Un nuevo caso reabre la herida de los bebés robados durante la dictadura de Pinochet. El caso de Ninfa es como el de miles de madres que, por medio del ADN, aún los buscan. A partir de esta edición Revista RAYA presenta una serie de reportajes que abordan estas adopciones ilegales de miles de niños chilenos enviados al exterior utilizando distintas fórmulas de engaño. Primera entrega.   

Por: Tatiana Portella
Temuco, Chile- Enviada Especial

Fueron tres las fórmulas que más utilizaron funcionaros públicos, médicos, matronas, asistentes sociales, monjas y jueces para arrebatarles los hijos a sus madres naturales: desde hacerlas firmar documentos que no entendían o no sabían leer, informarles que los niños nacieron muertos o murieron en días posteriores a su nacimiento, hasta declararlas mujeres no competentes para la crianza. Así, entre 1970 y 1990, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet, en Chile se ejecutaron cerca de 20.000 adopciones irregulares o fraudulentas de niños que fueron enviados al exterior y entregados a familias chilenas.

Hasta la fecha se han logrado más de 260 encuentros y, según la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), que en la última década ha acompañado e investigado esta transgresión, el objetivo, en el inicio de este nuevo gobierno de Centro-izquierda, liderado por Gabriel Boric, es seguir denunciando y profundizar en la necesidad de practicar masivamente pruebas de ADN para encontrarlos. Incluso, hablan de que es necesario que se inicien procesos de investigación y se realicen juicios para que la sociedad del mundo, principalmente la latinoamericana, sepa quiénes fueron los responsables. 

Los niños terminaron en manos de familias adineradas del mismo Chile y de Suecia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, entre otros países de Europa y Norteamérica. Las víctimas: mujeres vulnerables analfabetas, madres solteras, jóvenes campesinas y mujeres indígenas mapuches, quienes padecen el horror de la desaparición vendida ante la sociedad como un servicio social que buscaba mejorar la calidad de vida de estos niños chilenos.

En 2019 se creó una Comisión Investigadora, con el fin de establecer la responsabilidad del Estado frente a estos hechos. Y aunque los resultados no fueron vinculantes, el diputado del Partido Comunista que integró dicha comisión, Boris Barrera, advirtió que fue importante tras reconocerse que hubo violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, médicos, jueces y asistentes sociales vinculados.

^{Así ofrecían los niños en la prensa nacional durante la dictadura}

Esta historia no es nueva, pero el testimonio de Ninfa Ovalle sí. En el año 2014, al tiempo que los medios de comunicación visibilizaron lo que durante dictadura se silenció, Jaime Balmaceda, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, comenzó la investigación. A la fecha se han iniciado 636 causas o procesos, de los cuales 624 aun están en tramitaciones. "Del total de denuncias, en un 52,9 por ciento el destino de los niños aún es desconocido. El 36,8 por ciento salieron del país con fines de adopción en el extranjero y el 10,3 por ciento restante se mantuvo en Chile”, dice la investigación del juez Balmaceda”.

Como decimos, el testimonio de Ninfa Ovalle es el de miles de madres chilenas que, por medio del ADN, aún buscan a sus bebés. Revista RAYA logró obtener su testimonio para sumarlo a esas voces de familias que siguen reclamando que aparezcan, que quieren encontrarlos. 

^{Estos son algunos de los casos de niños que, mediante bancos de fotos que buscan sus orígenes o han encontrado su pasado.}

Ninfa Ovalle

Ninfa Ovalle es una campesina que vive en la comuna de Angol al sur de Chile. Tiene cinco hijos, cuatro mujeres y un hombre llamado Sergio Manuel Ovalle, también desaparecido durante la dictadura de Pinochet.   

Corría el año de 1986 cuando Ninfa volvería a quedar embarazada y el pronóstico indicaba que sería varón. Se llegó el día de dar a luz, pero su embarazo se complicó. Sufrió hemorragias intensas y fue trasladada desde el hospital de Angol hasta la ciudad de Temuco, al hospital Hernán Henríquez Aravena. Allí fue atendida por personal médico y enviada al pabellón para una cesárea de urgencia, una cirugía que se basaba en supuestos daños cerebrales que padecía su hijo de seis meses de gestación cuyo diagnóstico nunca tuvo algún sustento médico, asegura Ninfa: “se dijo eso sin ninguna ecografía o análisis médico en el momento”, dice. 

“Me hicieron firmar un papel que hasta el día de hoy no sé qué decía. En medio del desespero por la salud de mi hijo firmé, luego me sacaron mi bebé y lo llevaron de inmediato a una incubadora. Allí estuve siete días continuos visitando a mi hijo noche y día”, comenta.

Sin embargo, al octavo día de dar a luz sucedió algo inimaginable: “Recuerdo muy bien que subí hasta el piso 6 del hospital, como todos los días, pero cuando iba a cruzar la puerta una enferma me detuvo y me dijo que no podía entrar, que mi hijo había fallecido”. En ese momento Ninfa quedó devastada. Efectivamente la incubadora estaba vacía, aunque, extrañamente, como lo relata hoy, nunca le permitieron verlo por última vez. Simplemente le dijeron: debe traer un cajón y ropa blanca para que el hospital se hiciera cargo de enterrarlo.

“Mi situación era demasiado vulnerable, tenía solo 32 años y mi esposo acababa de quedar sin empleo, estábamos viviendo momentos muy difíciles, ni siquiera tenía dinero para devolverme a Angol. Otras mamitas, que me acompañaron en la sala de recuperación, reunieron un dinero y así pude irme nuevamente al campo, pero sin mi hijo”.

Al día siguiente, el esposo de Ninfa viajó hasta Temuco para llevar el cajón que con sus propias manos había fabricado. Lo entregó al hospital, no hubo momentos de hacer preguntas, tampoco hubo ningún tipo de comentario o explicación de lo sucedido. Simplemente le entregaron un papel que debería llevar a la oficina de Registro Civil para dar por terminado el papeleo.

Entre la pena y la desolación Ninfa y su esposo, tras la pérdida repentina de sus dos varones, ambos en circunstancias diferentes durante la dictadura, decidieron dedicarse a sus cuatro hijas, confiando en lo que les había dicho el personal médico. Con el tiempo la pérdida de su último hijo, el que desapareció de la incubadora, se convirtió en un tema tabú en la familia.

“Estaba prohibido hablar sobre la muerte de mi hermano, eso le causaba mucho dolor a mi madre, pues nunca tuvimos ningún lugar donde llorarlo o visitarlo. Para mí siempre fue raro todo, más aún cuando teníamos el anhelo de tener el único hermano varón”, afirma Digna Ovalle, hija menor de Ninfa y quien fue la persona que comenzó la búsqueda de su hermano.

“Yo siempre me pregunté por qué nunca lo pudimos ver, despedirnos de él, enterrarlo; me parecía todo muy raro. Luego, escucho una historia en televisión en donde develaban las adopciones irregulares, nombrando específicamente el hospital de Temuco donde mi mamá tuvo a mi hermano”.

Según información entregada a la Revista RAYA, por parte de la agrupación Hijos y Madres del Silencio, solo en la región de la Araucanía, donde viven los Ovalle, se registraron mil casos de adopciones irregulares donde actuaron desde funcionarios de Registro Civil hasta la fiscal judicial de la Corte de Apelación de Temuco, Tatiana Román Beltramin, quien durante 23 años se desempeñó como jueza de menores de la capital de esa región.  

“Cuando escuchamos los casos en televisión en 2018 yo me puse a llorar, fue como recordar cada episodio que viví en Temuco; allí supe de inmediato que mi hijo estaba vivo y comenzamos, junto con mi hija, a hacer las denuncias correspondientes en el Instituto de Derechos Humanos y en la Policía de Investigación de Chile (PDI). En ese proceso encontramos también la organización Hijos y Madres del Silencio quienes nos han acompañado en la búsqueda y duelo”, comenta Ninfa.

Las irregularidades

Hoy, Ninfa tiene la certeza que es una de las víctimas del despojo de hijos durante la dictadura. No solo porque su instinto de madre se lo dice, sino por varias irregularidades que han encontrado en medio del proceso de denuncia y búsqueda. La primera, conocida también por RAYA, se devela en el acta de nacimiento y de defunción de su hijo. El documento señala que su hijo Sergio Manuel Garrido Ovalle habría nacido el 9 de marzo de 1986 y fallecido el 16 de marzo del mismo año. No obstante, la fecha de expedición de este documento es de 1987, un año después de su nacimiento y supuesto fallecimiento.

Durante el proceso de búsqueda Ninfa y su hija Digna viajaron hasta Temuco para visitar el cementerio municipal. Sin embargo, allí no encontraron registro de su hijo. Luego, fueron enviadas al cementerio de Padre Las Casas, ubicado a 30 minutos, y aunque allí encontraron que estaba registrado nunca le dijeron quién lo había consignado. Es más, supuestamente el libro de apuntes de este lugar señala que seis años después de su muerte, en 1992, su hijo habría sido exhumado. Las preguntas que Ninfa y su hija se hacen son: ¿Quién realizó esta exhumación? ¿Por qué la familia no fue notificada de este proceso?

“Cuando llegamos al cementerio de Padre Las Casas nos atendió el administrador del lugar, abrió un libro y nos dijo que, aunque mi hermano estaba inscrito allí no se sabía quién lo había realizado y que de todas maneras lo habrían exhumado. Cuando le indicamos que necesitábamos más información porque parecía que este caso estaba ligado con tráfico de niños, se puso muy violento y nos sacó del lugar sin mayor explicación”, así lo recuerda Digna, la hija menor de Ninfa, quien participó en esta entrevista.

El proceso de búsqueda y de investigación aún continua. Este año la familia entera se realizó una prueba de ADN que reposa en un laboratorio de Estados Unidos llamado Myheritage, ubicado en el estado de Texas. Con estos resultados esperan respuesta sobre si existen coincidencias en algún banco genético con personas que estén buscando sus raíces. Entre tanto, Ninfa no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo y poder tener un poco de alivio frente a esta tortura que trae sobre sus hombros hace más de 34 años, desde la dictadura.

^{Esta es la familia actual de Ninfa Ovalle}

La deuda histórica con las familias víctimas de tráfico infantil

Aunque en este momento existen personas e instituciones, como la Brigada Investigadora de Derechos Humanos, que reciben las denuncias y las investigan, los casos son muchos, el tiempo muy corto y la búsqueda se vuelve como una aguja en un pajar. Esto, teniendo en cuenta que algunos de los hechos sucedieron hace 40 años. Por ello, para las representantes de la agrupación Madres e Hijos del Silencio es importante que este nuevo gobierno actué de manera responsable sobre violaciones de derechos humanos, como esta, que se cometieron durante la dictadura militar de Pinochet.

Sus reclamos y demandas continúan siendo las mismas que han presentado en los últimos diez años: la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación; la restitución del Banco de Huellas Genéticas o ADN del Servicio Médico Legal para generar una base de datos que facilite los reencuentros entre sus familiares; la creación de una ley de derecho a la identidad de origen; el aumento en los recursos humanos y tecnológicos para la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI y, finalmente, la creación de una mesa intersectorial para abordar con distintos ministerios esta situación.

*En las próximas entregas contaremos cómo fue el plan para robárselos y hasta qué punto la iglesia y las relaciones internacionales tuvieron que ver con estas violaciones de derechos humanos.