llegada de éste en 2014 como ocurrió con otros funcionarios fieles a Arango Jiménez.
Familiares del vicerrector Noreña figuran desde 2012 en la junta directiva de VANI S.A, una agencia de viajes registrada ante la Cámara de Comercio de Pereira en 1982. El propio Noreña reportó en 2020 en la declaración de renta que deben hacer los funcionarios públicos su participación como accionista en dicha agencia de viajes, pero no registró en la casilla correspondiente que aquello constituía un conflicto de intereses con su cargo de vicerrector, pues dicha compañía ha sido participante y ganadora frecuente, al menos desde 2002, de millonarios contratos para vender tiquetes aéreos nacionales e internacionales a la UTP.
Diego Noreña, padre del vicerrector Fernando Noreña, es gerente de VANI SA y ha recibido beneficios de la Universidad, como practicantes que trabajan gratis.
En una página de web, que registra operarios turísticos y hoteleros de la región, aparece el nombre de Fernando Noreña como titular de la empresa, aunque los documentos oficiales más recientes de la Cámara de Comercio digan que el representante legal es su padre Diego Noreña. En la junta directiva también aparecen la madre del vicerrector, Ruby Jaramillo; David Mauricio Fernández, quien sería hijo de su compañera sentimental; y el profesor Edwin Joe Orrego, amigo del vicerrector y quien estuvo vinculado a un escándalo hace una década por un presunto carrusel de puntos académicos en la UTP, con el fin de inflar los salarios de profesores con publicaciones falsas o plagiadas en revistas indexadas.
La empresa VANI SA, además, suscribió un cuestionable convenio con el exrector Luis Fernando Gaviria para beneficiarse gratis de practicantes de carreras como Turismo Sostenible, algo que la ley permite, pues la empresa no está obligada a pagar remuneración, tampoco a costear la seguridad social que corre por cuenta de la universidad. Sin embargo, el documento del convenio, en el que se establecen para algunos casos topes máximos de trabajo de 12 horas diarias y de 66 horas semanales en algunas carreras, desconoce la resolución 3546 de 2018, del Ministerio de Trabajo, que fijó un máximo de 30 horas semanales y turnos de 8 horas diarias para jóvenes entre 17 y 18 años, y topes aún más bajos para jóvenes menores a esas edades.
Detalles del convenio entre Luis Fernando Gaviria y Diego Noreña, quien es el papá de su vicerrector Fernando Noreña.
La familia de Noreña no ha sido la única favorecida con el lucrativo negocio de los tiquetes aéreos. Otra empresa llamada Agencia Destinos también ha ganado millonarios contratos con la universidad para suministrar vuelos a sus funcionarios. Dicha compañía pertenece a Sandra Ruiz y Luzbian Saray Rubio, esta última, antigua jefe de Bienestar Universitario y quien ahora funge como contratista externa en un programa de capacitaciones y coach motivacional adscrito a esa misma dependencia. Además, está casada con el médico José Luis Cardona Deaza, profesor de la UTP, que aparece como miembro en la junta directiva de la Agencia VANI SA, la misma empresa del vicerrector Noreña. Tanto Noreña como Luzbian Saray Rubio han sido cercanos al exrector Gaviria y a su antecesor Luis Enrique Arango Jiménez.
El profesor José Luis Cardona y la ingeniera Luzbian Saray Rubio, antigua jefa de Bienestar Universitario, figuran en los documentos de las empresas VANI SA y Agencia Destinos, que proveen tiquetes aéreos a la UTP. Ambos son esposos y Cardona aparece como miembro de la junta directiva en VANI mientras que Saray Rubio figuraba como accionista mayoritaria de la Agencia Destinos.
La UTP también contrató a la empresa BOS INGENIERÍA E INNOVACIÓN SAS, cuya representante legal es Daniela Sánchez Zuluaga, para que prestara servicios en la creación de “una plataforma web de generación de reportes en línea con gráficos y datos de los usuarios”, en el marco de un proyecto de tecnología suscrito entre la UTP y el Ministerio de las TIC. El contrato fue firmado por el propio exrector Gaviria, según la resolución de rectoría No. 4883 de 2022, en poder de esta revista, donde se fijó el monto: 499 millones de pesos.
De ese monto, la empresa Bos Ingeniería recibió 255 millones de pesos de recursos públicos y subcontrató a Thomas Agudelo, hijo de Oswaldo Agudelo, el jefe del Centro de Recursos Informáticos y Educativos (CRIE). Esta dependencia maneja toda el área de sistemas de la universidad, la página web, los servidores y salas de cómputo. Agudelo, además, es subordinado al vicerrector Noreña.
El asunto es que Bos Ingeniería contrató al hijo de Agudelo, el director del CRIE, para que prestara sus servicios como “asistente” en un vago objeto contractual que consiste en “monitorear y dar seguimiento a ciertos procesos, actividades o proyectos establecidos por la empresa”. En este documento privado, del 1° de febrero de 2024, consta que hasta octubre de este año a Thomas Agudelo le van a desembolsar 44 millones de pesos.
El hijo de Oswaldo Agudelo fue subcontratado por la empresa favorecida con millonarios recursos de la Universidad.
RAYA escribió al celular de Oswaldo Agudelo, con el fin de consultarle su opinión de que su hijo perciba recursos de una empresa privada, que administra dineros públicos de su dependencia, pero Agudelo no contestó.
La estrategia: denunciar a los denunciantes
Todo lo anterior es de público conocimiento en la Universidad Tecnológica de Pereira desde hace varios años. Tanto sindicatos como estudiantes lo han denunciando, sin embargo, quienes terminaron perseguidos por la Fiscalía fueron los líderes sindicales, después de que circulara por grupos y canales de WhatsApp un documento anónimo que recoge varios señalamientos de un supuesto “roscograma” al interior de la UTP, como el descrito en este reportaje, tolerado por el exrector Luis Fernando Gaviria y sus aliados.
El documento anónimo tiene 49 páginas y lleva como título: “La UTP Nostra”, emulando el último libro de la periodista Laura Ardila sobre el Clan Char en Barranquilla. Aunque en el documento se señalan con fotos y nombres propios, montos y números de contratos que podrían configurar un claro tráfico de influencias, varios de los mencionados allí denunciaron ante la Fiscalía un presunto delito de injuria y calumnia. Aunque el documento no está firmado, ni hay certeza alguna sobre su autoría, directivos sindicales de la universidad fueron citados a declarar ante el ente investigador y se ha desatado una persecución interna en la UTP contra ellos. Mientras tanto, el exrector Gaviria, a través de su hábil renuncia el año pasado, pretende reelegirse por cuarta vez consecutiva en la universidad pública más importante de Risaralda y el Eje Cafetero.
*Intentamos comunicarnos con el exrector Luis Fernando Gaviria, a través de su número personal, pero al cierre de este reportaje no fue posible obtener respuesta.
